Por Carlos Tórtora.-

Stiuso: «A Nisman lo mató un grupo relacionado al gobierno anterior».

El ex jefe de Operaciones de la ex SIDE dijo ante la jueza Palmaghini que el ex fiscal del caso AMIA no se mató. «Quisieron simular un suicidio y lo hicieron mal», aseguró. Reveló que pidió asilo político a Estados Unidos. En otra causa ligada, el fiscal federal Franco Picardi pidió la indagatoria del ex Director General de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia (SI), Antonio «Jaime» Stiuso, por considerarlo responsable de haber organizado un sistema de escuchas ilegales para lograr «espurios intereses personales o particulares». Se trata de la causa “Dark Star”, que tiene en vilo a jueces, empresarios, jefes de la SIDE y dirigentes del gobierno y de la oposición. Todos aparecen mencionados en las más de 16.400 fojas de escuchas realizadas por la SIDE, y convalidadas por la Justicia, durante más de tres años.

Según el dictamen del fiscal publicado en el sitio web de la Procuración, el fiscal le pidió al juez federal Luis Rodríguez que cite a Stiuso, a quien acusa de haber intentado «engañar a las autoridades de ese organismo y al Poder Judicial para que se autoricen interceptaciones de comunicaciones, contrarias a los requerimientos de la Ley Nacional de Inteligencia».

“Dark Star” es una empresa de seguridad a la que el ex jefe de la SIDE acusó en 2011 de hacer espionaje para Gran Bretaña. En realidad, el objetivo era espiar a otra empresa de seguridad, denominada C3, con estrechos vínculos con un enemigo de Stiuso, Fernando Pocino, aliado de Cristina Kirchner y uno de los pocos sobrevivientes de la purga concretada en diciembre de 2014.

El caso es que ahora sí en Comodoro Py se espera que el caso Nisman adquiera un perfil político que puede ser explosivo. Las relaciones de Stiuso con el juez Rodríguez son especiales. Éste es el padrino de una de sus hijas y, por lo que se ve, el gobierno nacional ha encontrado en el caso Nisman un recurso político importante para canalizar el anti-kirchnerismo reinante hoy en la mayor parte de la clase media.

El Memorándum en el tapete

En esta sintonía, también se empieza a hablar de que podría reabrirse la causa por tentativa de encubrimiento relacionada con el Memorándum de Entendimiento con Irán. La Fiscalía ante la Cámara Federal de Casación Penal, encabezada por Raúl Pleé, solicitó que se rechace el recurso presentado por el Estado Nacional contra “la resolución, de fecha 15 de mayo de 2014, mediante la cual la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal declaró la inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento firmado entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Islámica de Irán y la Ley 26.843”.

Para hacerlo, destacó que eran “las propias disposiciones del Memorándum de Entendimiento las que eximen de una mayor profundidad en su análisis, pues la nota dominante de su texto es la creación de una Comisión con facultades equiparadas a las del juez”.

Sobre este punto, Pleé resaltó los argumentos del juez de la Cámara de Apelaciones Farah, en relación con la naturaleza jurídica del documento suscrito por los gobiernos de ambos países. En esa decisión recurrida por el Estado, el magistrado había señalado que “la Comisión que se crea a través de dicho instrumento no es precisamente una ‘Comisión por la verdad’ como se declama, sino prácticamente un órgano cuasi jurisdiccional con facultades, incluso, de ‘autoridad para realizar preguntas a los representantes de cada parte’, y de interrogar a los imputados junto a las autoridades judiciales argentinas (e iraníes). Y, como corolario de todo ello, esa comisión internacional emitirá un informe con ‘recomendaciones sobre cómo proceder con el caso’”. El fallo, en definitiva, quedó firme a favor del gobierno en la Sala I de la Cámara Nacional de Casación cuando el Fiscal General Javier Luca no apeló la sentencia de Cámara dictada por Jorge Ballestero y Eduardo Freiler. Podría plantearse en este caso la cosa juzgada irrita y considerarse que el fallo fue arbitrario y contrario a derecho.

De concretarse semejante panorama, el macrismo encontraría un eje para afianzarse en las encuestas pese a la dureza del ajuste que ya llega. Pero también habría otros efectos no menos importantes.

Aunque lo maneja con suma discreción, Macri estaría decidido a que, una vez que sean aprobadas las designaciones en comisión de los futuros integrantes de la Corte Suprema. Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, el gobierno presionaría para que Ricardo Lorenzetti abandone la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Como es sabido, las relaciones entre el presidente y éste marchan de mal en peor. Pero éste sería sólo el primer paso para la jugada final, que consistiría en que Rosatti, Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda empiecen a converger presionando a Lorenzetti para que presente su renuncia.

Hoy por hoy, Rosatti aparece como el sucesor más potable.

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