Por Juan Manuel Otero.-

Durante la crisis terminal del gobierno del Dr. Fernando de la Rúa, en agosto de 2001, se decretó un recorte salarial. En aquella oportunidad los magistrados de la Justicia se negaron a que se les aplicara a ellos con argumentos insostenibles.

Hoy se niegan a tributar el Impuesto a las Ganancias pretendiendo un privilegio que en modo alguno les corresponde.

El egoísmo de aquellos días sigue después de 16 años.

El 1º de agosto de 2001, publicamos en La Nación una carta intentando rebatir los argumentos del Presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Dr. Juan Carlos Fernández Madrid.

Los argumentos en ella expresados continúan teniendo actualidad conforme la absurda y egoísta pretensión de las actuales autoridades judiciales respecto al tributo sobre Ganancias, especialmente tratándose de quienes acaban de aumentar “per se” sus generosos ingresos.

Esto decíamos:

“Señor Director:

“El 19 de julio de 2001, publicó LA NACION las expresiones del presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Juan Carlos Fernández Madrid, respecto del rechazo al recorte salarial que se efectuará al resto, o casi, de la sociedad.

Sus reflexiones sobre que “el Poder Judicial no ha dilapidado recursos ni es responsable de los hechos económicos que motivan la situación” encierran una cruel parábola de las distintas reacciones humanas ante una situación límite.

Y a la luz de la crisis que nos abraza sin distingos y requiere de todos los argentinos una actitud solidaria, las citadas expresiones suenan, como mínimo, inoportunas.

No importan ahora los fundamentos morales (“el derecho de la sociedad de contar con jueces independientes”) ni legales (“la intangibilidad impuesta por la Constitución”) esgrimidos por el señor Fernández Madrid. En un debate serio ambos argumentos podrían ser fácilmente rebatidos; desde el probado hecho de que no necesariamente los jueces más humildes son menos independientes que los de vida rumbosa, hasta el hecho de que incluso a ciertos derechos constitucionales se puede renunciar con justa causa. ¿Y cuál causa sería más justa que la solidaridad?

Por otra parte, cabría recordarle al señor Fernández Madrid que los jubilados, maestros, médicos, obreros, desocupados, empleados públicos, por citar unos pocos, tampoco son responsables “de los hechos económicos que motivan la situación”, menos aún del déficit de $ 12.000.000 del Poder Judicial, estimado en el doble para el año en curso. Entonces: ¿quién “ha dilapidado recursos”?

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, lamentablemente, al amparo de fríos y egoístas argumentos, ha perdido una de las oportunidades más gratificantes que tiene el ser humano: el ser solidario ante una comprobada necesidad general, sin importar incluso las ideologías políticas ni la posición cívica que se posea ante las causas de la crisis.

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