Por Hernán Andrés Kruse.-

En su brillante alegato en Comodoro Py la ex presidente y vicepresidente electa Cristina Kirchner hizo mención en reiteradas oportunidades de la expresión “lawfare”, que en castellano significa “guerra jurídica”. Para quienes, como el autor de este escrito, nuestro conocimiento sobre este tema es nulo, nada mejor que leer el artículo que a continuación transcribimos de un experto en la materia, el general de división (retirado) de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Charles Dunlap Jr. (*), publicado por la Military Review en agosto de 2017.

Introducción a la guerra jurídica. Manual básico (*)

Para muchos comandantes y líderes militares, el papel de la ley en los conflictos del siglo veintiuno es fuente de frustración. Algunos consideran que la ley les «pone esposas» y limita el éxito en el combate. Para otros, la ley es otra «herramienta que usan los enemigos del Occidente». Para al menos un aliado clave, Gran Bretaña, la ley parece estar introduciendo una indecisión contraproducente en los ambientes operacionales. Todas estas interpretaciones pueden ser ciertas hasta cierto punto, pero al mismo tiempo, no describen con exactitud el papel de la guerra jurídica en los conflictos militares actuales. La ley es un elemento central de los conflictos del siglo veintiuno. Hoy en día, las guerras se libran en lo que Joel Trachtman llama «un entorno jurídico fértil, en donde hay una abundancia de leyes y foros legales». Esto se debe a muchos factores fuera del contexto militar, como el impacto de la economía internacional. Aun así, como se señala en el Foro de Políticas Globales (Global Policy Forum), «la globalización está cambiando los contornos de la ley y creando nuevas normas e instituciones jurídicas globales». Como ocurre con muchos aspectos de la vida moderna, las tendencias en el ámbito económico impactan las guerras y esto incluye cómo interactúan las leyes en los conflictos armados. Muchos altos líderes se han dado cuenta de esta realidad. El general (retirado) James L. Jones, Cuerpo de Infantería de Marina, antiguo comandante de la OTAN y consejero de seguridad nacional de EUA, comentó hace varios años que la naturaleza de la guerra había cambiado. «Se ha tornado muy legalista y compleja», dijo, y añadió que ahora «es necesario un abogado o una docena». La tecnología también ha revolucionado el impacto de las leyes en la guerra ya que sus diferentes manifestaciones aumentan su complejidad. Para entender y solucionar los efectos de la tecnología en la conducción de la guerra, es necesaria una comprensión avanzada de las normas que la gobiernan, o que deberían gobernarla. El general (retirado) Stanley McChrystal, Ejército de EUA, observó recientemente que «la tecnología solo ha conseguido que las leyes sean más relevantes en el campo de batalla». Él cree que «no se puede llegar a tener una verdadera comprensión del ejercicio del poder militar estadounidense sin una apreciación sólida de cómo las leyes influyen en las misiones militares y sus resultados».

El propósito de este artículo es resumir el concepto de lo que ha llegado a conocerse como guerra jurídica. En este artículo también se ofrece un contexto práctico para que los líderes que no son abogados piensen sobre la guerra jurídica, además de algunas consideraciones sobre cómo prepararse para operar contra un enemigo que busca sacar provecho de este fenómeno en los conflictos contemporaneos. ¿Qué es la guerra jurídica? El término guerra jurídica existe desde hace algún tiempo; sin embargo, su uso moderno apareció por primera vez en un ensayo que escribió el autor de este artículo para la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, de la Universidad de Harvard, en 2001. La guerra jurídica representa un esfuerzo para que los lectores militares y los que no son abogados puedan entender fácilmente, al estilo de las frases que vemos en las calcomanías de los carros, cómo los beligerantes y, en particular, aquellos que no pueden hacer frente a las capacidades militares de alta tecnología estadounidenses están intentando usar la ley como una forma de guerra «asimétrica». Con el tiempo, la definición ha evolucionado, pero hoy en día se entiende mejor como el uso de la ley como un medio para conseguir lo que de otra manera tendría que conseguirse con la aplicación de la fuerza militar tradicional. Es como si fuera un ejemplo de lo que el estratega chino Sun Tzu calificaría de «excelencia suprema» de la guerra, cuyo objetivo es subyugar «la resistencia del enemigo sin tener que luchar». Sin embargo, con mucha frecuencia solo formará parte de una estrategia más amplia que probablemente implicará capacidades militares tradicionales y cinéticas (letales). Más importante aún, la guerra jurídica es ideológicamente neutral. Efectivamente, es útil pensar en ella como un arma que se puede usar para bien o para mal, dependiendo de quién la esté usando y por qué razones. Como Trachtman dijo: «La guerra jurídica puede sustituir a la guerra tradicional cuando funciona como un medio que obliga a ciertos comportamientos específicos con menos costos que la guerra cinética, e incluso en los casos en donde la guerra cinética sería ineficaz». Esa es una verdad que puede aplicarse de igual manera tanto a los enemigos de Estados Unidos como al propio país.

