Por Guillermo Tiscornia.-

Una crónica del diario Clarín difundió que el kirchnerismo había tomado a la señora juez federal de San Martín -doctora Martina Forns- casi como un ejemplo de responsabilidad jurídica ante lo que consideraban un tarifazo ilegal. Pero sus superiores en Tribunales opinaron lo contrario. Y ella no se calló. Más bien lo contrario: la jueza federal de San Martín, Martina Forns, que había dictado una medida para frenar a nivel nacional el fuerte aumento de la luz, salió a criticar muy duro esta mañana a la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno nacional.

En declaraciones a AM 950 Belgrano, la doctora Forns, que milita en el grupo K Justicia Legítima, expresó: «Es la primera vez que un fallo de la Corte mezcla cuestiones de disciplina con una cuestión jurídica. Es una medida asegurativa, no es vinculante y ni siquiera las partes la habían apelado».

El Máximo Tribunal le devolvió a la jueza el expediente que había elevado y cuestionó, entre otras cosas, que no haya pasado por una Cámara. Le adjudicaron incluso haber comprometido el «prestigio» del Poder Judicial. La doctora Forns les contestó: «Hablan de prestigio cuando dijeron que no le va a entregar a (Elisa) Carrió la declaración jurada de bienes, ¿esa es una opinión jurídica?».

Sin nombrarlos pero sin dejar margen a interpretaciones, la magistrada fue particularmente dura con Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz: «Tenemos una integración de la Corte diferente, han ingresado dos miembros que tienen instrucciones para tratar así a los jueces. Cuando registré la causa en el Registro de Procesos Colectivos la Corte no me hizo ninguna corrección».

Por otra parte, la doctora Forns denunció: «Cuando saco el fallo (que suspende la luz) echan a mi marido de la IGJ, donde trabajaba como abogado del Estado hace 26 años. No le pagaron un peso de indemnización.» Y agregó: «Estoy más que enojada con el Gobierno por haber echado a mi marido, pero no soy jueza de ayer y jamás voy a mezclar esto con un fallo.»

Por último, habló de su filiación política/judicial: «Yo nunca negué que soy militante de Justicia Legítima, una asociación civil que trata temas de democratización de la Justicia pero no quiere bajar a ningún presidente».

Ahora bien, lo que no ha percibido la doctora Forns es que ella misma durante años forma parte de los peor que tiene históricamente el Poder Judicial de la Nación: su propia corporación judicial. Ella misma -al igual que todos y cada uno de los magistrados nacionales- se han encargado -con su pasividad- a convalidar la configuración de un sistema decididamente pérfido.

Veamos: ¿ donde estaba la doctora Forns, por ejemplo, cuando la usinas kirchneristas, en especial el por entonces Ministro de Justicia de la Nación -doctor Aníbal Fernández- en alta voz embestía contra el doctor Alfredo Bisordi -magistrado que tanta o mas destacada trayectoria que la propia doctora Forns- diciendo públicamente allá por el año 2006: “Doctor Bisordi, hágale un servicio a la Patria :¡Váyase!”; o cuando la misma Diputada Nacional Diana Conti vituperaba con la misma alta voz a ese mismo digno magistrado?; quien suscribe no escuchó aquel año 2006 la voz de la doctora Forns en defensa de semejante tropelía. No, pareciera que la doctora Forns se encontraba en la estratósfera menos en suelo argentino.

Tampoco se escuchó a la doctora voz salir al cruce cuando, por ejemplo, a partir del año 2014 desde usinas vinculadas al mismo colectivo ( adefesio) denominado eufemísticamente “Justicia Legítima” embestían al distinguido señor fiscal doctor Campagnoli; no, no recuerdo, a la doctora Forns haber salido a clamar por el cese de tamaño atropello.

Pero vayamos un poco mas atrás; propongo una suerte de excursión por una suerte de túnel del tiempo; es cierto retroceder casi veinte años atrás configuraría una verdadera injusticia para con la doctora Forns; por entonces era muy joven y debe concedérsele una franquicia: no podía por entonces percibir las inconcebibles miserias que históricamente viene mostrando la misma corporación judicial.

A partir de la gradual licuación del poder político kirchnerista y de la cercanía de un seguro fin de ciclo muchas voces de la misma corporación judicial ( por caso los doctores Ricardo Recondo, Luis Cabral, entre otros),comenzaron a alzar su voz reivindicando por un Poder Judicial Independiente en crítica a la empresa persecutoria que a partir del año 2014 fue montada desde sectores vinculados a ese mismo adefesio (“Justicia Legítima”) contra el doctor Campagnoli.

