Por Jorge Luis Vitale.-

La causa judicial que investiga las irregularidades en las construcciones de la fundación de las Madres de Plaza de Mayo esta parada desde hace mas de nueve meses y el juez sigue demorándola sin que la prensa, ni la oposición digan ni hagan nada. Salvo honrosas excepciones, el resto sólo se preocupa por salvar a los K El estado actual de la justicia federal en la Argentina llegó a lo más bajo que uno pueda imaginarse El Congreso de la Nación aprobó la estatización de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y la presidenta promulgo dicha ley dándole plena vigencia y pretendiendo de esta manera encubrir los 2.000 millones de pesos de fondos públicos que se pagaron a la Fundación y a la Universidad desde el 2004 a la fecha. A todo esto, Sergio Schoklender pidió su sobreseimiento en la causa, ya que corresponde acusar a los funcionarios intervinientes y el juez federal Marcelo Martínez di Giorgi nada hace.

La historia comenzó en el 2004, cuando Néstor Kirchner a través del Banco Nación-Leasing, le hizo entrega a la Universidad y a la Fundación de las Madres entre 40 y 50 millones de dólares. A esta suma se le debe agregar los 1.200 millones entregados para “Sueños Compartidos” más los subsidios y el pasivo que hoy asume la Nación. De esto el juez Martínez Di Giorgi nada dice y siguen acusándose mutuamente Schoklender con Hebe de Bonafini por distintos delitos. Asi es que con la nueva denuncia de falso testimonio, se pretende parar la verdadera causa en la que están involucrados varios funcionarios nacionales.

El gobierno asumió con esta estatización el pasivo de 325 millones de pesos, ya que al hablar de 200 millones no se computan los juicios que son el resto. Así también se blanquea todo el dinero utilizado con otros fines que no son precisamente educativos La que no avanza es la causa penal, en la cual todavía no se fijaron indagatorias para los funcionarios públicos y las autoridades de la fundación.

Es obvio que, mientras tramitó la causa, Norberto Oyarbide quiso salvar a Bonafini por la estafa de sueños compartidos Por esto es correcto el fallo de la Sala I de la Cámara de Apelaciones que ordenó acumular esta causa con la que lleva Martínez de Giorgi Es importante que el juez actúe, porque tiene elementos suficientes como para que la fundación deje de ser damnificada y pase a ser imputada, ya que en esta causa se pone de manifiesto un mecanismo de corrupción en el que están involucrados varios organismos del Estado y también quienes organizaron estos ilícitos. Ahora debería actuar el juez, pero el gobierno encubre y pretende que todo quede en la nada El caso es que desde que resolvió la Cámara, el juez no tomó una sola medida concreta, cuando los ilícitos surgen a simple vista y además el contrato fue rescindido por el propio gobierno.

La ruta del dinero

El gobierno le entregó a la Fundación $ 1.200 millones, pero sólo se terminaron una de cada cinco viviendas planificadas. El final era previsible: la estatización de la deuda de la fundación que alcanza los 325 millones de pesos Como no van aplaudir entonces los beneficiados si el pago que reciben es constante y muy grande Pero el mayor de los ilícitos que cometieron fue el fraude a los sueños de la vivienda propia que tenía mucha gente.

En realidad Oyarbide trato por todos los medios de imputar por todos los delitos a los Schoklender y sobreseer a Hebe de Bonafini y los funcionarios responsables del Ministerio de Planeamiento. Por tal razón, es lógico prever que la acumulación a la causa principal es positiva.

A esta altura de la causa, los importantes son los funcionarios firmantes de los Contratos y que autorizaron los pagos.

Hebe de Bonafini es quien debería revelar dónde están los $ 450 millones que le faltan a la Fundación y dónde se encuentran los 40 millones que Néstor le dio en el año 2004 por intermedio del Banco Nación, con la colaboración de la ex ministra de economía Felisa Micheli.

En su momento, el peritaje de la Policía Federal determinó la falta de más de $ 150 millones en la administración del programa. Sin embargo, ese “faltante” llegaría a $ 450 millones, ya que el gobierno le entregó a los responsables del Programa $ 1.200 millones. Pero lo cierto es que de 15.000 viviendas sólo fueran entregadas 2.000 unidades.

Así las cosas, es imposible imaginar que tal cantidad de fondos se la hayan llevado Sergio Schoklender y sus hermano Pablo, sin la participación y consenso de los funcionarios nacionales.

Y para arribar concretamente a esta conclusión lo que cabe es el seguimiento de la causa 6204/11 que hoy tiene paralizada -y que se debería activar- Marcelo Di Giorgi. La inició el abogado Jorge Vitale por “Violación a los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos” contra los ministros Julio De Vido, Aníbal Fernández y la titular de la Fundación, Hebe de Bonafini, principales responsables del programa “Sueños Compartidos”.