¿Cómo ha usado Estados Unidos la guerra jurídica? Hay muchos ejemplos de cómo la ley puede usarse para sustituir pacíficamente otras metodologías militares. Por ejemplo, durante la fase inicial de la Operación Enduring Freedom, imágenes áreas de Afganistán que fueron conseguidas por medio de satélites comerciales estaban disponibles en el mercado libre. Aunque había varias maneras de impedir que información tan importante cayera en manos enemigas, se optó por un «arma» jurídica -un contrato- para comprar las imágenes. De este modo, se evitó que «las fotos cayeran en manos de organizaciones terroristas como Al Qaeda». La ley juega un papel muy significativo en las operaciones de contrainsurgencia. Aunque el término guerra jurídica no se usa, el Manual de Campaña (Field Manual) 3-24, Insurgencia y contrainsurgencia, está lleno de ejemplos sobre cómo la ley es un elemento clave del enfoque integral necesario para tener éxito en esos tipos de conflictos. En particular, señala que «establecer el Estado de derecho es un objetivo clave y deseado en la contrainsurgencia». El general David H. Petraeus también señala que es poco probable que un esfuerzo de contrainsurgencia tenga éxito si se encuentra ausente algún tipo de guerra jurídica, que permita el imperio de la ley en el Estado donde se quiere establecer, dependiendo únicamente de la muerte o la captura de las fuerzas insurgentes. Hay más medios legales que pueden impactar las capacidades militares de forma directa. Por ejemplo, sanciones incapacitaron la fuerza aérea iraquí de tal manera que solo un tercio de sus aeronaves estaban operativas cuando la coalición invadió en 2003. El impacto operativo fue obvio: los aviones iraquíes en tierra fueron tan efectivos como los aviones derribados. Las sanciones también han disminuido el ritmo de la expansión militar rusa. En un artículo de 2016, oficiales del ejército sirio y sus familias, todos partidarios del presidente Bashar al-Assad, son encerrados en jaulas usadas como «escudos humanos» por un grupo rebelde llamado «Ejército del Islam» en el suburbio de Douma, en Damasco, Siria; 31 de octubre de 2015. El grupo alegó que los escudos humanos protegerían a los civiles de Douma de ataques llevados a cabo por las fuerzas aéreas rusas y sirias.

Mizokami informó que las sanciones internacionales (junto con la caída de los precios del petróleo) estaban afectando negativamente a la economía y, en consecuencia, los esfuerzos de Rusia para reconstruir sus fuerzas armadas. Existe una serie de enfoques en donde puede utilizarse la ley para socavar a los adversarios, enfoques que pueden ponerse bajo la protección de la guerra jurídica. Por ejemplo, Juan Zarate, antiguo funcionario del Departamento del Tesoro, describe como su agencia usó varias iniciativas jurídicas para dificultar o negar a los terroristas los recursos que necesitaban, particularmente los financieros. De igual manera, incluso los litigios privados trabajan para negarles el acceso a las plataformas bancarias y de comunicación social a los terroristas, que dependen cada vez más de ellas. ¿Cómo el adversario usa la guerra jurídica? Muchos actores no estatales hostiles usan la guerra jurídica como un pilar de su estrategia para confrontar fuerzas armadas que cuentan con capacidad militar de alta tecnología. Para ser claros, están usando la ley para hacer de ella una vulnerabilidad para Estados Unidos y otros países democráticos. Por ejemplo, podrían intentar explotar los informes, tanto reales como falsos, de víctimas civiles con la esperanza de que el miedo de causar más muertes resultará en un uso restringido de ciertas tecnologías militares (p. ej. el poderío aéreo) por parte de países que respetan el Estado de derecho como Estados Unidos. Las secuelas del bombardeo del búnker Al Firdos, durante la guerra del Golfo de 1991, presagiaron mucho de lo que vemos hoy en día. Aunque se creía que era un centro de mando y control militar, en realidad, se estaba usando como un refugio para las familias de altos funcionarios iraquíes. Cuando las fotos de los civiles heridos y muertos fueron difundidas a nivel mundial, «lograron lo que las defensas antiaéreas iraquíes no podían; el centro de Bagdad había de ser atacado moderadamente, como mucho». Irónicamente, nada había ocurrido que violara el Derecho de la guerra, pero las percepciones del mismo tuvieron el efecto operacional de un sofisticado sistema de defensa antiaérea. Este suceso les ha «abierto los ojos» a muchos adversarios sobre cómo los medios de tecnología poco avanzada pueden contrarrestar los sistemas de alta tecnología.

