Por Guillermo Cherashny.-

El anuncio del presidente de que enviaría el proyecto de reforma judicial junto al intento de dejar sin efecto designaciones de camaristas por parte del macrismo con la sola aprobación del Consejo de la Magistratura en su composición anterior dio motivo a la oposición y Clarín y La Nación con sus periodistas para decir que el gobierno busca la impunidad de Cristina y deja de lado la irregularidad que el macrismo nombró en la Cámara Federal, Casación y en tribunales orales a magistrados autorizados por una acordada de la Corte Suprema para juzgar a los funcionarios K sin pasar por el senado.

Esos nombramientos se hicieron desde el 2016 con quejas de los abogados defensores de los procesados K pero con el aval de los grandes medios y de una opinión pública presionada por los extensas propiedades de Lázaro Báez, los bolsos de López y fastuosas mansiones de sindicalistas peronistas que le dieron una legalidad de facto a esos nombramientos sin que pasaran por el Senado, donde hubieran rebotado por la mayoría peronista.

El cuestionamiento de los defensores de los procesados muestra que en muchos casos las pruebas son dudosas y que fueron confirmadas en todas las instancias. De ahí que el presidente quiera una reforma judicial y una posible ampliación de la Corte Suprema. Pero el gobierno se demoró ocho meses en mandar este proyecto, que encima no está terminado y que ya puso en guardia a Comodoro Py y a la Corte y con más razón a la oposición después de los traspiés de Vicentin y otros casos más en la justicia.

Los proyectos de Gustavo Béliz, que el presidente hizo suyos, tuvieron el defecto de que se ejecutaron de inmediato y, si a Comodoro Py no lo fulminás de la noche a la mañana, el transcurso del tiempo, es decir, la cronoterapia, les da margen de resistencia, más teniendo en cuenta a los medios de comunicación en contra.

En este tema de la reforma judicial, la vicepresidente es crítica de la demora que tuvo la Casa Rosada hasta ahora y, con una negociación todavía no cerrada con los bonistas y con una economía cada vez peor, reformar la Justicia se parece más a buscar la impunidad de los funcionarios K.

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