La “justicia independiente” en Argentina es una desaparecida más

Carlos Marcelo ShäfersteinEl tiempo pasa, y hasta la propia gente se olvida que tres jueces federales -Daniel Rafecas, Guillermo Montenegro y Sergio Torres- ordenaron que Suárez Mason volviera a la cárcel de Devoto, después de haber estado internado en el Hospital Militar, años atrás. Allí debía esperar la resolución de causas en su contra. Los médicos del presidio dijeron que estaba en condiciones de volver a la cárcel común.

Murió casi inmediatamente, desangrado en su celda, una fría mañana de junio. Los tres canallas: Rafecas, Montenegro (hoy un aclamado político del PRO), y Sergio Torres ordenaron, el 21 de junio de 2005, tres autopsias consecutivas sobre el cuerpo, por si intentaba escapar de la tumba.

Daniel Eduardo Rafecas tiene 48 años, nació en Buenos Aires y desde octubre de 2004 hasta la actualidad, se desempeña como titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 de Capital Federal. Es Doctor en Ciencias Penales (UBA) y Profesor de Derecho Penal (UBA y Universidad Nacional de Rosario). En el ámbito académico se especializó en el estudio de “los horrores del Holocausto, la discriminación y los derechos humanos”, dice en su currícula.

El Juzgado Federal Nº 3, su a cargo, investiga desde que asumió «violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura cívico-militar». Tiene a cargo la conocida como «la Megacausa del Primer Cuerpo del Ejército».

Rafecas también “investiga” el caso de espionaje ilegal a políticos, integrantes de organismos de derechos humanos y dirigentes sociales, realizado por organismos de inteligencia de la Armada y prohibido por las leyes de Seguridad Interior, de Inteligencia Nacional y de Defensa Nacional.

Guillermo Montenegro, de 52 años, también asumió en 2004 como juez nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia Nº 7. En 2007 renunció a su cargo como juez para desempeñarse como ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo parte del equipo del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. Fue Montenegro quien pidió a Uruguay la extradición de siete militares involucrados en el asesinato de María Claudia García Irureta Goyena, la nuera del poeta Juan Gelman, en agosto de 1976, sosteniendo que «ese crimen también se cometió en el marco del Plan Cóndor».

El 23 de abril de 2007 Guillermo Montenegro emitió una resolución de 99 carillas, para que sean juzgados por “sustracción, retención y ocultación de menores y sustitución de identidad” -delitos de lesa humanidad- serán el último ex presidente de la dictadura, Reynaldo Bignone y sus dos pares en la última Junta Militar, Cristino Nicolaides y Rubén Franco.

También se sentaron en el banquillo los militares Jorge Acosta, Santiago Omar Riveros, Antonio Vañek y Héctor Febres, todos con procesamientos confirmados por la “práctica sistemática de sustracción de menores” que se dio en distintos centros clandestinos de detención.

“Los sucesos forman parte de una maniobra criminal cuidadosamente diseñada y en virtud de la cual aún se encuentran desaparecidas, al menos, alrededor de doscientas personas”, sostuvo Montenegro.

Repito que todos los jueces del “modelo” son iguales. Y el ministro de seguridad porteño ha sido el peor de todos.

En cuanto a Sergio Gabriel Torres, las referencias son sobreabundantes, ya que es el protagonista de la larguísima e interminable causa ESMA.

En la causa, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, a cargo del juez Sergio Gabriel Torres, investiga “violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983”.

En concreto, los delitos cometidos dentro del ámbito de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) o bien por quienes desarrollaron tareas en la Unidad de Tareas 3.3.2, perteneciente al Grupo de Tareas 3.3 -con base operativa en esa dependencia naval-, y con motivo de ello llevaron a cabo operativos tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en varias localidades del Gran Buenos Aires, destinadas principalmente a privar de su libertad a diferentes personas con el objeto de interrogarlas mediante la aplicación de tormentos y obtener nombres, direcciones y otros datos generales tendientes a desarticular agrupaciones políticas y sociales.

“La mayoría de los casos, las personas privadas de su libertad fueron eliminadas físicamente.”

De los testimonios de estas actuaciones se desprende que “la metodología de eliminación consistía en quemar los cuerpos sin vida o arrojarlos al mar mediante los denominados vuelos de la muerte”.

Tales hechos fueron calificados por Torres como “imposición de tormentos, privación ilegal de la libertad agravada, privación ilegal de la libertad con resultado muerte o imposición de tormentos seguida de muerte”, según el caso. Pero jamás encontró militares inocentes.

¿Siguen apoyando a la «Justicia Independiente»? Como en Sodoma y Gomorra, no quedan aquí jueces justos… Todos merecen ser ahorcados, porque forman parte del mismo Sanedrín.

Todos éstos son de la misma calaña de Carlos Fayt, Natalio Nisman, Luis Cabral, José Campagnoli, Claudio Bonadío, Carlos Rozanski, Rodolfo Canicoba Corral (que martirizó al Teniente General Videla), etcétera… ¿Se entiende?