Obviamente, las percepciones importan. Michael Riesman y Chris T. Antoniou insisten en que: «En las democracias populares modernas, incluso un conflicto armado limitado requiere de una base de apoyo público considerable. Ese apoyo puede erosionarse o incluso revertirse rápidamente, sin importar cuán meritorio sea el objetivo político, si las personas creen que la guerra se está llevando a cabo de una manera injusta, inhumana, o inicua». Por consiguiente, después de presenciar lo que el bombardeo de Al Firdos logró, algunos adversarios intentan aprovecharse de tales incidentes cuando ocurren, mientras que otros los orquestan para sacar provecho de las restricciones que podrían seguirle. Por ejemplo, el Estado Islámico «usa los civiles como escudos humanos para luego reclamar que la coalición liderada por Estado Unidos está atacando personas inocentes durante los bombardeos». De hecho, la mayoría de los adversarios de Estados Unidos en realidad ven el respeto por la ley en nuestra cultura política como un «centro de gravedad» que ha de ser explotado. William Eckhardt nota que: «Como saben que en nuestra sociedad se respeta en gran medida el Estado de derecho y se exige su cumplimiento, nuestros enemigos cuidadosamente atacan nuestros planes militares alegando que son ilegales e inmorales y su ejecución es contraria al Derecho de la guerra. Nuestra vulnerabilidad aquí es lo que el filósofo de la guerra Carl von Clausewitz calificaría como nuestro “centro de gravedad”». Los incidentes ilegales ayudan notablemente la estrategia de guerra jurídica del enemigo. El escándalo del abuso de prisioneros en Abu Ghraib que ocurrió durante la guerra de Irak es un ejemplo clásico. Es significativo que el teniente general Ricardo Sánchez, en aquel entonces comandante de la Fuerza de Tarea Combinada Conjunta 7 (comandante de las fuerzas terrestres de la coalición en Irak), empleara un lenguaje militar tradicional y calificara de «claramente una derrota» el impacto que tuvo el estallido de criminalidad en Abu Ghraib durante su evaluación debido a que los efectos fueron similares a los que surgen en derrotas militares tradicionales. Por su parte, en una entrevista realizada por Joseph Berger para el New York Times, Petraeus, comandante del Comando Central de EUA en aquella ocasión, explica cómo las violaciones de la ley impactan lo que ocurre en el campo de batalla diciendo que: «Creo que cada vez que tomábamos medidas convenientes, nos salía el tiro por la culata». Siempre que los estadounidenses emplean métodos que violan los Convenios de Ginebra o los estándares del Comité Internacional de la Cruz Roja, «A la larga, acabamos pagando el precio. Abu Ghraib y otras situaciones parecidas no son biodegradables. No desaparecen. El enemigo las continua usando contra ti como si fuera un azote».

