Por Guillermo Cherashny.-

Si bien el fallo de la corte volteó el tarifazo con respecto al consumo domiciliario -que es del 26% del total-, dejó abierta la puerta para reclamos individuales de comerciales e industrias, e inclusive colectivas, si pueden demostrar que son un grupo homogéneo, y también -lo cual es muy importante- que el precio del gas en boca de pozo debe surgir del libre mercado y no sólo de una decisión del ejecutivo, como hizo el gobierno, que facturó un precio por encima del que se paga internacionalmente y que Aranguren justifica diciendo que hay varios precios, como son el de U$S 3 del gas natural de Bolivia, el de U$S 6 del que viene en barco y un poco más de U$S 5 del que viene de Chile, por lo cual el gobierno lo fijó en U$S 5,50, aunque en el gas nuevo se continúa con la política de Kicillof, es decir, pagar el gas de boca de pozo en U$S 7,50. Pero como el gobierno no tiene medios de controlar a las petroleras que pasan el precio de U$S 7,50, a todo el gas, sea nuevo o viejo, se aumentan exponencialmente las tarifas a la gente.

Pero el argumento principal del fallo de la Corte es la falta de audiencia pública que, si bien no es vinculante, la Corte dice que se debe tener en cuenta lo que se diga en la audiencia y no que el gobierno haga caso omiso a todo lo que plantee en la audiencia.

Este fallo tiene un costo fiscal de 15.000 millones de pesos que se puede ampliar si se aceptan reclamos de comercios e industrias, con lo cual puede llegar a 35.000 millones pesos, muy lejos de los 80.000 millones que mencionaba Prat Gay para meter miedo al público y a la Corte.

La sorpresa fue que Horacio Rosatti, el nuevo ministro que iba a controlar a Lorenzetti como decía Carrió, votó en forma unánime junto a los demás. El presidente, que se jugó a todo o nada, perdió en una parte pero podría perder todo si se aceptan reclamos de comercios e industrias.

Share