Por Guillermo Cherashny.-

Recientemente, Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, llegó prácticamente a un proceso de paz con las FARC, las fuerzas revolucionarias de Colombia, una guerrilla del partido comunista de ese país que lleva adelante un conflicto de más de 40 años. Sin duda, la parte más difícil del acuerdo es el futuro status de los combatientes y también de los del ejército y las fuerzas de seguridad. El presidente dice que se llegó a un acuerdo sobre una justicia transaccional que significa que los guerrilleros y sus jefes -lo mismo para las fuerzas armadas y de seguridad- que confiesen sus violaciones de los derechos humanos tendrán una pena de 5 a 8 años y, si se les descubre una omisión o una mentira, la condena pueda llegar a los 20 años. El ex presidente César Gaviria, en la década del ’90, ideó una justicia similar para los narcotraficantes, que se cumplió sin problemas. La excepción fue el caso de Pablo Escobar, que se fugó y fue ultimado por las fuerzas legales.

Una solución definitiva

En nuestro país se juzgó a miembros de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas de todos los rangos y ahora se quieren extender legalmente las responsabilidades hacia los civiles que supuestamente apoyaron el golpe de 1976, a través de un proyecto de ley que encabeza Héctor Recalde. Pero los guerrilleros que cometieron violaciones de los derechos humanos nunca fueron juzgados y muchos están en el gobierno, por lo cual sería interesante que los dos candidatos principales de la oposición, Mauricio Macri y Sergio Massa, lleguen a un acuerdo para terminar con esta comisión bicameral de investigación de los civiles durante la dictadura y mediante un referéndum, como piensa hacer Santos en Colombia, se apuebe una justicia de carácter transaccional. Es decir, a los militares y fuerzas de seguridad que confiesen sus delitos les corresponderían entre 6 y 8 años de prisión y lo mismo para los guerrilleros, para que de esta forma se termine con la caza de brujas y se restablezca la igualdad ante la ley con este tipo de justicia que tuvo un éxito rotundo en Sudáfrica y ahora en Colombia.

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