Por Carlos E. Viana.-

Justicia Federal: Jujuy y Rosario, descuidos paralelos con los narcos.

El Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, afirmó: “uno de los dirigentes más importantes” de la agrupación barrial y mano derecha de Sala, apodado “Beto Cardozo”, es el encargado de comandar “la compraventa de drogas” en Jujuy. Por su parte, Carlos Santillán, dirigente sindical jujeño, acusó a Sala de “instalar la narcopolítica” en dicha Provincia.

Milagro Sala se encuentra acusada y hasta hoy detenida por una de dos causas, una de instigación a la violencia y la otra por defraudación asociación ilícita. Ambas tramitan en un tribunal de la Provincia de Jujuy, es decir, no son tribunales federales.

La gran pregunta, es: ¿Si Milagro Sala está sospechada desde hace años de administrar el narcotráfico en Jujuy, qué han hecho los dos juzgados federales, N° 1 y 2, radicados en dicha provincia?

Como citamos, quienes tienen fundadas sospechas y acusan a Milagro Sala de este delito federal son nada menos que el actual gobernador de la provincia y un importante dirigente sindical.

Salta y Jujuy, interrogantes sobre sus tribunales Federales

Entre 2011 y 2012, hubo agresiones y amenazas del narcotráfico contra fiscales y jueces federales de Salta y Jujuy. La entonces Ministra de Seguridad, Nilda Garré, les prometió protección, pero sobre los autores de los ataques no se avanzó y no se respondió al pedido de los jueces para que cubriera la desprotegida frontera noreste con más gendarmes y control aéreo. En este contexto, la advertencia más macabra la recibió el Juez Federal Carlos Olivera Pastor, cuando en septiembre de 2011, al salir del Juzgado Nº 2 de Jujuy, a su cargo, encontró una cabeza de ser humano decapitado, que había sido dejada al pie de su auto. “En la tapa de la caja había un numero con cinco dígitos, como el de un expediente judicial –contó–, y en su interior, la cabeza de una persona, con pelo, piel, dientes y ojos”.

Llama poderosamente la atención que en marzo de 2012 este Juez debió renunciar por presiones de dos fiscales dependientes de la Procuradora General de la Nación, Gils Carbó. Los fiscales Pablo Parenti y Jorge Auat lo denunciaron por supuestas demoras en otras causas, pero de Milagro Sala no se acordaron.

Similitudes con Rosario

A 1.243 kilómetros de distancia, se nota una similitud con la justicia federal radicada en la Ciudad de Rosario. En Jujuy se olvidaron de Milagro Sala; en Rosario, se acordaron recién en diciembre pasado de la banda de los Monos. Raramente los dos jueces federales y sus respectivos fiscales dejaron pasar diez años, antes que uno de ellos diera, recién el 23 de diciembre pasado, una orden de arresto contra integrantes de la banda de los Monos. Es decir, los arrestó después de la asunción del nuevo presidente.

Los fiscales, el Ministerio Público de Gils Carbó

Mientras tanto, en todos esos años, los fiscales federales de primera instancia impugnaron los allanamientos efectuados por la Justicia Provincial en la investigación de esta banda. Lo sobresaliente fue la impugnación del Fiscal Federal Juan Patricio Murray contra una orden de allanamiento de un juez de la Provincia de Santa Fe, porque en la misma éste pidió que se buscaran estupefacientes.

El 4 de junio de 2013, este fiscal ahora ascendido por Gils Carbó a otro cargo, pidió al juez federal Marcelo Bailaque la nulidad de un procedimiento en el que fueron detenidas tres personas, con una orden de allanamiento emitida por el juez de instrucción Juan Carlos Vienna (Justicia Provincial), en el marco del megaoperativo que se venía desarrollando y que investigaba originalmente el asesinato de Martín “el Fantasma” Paz, presuntamente por la banda de Los Monos. En este allanamiento se hallaron estupefacientes.

Arguyó Murray en dicha oportunidad. “Un juez de instrucción, que desde un comienzo ha conocido su incompetencia para actuar, no podía ignorar la falta de la misma para ordenar el secuestro de estupefacientes, elementos para fraccionarlos, balanzas y todo otro elemento incriminante tal como lo consignó en las órdenes de allanamiento libradas”. Y agregó: “El juez (Vienna) supo o presupuso por algún elemento inherente a la investigación que estaba llevando a cabo en relación al homicidio que se ventilaba en la causa 913/12, que una de las hipótesis bajo pesquisa era la de infracción a la ley federal de estupefacientes 23.737”.

El Fiscal recuerda que si bien se agregó a esta ley el artículo 34 que prevé que las provincias podrán perseguir con su aparato judicial la tenencia con fines de comercialización, y la venta al menudeo o a los consumidores, Santa Fe no adhirió a esta norma y en consecuencia, según él, el encuentro de drogas fue ilegal.

Como es lógico y jurídico suponer, aunque la Provincia de Santa Fe no adhirió a la norma, esto no dificulta que pueda ocuparse de un caso como auxiliar y después de hallarse estupefacientes, como se hizo, girar el caso a la Justicia Federal. El fiscal dio así un ejemplo de zaffaronismo “monista”, que favoreció a la banda de Los Monos.

Pero este caso no fue una excepción, Murray pidió mas nulidades sobre otros allanamientos contra la banda de los Monos, aunque si persiguió a otras bandas más ligadas con lo que su compañero, el diputado Larroque, había llamado narcosocialismo. ¿Por qué contra unos no y contra otros sí?

