Por Guillermo Cherashny.-

El miércoles fue un día en el cual la Cámara Federal, integrada por Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, le señaló al juez federal Lijo que profundice la investigación penal sobre los funcionarios que avalaron el acuerdo objetado sobre la deuda del Correo Argentino de la familia Macri. En efecto, ese acuerdo propuesto por la familia presidencial fue objetado en su momento por la fiscal comercial Gabriela Boquin, que terminó en una causa penal en el fuero federal a cargo del juez Lijo, quien investiga a los funcionarios macristas y a los directivos del Correo por transacciones prohibidas cuando había un embargo y, además, de ofrecer un acuerdo leonino para las arcas del estado. La misma sala de la Cámara Federal también le anuló al juez Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene a su cargo el pago de coimas del soterramiento del tren Sarmiento, donde el citado magistrado procesó a De Vido, Baratta, Jaime y otros funcionarios y dictó falta de mérito para los empresarios presuntamente corruptores como Angelo Calcaterra y Lorenzo Ghella, un ejecutivo italiano, por lo cual la cámara anuló los procesamientos y las faltas de mérito y ordenó al magistrado que profundice la investigación como exige el fiscal franco Piccardi, que quiere aportar los testimonios de los arrepentidos brasileños, que señalan que las coimas de Odebrecht fueron pagadas por Calcaterra y su mano derecha Javier Sánchez Caballero.

Es sabido que el procurador del Tesoro, el macrista Bernardo Saravia Frías, acepta esos testimonios si se procesa por coimas a los arrepentidos brasileños, aunque a éstos ya los condenaron en Brasil, por lo cual juzgarlos en la Argentina iría contra la regla de que no puede juzgar dos veces por el mismo delito a una persona. Este argumento disparatado del Procurador del Tesoro en los hechos implica zafar del procesamiento y eventual condena del primo presidencial Angelo Calcaterra, que ahora quedó en la mira, porque el juez Martínez de Giorgi no se puede hacer más el distraído.

Pero lo más sorpresivo fue el pedido del juez Claudio Bonadío, quien pidió informes para investigar los presuntos sobreprecios en la construcción del Paseo del Bajo, donde también fue beneficiada la empresa IECSA de Calcaterra, que supuestamente se la vendió a Marcelo Mindlin, que le cambió el nombre por SACDE constructora, con lo cual Comodoro Py parece seguir el camino de Luis Majul y Federico Andahazi de convertirse de ultramacristas a panquequear hacia el Frente de Todos.

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