Por Carlos Tórtora.-
Los nuevos operadores judiciales del kirchnerismo consiguieron en las últimas semanas imponer en Comodoro Py una pax judicial, que desde ya aumenta las chances del Frente para la Victoria de alcanzar el 40% de los votos en las PASO del próximo 9 de agosto, al estar de hecho paralizadas casi todas las causas por delitos de corrupción. Sin embargo, esta quietud podría ser el prólogo de una nueva tormenta, sobre todo en el caso de que los números del oficialismo en las urnas no sean el éxito que hoy se predice en la Casa Rosada.
La nueva denuncia que la candidata presidencial de GEN Margarita Stolbizer le acaba de presentar al juez federal Claudio Bonadío vincula dos situaciones distintas: el modo con el que los Kirchner decidieron regentear sus hoteles, sobre todo el «Alto Calafate», al que controlan mediante la sociedad Hotesur y lo que ella considera «irregularidades» e «inconsistencias» en las declaraciones juradas oficiales de la mandataria. Concretamente, en su presentación ante la Oficina Anticorrupción del año 2011, Cristina incluyó una deuda con su propia firma, Hotesur, de $ 3.431.312. En el 2012, repitió en el ítem de su declaración jurada de bienes que tenía de nuevo una deuda con su empresa, aún mayor: $ 4.449.550,82. En el 2013, su deuda con Hotesur fue inscripta con este valor: $ 4.683.848,68.
En un comunicado emitido por la propia Hotesur después que Clarín informara sobre esa llamativa deuda que la Presidenta tenía consigo misma, la firma explicó que ésta, en calidad de accionista de la compañía, había retirado «a cuenta de dividendos» esos «fondos obtenidos», algo que según la empresa es una «práctica legítima, legal y habitual en cualquier sociedad de familia». La realidad es que el artículo 224 de la ley 19.550, la legislación que regula las sociedades comerciales, impide la distribución de dividendos anticipados en una sociedad con las características y el capital registrado de Hotesur.
Las inconsistencias que saca a la luz Stolbizer en su denuncia incluyen el patrimonio inmobiliario. En el 2012, Cristina declaró ante la OA que había heredado del ex presidente tres locales y cinco terrenos. En el 2010 y el 2011, en cambio, registró ante el Estado que los locales ubicados en esa ciudad que recibió después de la muerte de Néstor eran dos y que los terrenos heredados también allí eran seis. En el 2012, la Presidenta también registró que obtuvo de la herencia del padre de sus hijos un local en Río Gallegos, pero en el 2010 y el 2011 registró que había heredado dos locales en esa ciudad. El caso es que esas casas, locales y terrenos -algunos valuados en millones de pesos- aparecieron o desaparecieron de las declaraciones juradas de la Presidenta de un modo claramente irregular.
Desde ya que Stolbizer acusa a Lázaro Báez y al socio de Máximo Kirchner, Osvaldo San Felice, de las maniobras fraudulentas en torno a Hotesur y los demás hoteles y propiedades de la familia Kirchner.
Como es sabido, ni Bonadío ni el fiscal federal interviniente, Carlos Stornelli, dieron el paso decisivo de citar a Máximo Kirchner para que diera cuentas de su gestión como directivo de Hotesur. El aporte que ahora hace Stolbizer a la investigación es conectar las irregularidades en las declaraciones juradas patrimoniales de CFK con los extraños manejos financieros de Hotesur, incluyendo, por supuesto, el pago de alquileres de habitaciones por las empresas de Báez.
La cosa juzgada írrita
La nueva perspectiva que se abre en la causa Hotesur pasa entonces por la posibilidad de que, en algún momento, por ejemplo si el gobierno tiene complicaciones electorales, Bonadío amplíe el objeto procesal -que hoy es el lavado- al enriquecimiento ilícito. A partir de este paso, el juez podría dar otro bastante más explosivo: pedir el expediente -ya archivado- del sobreseimiento del matrimonio Kirchner que Norberto Oyarbide dictó en diciembre del 2009. En ese caso, se podría estudiar la nulidad de dicho fallo aplicando el instituto de la cosa juzgada írrita, es decir, considerar que el juez que ahora será comensal de Mirtha Legrand falló en forma irregular y sin fundamentos válidos.
En fin, un riesgo potencial para la familia presidencial que, obviamente, evolucionaría según lo que pase en las urnas.
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