La situación se agrava aún más en una época donde proliferan las cámaras deportivas, los teléfonos celulares y dispositivos similares que permiten grabar y transmitir imágenes a nivel mundial en tiempo real o casi real. Un video de cuarenta segundos en donde infantes de marina estadounidenses orinan sobre los cuerpos de talibanes muertos se convirtió en un «acontecimiento viral» y, según líderes afganos, sirvió como una herramienta de reclutamiento para el Talibán». Esto es exactamente el tipo de ilegalidad evitable que los adversarios familiarizados con la guerra jurídica explotan de inmediato. Lo que quiero decir es que hoy en día, cada soldado en el terreno es efectivamente un «cabo estratégico». El general Charles C. Krulak, antiguo comandante del Cuerpo de Infantería de Marina de EUA, dijo en 1999 que: «El infante de marina será el símbolo más visible de la política exterior de Estados Unidos y potencialmente influirá no solo en la situación táctica inmediata, sino también en los niveles estratégicos y operacionales». En la actualidad, la forma cómo los individuos se comportan, si siguen las leyes o no, junto con la ayuda de la tecnología, puede tener un impacto estratégico u operacional. L Es un error pensar que la guerra jurídica es algo que solo utilizan los actores no estatales vulnerables a la tecnología. Hay países con capacidades militares extraordinarias que utilizan la guerra jurídica, pero de manera diferente. China, por ejemplo, tiene una doctrina bastante sofisticada de «guerra legal», en la cual se establecen las estrategias que forman parte de un conjunto de «tres tipos de guerra». Según Dean Cheng, el «Ejército Popular de Liberación aborda el tema de la guerra jurídica desde una perspectiva diferente, la ven como un arma ofensiva capaz de paralizar a los oponentes que permite tomar la iniciativa política». Citando fuentes chinas, Cheng dice que, «la guerra legal es esencialmente “argumentar que el grupo al que uno pertenece está defendiendo la ley, criticar el grupo opuesto por violar la ley y defender el grupo al que uno pertenece en los casos donde también ocurren violaciones de la ley”». Los acontecimientos actuales parecen sugerir que China está ejecutando su estrategia de guerra jurídica. De hecho, algunos observadores ven esta estrategia como el motor principal de la expansión china en el mar de la China Meridional. En la actualidad, a Rusia a menudo también se le atribuye un papel preeminente en lo que se ha venido a conocer como «guerra híbrida», de la cual la guerra jurídica es un elemento. En el lenguaje militar, el término «amenaza híbrida» captura «el aparente aumento de complejidad en las operaciones, la multiplicidad de actores involucrados y la falta de distinción entre los elementos tradicionales de conflicto». En ella se combinan «las fuerzas tradicionales gobernadas por la ley, las costumbres y las tradiciones militares con las fuerzas irregulares que actúan sin restricción en relación al nivel de violencia o los tipos de blancos». El general Joseph F. Dunford Jr., jefe del Estado Mayor Conjunto, dice que intenta mantenerse alejado de terminología «híbrida». Más bien, lo considera como «una competencia contra un adversario que tiene una dimensión militar y que sabe cuál es nuestro límite para poder tomar acción militar decisiva». Por consiguiente, dice, «ellos operan por debajo de ese nivel» y pueden «continuar avanzando sus intereses mientras nosotros perdemos ventaja competitiva». Los expertos legales dicen que la manera en la que Rusia lleva a cabo la guerra híbrida claramente pretende nublar las líneas legales para explotar la incertidumbre resultante. Ellos postulan que «la complejidad, la ambigüedad y el carácter híbrido de este tipo de guerra no solo presentan nuevos desafíos de seguridad, sino también legales», especialmente para aquellos que «obedecen el Derecho internacional de buena fe y los marcos de común acuerdo establecidos y regidos por los principios del Estado de derecho». Básicamente, esto es un tipo de guerra jurídica y algo que ha sido parte del arsenal ruso por mucho tiempo.