Eso sí, durante el transcurso de los años 2006 y 2007 no se escucharon las mismas voces de las celebridades que comandan en alternancia a la histórica corporación judicial en defensa del atropello que, entre otros, sufrió el distinguido doctor Bisordi. No se vio, por ejemplo, a la Asociación de Magistrados y Funcionarios para la Justicia Nacional utilizar, por ejemplo, su propia personería jurídica para promover una querella criminal contra los funcionarios de la gestión kirchnerista que públicamente coaccionaban con metodología extorsivas al mismo doctor Bisordi para que dejara vacante su poltrona en la Cámara Federal de Casación Penal.

Tan sólo un tibio comunicado interno cuyo contenido no hubo trascendido mas allá de la misma sede de la corporación judicial empotrada en la calle Lavalle. Tan solo eso y nada más; el doctor Bisordi abandonado a su suerte y un silencio cobarde y cómplice de parte de las mismas celebridades que -cuando el kirchnerismo estaba de salida- entonces si salieron a respaldar al doctor Campagnoli.

¿Es dable imaginar cual hubiese sido la suerte del doctor Campagnoli si la embestida en vez de haber tenido lugar a partir del año 2014 se hubiese verificado, por ejemplo, en el transcurso del año 2006? ¿Hubiesen salido en alta voz los popes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios para la Justicia Nacional a respaldarlo con idéntico énfasis?

Por un lado una corporación judicial histórica y probadamente adicta al silencio cómplice cuando el poder político se muestra fuerte y con sólida base de consenso; en ese contexto predomina la conducta genuflexa y cobarde. Eso si, cuando el poder político languidece, entonces si, allí entonces la misma corporación judicial alza sus reivindicaciones en pos de una “justicia independiente”.

Recuérdese que cuando el por entonces flamante presidente Néstor Kirchner arrasó con la composición anterior del Alto Tribunal, ninguna reivindicación de la independencia del Poder Judicial de la Nación se hubo escuchado en ningún altavoz. Por el contrario: silencio de radio.

Por el otro lado, asistimos a la configuración de un genuino adefesio denominado eufemísticamente “Justicia Legítima”, cuyo objetivo central consiste travestir la esencia misma del Poder Judicial de la Nación transformándolo en una suerte de unidad básica. Así de simple, así de crudo.

Olvida la señora juez doctora Forns que otro indicador de tales sistemáticos atropellos institucionales remite al arbitrario desplazamiento del doctor Pablo Hirschman -funcionario de reconocida trayectoria en la Justicia- del ámbito de la Secretaría General del organismo y su rápido reemplazo por un cuadro político -Dr. Hernán Ordiales-, dato que por si solo viene a marcar la incontrovertible degradación y politización de la actividad del Consejo de la Magistratura. Y esta tropelía fue una obra arquitectónica de sectores que luego pasarían a integrar ese mismo adefesio que abraza la misma doctora Forns.

Por si la doctora Forns no se hubo percatado vale señalar que la representación multisectorial de ese otro verdadero esperpento institucional denominado también eufemísticamente “Consejo de la Magistratura” no garantiza ninguna transparencia frente a un genuino teatro de operaciones políticas donde todos los sectores dirimen internas judiciales y -además- negocian cuidadosamente la selección y la embestida contra aquellos magistrados que afectan sensibles intereses de sectores bien identificados de la dirigencia política, de la economía o del empresariado.

Los casos de los Dres. Alfredo Bisordi, Ana Gapoluppo de Durañona y Vedia, se erigen en prueba incontrastable de la presión ejercida -desde el Consejo de la Magistratura- por orden directa del poder político sobre aquellos jueces que actúan con absoluta independencia de criterio pero que con su actividad jurisdiccional afectan intereses del mismo poder político; lo propio sucede con los casos de los Dres. Eduardo Riggi, Guillermo Yacobucci y Luis García, denostados públicamente por la ahora ex Presidente de la Nación.

La doctora Forns parece no haberse percatado que la agresión al Poder Judicial y a los magistrados y funcionarios, ciertamente no es aislada ni es la primera. Tampoco será la última . Desde hace cincuenta años en nuestro país la Justicia es la rama de gobierno más jaqueada. Ha estado expuesta a socavamiento institucional constante.

Alexander Hamilton decía en “ El Federalista” que el Poder Judicial era el más débil de los tres poderes, pues no tenía ni la bolsa ni la espada, y la historia argentina se ha encargado de confirmar -con creces- la verdad de esta afirmación.

Los ataques siguen, y parece mentira que hoy a más de dos décadas de gobierno constitucional -lo que no deja de constituir un récord- existan algunos “ campeones de la democracia” que pretendan sostener que la salud de la República necesita que se ponga en comisión a todo el Poder Judicial para luego barajar y dar de nuevo.

Se pretendió, alguna vez, un gradual vaciamiento de la composición del Poder Judicial de la Nación proponiéndose un regreso a fojas cero, lo cual -de ningún modo- nos proporcionará ningún bien.