Los principales argumentos para fundamentar la denuncia se asientan en que la ejecución del referido plan de viviendas “registra”sobreprecios, mala calidad de materiales y de construcción, así como la adjudicación directa de obras, que la legislación vigente prohíbe”.

En la demanda se afirma que “el Poder Ejecutivo le ha otorgado a la referida Fundación que preside Bonafini, fondos que por cada unidad, suelen duplicar y triplicar el valor de plaza de esas construcciones”.

La presentación afirma que las viviendas que construyeron la Fundación que lidera Bonafini son en base a “planchas de telgopor de 8 centímetros, reforzadas por dos mallas de alambre y recubiertas por otras dos delgadas capas de cemento”.

En su respaldo, el denunciante cita declaraciones del presidente de la Cámara Argentina de la Construcción del Chaco, Ricardo Siri, para quien el gobierno nacional le paga a la Fundación $ 210.000 por cada vivienda, mientras que ellos las construyen a razón $ 81.000 por unidad.

También recurre a una auditoría de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que reveló las deficiencias de esas construcciones.

Otras de las pruebas que presenta es el informe que en 2009 realizó la Sindicatura General de la Nación y que dice: “La Dirección Nacional de Políticas Habitacionales no posee estructura aprobada, ni manuales de procedimientos. La dotación del personal es escasa y el equipamiento escaso y desactualizado”.

“Del análisis de los anticipos financieros pagados a los contratistas, se observan en varias jurisdicciones prolongadas demoras en el inicio de las obras.”

“Se detectaron incumplimientos en los estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social: en las ventanas, aleros, veredas, zócalos y solados.”

Por último se refiere a la ausencia de controles sobre la operatoria financiera, tanto como sobre la ejecución de las obras.

Al afectarse directamente fondos públicos, la denuncia hace responsables al ministro del área, Julio De Vido, al jefe de Gabinete Nacional Aníbal Fernández, y a la misma Bonafini, por presidir la Fundación y por consiguiente, ser responsable de las irregularidades que se denuncian, en la financiación y concreción del programa “Sueños Compartidos”.

Por todo lo que está en discusión en esta causa es el perjuicio que sufrió el Estado Nacional y no sólo si la Fundación fue perjudicada, como se pretende hacer creer, para ocultar la realidad y por ende, eludir la responsabilidad de los funcionarios nacionales”

Schoklender además dijo ante el juez, que Felisa Micheli administraba la Fundación Madres, junto con Bonafini y el resto de autoridades. Un dato a tener en cuenta es que la misma Micheli, en la causa donde fue condenada recientemente a cuatro años de prisión, confirmó que realizaba aquel trabajo

Todos sabemos cómo actúa Oyarbide, pero no olvidemos a Di Giorgi. Porque es grave su silencio acerca del pago de $ 1.200 millones que hizo el Ejecutivo por Sueños Compartidos, a pesar que sólo se terminó de construir el 20% de la obra comprometida.

Claro esta que el kirchnerismo ha utilizado varias empresas off-shore para consumar lavado de dinero, como ocurrió en los casos Ciccone-Boudou y Tarjeta SUBE y el resto de casos que son de conocimiento público.

La Cámara Federal confirmó que la causa aún no se encuentra en condiciones de ser elevada y debe pasar a la causa principal y por lo tanto, no son suficientes las imputaciones que se le realizan a los Schoklender y a los 44 imputados. Los responsables que faltan son los responsables públicos.,Por eso este fallo de Cámara pone las cosas en claro y apunta adonde debe irse, es decir investigar por qué se pagó. O sea que no se construyó porque se pagaron sobreprecios También es importante que se investigue a la empresa Meldorek S.A. y Antártida ARGENTINA SA que tienen vínculos con empresas uruguayas. Una de estas, PPB Bursátil es una de las que intervinieron en uno de los escándalos de corrupción que salpican al PP español. En lo que tiene que ver con PPB Bursatil, intervino el juez uruguayo Ricardo Valenti. Ésta y otras empresas vinculadas fueron constituidas están integradas por la escribana Marta Cascales, actual esposa del ex Secretario de Comercio Guillermo Moreno, también ligada a la compra de la ex Ciccone. Ahora, como si todo esto fuera poco les van a regalar los 325 millones que deba la Fundación y que, lamentablemente, vamos a pagar todos. En definitiva, ¿cuándo se va animar el juez a fijar las indagatorias que tenia programadas para noviembre y diciembre y que no notifica. ¿Será por temor a un juicio político?

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