Como extraemos de sus propias declaraciones, Murray estuvo mas preocupado por investigar al Juez Provincial Vienna que a la banda narco de los Monos.

Es solo una curiosidad casual, que los Monos son vecinos del Casino de Cristóbal López amigo de la ex Presidenta. El casino de Rosario, se haya en el centro del barrio fuerte de Los Monos.

Por su parte el Juez federal Marcelo Bailaque rechazó, en la citada ocasión, con buen criterio, el pedido de nulidad que había solicitado el fiscal Murray, pero aquí nos surge otra pregunta. Entre junio de 2013, fecha del encuentro de las drogas, y fines de 2014 pasó un año y medio y recién en dicho año el Juez comenzó a investigar a Los Monos. ¿Porque se dejó pasar tanto tiempo, si un allanamiento había vinculado a Los Monos abiertamente con el narcotráfico, un año y medio antes? ¿Porque se esperó un año más entre 2014 y el 23 de diciembre de 2015, para ordenar su detención?

Asalto a Arsenal y balas de los Monos

Entre 2010 y 2012 despareció una importante cantidad de armamento en el Arsenal Fray Luis Beltrán, sito en la localidad del mismo nombre de la Provincia de Santa Fe. En 2.012, este hecho delictivo, motivo que el diputado nacional Julián Obiglio (PRO) elevara un pedido de informe al por entonces jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y al Ministro de Defensa, Arturo Puricelli. Este pedido de informes nunca fue contestado.

La causa cayó en el Juzgado Federal N° 3 de Carlos Vera Barros, en Rosario. El Juez le pasó la investigación al Fiscal Gambacorta, pero no se cito a declarar ni al Ministro Coordinador Abal Medina ni al Ministro de Defensa Puricelli, este último responsable político del Ejército y el otro el vocero que hizo público el delito..

Después de la última desaparición de municiones y armamentos en el Arsenal, en 2.015, el Juez Federal Nro 3 de Rosario, Carlos Vera Barro, ordenó varios allanamientos en donde se encontraron parte del material sustraído en viviendas del personal del Arsenal. En una democracia, esto hubiera motivado la renuncia del Ministro de Defensa o al menos su interpelación por el Congreso, en ese entonces obedientemente kirchnerista.

En dicha oportunidad el Senador Nacional y vicepresidente de la Comisión de Defensa de esa Honorable Cámara, Ángel Rozas, presentó un proyecto mediante el cual convoca al ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, para que informe ante la Comisión de Defensa Nacional del Honorable Senado sobre el avance de las investigaciones referidas. Rossi ni compareció ni informó.

También debido a este hecho la Diputada Nacional Alicia Siciliani (PS) presentó un pedido de informes en la Cámara baja para que el Ministerio de Defensa brinde precisiones sobre lo ocurrido en esa dependencia militar, ante las sospechas de que ese stock de municiones pueda ir a manos de bandas vinculadas al narcotráfico, como la de Los Monos. El entonces Ministro de Defensa no explicó nada, ni la Cámara aprobó su interpelación.

Un Senador y una Diputada, pidieron que el entonces Ministro de Defensa explicara qué había sucedido e investigado, pero el Juez Vera Barros no lo citó para que declarara, aunque el entonces ministro de defensa era responsable político directo de lo sucedido. Recordemos que tampoco lo había hecho con Abal Medina y Puricelli, aunque otro diputado nacional les había pedido a ambos ministros, inútilmente, informes al respecto.

Agustín Rossi es responsable político, porque además del cargo tenía a sus ordenes la Inteligencia del Ejército, que como es de público conocimiento, fue bien organizada y dotada por él, el comandante de ese entonces y la ex Presidente. ¿Cómo es que no averiguaron nada? ¿No investigaron?

Rossi tiene que decir al respecto, pero no fue citado judicialmente.

Es un tema grave vinculado al narcotráfico y por declaraciones Siciliani y de la Policía de la Provincia con posibles conexiones con la banda de Los Monos.

¿Por qué el Juez Federal Carlos Vera Barros no citó al Agustín Rossi a declarar?

El 17 de febrero de 2.015, en un regimiento de artillería de La Plata sustrajeron nada menos que un misil antitanque TOW 2, con un alcance de 3.750 metros y gran poder de perforación de blindados. Rossi declaró en la oportunidad que no se habían llevado el lanzador, pero este es solo un trípode.

La gravedad del tema está dada en la siguiente declaración de la intendenta de Rosario, Mónica Fein, quien opinó que “en 100 homicidios que se produjeron en la ciudad en el último año (de un total de 364) se utilizaron balas calibre 9 milímetros. Sabemos que es el arma preferida de los delincuentes. La mayor parte de las balas que se robaron del Arsenal son 9 milímetros, pero Agustín Rossi no tiene nada que declarar al respecto y la justicia federal parece que tampoco.

Dada la gravedad de los delitos y de sus consecuencias, el Juez Federal actuante en Rosario, debería investigar si están vinculados entre sí estos robos de armamento y que vínculos debería tener con el narcotráfico y hasta con el narcoterrorismo y Rossi debe ser citado.

Conclusiones

Jujuy y Rosario, unidas por el vacío de acción de la Justicia Federal y del Ministerio Público (fiscales federales), en quizá, los casos más graves de bandas de narcotraficantes en sus respectivas jurisdicciones. Sin Justicia no hay orden social posible y quienes tienen la obligación de imponerla “intrépidamente” como dijera González Calderón, son los jueces. Estamos esperando que así suceda porque es parte del cambio necesario en la República, considerando lo que los helenos llamaron “isonomía”, la misma ley para todos.

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