Por Carlos Tórtora.-

Mauricio Macri acelera el cierre de los acuerdos tributarios con las provincias mientras pone otra vez en la vidriera el homicidio de Alberto Nisman, hasta ahora el mejor recurso que encontró el gobierno para tapar el caso de los Paradise Papers. Mientras tanto, en el seno del Poder Judicial se incuba un profundo malestar con la Casa Rosada luego del balance que se está haciendo de las detenciones de Julio De Vido y Amado Boudou. En Comodoro Py no cayó para nada bien la categórica definición de Miguel Ángel Pichetto, que estaría avalada por el macrismo, acerca de que no corresponde hacer lugar de ningún modo a un eventual pedido de desafuero de CFK, en tanto ésta no tenga una sentencia firme en su contra, o sea lo contrario a lo resuelto por la Cámara de Diputados sobre De Vido.

Ya asimilada la suspensión del indefendible camarista federal Eduardo Freiler, los planes del gobierno para remover a otros dos jueces federales empiezan a causar molestia. Se trata obviamente de Daniel Rafecas y Adolfo Canicoba Corral. Al primero lo apuntan por haber archivado “sin argumentos jurídicos de peso” durante más de un año y medio la denuncia por encubrimiento del ex fiscal de la AMIA Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner y ahora lo acusan también de la demoras excesivas en la tramitación de causas que tienen a funcionarios públicos imputados por corrupción.

Aunque no funcionan como un triunvirato, hoy son tres los jueces que llevan la voz cantante en la justicia federal: el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, el miembro de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, Martín Irurzun, y el Juez Federal Ariel Lijo.

En el caso de Lorenzetti, manifiesta en reuniones que no cree en modo alguno que los sistemáticos ataques de Elisa Carrió contra su persona no cuenten al menos con cierto beneplácito de Mauricio Macri. Irurzun habría opinado en privado que se están acumulando demasiadas denuncias de corrupción contra el macrismo y a Lijo le corresponden las generales de la ley. Él y Rafecas -que ya señalamos- “fueron denunciados días atrás ante el Consejo de la Magistratura por incurrir en un supuesto mal desempeño, al registrar «demoras excesivas en la tramitación de causas» que tienen a funcionarios públicos como imputados en casos de corrupción.

La base de la denuncia es un detallado análisis sobre la información brindada por los juzgados al Consejo para la auditoría sobre la justicia federal, que contempla un enorme material sobre las actuaciones de los magistrados durante los últimos 20 años.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la agrupación Será Justicia y la organización Usina de Justicia indicaron que perciben que los juzgados que manejan Lijo y Rafecas registran «una demora excesiva en la tramitación de causas que, de ser confirmadas, afectarían el debido proceso». Fredy Lijo, el hermano del juez y fuerte operador judicial, está en el ojo de la tormenta y acaba de conocerse una denuncia basada en el expediente judicial del divorcio con su esposa, Carla Lago, donde consta la supuesta existencia de una cuenta en Suiza que, al menos en 2015, habría tenido un depósito de 1,7 millones de dólares. La información fue provista a la jueza María del Carmen Bacigalupo de Girard por Lago.

El efecto CFK

Lijo ordenó la detención de Boudou abriendo el paraguas ante la tormenta que se le venía y ahora CFK, a salvo del riesgo de prisión, estaría sumamente nerviosa porque su ex vicepresidente suele perder la estabilidad emocional y en tal caso podría contar inconveniencias. La reacción de Cristina llegó a la histeria en las últimas horas, al punto que para intentar darle consuelo a Boudou en su celda, tomó su agenda y empezó a llamar a sus ex funcionarios de mayor confianza para reclamarles que salieran a defender públicamente al ex vicepresidente. El resultado fue prácticamente nulo. Es que a Boudou ya no lo defendía ningún kirchnerista -excepto Luis D’Elía- desde largo tiempo atrás.

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