Así las enseñanzas de nuestra historia indican que el camino más corto y sencillo hacia la dependencia de la Justicia es precisamente aquel que propuso -en su momento- el Dr. Cavallo o el que pareciera reflejar el espíritu que dio lugar a estas recurrentes embestidas, por más que aparezca literalmente acotada en su alcance a cierto fuero de la administración judicial.

Por eso no es raro ni debemos sorprendernos que ello ocurra. El Poder Judicial es una de las joyas más deslumbrantes de la corona del Estado, y como tal, el íntimo deseo que anida a muchos que aspiran a gobernar es preservar su independencia, de todos los demás ( menos de si mismos, naturalmente).

¿Acaso alguien puede caer en el infantilismo que un nuevo vaciamiento -total o parcial- hará del Poder Judicial una comunidad de ángeles impolutos? Todo lo contrario.

No se ve como puede construirse un Poder Judicial independiente atacando precisamente su independencia. Con igual criterio, los gobiernos de facto pretendían salvar a la Constitución Nacional eliminándola.

El problema hace pie en que todavía no hemos terminado de entender que la división de poderes y su consecuencia, la independencia del Poder Judicial -como valor esencial de la Constitución- no es algo que nos sea dado de un día para otro, ni que se va lograr cambiando de golpe a todos los jueces.

Los países que pueden exhibir con orgullo una judicatura razonablemente independiente, jamás incurrieron en recetarios o embestidas de este tipo. Por el contrario, se preocuparon por construir día a día, pacientemente, la independencia de sus jueces, con aquello que los ingleses llaman ensayo y error.

Imaginemos que fácil sería para cualquier gobierno recién llegado al poder, reformar la Constitución Nacional para poner en Comisión todo el Poder Judicial de la Nación, y luego elegir discrecionalmente a los jueces a su agrado. O, lo que es peor, embestir contra los magistrados a partir de pretextadas e inexistentes causales de mal desempeño.

Lo mismo sucede con recurrentes embestidas propaladas hacia ciertos fueros de la administración judicial, operados -en algunos casos- desde sectores bien identificados de la dirigencia política, o, en otros, desde sectores de la economía.

De otro lado, los jueces – aun cuando se trate de aquellos que integran cierto fuero o sector de la administración judicial- no pueden ser masivamente llamados a dar explicaciones sobre sus actos jurisdiccionales, ni tampoco deben ser sometidos indiscriminadamente a auditorías sobre su actuación o su patrimonio, como se pretendió en muchos casos pasados.

En este sentido, se encuentra resguardado el secreto de la deliberación y forma parte de la garantía de la independencia que los jueces no pueden ser obligados a dar explicaciones sobre su actividad jurisdiccional (Art. 8 del Pacto Interamericano sobre Derechos Humanos; art.6 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos; art.14 del Tratado de Derechos Políticos y Civiles ; art. 15 de los Principios Básicos relativos a la independencia de la Judicatura adoptado por el Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y ratificado por la Asamblea General, y caso 8209/78, “Suter c/Suiza”, Comisión EDH, Decisions and Reports, vol. 16, pág.166 a 178).

Además, el juez debe resolver según su conciencia, con pleno conocimiento del derecho, en libertad y con independencia de toda posible presión de otros poderes, ya que la repercusión o descrédito con la cual la opinión pública ( o más bien la opinión “publicada”) reciba su decisión no puede convertirse en causal de remoción si ha sido adoptada dentro de los límites que la Constitución y la ley le otorgan.

De otro lado, los jueces solo pueden ser enjuiciados por hechos objetivos que -sobre base genuina y no pretextada- puedan configurar una auténtica causal de mal desempeño (art.53 CN)., con la prudencia y la ponderación que ese tipo de situación naturalmente exige. No pueden admitirse -entonces- embestidas que sean la exclusiva resultante de las cambiantes vicisitudes propias de las conveniencias partidarias en distintos momentos y escenarios de la política.

De tal suerte que, la fundamentación del cuestionamiento en el supuesto desprestigio o imagen negativa encuentra exclusivo basamento en apreciaciones o estados de opinión sujetos a emotivas y circunstanciales modificaciones, lo que resulta una grave afectación de la independencia de los jueces.

Estimada doctora Forns, permítame usted una respetuosa sugerencia: no se sobresalte; las empresas persecutorias orquestadas desde la misma corporación judicial forman parte de uno de los tesoros mas preciados de la mismas corporación judicial; ese mismo sistema pérfido que usted misma contribuyó a consolidar hoy va por usted; ahora usted conoce en carne propia el verdadero alcance de la perversión institucional; tal como la sufrieron los distinguidos ex magistrados doctores Luis Leiva, Mirta Torres Nieto, Néstor Narizzano, Alfredo Bisordi, entre muchos otros.

