Por Justo J. Watson.-

Según encuestas, la tendencia del electorado con vista a las presidenciales de Octubre del año próximo se encamina (con alta volatilidad) hacia el enfrentamiento de 3 fuerzas en relativa paridad, a saber: Frente de Todos, Juntos por el Cambio y libertarios. De profundizarse esta tendencia a caballo del desastre anarcopobrista en curso, no resulta temerario imaginar un balotaje entre las 2 últimas opciones, quedando los votantes del Frente en posición de decidir quién será nuestro presidente entre 2023 y 2027. Ante tal eventualidad cabría esperar que una parte significativa de los mismos, por pura desesperación revanchista, apoyen al candidato libertario catapultándolo a la victoria.

Todo hace prever que tal candidato sería el Lic. J. Milei, autodefinido como anarcocapitalista en lo filosófico a largo plazo y pragmático minarquista (partidario del Estado mínimo) en lo mediato. Proceso de mediatez que, conforme el plan que su equipo perfila, podría durar décadas.

Así las cosas no estaría de más acercarnos al casi desconocido ideario ancap real, al menos en algunos temas que empiezan a despertar interés y generar polémica, dada la muy fuerte disrupción que este atípico presidenciable y otros libertarios mente-aperturistas están provocando.

Uno de esos temas, de gran actualidad, es el de la portación civil de armas.

Una violencia gratuita campea hoy en nuestra Argentina. Una donde los ciudadanos de bien se arraciman, corren y se esconden donde pueden como conejos asustados mientras mafias policiales, judiciales, sindicales, parásito-estatales, barrabravas, asociaciones ilícitas políticas y delincuentes comunes tejen lazos de mutua seguridad corrupta.

Ciertamente el anti-capitalismo es el principal causante del apogeo delictivo que hoy padecemos, omnipresente desde las más altas magistraturas a los más bajos estratos de pobreza e ignorancia. Hablamos del mismo pobrismo que hace ya casi 8 décadas nos bajó a garrotazos del primer mundo al grito de “más Estado dirigista, menos Sociedad abierta”. El generador del modelo de valores que nos rige, propio de gángsters e incompetentes fabricantes de villas miseria. Del adoctrinamiento en mitos históricos, envidias, resentimientos, avivadas y odio profundo a la libertad.

It’s a fact (es un hecho) dirían los norteamericanos, no una situación opinable. Como también es un hecho que nuestra Constitución, redactada bajo fuerte inspiración de la de ellos, no prohíbe la libre portación de armas.

El monopolio de la violencia que los ciudadanos honestos cedimos de facto al Estado y sus agentes para que nos protegiera junto con nuestras propiedades, hoy los protege primero (y casi únicamente) a ellos… de nosotros. La ecuación de nuestro supuesto contrato social se invirtió. Y es lo que motivó al libertario Milei a sugerir que volvería a invertirla para que el pueblo soberano (el patrón, el empleador, el pagador o mandante), retome la potestad personal de decidir si quiere portar armas, dónde y cuándo. Y, agregamos, el derecho conjunto a resolver en qué medida y bajo qué condiciones le renovaría al gobierno (su servidor, su empleado, su mandadero pago o mandatario) el permiso de portarlas y usarlas.

Los funcionarios públicos, desde luego, son partidarios de otra solución: la de desarmar por completo a la población, incluyendo a todas las personas de bien que poseen armas legalmente adquiridas y declaradas. De este modo, con el contra-intuitivo caso del jefe desarmándose ante su servidor, el monopolio de ataque y defensa quedaría por completo para el bando del Estado… y de los malvivientes (quienes siempre hallarán la forma de estar bien pertrechados sin declarar nada a nadie).

La letra chica de esta “solución” nos dice, obviamente, que los funcionarios contarán con las fuerzas de seguridad en efectivo monopolio legal de las armas, como el mejor reaseguro de protección al gobierno contra cualquier intento del soberano (el contribuyente, por caso) de ponerse de pie plantándose frente al peso esclavizante de sus tributos y otros abusos en grave alza. Afianzando, claro está, un tipo de “soberano” manejable: resignado, tímido, pusilánime y genuflexo.

Dejando de lado el delito público y volviendo al delito privado, donde casi todos nuestros líderes democráticos propician como táctica ideal la no resistencia, la entrega y el manso sometimiento al desquiciado que nos agrede, debe decirse que existe otra forma de proceder.

Más allá de opiniones de café, de valentías o cobardías circunstanciales, más armas en poder de quienes no piensan delinquir (la enorme mayoría de la gente) disminuye la criminalidad real, como lo demuestran investigaciones estadísticas serias. Porque el conocimiento por parte del atracador de que la víctima podría estar armada, tiene un fuerte efecto disuasivo, protector de patrimonios, honras y vidas humanas.

El icónico estado norteamericano de Texas, por caso, orgulloso abanderado de la libre portación es uno de los más seguros, con bajos índices porcentuales de homicidios y delictualidad (de las 20 ciudades grandes más seguras de EEUU, 6 se encuentran en esa jurisdicción).

Un arma en poder de un padre o madre de familia hace más difícil, no más fácil, la acción del violador, el secuestrador, el asaltante o el delincuente merodeador. ¿O acaso la legítima defensa propia dejó de ser un derecho protegido por nuestros jueces? Porque si así fuera, se impondría la necesidad de otra acción legislativa correctora sin medias tintas, en aras de la seguridad pública y de una justicia absolutamente protectora de los honestos.

Más allá del clarísimo tema de la responsabilidad penal y civil que pueda caberle a quien las use, de sitios de venta, cursos habilitantes, prohibición por antecedentes y demás condiciones razonables de tenencia que se quieran incluir, prohibirlas, al decir de Cesare Beccaria (1738-1794, jurista italiano considerado el padre del derecho penal), “sería lo mismo que prohibir el uso del fuego porque quema o del agua porque ahoga”. Con el mismo argumento habría que prohibir los cuchillos en las casas o los autos en las calles: son armas letales, como podrían serlo cientos de otros objetos y elementos de la vida cotidiana.

En tanto arribe, con el tiempo, un verdadero sistema libertario con no-corruptas y avanzadas agencias de seguridad privada bajo contrato, en coordinación con grandes compañías de seguros limpiando eficazmente el campo de acción social, la libertad para decidir tener y portar (o no) armas se impone en nuestro medio como un derecho individual que no debe ser conculcado.

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