Por Mauricio Ortín.-

Estimado Sr. Presidente Mauricio: La afirmación del secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, respecto de que en la Argentina “no hubo 30 mil desaparecidos” ha generado, como ocurre cada vez que se cuestiona dicha cifra, la intempestiva reacción, entre otros, de Estela de Carlotto y de Adolfo Pérez Esquivel. “Manejamos la cifra de 30 mil porque los propios depredadores registraron cerca de 45 mil” disparó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo; “le pediría a Lopérfido que se informe. Soy un sobreviviente de la época de la dictadura” reprochó el Nobel de la Paz argentino. Todo esto dicho con alto grado de fastidio; fastidio que no se ajusta a la respuesta chapucera con la que pretenden desmentir a Lopérfido. Si Carlotto y compañía le dan el crédito a los “depredadores” (militares que pelearon contra la subversión) que hablan de 45.000 entonces debieran dárselo también cuando estos declaran en los juicios en los que son acusados. ¡Qué esperanza! No. Allí corre ese mamarracho jurídico del “testigo necesario”, según el cual la palabra (testimonio) de la víctima (ex terrorista, en la mayoría de los casos) vale mucho más que la del victimario (acusado). Además, ¿Cuándo los militares dijeron tal cosa? ¿Dónde está ese registro? El General Reynaldo Bignone declaró en juicio “Acá no hubo más de 8000 desaparecidos”. El general Videla mencionó 7.000. Por otro lado, ¿de dónde saca Pérez Esquivel que ser sobreviviente de la dictadura le da autoridad de experto para afirmar concluyentemente sobre el número real? Es él quién debe informarse y no Lopérfido dado que, al respecto, los datos oficiales establecidos hasta el último día del gobierno de Cristina y que están al alcance de cualquiera en la página web de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, aseveran categóricamente que las “Víctimas de desaparición forzada y asesinato en hechos ocurridos entre 1966 y 1983” ascienden, exactamente, a 8631 casos desde el golpe de Onganía hasta la asunción de del Dr. Alfonsín. Véase el link http://www.jus.gob.ar/derechoshumanos/areas-tematicas/ruvte.aspx).

Para alguien mínimamente informado resulta ostensiblemente falso y fuera de toda duda de que hayan sido 30.000. De allí que, ante la demostración palmaria de que no existe el menor indicio para sostener semejante cifra y si, en cambio, sobrados para estimarla alrededor de los ocho mil, los deshonestos recurran a la falacia ad hominem; es decir, pretender refutar el argumento de los ocho mil descalificando a quien lo esgrime. Así, entonces, se insinúa que Lopérfido quiere minimizar la represión del gobierno militar motivado por una suerte de afinidad o complicidad con los “malditos” Videla, Massera y compañía. En suma, una extorsión pues la verdad no es asunto que se dirima por la simpatía que tenga a una o varias personas. Y de serlo, lo recomendable sería seguir al viejo Aristóteles, quien, en circunstancias comparables, subrayó: “Soy amigo de Platón pero más amigo soy de la verdad”.

Así las cosas, no queda otra que pensar que miente, descaradamente, la gran mayoría de aquellos que mediana o suficientemente informados insisten en los 30.000. Comenzando por la ex presidente Cristina Kirchner y siguiendo por Carlotto, Pérez Esquivel, Bonafini, Verbitsky, Recalde, etcétera. Lo mismo vale para las ONG de DD.HH. y también para la política tan celebrada de “Memoria, Verdad y Justicia” y que para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, tiene el rango superior de “política de Estado” por el hecho de haber sido consensuada por los tres poderes. Lo que no aclaró el presidente de la Corte es si la escandalosa mentira en la que se funda (no es la única) también surgió del consenso. Mentira que, con la mera diligencia de contrastarla con los datos oficiales, revienta como un forúnculo purulento. En este caso, el Estado, que le dice a los argentinos que son 30.000 los desaparecidos (desde el 24 de marzo de 1976 al 10 de octubre de 1983) mientras tiene efectivamente registrados 8631 (desde 1966 a 1983) además de mentir, delinque.

Señor Presidente de la Nación Mauricio Macri, usted debe, con el riesgo de ser considerado cómplice, poner fin a esta ignominiosa situación que abochorna a los argentinos. Solamente consiste en refrendar los informes que obran en su poder, pues ordenar debidamente los hechos históricos desde el Estado es propio de los gobiernos probos y justos. Ubicando las cosas en su lugar hará suyo el lema de ese gallardo rioplatense que dijo “con la verdad ni ofendo ni temo”.

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