Si alguien se olvidó quiénes componen la llamada “justicia independiente”, no es mi caso. No tengo ningún miedo de refrescar la memoria de quienes pretendan hacer una marcha en las escalinatas de Tribunales a favor de estos perjuros maliciosos y arbitrarios.

Como Dantón expresaría en su propia defensa ante Robespierre, que poco después ordenaría manden a su amigo a la guillotina: “las revoluciones son como Saturno, que devora a sus propios hijos”.

La versión que le vendieron a los argentinos sobre los derechos humanos está en la base de lo que recientemente se llamó el “setentismo”: la reivindicación de la “juventud maravillosa”, su proyecto y su heroico combate.

A reencarnarlo los convocó Néstor Kirchner en 2003. La suya fue una decisión política importante y meditada: incluir en el frente que organizaba a las organizaciones de derechos humanos más radicalizadas, como Madres y también Abuelas de Plaza de Mayo, y captar a todos los profesionales, militantes y gente bien pensante que giran en este mundo.

La oferta incluía el reconocimiento público, la visibilidad y el ingreso al presupuesto del Estado, notablemente incrementado, como se advierte en la ex-ESMA, donde cada quien tiene su propio quiosco. A cambio, debían apoyar militantemente al Gobierno.

Se trató de un pacto fáustico, pues al aceptarlo, las “orgas” perdieron el alma, es decir su aclamada condición de vigilantes de los derechos humanos, con independencia de los gobiernos y en nombre del conjunto de la sociedad.

Faltaba un paso: entrar en el gran juego del kirchnerismo. La reivindicación de los derechos humanos era sólo una parte dentro del relato para empezar a robarse la República tras esa inmensa cortina de humo.

En el meollo de este régimen, se encuentra un formidable mecanismo de acumulación privada realizada desde el Estado por políticos, en el que la obra pública y los contratos ocupan un lugar central, en esta Argentina donde “gobernar es currar”.

Carlos Marcelo Shäferstein

1 comment for “La “justicia independiente” en Argentina es una desaparecida más

  1. Bonito_Sueño
    23/07/2015 at 8:38 PM

    CUIDEN A BONADÍO

    “Si aparezco suicidado, busquen al asesino; no es mi estilo…” dijo el juez federal Claudio Bonadío cuando fué consultado acerca de su vergonzoso desplazamiento de la causa “Hotesur”.

    Hace apenas unos días, desde estas mIsma columna, titulábamos unas reflexiones como “Magistrados a la carta” y decíamos que “Remover un magistrado judicial que no se adapte a la “nueva era” por estos días es cuestión de segundos…”

    Bonadío fue separado abruptamente de la causa penal que más preocupa al Gobierno de un plumazo. Los camaristas Federales Freiler y Ballesteros cortaron por lo sano.

    Ya no eran suficientes las campañas mediáticas en contra del juez que se atrevió a investigar a los más altos cenáculos del poder. El que resistió una y otra de las operaciones mediáticas construídas en su contra, con la inestimable colaboración de los medios de comunicación afines al gobierno…

    La causa Hotesur ahora tendrá “aire”. El nuevo magistrado que se designe tendrá que tomarse “su tiempo” para analizar un expediente tan voluminoso y complejo. Pasarán los días, los meses. Tal vez, los años.

    El gobierno tiene un concepto de poder muy particular; El Poder es uno solo y le pertenece al Ejecutivo. Mejor dicho, al presidente. El resto de las actividades del Estado, son meras “funciones”.
    ¿Y la división de Poderes? ¿Y la Constitución Nacional? ¿y Montesquieu?… Eso es para la Facultad de Derecho, para aprobar Derecho Político o Derecho Constitucional…

    Nada más.
    Ya no son necesarias las “operaciones secretas” llevadas a cabo por nefastos personajes, con veleidades de James Bond, en boliches nocturnos o en hoteles alojamiento. Ya no son necesarias las actividades de espionaje ilegal en cuentas corrientes, títulos de propiedad, viajes o fotografías de la juventud.

    Ahora sólo alcanza con un mecanismo más simple: ¿No nos gusta o nos perjudica el juez o el fiscal? Lo sacamos y ponemos a otro.
    Así de simple.

    Por estas horas se cumplen seis meses de la muerte violenta del Fiscal Alberto Nisman, en circunstancias aún no esclarecidas…
    Ya que -todavía- no dijeron que Claudio Bonadío es mitómano, delirante, alcohólico, drogadicto, siervo de los servicios de inteligencia y hasta socio de los fondos buitre, como hicieron con el fiscal especial para el caso Amia, por lo menos, cúidenlo…Que no se suicide.

    Es lo menos que se merece.

    Marcelo Carlos Romero – Fiscal del Ministerio Público – Miembro de Usina de Justicia

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