Carlos Tórtora mantuvo el siguiente diálogo exclusivo con uno de los mayores constitucionalistas argentinos, Gregorio Badeni, que analizó exhaustivamente la crisis tucumana.

CAT: La evolución de la situación judicial en Tucumán a partir del escándalo electoral se ha complicado a niveles que era de suponer desde el punto de vista jurídico. ¿Cuál es su primera evaluación del tema?

GB: Desde el punto de vista jurídico, la lectura que podemos hacer de los acontecimientos es que el poder judicial actuó conforme a derecho, se adecuó a las normas jurídicas existentes e hizo una interpretación de ellas, con las que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, eso es otro tema. Pero no podemos considerar que haya sido arbitraria ni tampoco irrazonable. Tanto en el fallo que dictó la cámara como en el fallo que dictó ayer el superior tribunal de la provincia, están comprendidos los acontecimientos que por supuesto que son lamentables y desarticulan lo que es un sistema democrático constitucional. Fue muy indignante que, de forma grosera, se haya violado la voluntad de gran número de los electores tucumanos ocurrido en un acto de salvajismo propio de siglos pasados, como la quema de urnas, el uso de armas de fuego, la apertura de urnas, etc. Ésa fue una realidad ante la cual se encontró la Cámara. Y entonces, en función del pedido realizado por una de las partes, resolvió declarar la nulidad del acto electoral y requirió al poder ejecutivo que convocara un nuevo acto electoral. Eso es lo que había ocurrido hasta la semana pasada.

CAT: Ahora, tenemos un nuevo pronunciamiento…

GB: Sí, el cual, en definitiva, fue unánime, aunque los fundamentos variaron. Hubo cuatro jueces que, por un lado, ponderaron la finalidad que tuvo el fallo dictado por la Cámara en lo Contencioso y compartieron las criticas que expresó la misma al funcionamiento del sistema electoral en los comicios realizados en Tucumán. Destacó la buena fe con la que había obrado el tribunal y condenó también los hechos de clientelismo y los demás hechos citados en el fallo de la cámara. Y también manifestó su desacuerdo con la Cámara en lo Contencioso Administrativo en que no se advertía que existiera una universalidad en las falencias que ya habían denunciado. Se denunciaron una serie de irregularidades en las que el Tribunal Superior no encontró una universalidad suficiente para declarar la nulidad de los comicios y desconocer por añadidura el voto de todos aquellos tucumanos que votaron de buena fe.

CAT: ¿Usted está de acuerdo con el criterio de que la falta de universalidad tendría esta consecuencia?

GB: La falta de universalidad depende de la magnitud que se le dé a la misma. Es decir, si nosotros decimos que esto aconteció en 62 mesas, 30 mesas, es que, bueno, podemos decir que no hay universalidad. El tema, de todos modos, es opinable, porque tanto la Cámara como el Tribunal Superior condenan el clientelismo. El clientelismo en Tucumán se dio no solamente durante los comicios sino también antes de los comicios, perturbando el clima político que debe preceder a los mismos. Esto, por lo visto, para la Cámara fue decisivo, para la Corte tucumana no. Pero en la Corte tucumana se emitió otro fundamento jurídico, que es la aplicación superatoria que corresponde dar a la legislación local al Código Electoral Nacional. El artículo 117 del Código Electoral Nacional establece que solamente se puede declarar la nulidad de una elección cuando la mayoría de las mesas fueron anuladas. Acá, solamente se dispuso la anulación de 62 mesas.

CAT: Correcto.

GB: Y sobre esa base dice que jurídicamente no cabe anunciar la nulidad sin perjuicio de formular muchas críticas, reitero, a cómo se desarrolló el proceso electoral.

CAT: Ahora seguramente esto va a escalar por la vía correspondiente a la Corte nacional…

GB: Sí, seguramente el candidato opositor va a interponer un recurso de casación ante el Superior Tribunal de la provincia para que éste conceda el recurso y se lleven las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero las posibilidades de que ello ocurra, no son tan claras. Lo más probable es que la corte tucumana rechace al recurso extraordinario alegando que acá no se presenta una cuestión federal propiamente dicha sino una cuestión de derecho público provincial cuya resolución, según jurisprudencia anterior de la CSJ, debería completarse en el marco provincial, no fuera de él.

CAT: Entonces irían en queja.

GB: Sí, en ese caso, ellos, los accionantes tienen esos cinco días para presentar un recurso de queja directamente ante la Corte. Esto para que la Corte requiera la remisión del expediente principal y se pronuncie sobre si es viable o no el recurso de queja por denegación del recurso extraordinario.

CAT: Esta Corte Suprema, en su actual composición, ¿dictó fallos vinculados a este tipo de cuestiones? ¿Tiene antecedentes en la materia?

