Por Guillermo Cherashny.-

La semana pasada una ONG presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra los jueces federales Lijo y Rafecas por cajonear causas contra funcionarios kirchneristas los últimos diez años y algunos atribuyen a eso la celeridad con que se movió el juez Ariel Lijo con Amado Boudou. Y así se vio en las primeras horas del viernes y el sábado; pero el domingo Lijo recuperó la iniciativa y en todos los programas televisivos del domingo salió muy bien parado.

El argumento sólido que salvó a Lijo es que había procesado a Boudou cuando era vicepresidente. De esta forma se fortaleció ante la opinión pública, que es el escenario donde se debate el comportamiento de los jueces frente al gobierno y el Colegio de Abogados de la calle Montevideo y la ONG “Será Justicia”, cercana al gobierno.

Los periodistas de los programas de Majul y Lanata tenían el fallo y los argumentos en que se basaba la detención del imputado dejando de lado la vieja interpretación de que estaba en libertad hasta tener una sentencia condenatoria.

El cambio que produjo el fallo de Irurzun, Farah y Bruglia es parecido a la doctrina Moro, en referencia al juez brasileño que desencadenó el lavajato utilizando la prisión preventiva a empresarios y funcionarios.

Los más acérrimos opositores a este cambio son los cristinistas, pero también el gobierno y las ONG aliadas, porque temen que el día de mañana los jueces federales detengan a un empresario antes de la declaración indagatoria, lo que desencadenaría un lavajato argentino.

En conclusión, Cristina y sus funcionarios están solos y nadie los defiende. Acá la lucha es entre Comodoro Py y el gobierno para que los jueces federales detengan a los K y sobresean rápidamente a funcionarios actuales, cosa que Comodoro Py hizo hasta ahora pero parece que a algún sector del gobierno y una ONG no les alcanza y se quieren llevar puesto a Comodoro Py para que no haya más demoras en la justicia o bien para que se haga justicia contra el pasado y no contra el presente.

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