Pero permítaseme además una sugerencia adicional; y la misma reconoce mi propia experiencia; para el caso que la decisión política sea eyectarla de su cargo judicial usted deberá echar mano de los recursos: la paciencia, el tiempo y la sobrevida. Los tiempos de las instancias supranacionales son muy extensos.

En mi caso, la petición N° 1018/07 “Tiscornia, Guillermo Juan c/República Argentina”, desde el 25/02/2014 se encamina hacia la declaración de responsabilidad internacional del Estado Argentino en virtud del pelotón de fusilamiento decretado por el Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados aquel miércoles 19 de diciembre del año 2007 (“Tribunal Constitucional del Perú c/ República del Perú”, CIDH, 31/01/01; “Aspitz Barbera c/ República de Venezuela”; CIDH, 5/08/08); en efecto por aplicación de su propio Reglamento Interno la Comisión Americana de Derechos Humanos hubo decretado la apertura de la instancia supranacional con intervención del Estado Argentino, y como dije tan solo me resta a apostar a la sobrevida para llegar a contemplar el desenlace. Por caso el doctor Eduardo Moliné O’connor -merced a una cruel enfermedad- no logró lamentablemente acceder a esa sobrevida que le permitiera llegar al agotamiento de la instancia internacional.

Y si de empresas persecutorias se trata permítame usted doctor Forns darle un pequeño bálsamo: persecuciones virulentas eran las de antes; no las actuales. Fíjese usted:” Yo no amenazo; si Parino va preso el que va a tener un juicio político será el juez Tiscornia” ( Domingo F. Cavallo, Revista Noticias, 30/11/96); “ ¿Hola? ¿ Anzorreguy?, habla Domingo Cavallo, decile a Menem que si el lunes no liberan a Parino salgo a hablar y volteo al gobierno” (diario Clarín, 22/12/96, cronista Julio Blanck); “ Con esta condena a 10 años de prisión sobre el ex Administrador Nacional de Aduanas Juan C. Delconte el juez Tiscornia sobre actúa y busca evitar el juicio político” (Diputados Nacionales Melchor Cruchaga -UCR- y Guillermo Francos -AR-, diario La Nación, 8/07/98); “La Aduana debería ser fumigada” (declaraciones radiales del juez en lo Penal Económico doctor Julio E. Cruciani- ( 22/08/05). “El juez Tiscornia busca extorsionar al gobierno en un año electoral; la Ministra de Defensa Nilda Garré no tiene ninguna responsabilidad en la exportación de fusiles FAL a los Estados Unidos; Tiscornia no va ser ni juez ni camarista ni nada; lo vamos a echar” ( Diputada Nacional -Diana Conti- FPV, Diario Clarín 20/07/07)”.

Ante la absoluta certeza que no faltará alguna mente trasnochada, sobre todo en la esfera del Fuero en lo Penal Económico de la Capital Federal, que, a no dudarlo, intentará descalificar el contenido de esta columna recordando que quien suscribe fue removido de la titularidad del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 7 bajo la fórmula eufemística de “mal desempeño” ( cfr. Expediente N° 56/06 CM “Tiscornia, Guillermo Juan s/ enjuiciamiento”, sentencia dictada el 19/12/07 por el Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados), me veo en la obligación de recordarle a esas mismas mentes trasnochadas que – dada la manifiesta ilegalidad, inconstitucionalidad y arbitrariedad que trajo aparejada dicha decisión de remoción- en tiempo presente la Comisión Americana sobre Derechos Humanos le ha asignado al trámite de la petición 1018/07 “Tiscornia, Guillermo Juan c/ República Argentina s/ restitución titularidad Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 7” el curso que indica el art.30 de su propio Reglamento interno, todo lo cual permite -cuanto menos- conjeturar que el caso podría resolverse conforme la doctrina jurisprudencial ya trazada por la CIDH en materia de remoción de magistrados judiciales (cfr. “Tribunal Constitucional del Perú vs. República del Perú, sentencia del 31/01/01; ídem “Aspitiz Barbera vs. República de Venezuela”, sentencia del 5/08/08), estándares que por cierto la Corte Federal de la República Argentina se encargó deliberadamente de soslayar contribuyendo, de tal suerte, a colocar a la República Argentina en más que probable posición de responsabilidad internacional.

Espero -humildemente- doctora Forns que este breve racconto histórico contribuya en alguna medida para que usted pueda comprender en toda su dimensión lo que se entiende por un emprendimiento persecutorio.

Y tal como lo aludiera un formidable historiador francés: “La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia o negación del pasado” (Marc Bloch).

Doctora Forns, ahora le toca en suerte a usted misma experimentar en carne propia lo que es convertirse de buenas a primeras en víctima de uno de los sistemas más nocivos que ningún ciudadano de a pie podría siquiera imaginar.

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