Es evidente que muchos de los desafíos y las oportunidades que plantea la guerra jurídica en sus muchas manifestaciones surgen principalmente en los niveles de conflicto a nivel estratégico y operacional. Sin embargo, esto no significa que otros aspectos de la guerra jurídica no son importantes para los que trabajan a nivel táctico. Esto es importante cuando se trata de negarle al enemigo la oportunidad de usar técnicas de guerra jurídica para explotar u orquestar actos que crean la percepción de desgobierno y pueden comprometer o hasta impedir el éxito de la misión. La mayoría de los comandantes y líderes a nivel táctico saben que tienen muchas responsabilidades en el ámbito jurídico, particularmente en lo que respecta a la disciplina. En el Manual jurídico del comandante de 2015 (2015 Commander’s Legal Handbook), del Ejército, se aconseja que en muchas ocasiones: «El propósito de sus acciones [comandante] debe ser preservar la situación legal hasta que pueda consultar al auditor militar en servicio. Sin embargo, como con muchos aspectos de sus responsabilidades de mando, usted puede fracasar si espera a que las cosas le lleguen. Necesita ser proactivo y prevenir los problemas antes que ocurran». En términos operativos, ser proactivo con los desafíos de la guerra jurídica implica lo que yo llamo «preparación jurídica del campo de batalla». Los comandantes están familiarizados con el concepto de preparación de inteligencia del campo de batalla pero necesitan agregar preparación jurídica del campo de batalla a su lista de tareas pendientes. Esto significa analizar metódicamente las dimensiones legales y el contexto de una misión concreta y determinar sus posibles efectos en las operaciones. Después les corresponde a los comandantes -en todos los niveles- tomar las medidas que sean necesarias para mejorar los efectos positivos de la ley en las operaciones, y eliminar o mitigar los posibles efectos adversos. Un elemento clave en esta iniciativa es el uso de los auditores. Al igual que en las otras ramas de la fuerzas armadas, el Cuerpo de Auditores del Ejército ha establecido un área de práctica dedicada a «ofrecer asesoramiento jurídico a los comandantes y sus subordinados sobre las leyes nacionales, extranjeras e internacionales que podrían afectar las operaciones militares». Recientemente, el mayor Dan Maurer, un auditor del Ejército, les instó a sus colegas de profesión a pensar cómo la función de asesoramiento que desempeñan afecta al comandante y a otros encargados de tomar decisiones. Aunque no aborda específicamente la guerra jurídica, su recomendación es relevante porque: «Los encargados de tomar decisiones necesitan tener plena confianza y estar completamente conscientes no solo de lo que usted piensa, sino por qué lo piensa, y cómo las decisiones que toman afectarán a otros más allá de las mínimas consecuencias de los adiestramientos de combate».

La mayoría de los comandantes probablemente estarán de acuerdo con Maurer, pero ¿cómo pueden asegurarse de que su asesor jurídico será capaz de darles ese tipo de información? Parte de la respuesta es fácil ya que los comandantes probablemente tendrán el apoyo de un auditor con una sólida preparación jurídica. El puesto de oficial auditor es extremadamente competitivo hoy en día, y los estudiantes de derecho y abogados que aspiren a ejercer esa función en el Ejército deben estar entre los mejores. Sin embargo, perspicacia jurídica es solo una parte del proceso. Los mejores abogados no pueden ser eficaces si no entienden las necesidades y el negocio del cliente. En el ámbito militar, esto significa tener un conocimiento profundo de la misión, las capacidades y la mentalidad de la unidad que recibe el apoyo. La mayor parte de esto es responsabilidad del oficial auditor, pero los comandantes pueden facilitar el proceso comunicándose con su oficial jurídico de apoyo. Para ello, hay que asegurarse de que los oficiales auditores visiten la unidad con frecuencia y se familiaricen con los soldados, el equipamiento y los métodos de funcionamiento. Esto debe llevarse a cabo en la guarnición porque es extremadamente difícil hacerlo al momento o cuando las tropas ya han sido desplegadas. El éxito, según Maurer, «se mide por medio de la relación que existe entre el asesor y el principal encargado de tomar decisiones». Él ofrece estas preguntas cómo un ejercicio de introspección para tanto los asesores jurídicos como los encargados de tomar decisiones: ¿La relación se caracteriza por la confianza? ¿Es profunda? ¿Es franca? ¿Se perdonan los errores y se aceptan las diferencias y un poco de caos? ¿Se podrán conseguir todas estas cosas con el tiempo o no es más que informe de situación bimensual? Por supuesto que nada de esto elimina la responsabilidad del asesor jurídico de apoyo y otros de su cadena funcional supervisora de involucrarse en un amplio análisis profesional, y a menudo altamente técnico, y preparar planes de apoyo que cubran todos los niveles de la guerra; esto es necesario si queremos librar, y defendernos de, la guerra jurídica de manera eficaz.

