Por Carlos Tórtora.-

El presidente anunció ante la asamblea legislativa la creación del Fuero Federal Penal, que unificará a todos los juzgados penales de la Ciudad de Buenos Aires. De este modo se licuaría el poder de los 12 jueces federales porteños que tienen el monopolio de la investigación de los delitos contra la administración pública. En la práctica, los ahora jueces federales pasarían a igualarse con los jueces de instrucción nacionales sorteándose las causas por delitos contra la administración pública entre alrededor de 70 magistrados. Una verdadera licuación del poder de los magistrados federales.

PASO A PASO

Aunque circulan varios borradores del proyecto de ley, aún no se sabe a ciencia cierta cuál será el texto definitivo pero parece que habrá una breve etapa de transición. De cualquier modo, la futura ley no alcanzaría a las causas en trámite y sólo afectaría a las sorteadas a partir de que se aplique la nueva norma. Sin embargo, la reforma representa una condena política a los jueces de Comodoro Py que resultaría muy difícil de digerir para éstos. Una versión originada en los pasillos de Comodoro Py señalaba la posibilidad de varias renuncias en franca disconformidad con la postura asumida por Alberto. Pero la realidad es que son pocos los jueces federales que tienen la edad necesaria para jubilarse, por ejemplo, Rodolfo Canicoba Corral y María Servini de Cubría. Este problema haría que la posibilidad de renuncias se relativice. Por lo pronto, los magistrados se cruzarían de brazos hasta la sanción del proyecto que aún no fue enviado al Congreso. Si empiezan a sentirse las críticas al proyecto, como por ejemplo que termina con la especialización que alcanzan hoy los juzgados federales y que habría una asimetría grave con los juzgados federales del resto del país. Algunos suponen que, una vez presentado el proyecto de ley, la Corte Suprema haría oír su voz crítica del mismo. También este tribunal corre el riesgo de una licuación del poder de sus miembros, ya que hay asesores de Alberto que hablan de elevar el número de ministros de la Corte de 5 a 7 miembros.

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