Por Carlos Tórtora.-

Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, dialogó con IP sobre las causas en su contra y la situación judicial. Dalbón hizo un breve recuento de las causas pronosticando que la mayor parte de las mismas se caerá próximamente. Sobre el Memorándum de Entendimiento con Irán y el dólar futuro, anticipó que se trata de cuestiones políticas no judiciables, calificación de nuestra jurisprudencia para los casos en los cuales se investigan decisiones políticas imposibles de valorar judicialmente. En cuanto a la causa por la obra pública, expuso que sus numerosas nulidades harán que finalmente todo el proceso sea declarado nulo. Hasta ahora, las defensas en este juicio ya hicieron 51 planteos impugnatorios, incluyendo las nulidades. En relación a Hotesur y Los Sauces, Dalbón sostiene que, de llegar a juicio oral, en ambas CFK está en condiciones de ser sobreseída. Agregó que en otro proceso -la ruta del dinero K-, Cristina ya está favorecida por la falta de mérito confirmada por la Cámara Federal.

Por último, Dalbón se refiere al caso de los cuadernos como un ejemplo típico de law fare, o sea guerra jurídica con el apoyo de aparatos mediáticos, que tuvo éxito en su opinión en Brasil contra Lula y en Ecuador contra Rafael Correa. Recuerda al respecto que tanto el juez como el fiscal de los cuadernos, Claudio Bonadío y Carlos Stornelli, se encuentran imputados en la causa D’Alessio por el juez federal Alejo Ramos Padilla. Mencionó también algunas de las irregularidades de los cuadernos en relación a las presiones sufridas por distintos empresarios para declarar, caracterizando a la causa como una mezcla de operación política con una operación económica basada en coacciones ilegales.

Cómo controlar a los jueces

Pero Dalbón también se internó en el terreno del análisis político y sostiene que la concentración de poder que actualmente existe en los doce jueces federales de Comodoro Py representa una amenaza para el sistema democrático y que el próximo gobierno debería tomar cartas en este problema. La solución que propone pasa por ampliar el número de jueces federales porteños a 50 a 70, lo que produciría una licuación de su poder. También considera inaceptable la actual situación de la designación de magistrados, ya que hoy el gran elector de jueces es Daniel Angelici. Por último, el letrado de CFK planteó que los procesos en los cuales se investiguen los eventuales delitos de la gestión macrista deberán darse con todas las garantías del debido proceso y sin caer en actitudes persecutorias.

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