Por Carlos Tórtora.-

Después de una semana, la Corte Suprema bonaerense revocó el fallo del camarista Víctor Violini que dispuso la excarcelación masiva de presos.

La sentencia, firmada por unanimidad y aplicando un criterio ecléctico, establece que las prisiones domiciliarias deben ser analizadas caso por caso, por el juez que tiene a cargo a cada detenido. Es decir que el tribunal optó por recurrir a la jurisprudencia que sostiene la necesidad de que los fallos sean fundados con argumentos que hagan al caso concreto.

La decisión -que hizo lugar parcialmente al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, Carlos Altuve- determina que “son los órganos judiciales competentes los que deben revisar y evaluar las peticiones deducidas por los procesados o condenados a su disposición mediante un juicio”.

Con final abierto

De este modo, el tribunal bonaerense le traslada el problema a la responsabilidad de cada magistrado, debiendo fallarse -caso por caso- motivando con argumentos coherentes cada excarcelación. La solución no cierra entonces de ningún modo el camino hacia las excarcelaciones sino que las deja en cabeza de los magistrados. Obviamente, al tener que fundar sus resoluciones, todo indica que los jueces serán más restrictivos a la hora de decidir. De hecho, el fallo de la Corte de Buenos Aires abre el juego para que se manifiesten tanto los garantistas como los más restrictivos y es de esperarse que se dicten pronunciamientos totalmente contrapuestos. Claro está que, por otra parte, el fallo en cuestión sería apelable ante la Corte Suprema de Justicia.

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