GB: Antecedentes en materia electoral sí, pero de este tipo, específicamente, en donde esta en juego en definitiva la validez o no validez de una elección provincial, no. Ahora, lo que sí ha entendido muchas veces la Corte es que en principio esos temas son de derecho público provincial, que ya no es competente para entender en ellos, a menos que en la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Tucumán haya un manifiesto apartamiento de las reglas del debido proceso legal, en cuyo caso, por vía de arbitrariedad o por vía de la gravedad institucional, la Corte nacional podría entender en el tema. Si la Corte tucumana rechaza el recurso extraordinario, la sentencia es ejecutable, porque el recurso de queja no suspende la sentencia. Con lo cual, el nuevo gobierno oficialista podría asumir perfectamente. Siempre que no haya novedades en recurso de queja podría ponerse en sus cargos a las autoridades electas.

CAT: La fecha de asunción de autoridades es…

GB: Creo que eso tendría que acontecer en el mes de noviembre, si mal no recuerdo. Porque, por motivo de la anterior intervención de la provincia de Tucumán, variaron las fechas de comienzo y terminación de los mandatos de sus autoridades.

CAT: Bueno, queda un plazo relativamente largo.

GB: Ah, sí, sí. Lo que pasa es que, en el recurso extraordinario, el plazo para interponerlo son de diez días hábiles. Queremos pensar que la gente de la oposición lo va a pilotear inmediatamente, mañana, o pasado, a más tardar. Pero de esa presentación se corre a traslado de diez días al oficialismo. Y el oficialismo va a esperar los diez días hábiles.

CAT: Ya nos fuimos a cuatro semanas, por lo menos.

GB: Y… ya estamos en el mes de octubre y después la Corte se tomará cuatro o cinco días para decidir si hace lugar o no hace lugar al recurso extraordinario. Puede tomarse dos, tres, cuatro días. No lo sé. Si decide no otorgar el recurso extraordinario, hay que ir hasta Buenos Aires a plantear el recurso de queja.

CAT: A esa altura estaríamos sobre el recambio de autoridades.

GB: Con lo cual, en ese lapso, por ahí nos encontramos con que ya habrá un hecho consumado. Ahora, la pregunta que nos hacemos es: ¿la Corte Suprema de Justicia se ajustará estrictamente a derecho o, en función de las características particulares que tuvo el caso de Tucumán, tomará una postura más flexible y en ese caso declarará también la nulidad? Si declara la nulidad de la elección, quedará invalidada la sentencia que dictó el Superior Tribunal de Justicia y dictará ella una nueva sentencia o dispondrá esa carga al superior tribunal de la provincia.

CAT: Obviamente. Pero eso también dependerá de factores no jurídicos, o sea, del clima que se viva en el país dentro de un mes, justamente con la primera vuelta nacional. Porque si la situación plantea nuevos elementos de duda sobre la transparencia, esto va a contribuir a que la Corte intervenga.

GB: Es posible. Espero que la Corte no se guíe por situaciones políticas y que trate de ajustarse a derecho, porque ésa es la labor fundamental que tienen los jueces. Por supuesto que no pueden desconocer la magnitud de determinados hechos que puedan a su vez determinar una postura más flexible en la aplicación del derecho.

CAT: Usted habrá analizado las 30 medidas que en la acordada de la Cámara Nacional Electoral se dictaron para proteger la transparencia en los comicios. ¿Hizo algún análisis de esas medidas? ¿Las ve eficientes?

GB: En términos puntuales, no. En términos generales, sí. Yo conozco la preocupación que tienen los tres jueces de la Cámara Nacional Electoral sobre este punto, sobre esta materia y la preocupación por evitar el clientelismo, su preocupación para que los comicios sean transparentes y que den legitimidad al gobierno que resulte electo. Eso lo han demostrado varias veces y en los últimos meses muy especialmente, aunque no siempre han recibido una respuesta oportuna y acorde a sus deseos por parte del gobierno nacional. Pero es muy digno el trabajo que durante años ha desarrollado la Cámara Nacional Electoral difundiendo no solamente los principios rectores electorales, sino también como se desarrolla un proceso electoral. En las últimas semanas estos principios fueron reafirmados, así como que se debe velar para que no se produzcan actos de corrupción electoral.

CAT: Analizando el panorama macro, que esto suceda ahora en la Argentina después de que nuestra tradición ha sido de transparencia electoral en general, es significativo. Que esto suceda en estos momentos, ¿usted lo vincula a un estado general de deterioro del sistema institucional o lo ve por otro lado?

GB: Usted bien dijo. Yo creo que con estos hechos estamos retrotrayendo a antes de 1912, cuando se dictó la Ley Sáenz Peña, que fue un avance decisivo para la transparencia del acto electoral y creo que esto es consecuencia, por un lado, no solamente de la degradación cultural que se ha operado en la Argentina en todos los órdenes, incluyendo el orden político electoral. Degradación en la dirigencia política, que propicia la realización de estos actos, degradación de la dirigencia política al no evitar que se produzcan estos actos y degradación cultural también de la ciudadanía en general, que en gran medida ha observado el fenómeno tucumano como si se tratara de algo normal en la lucha política del vale todo. En definitiva, es, como bien dijo usted, a mi modo de ver, una degradación de la cultura cívico-política de la Argentina.