Más allá de tener al asesor jurídico correcto, es importante que las tropas entiendan el «porqué» de la guerra jurídica. La parte más obvia de este proceso para las unidades tácticas es asegurarse de que las tropas entiendan que la disciplina en el campo de batalla es más que una cuestión de personalidad y responsabilidad; como se señaló anteriormente, la disciplina afecta de forma directa el éxito operacional. En el artículo «Integrating Lawfare and Warfare», Joel P. Trachtman escribe que la guerra jurídica puede ser integrada en la estructura de mando militar de forma estratégica si se quieren obtener los resultados deseados. Las áreas en las cuales él recomienda que el componente legal podría mejorar los resultados estratégicos y tácticos son: a. Identificación de litigios con poca probabilidad de resolución legal para predecir con más precisión el contexto de los conflictos cinéticos. b. Participación en el proceso de planificación de nuevos sistemas de armas y adaptación de los sistemas existentes para maximizar la eficacia dentro del contexto jurídico. c. Anticipación de los desafíos a las reglas de enfrentamiento y las políticas de adquisición de blancos e identificación de los métodos que maximicen la eficacia en vista de estos desafíos. d. Identificación de circunstancias en donde los oponentes crean hechos jurídicos sobre el terreno que pueden darles una ventaja en conflictos futuros, como las operaciones en el mar de la China Meridional. e. Identificación de circunstancias en donde puede resultar atractivo crear hechos jurídicos en el terreno para tener ventaja. f. Identificación de circunstancias en las cuales el oponente procura crear, modificar o aplicar normas jurídicas internacionales que restringirán el uso de armas en donde nuestras fuerzas tienen ventaja. g. Proposición, modificación o aplicación de normas jurídicas internacionales que restringirán el uso de armas en donde nuestras fuerzas están en desventaja. h. Identificación de los esfuerzos del adversario para negar nuestro acceso al material bélico y formulación de respuestas jurídicas. i. Identificación de las necesidades de materiales bélicos del enemigo y procurar bloquear el acceso dentro del marco de la ley.

Este paso en la preparación legal del campo de batalla debe comenzar mucho antes de que la unidad llegue a la zona de combate. Como explicó la Corte Suprema de EUA en el caso Chappell contra Wallace: «Las exigencias ineludibles de obediencia y disciplina militar a las órdenes no se pueden enseñar en los campos de batalla; el hábito de cumplimiento inmediato de los procedimiento y órdenes militares debe ser casi un reflejo, sin tiempo para el debate o la reflexión». Asimismo, los comandantes del siglo veintiuno necesitan reconocer que las tropas de hoy en día no son autómatas (y tampoco queremos que lo sean). Según la encuesta 2016 Deloitte Millennial Survey, en el proceso de toma de decisiones de los mileniales, los valores personales son los que ejercen mayor influencia. Esto significa que ellos necesitan tener una comprensión profunda de cómo las tareas se alinean con sus valores personales o ética. Richard Schragger señala que «la ley les permite a nuestras tropas enfrentar al enemigo mediante actos contundentes y violentos con relativamente poca vacilación o duda moral». También dice que la ley crea «un espacio jurídico bien definido en el cual el soldado puede actuar sin tener que recurrir a sus propios códigos morales». Si no se tiene una base sólida sobre la importancia de la ley y sus fundamentos morales, los códigos morales personales pueden convertirse en un obstáculo bajo el enorme estrés de combate. El difunto historiador Stephen Ambrose observó que una «característica universal de la guerra» es que cuando se ponen a tropas jóvenes «en un país extranjero con armas en sus manos, cosas terribles pasan que nunca debían haber ocurrido». Recientemente, William Langewiesche expresó cómo el combate puede distorsionar el juicio de buenos soldados con consecuencias catastróficas. Este y otros estudios de caso necesitan ser examinados por todos los líderes, los auditores y las tropas.

