Por Carlos Tórtora.-

El debate interno en la Corte Suprema de Justicia sobre el amparo otorgado por la Sala II de la Cámara Federal de La Plata suspendiendo el aumento de las tarifas del gas se desenvuelve en el hermetismo. Es obvio que el gobierno, a través de la suma de apoyos indirectos de varios gobernadores y de los ex secretarios de energía, intenta presionar elegantemente a la Corte para que ésta adopte la postura más ortodoxa en materia de potestades tarifarias. La misma señala que la fijación de las tarifas es una atribución del poder administrador y que la justicia no debe tomar injerencia en estas cuestiones. Obviamente, son pocos los que creen que, ante la impresionante sensibilidad del tema, la Corte deje sin efecto el amparo con un fallo de diez líneas y absorba el costo político en lugar del gobierno.

Buscando una salida

En el entorno de Ricardo Lorenzetti se especula con la posibilidad de una salida más flexible, que consistiría en una fallo que haga “recomendaciones” al Poder Ejecutivo. Esto es, que proponga la realización de las audiencias públicas reclamadas por los amparistas y que el Ejecutivo se tome un tiempo prudencial -hablan de un mes- para reevaluar el tema y redefinir el aumento. O sea, una puerta de salida para que se encuentre una solución algo más moderada y razonable.

Desde ya que un pronunciamiento de este tipo no dejaría conforme del todo a nadie, pero luciría salomónico. De cualquier modo, la trascendencia del fallo iría más allá de las tarifas y del déficit fiscal. Sería la primera señal fuerte de cómo se planta la Corte ante un tema que se leerá en el mundo como el termómetro de hasta qué punto la justicia acompaña o no la política económica del gobierno.

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