Por Guillermo Cherashny.-

En noviembre pasado, el Frente Renovador que lidera Sergio Massa presentó un protocolo para limitar excarcelaciones de delitos graves y que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, con la aprobación del PRO y sectores de la UCR pero con la oposición de Elisa Carrió y el cristinismo.

Este protocolo fue ideado por el Dr. Ramiro Gutiérrez -actual vicepresidente de la legislatura bonaerense-, quien también redactó un proyecto de Código Penal que hizo suyo el Frente Renovador, que no quisieron sancionar ni Cambiemos ni el kirchnerismo y que hoy toma vigencia a partir del femicidio de Micaela García y que está reclamando la sociedad civil.

La reforma que limitará la “puerta giratoria” en las cárceles argentinas se convertiría en ley la próxima semana. Los jueces deberán consultar a las víctimas antes de ordenar algún beneficio para los reclusos, analizar los informes psicológicos y aplicar un nuevo protocolo

La Cámara de Senadores de la Nación tratará en los próximos días el proyecto de ley que propone endurecer el régimen del cumplimiento de las penas de los presos al limitar las excarcelaciones, norma que busca frenar el denominado fenómeno de “la puerta giratoria”, a través del cual los reclusos con pena vigente podían salir en libertad condicional.

La reforma legislativa ya cuenta con el aval de Diputados desde el 23 de noviembre pasado y entre los puntos planteados se estipula que los jueces deberán analizar los informes psicológicos elaborados por profesionales del Servicio Penitenciario y el testimonio de la víctima antes de proceder a otorgar la libertad a los procesados.

La Cámara baja aprobó el proyecto del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, con 118 votos a favor, 63 en contra y 7 abstenciones, y le dio media sanción por lo que la giró al Senado.

“Ya no habrá más libertades otorgadas a ciegas sin tener, por ejemplo, el registro criminal del procesado y sin escuchar a la víctima”, afirmó la massista Mónica Litza.

“Estamos dando pautas concretas para que los magistrados deban seguir obligatoriamente ciertos requisitos antes de otorgar libertades durante el proceso”, agregó la legisladora.

El proyecto señala que “sin perjuicio del peligro de fuga y el entorpecimiento procesal, el órgano jurisdiccional está obligado a evaluar si el accionar del imputado puede constituir un peligro para la seguridad de la víctima”.

La normativa crea además un “Protocolo de Libertad” y un “Registro Nacional de Medidas de Coerción”, cuya implementación estará a cargo de la Corte Suprema de Justicia, y en donde se volcará información de las detenciones, las libertades, las rebeldías, las fugas y las capturas.

La iniciativa busca reformar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad Nº 24.660, que regula la vida de las personas detenidas en cuanto a sus condiciones de alojamiento, acceso a la salud, educación y trabajo y las diferentes fases que deben atravesar para recuperar la libertad.

La propuesta del Frente Renovador restringe las salidas transitorias y la libertad condicional, así como también limita las posibilidades de incorporación al régimen de semilibertad (trabajar fuera de la cárcel durante el día y regresar al penal por la noche).

Cabe destacar que una persona que comete un delito grave como un homicidio y recibe una condena de diez años, si es su primera estadía en el sistema penal, está en condiciones de acceder a las salidas transitorias a los cinco años, a la libertad condicional a los seis años y medio y con libertad asistida a los seis años del cumplimiento de la pena.

La reforma busca endurecer los beneficios a los delincuentes que hayan cometido ilícitos con armas de fuego. Cabe destacar que en la Argentina se comete un homicidio en ocasión de robo cada 48 horas, en el 95% de los casos de asalto los delincuentes usan armas y en la actualidad hay más de 100.000 evadidos de la Justicia.

Además, según datos de la Provincia de Buenos Aires, el nivel de reincidencia delictiva es del 43%. Ayer, como protesta a la reforma legal, hubo tensión en varios penales (ver página 4).

El nuevo protocolo de libertad

Antes de resolver la libertad de un detenido, el juez estará obligado, si se aprueba la reforma, a considerar nueve pasos:

  1. El historial criminal completo del imputado, que debe contener, entre otros datos relevantes, el informe del Registro Nacional de Reincidencia.
  2. El historial psicológico, médico y psiquiátrico si correspondiere.
  3. El historial de violencia de género, contra la mujer y familiar en el fuero de Familia y/o cualquier otro fuero donde lo tuviere.
  4. La recomendación del fiscal interviniente y de la parte querellante.
  5. La recomendación del Servicio Penitenciario a través de los organismos pertinentes.
  6. La información y opinión aportada por la víctima o las asociaciones de víctimas que la representen y que hayan ejercido su derecho a ser oídas.
  7. El informe de campo completo, en especial, visita al domicilio propuesto para residencia, al grupo familiar o contenedor, y al posible empleador si lo hubiere.
  8. Los datos emergentes del Registro Nacional de Medidas de Coerción.
  9. Reunidos los elementos anteriores el juez debe realizar una audiencia de contacto y evaluación con el imputado antes de resolver su libertad.

Cada 100.000 habitantes, 166 detenidos

– De acuerdo al informe presentado la semana pasada por el Ministerio de Justicia de la Nación, robo y tentativa de robo, homicidio doloso, infracción a la ley de estupefacientes y violación son los principales delitos imputados a los reclusos del sistema penitenciario nacional.

– El estudio demostró el deficiente manejo judicial de las causas penales, ya que el 50% de los presos argentinos no tiene condena firme.

– La Provincia de Buenos Aires, en particular, es la que posee la población carcelaria más extensa, con un 46% del total de detenidos en el país.

– En total, 72.693 personas viven en el ámbito penitenciario nacional. Si a esos se le restan las 1.229 personas que están bajo régimen de monitoreo electrónico, la población carcelaria alcanza los 71.464, lo que equivale a una tasa de 166 cada 100.000 habitantes.

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