Queda claro que para negarle una estrategia de guerra jurídica efectiva al adversario, las tropas necesitan recibir entrenamiento sobre el Derecho de la guerra y su incorporación en las reglas de enfrentamiento. Sin embargo, los líderes tienen que ser conscientes de las restricciones que se autoimponen ya que esto puede beneficiar al adversario. Por ejemplo, la declaración sobre las reglas de enfrentamiento, emitida primero por la OTAN y después por Estados Unidos, en donde se requiere que haya una «certeza casi absoluta» de cero bajas civiles crea la percepción de ilegalidad cuando las bajas inevitablemente ocurren. Sin embargo, en el Derecho internacional no hay requisitos en relación al número de bajas civiles, sino que no deben ser excesivas en relación a la ventaja militar concreta y directa anticipada. Anunciar estas restricciones públicamente invita al adversario a hacer exactamente lo que la ley no quiere que haga: que se mezcle con la población civil para protegerse de los ataques aéreos, haciendo este método más eficaz que cualquier defensa antiaérea. Sin duda alguna, existe el riesgo de que restringir demasiado las reglas de enfrentamiento puede, paradójicamente, poner en peligro a los civiles porque aunque se detengan los ataques y se salven vidas civiles a corto plazo, a largo plazo, el enemigo que escapa de los ataques puede causar más estragos en los inocentes, lo cual no habría sido posible si el enemigo hubiera sido atacado y neutralizado. Todo esto sugiere que las dificultades en los campos de batalla modernos, en particular las repercusiones de las técnicas empleadas en la guerra jurídica y contra ella, generan soluciones que dependen mucho de los hechos. Una comprensión profunda del «terreno» jurídico es esencial y requerirá de una verdadera dedicación intelectual por parte de los líderes militares y sus fuerzas si quieren estar preparados para tener éxito. Las maquinaciones legales que resultan de la guerra híbrida librada por los rusos no son necesariamente iguales a las causadas por la guerra jurídica de los chinos en el mar de China meridional o la implacable explotación de escudos humanos por parte del Estado Islámico para protegerse del armamento de alta tecnología. Cada enfoque está relacionado pero difieren en cuanto a la aplicación de la guerra jurídica. Solo un análisis detallado y discriminante de estas diferentes estrategias de guerra jurídica permitirá que las fuerzas estadounidenses anticipen y mitiguen cómo el adversario hace uso de la misma.

Aún queda mucho por hacer. En su libro sobre la guerra jurídica, Orde Kittrie señala acertadamente que «aunque el término fue acuñado por un funcionario del Gobierno estadounidense, el Gobierno de EUA ha tratado el concepto de guerra jurídica de forma esporádica». Lamenta que Estados Unidos no tenga «una doctrina o estrategia de guerra jurídica, u órgano o mecanismo interinstitucional que sistemáticamente desarrolle o coordine las ofensivas y las defensas estadounidenses relacionadas a la guerra jurídica». Aunque enumerar todas las técnicas para contrarrestar las estrategias de guerra jurídica del adversario va más allá del alcance del presente artículo, espero que, junto con otros expertos, ya se haya empezado a trabajar en base a ello. Afortunadamente, se ha realizado una labor útil con respecto a estos desafíos específicos. Por ejemplo, en un documento escrito -y preparado para un laboratorio de ideas del Departamento de Defensa conocido como Office of Net Assessments- por Stefan Halper en 2013 se presentan algunas ideas que no solo son útiles para la situación específica que aborda (las actividades de China en el mar de China meridional), sino que se pueden aplicar a otras situaciones relacionadas a la guerra jurídica. Trachtman también ha realizado una labor muy valiosa que ayudará a desarrollar la reflexión sobre la guerra jurídica. Asimismo, en un artículo publicado recientemente por la revista The Three Swords, de la OTAN, el teniente coronel John Moore, Ejército de EUA, señaló que aunque la alianza no tiene una definición o doctrina establecida, el concepto se ha discutido en documentos y conferencias. Dado el aumento de guerra híbrida con elementos de guerra jurídica por parte de Rusia, él cree que es urgente que la OTAN fusione todos sus conocimientos sobre la guerra jurídica y los exprese en una doctrina para que la alianza pueda defenderse contra estas técnicas y también las use de forma proactiva. Mientras tanto, los comandantes y los líderes en todos los niveles necesitan incluir la ley y la guerra jurídica en sus procesos de planificación y conducta operacional, incluso si no hay una doctrina establecida. La cuestión es que la guerra jurídica no es un fenómeno pasajero, es intrínseca a los conflictos actuales y seguirá siéndolo en un futuro previsible. Los mejores líderes se asegurarán de que ellos y sus tropas estén preparados para enfrentar este desafío.

(*) El general de división (retirado) Charles Dunlap Jr., Fuerza Aérea de EUA, sirvió 34 años en el servicio activo antes de retirarse en 2010 como auditor general adjunto de la Fuerza Aérea. Prestó servicio en Europa y Corea del Sur, y también participó en operaciones en África y el Medio Oriente. Obtuvo una licenciatura de la Universidad de St. Joseph y un doctorado en jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Villanova; también se graduó con honores de la Escuela Nacional de Guerra. Actualmente es el director ejecutivo del Centro de Seguridad Nacional, Ética y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke. Tiene un blog llamado LAWFIRE, https://sites.duke.edu/lawfire.

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