Argentina, país generoso: Cavallo sigue pontificando

Por Hernán Andrés Kruse.-

El viernes el Indec dio a conocer el índice de inflación correspondiente al mes de marzo. La cifra es escalofriante: 7,7%. La inflación interanual asciende al 104%. Si las cifras mensuales de inflación, de aquí a diciembre, son similares a la de marzo, la inflación de 2023 superará ampliamente el 100%. Emerge en toda su magnitud el fracaso del gobierno para hacer frente a un flagelo que nos agobia desde hace décadas. También emerge en toda su magnitud la irresponsabilidad del presidente cuando afirmó que descreía de los planes antiinflacionarios. Es como si un cardiocirujano no creyera en las mejores técnicas operatorias para salvarle la vida al paciente.

Desde que Martín Guzmán renunció de manera intempestiva la inflación no bajó del 4%. Ni qué hablar del dólar, que no paró de subir hasta alcanzar la escalofriante cifra de 400$. La situación es harto delicada y todo parece indicar que empeorará. ¿Por qué? Porque el gobierno sigue negándose a asumir su responsabilidad en esta tragedia. En las últimas horas, el Secretario de Comercio, Matías Tombolini, afirmó que la alta inflación se debía a la irresponsabilidad de los almaceneros y de los formadores de precios. Ninguna alusión a la emisión descontrolada de dinero y al cada vez más elefantiásico gasto público. Es una vieja táctica del gobierno: los culpables son siempre otros, nunca el gobierno.

Cada vez que toma estado público el índice de inflación mensual brotan como hongos las críticas de economistas que mayoritariamente militan en la ortodoxia. Nadie discute el derecho que les asiste para expresar sus opiniones sobre la inflación y la responsabilidad que le cabe al ministro Sergio Massa, pero hay algunos que, a mi entender, carecen de autoridad moral para criticar. Tal el caso de Domingo Felipe Cavallo. Entrevistado por periodistas de La Nación+ antes de que se diera a conocer la inflación de marzo, el ex ministro de Economía de Menem y De la Rúa manifestó lo siguiente: “Han dispuesto que de aquí hasta agosto suban un 4% los combustibles por mes y la inflación es del 7%”. “Quiere decir que se van a ir atrasando esos precios a razón del 2% mensual”. “¿Después qué va a pasar? Van a tener que autorizar un aumento mucho mayor. Es lo mismo que pasa con todas las tarifas de los servicios que se han venido atrasando. Todo eso es inflación reprimida”. “Yo diría que dado que no tienen posibilidades de bajar la tasa de inflación porque la orientación general de la política económica y la organización de esta economía hace imposible que le crean al gobierno que va a ser capaz de estabilizar en un sentido genuino, entonces que por lo menos aprovechen esta inflación relativamente alta para que aflore toda esa inflación reprimida y que queden los precios relativos más en equilibrio”. Por último, vaticinó una inflación para este año superior al 120% (fuente: Perfil, 14/4/023).

Es probable que Cavallo tenga razón en su diagnóstico. Pero cabe preguntar lo siguiente: ¿qué autoridad moral tiene para hacerlo? Ninguna. Cavallo carece de toda autoridad moral para criticar al gobierno porque cuando estuvo al frente del ministerio de Economía sólo hizo desastres. Una vez más debemos recurrir a la memoria histórica. Para recordar el paso de Cavallo por el ministerio de Economía nada mejor que sumergirnos en las páginas del gran libro de María Seoane titulado “El saqueo de la Argentina”.

“Faltaban seis meses para las elecciones legislativas (de 1991), primer test electoral del gobierno. Lo primero que hizo Cavallo mientras se abocaba a elaborar su Plan de Convertibilidad, fue aumentar las tarifas públicas y el IVA, y reducir los aranceles de importación, para ir abriendo la economía. Armó su equipo en el ministerio y una estructura jurídica con Liendo, con quien colaboraban en secreto Llach, Raúl Sanguinetti, Aldo Dadone, Murolo, Roque Fernández y Carlos Sánchez, quien sería su viceministro. Liendo hijo cobraría cada vez más peso en el entorno de Cavallo, y junto con Daniel Marx sería uno de los hombres clave en el manejo de la deuda argentina en los años siguientes.

