Por Rodolfo Patricio Florido.-

El planteo de Sergio Massa es muy peligroso en muchísimos sentidos. En cualquier caso, lo analizaré detalladamente. La propuesta de Aníbal Fernández es absurda y transita entre un error profundo o la complicidad. El Estado no puede ni debe hacerse cargo de ser el proveedor de drogas a los adictos o consumidores en proceso de ser adictos ¿Va a producir acaso el Estado marihuana, cocaína, éxtasis, LSD, etc.? ¿La va a comprar a los carteles proveedores? ¿Va a dejar que los dealers, o sea los distribuidores minoristas, la vendan sin represión alguna para que se multipliquen al calor de la inexistencia de delito? Más allá de los detalles, es como si se le dijera a la sociedad que está perfecto comprar productos robados de casas asaltadas. De hecho, hay mucha gente que lo hace y cada vez que lo hace estimula un nuevo robo y quizás nuevas muertes. Alguno dirá: “solamente hay que despenalizar la marihuana”. Otro absurdo. Los traficantes de marihuana son los mismos que trafican otras sustancias y despenalizar sólo la marihuana es como decirle a la gente que comprar sólo televisores robados es menor a comprar autos robados. Y eso sin entrar a discutir sobre el carácter iniciático que tiene para muchos adolescentes el consumo de marihuana. Por supuesto, aquellos que la controlan y son consumidores sociales de fin de semana dirán que no hay problema, en tanto que aquellos que no pueden controlarla ingresarán en una debacle físico-psíquico que los llevará a consumos mayores y drogas mayores.

He escrito mucho sobre lo absolutamente indispensable que es tener una política de lucha contra el narcotráfico que cubra todos los frentes necesarios. Nuevo marco legal con penas muchísimo más duras. Encarcelamiento mientras dura el proceso de todo aquel traficante de drogas detenido durante el delito. Creación de juzgados exclusivos y dedicados sólo a este delito. Creación de una nueva fuerza de lucha contra el narcotráfico que no incluya las brigadas policiales anti narcóticos cruzadas ya por el delito mismo o el silencio cómplice de sus integrantes honestos. Secuestro de todos los bienes, cajas de seguridad y cuentas de los narcotraficantes, independientemente de que se pruebe su origen espurio y uso de los mismos para obras de inclusión social y, en un porcentaje, al mejor equipamiento de la fuerza creada. Disposición de recursos económicos para que los integrantes de la nueva fuerza no sumen al stress de la lucha, preocupaciones económicas financieras sobre el sustento propio y de su familia, etc. Abundar sobre esto es ya un tema desarrollado.

En cuanto a los motivos independientes y algunos concordantes respecto de que es una locura que las Fuerzas Armadas de nuestro país (no es lo mismo en cualquier otro país) sean incorporadas a la lucha contra el narcotráfico, señalaré algunos.

El tipo de armamento e instrucción de las FFAA no se condice con la inteligencia y la represión con que debe enfrentarse un fenómeno que tiene estructuras rurales y urbanas que se cruzan en una suerte de interlíneas con la sociedad inocente respecto del delito que se está enfrentando.

En el proceso de Inteligencia y Represión, la información a la que se accederá comprometerá, inevitablemente, a sectores de la política, la justicia, empresarios y otros poderes o factores de poder, generando el acceso a información sensible que puede detonar nuevas aspiraciones de control sobre el poder formal de la República, o bien corromper las propias estructuras, con lo que el narcotráfico se incrementará o las FFAA terminarán siendo ejecutoras indirectas de las propias internas entre narcotraficantes y/o eventuales carteles.

Transformar unas FFAA que hoy carecen de amenazas externas, carecen de recursos y están desmotivadas, en una fuerza de control y represión interior, generará, inevitablemente en el tiempo, un modelo mental diferente al existente y que permitió que las otrora alteraciones del orden constitucional sean, por lo menos, una etapa aparentemente superada, devolviéndole a sus integrantes un ejercicio de poder concreto sobre las tramas de poder interno -aun cuando éstos pudiesen ser corruptos- y generar expectativas sobre sus propios futuros más allá de los establecidos en su régimen de carrera.

La naturaleza misma de los cárteles de la droga, su absoluta falta de escrúpulos, la disposición a asesinar familias, secuestrar potenciales opositores (incluidas sus familias) a sus objetivos, usar violencia extrema sin que les importe en lo absoluto la pérdida de vidas de terceros inocentes, etc., exige que la instrucción, cobertura y templanza de aquellos que formen parte de la nueva agencia gubernamental a crear tengan características muy específicas que no serán compatibles con la formación ortodoxa de las fuerzas militares, cuyo objetivo es la protección de la República respecto de amenazas externas de otros ejércitos de orden convencional.

Hacer lo contrario a lo indicado en el punto 4 implica el riesgo de recrear condiciones que la Democracia creó en el año 1975 cuando ordenó (Gobierno de Isabel Perón) la “aniquilación” de los entonces llamados “grupos subversivos” y que luego terminó derivando en un golpe de Estado con las consecuencias de secuestros, tortura y asesinatos políticos que toda la ciudadanía hoy conoce. Algunos querrán discutir la letra chica de esta afirmación y referirse al período 1976/83 como una “Guerra No Convencional”. Esto es absurdo. Cuando a una fuerza militar se le otorga directa o indirectamente poder político para enfrentar situaciones de orden interno, se corre, inevitablemente, el riesgo de crear nuevos desbordes con destinos inciertos. No entenderlo es no comprender los efectos colaterales que implica entregar capacidades represivas internas a una Fuerza Armada cuya formación y recursos no tienen nada que ver con el orden interno. Incluso los norteamericanos, cuando desarrollaron la película “Estado de Sitio” (Denzel Washington – Bruce Willis) desarrollan el riesgo que implica liberar a las FFAA en el interior de las grandes ciudades para hacerse cargo del orden interno. Ya sé… es cine. Es cierto… pero eso no lo hace menos cierto, más allá de las exageraciones propias de un film. Pero en nuestro país no se hizo ninguna película y terminó como terminó… si es que aún terminó.

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