Por Guillermo Cherashny.-

La intención del gobierno de dar marcha atrás con los camaristas e integrantes de tribunales orales que se produjeron en la gestión de Mauricio Macri está complicada, porque la oposición dice que toda esa maniobra tiene por fin lograr la impunidad de Cristina. Y lo mismo sucede con la reforma judicial que tiene por objetivo diluir el poder de los juzgados federales de Comodoro Py. Es visto por la oposición y por los grandes medios de comunicación como un atajo para licuar a los jueces que procesaron a la vicepresidente. Lo mismo ocurre con la designación de un comité de expertos para estudiar si es necesaria una ampliación de la Corte Suprema, porque subyace la intención de dividirla en salas por materia, así habría una sala penal y, como ninguno de los actuales ministros es penalista, entonces se propondrán tres especialistas en esa materia, también para lograr la impunidad de cristina.

Así las cosas, resulta imposible lograr un acuerdo entre los dos grandes espacios políticos para coincidir sobre el futuro de una justicia que funciona muy mal y que tiene la peor imagen en la opinión pública. En tanto, las terceras fuerzas en el parlamento, como Alternativa Federal, que llevó a Roberto Lavagna como presidente, o el bloque que lidera el mendocino José Luis Ramón, no pueden inclinar la balanza, aunque pueden aportar ideas que superen la grieta.

El gobierno cometió el error de dejar pasar el tiempo porque, si lo ponía como el primer ítem el 10 de diciembre, quizás tendría más chances de lograrla. Pero era imperativo cambiar la fórmula de las jubilaciones, aunque se podría haber hecho junto a este tema simultáneamente y lograr un acuerdo. Pero hoy por hoy resulta muy difícil que se pongan de acuerdo.

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