El domingo de Gloria de Semana Santa Cavallo anunció el plan: convertibilidad, reforma impositiva, apertura de la economía, subordinación de los aumentos salariales a la productividad (congelamiento de sueldos), presupuesto nacional sin déficit, desregulación de la economía, privatización “prolija” de las empresas públicas, ingreso al Plan Brady y la promesa de una reforma laboral, previsional y de las obras sociales sindicales. En pocos días, un Congreso ya domesticado y sobre el que operaron Seita, Manzano y Bauzá, aprobó la Ley de convertibilidad (23.928/91), que fijó como paridad cambiaria sin límite temporal la de diez mil australes por dólar y dispuso la libre convertibilidad de la moneda nacional (que a partir del 1 de enero de 1992 se estableció como peso) con respecto a cualquier moneda extranjera a una paridad 1 a 1 con el dólar. La ley también prohibía la emisión de dinero.

En su notable “Historia económica, política y social de la Argentina”, el economista Mario Rapoport sostiene que “en ese marco, el peso queda transformado de hecho en un vale por un dólar, de aplicación sólo dentro de las fronteras nacionales, actuando exclusivamente como unidad de cuenta, mientras que las demás funciones del dinero son satisfechas por el dólar, lo cual implica la renuncia a los principales instrumentos de la política monetaria”. Para Rapoport, la convertibilidad formaba parte de un conjunto de normas que buscaban reducir al mínimo la acción del Estado, individualizado como la principal fuente de inestabilidad en el proceso económico. Esto sería la base de la destrucción del Estado como estructurador del proceso económico y amortiguador de la inequidad social (…).

La convertibilidad, como una gran boca carnívora, necesitaba financiamiento externo para sostenerse. La necesidad de fondos frescos y de afrontar la deuda externa como condición para conseguirlos hizo que Menem comenzara a obsesionarse por el ingreso de la Argentina al Plan Brady, que consistía en una quita de la deuda externa a cambio del pago de capital e intereses atrasados, con un cronograma que les garantizaba a los acreedores que no se repetirían los incumplimientos de la década anterior. Menem, quien ya había jugado al tenis con su colega Bush, le pidió que los Estados Unidos, con su voto decisivo, apoyaran en el FMI el pedido de la Argentina de un crédito de facilidades extendidas que permitiría luego negociar el ingreso al Plan Brady (…). Lo cierto es que con la firma del Plan Brady y en el marco de una gran liquidez internacional (querían prestar dinero), la Argentina volvería a endeudarse. Cavallo fue premiado por este “éxito” (…).

La topadora reformista de Menem-Cavallo no se detenía. Mientras consumaba la privatización madre de YPF, también avanzó en la reforma educativa-con el objetivo de pasar las escuelas, sin presupuesto, a las provincias-, y sobre todo en la privatización del sistema de seguridad social y en la rebaja de los aportes patronales, que a la larga serían la principal fuente de déficit y endeudamiento del Estado. La reforma del sistema jubilatorio significó una colosal transferencia de ingresos cercana (a fines de 2002) a los 80 mil millones de pesos, de los trabajadores, profesionales, cuentapropistas y el Estado a los empresarios y a la naciente jubilación privada, identificada con las siglas AFJP (…)”.

El plan de convertibilidad hizo descender abruptamente la inflación lo que le permitió a Menem ganar las elecciones de 1991, 1993 y, fundamentalmente, 1995 (reelección presidencial). Pero en aquel entonces quedaba dramáticamente en evidencia el lado oscuro de la política económica menemista: pobreza y exclusión social. Al año siguiente, la figura de Alfredo Yabrán encendió una feroz disputa por el poder entre el presidente y su ministro de Economía. Fue entonces cuando Menem demostró a todos quién mandaba. Luego de despedir al ministro designó en su reemplazo al ortodoxo Roque Fernández. Cavallo esperó cinco años para retornar a su “segundo hogar” (el ministerio de Economía). En marzo de 2001 Fernando de la Rúa, luego del efímero paso por el ministerio de López Murphy, lo llamó para que se hiciera cargo de la cartera económica.

Retomemos la lectura del libro de Seoane.