CAT: Esto en un contexto donde en general en Latinoamérica hay un progreso en materia de calidad institucional.

GB: Sí, sí. Y si tomamos el caso de Brasil, el progreso es más que significativo. Lo mismo si tomamos la estabilidad política que inspiran Chile o Uruguay.

CAT: Perú mismo…

GB: El mismo Perú, con el respeto a las reglas de juego democráticas. Evidentemente en Argentina, en estos últimos años, se ha producido un grave retroceso. No nos olvidemos de las candidaturas testimoniales de hace cuatro años atrás. Pero la gente de eso ya se olvidó. Se olvidó de unas personalidades muy importantes que hoy están en la política, que fueron candidatos testimoniales y que todos decían que eso era una suerte de fraude electoral.

CAT: Es cierto. ¿Usted cree que el próximo gobierno, no importa cuál fuere, debería concentrarse en esta reconstrucción institucional como prioridad? ¿O que esto podría ser secundario, que la economía es más prioritaria?

GB: Ése es otro tema. Yo creo que todo es importante, que la economía está ligada a la política y la política con la economía. El deterioro institucional en la Argentina ha sido muy importante. Me refiero al deterioro institucional de la democracia constitucional, porque no hubo ningún deterioro del populismo que en mayor o menor medida existió en la Argentina. Pero si el próximo gobierno está en las reglas del juego que impone la Constitución Nacional y un sistema democrático constitucional, como es en los países más adelantados del mundo, por supuesto que se tendrá que ocupar de un montón de problemas. Se tendrá que ocupar en cierto modo del tema de la transparencia electoral, porque sin transparencia electoral no hay legitimidad. Y todo gobierno ilegítimo, para mantenerse, recurre al autoritarismo.

CAT: En este caso, en el proceso de este año, hay una situación que puede darse, porque los encuestadores la dan como probable, y es que haya segunda vuelta, situación inédita en la historia argentina. Usted cree que el ballotage puede provocar un cuadro político realmente novedoso de algún modo sorpresivo en algún aspecto?

GB: Mire, es muy difícil dar una respuesta. Le voy a explicar por qué, a mi modo de ver, un acontecimiento como el de Tucumán repercutió fuertemente en la sociedad argentina. La sociedad argentina olvida las cosas muy rápido. Además, no nos olvidemos que de acá hasta los comicios pueden producirse hechos similares de igual magnitud, de similar repercusión, como fue, por ejemplo, el tema de Niembro. Como también fueron otros temas que se han ido produciendo y que influyen en los votantes, pudiendo por esa razón acarrear un resultado impredecible en este momento. Impredecible, me refiero a los tres grandes candidatos que hay para la presidencia de la Nación en cuanto a la cantidad de votos que puedan obtener.

CAT: Usted le asigna importancia a esto…

GB: Sí, por supuesto. Lo de Tucumán repercutió en todo el país. Todos los diarios del país hasta el día de hoy están hablando de lo ocurrido en Tucumán. Este fallo del Superior Tribunal de la Provincia va a reflejar un retraso en el mundo y un rechazo muy fuerte, porque la gente, lo que aspira siempre es que el derecho se adecue a su exigencia de índole política o económica. Esto va a provocar un gran rechazo en muchas provincias y en distintas personas. Hasta ahora yo no he visto a nadie en el gobierno nacional que aplauda el comportamiento de Alperovich, de Manzur o este fallo. Nadie niega el vandalismo electoral que se produjo en la provincia de Tucumán.

CAT: Bueno, quedó una Corte de tres. Se habla, por supuesto, de la posibilidad de que el gobierno que venga impulse una Corte de siete, por una ley nueva. ¿Usted cree que la próxima Corte va a tener un rol muy decisivo en lo que hace a reparar deterioros institucionales de esta década?

GB: Es una pregunta también difícil de responder. Depende de cómo se complete la integración de la Corte. Usted bien dijo que por una ley puede ser que se eleve el número de miembros de cinco a siete, pero no por una cuestión atinente a la funcionalidad de la Corte sino respondiendo a inquietudes políticas, a cierto acuerdo político. Yo creo que la Corte con cinco miembros funciona bien; no necesita tener más miembros; eso está muy claro. Como también la cantidad de casos de los cuales se ocupa la Corte Suprema de Justicia. Ésta tiene que intervenir en grandes casos y fijar líneas jurisprudenciales y no intervenir en cualquier cuestión donde se pone en tela de juicio la arbitrariedad de una decisión judicial. Pero el tema va a pasar por el nuevo gobierno acerca de cómo van a ser seleccionadas esas dos personas que faltan para integrar la Corte. Si la selección se hace sobre la base de un criterio de excelencia, pero no un criterio de excelencia teórico sino de excelencia en cuanto al realismo que tengan las personas que sean designadas y que ellas no tengan compromisos políticos con alguna facción -por supuesto que van a tener simpatías pero no compromisos políticos- entonces ahí podemos decir que la Corte va a tener un rol superior del que tiene ahora, para restablecer el sistema constitucional argentino.

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