“En medio de esta situación de crisis política y de debilidad del gobierno de De la Rúa, que se sostenía en una alianza cupular con el menemismo, los partidos provinciales de derecha y restos dispersos del Frepaso y la UCR, Cavallo y su partido de centroderecha, Acción por la República, regresaron al gobierno. La segunda gestión del ex ministro de Economía de Menem, entre marzo y diciembre de 2001, estaría signada por la fuga de capitales del sistema financiero, el pasaje de la recesión a la depresión y la confiscación de los ahorros del conjunto de los argentinos (…). Cavallo juró como ministro de Economía el 20 de marzo de 2001. Contó con el visto bueno de la mayoría del radicalismo, el peronismo y el Frepaso, y de una sociedad atribulada por la recesión que quería creer que si Cavallo había sido el inventor de la convertibilidad, bien podía ser entonces el inventor de la reactivación (…). Cavallo asumió con un discurso público a favor de la reactivación económica y la “competitividad” de los productos argentinos en los mercados externos, lo que le granjeó el apoyo cauteloso de los industriales de la UIA, que comandaban Ignacio de Mendiguren y Héctor Massuh. Su discurso cuasi keynesiano, “heterodoxo”, fue muy festejado (…).

Tres días después de su asunción comenzó la carrera por la fuga de capitales, cruzada con rumores de renuncia de De la Rúa, según se vio en la evolución de las pizarras de Wall Street, donde los operadores se desprendían de los bonos argentinos. La noticia de esos días, además, era la pérdida de reservas y depósitos de los bancos oficiales y privados: en febrero de 2001 el nivel de reservas internacionales del sistema financiero era de 34.240 millones de dólares; en marzo había caído ya a 32.497 millones de dólares. Hasta tres días después de la asunción de Cavallo, los depósitos totales en poder de los bancos habían disminuido de 89.760 millones de dólares a 86.840 millones. Los grandes inversores comenzaban a retirarse (…).

El hiperactivo Cavallo exigió que el Congreso le otorgara poderes especiales, asunto que el parlamento resolvió con celeridad asombrosa, sometido al chantaje del ministro entrante, quien insistió en que no llevaría su equipo al gobierno si no le eran concedidos esos poderes, mientras hablaba de modificar la Ley de Convertibilidad y ampliarla para que incluyera al euro (…). Con los poderes especiales en la mano, con el chantaje de la crisis que había inaugurado la era Menem o de la “chantapolítica” (mezcla de chantaje, malos métodos y política), comenzó el tramo final del gobierno de De la Rúa bajo la batuta económica de Cavallo (…). El 9 de julio, un deteriorado De la Rúa se dirigía al país en el aniversario de la Independencia para anunciar la política de “déficit cero”, que fue resistida por la sociedad, y que en verdad hacía entrar por la ventana la garantía del pago de la deuda externa con la recaudación impositiva y modificaba la Ley de Administración Financiera del Estado, que de ahí en más pasaría a pagar sueldos y jubilaciones con lo que restara de la recaudación impositiva (…).

A fines de noviembre, la mayoría peronista en el Senado nombró al empresario misionero menemista Ramón Puerta presidente del Senado y vicepresidente de hecho de la Argentina (…) Ya para entonces la crisis se había agravado: lo último que intentó el gobierno fue un nuevo ajuste vía la aprobación del presupuesto nacional de 2002, donde se mantenía la poda salarial y jubilatoria del 13 por ciento y se preveía eliminar el aguinaldo, además de un ajuste fiscal en las provincias y un achicamiento de toda la actividad productiva. No lo logró. El dúo De la Rúa-Caballo había perdido cualquier posibilidad de gobernar (…) Ya con apenas 14.000 millones de dólares de reservas, Cavallo, con la asesoría de Liendo, decidió inmovilizar los depósitos dentro del sistema financiero, creando lo que pasó a denominarse popularmente “el corralito”.

Domingo Cavallo manejó la economía del país entre 1991 y 1996, y entre marzo y diciembre de 2001. Su legado fue sencillamente devastador. Basta con recordar los miles de damnificados por el corralito, entre ellos el popular comentarista de fútbol Horacio García Blanco, quien falleció por no haber podido retirar el dinero que tenía depositado y que lo necesitaba para atender la enfermedad que lo aquejaba. Domingo Cavallo fue nefasto para el pueblo. Lo peor de todo es que jamás pidió disculpas por tanto daño. Jamás. Veinte años después se da el lujo de pontificar sobre la situación económica actual. Argentina, qué duda cabe, es un país generoso. Demasiado.