Aterradores datos del INDEC

Por Hernán Andrés Kruse.-

El INDEC acaba de publicar una serie de cuadros estadísticos que demuestran un marcado empeoramiento de la distribución del ingreso en el tercer trimestre de 2016. Al concluir septiembre el 10 por ciento más rico de la población era dueño del 31,5 por ciento de los ingresos de la economía mientras que el 10 por ciento más pobre quedó con el 1,2 por ciento. En relación con el ingreso familiar se comprobó que en el tercer trimestre del año pasado los hogares más ricos ganaron 20 veces más que los hogares más pobres. Con semejante distribución regresiva del ingreso hablar de “democracia” en la Argentina resulta una broma de pésimo gusto. Una de las causas fundamentales ha sido indudablemente la devaluación implementada por el gobierno de Mauricio Macri, por la sencilla y contundente razón de que los sectores asalariados poseen ingresos fijos y no lograron compensar totalmente el incremento de precios del último año. Por el contrario, los sectores opulentos de la sociedad, además de beneficiarse con medidas como la quita de retenciones, lograron incrementar sus ingresos en línea con el proceso inflacionario. Entre junio de 2015 y septiembre de 2016 el ingreso del 10 por ciento más acomodado de la sociedad registró ingresos del orden del 89,3 por ciento mientras que el ingreso del 10 por ciento más pobre registró ingresos del 38,2 por ciento. Según el sociólogo Daniel Schteingart, “hoy la distribución del ingreso volvió a niveles de 2010 o 2011. Hubo un retroceso de casi cinco años en términos de mejoras distributivas. La baja de los impuestos progresivos es uno de los elementos centrales para explicar esta situación. Por ejemplo, la devolución en el impuesto a las ganancias, que beneficia a los deciles de ingresos 9 y 10. En 2017 con la Ley de Reparación histórica va a seguir empeorando la distribución, porque los jubilados con haberes más elevados recibirán mejores aumentos que los jubilados con la mínima”. Consideró que la distribución del ingreso también empeoró hacia el interior de cada subgrupo de la sociedad. En este sentido afirmó que “subió la desigualdad entre los comerciantes, los jubilados y los propios trabajadores. Los que menos tienen perdieron en términos relativos contra los que están arriba en la pirámide” (fuente: Federico Kucher, “Se profundiza la grieta social”, Página/12, 6/1/017).

Pero esto no es todo. En efecto, el Indec también reveló que la mitad de los argentinos percibe un salario inferior a 8 mil pesos. ¡8 mil pesos! Hasta el tercer trimestre de 2016 ese fue el salario de 8.209.874 ciudadanos., mientras que el ingreso medio de los trabajadores hasta ese mismo período fue de 11.127 pesos. Si la mitad de los trabajadores hacen malabares para llegar a fin de mes, quienes forman parte del estrato más pobre deben encomendarse a Dios. Este sector, que comprende a casi cinco millones de compatriotas, viven con menos de 5000 pesos. ¡Cinco mil pesos! Emerge en toda su magnitud el drama de la pobreza (32,2 por ciento de la población) y la indigencia (6,3 por ciento). En la parte superior de la pirámide social hay quienes perciben sueldos de hasta 274.000 pesos. Teniendo en cuenta el universo de ocupados, 11,4 millones de personas, la mitad percibe sueldos inferiores a los 9 mil pesos. El ingreso medio de ese amplio sector social es de 10.757 pesos mensuales. La situación se agrava si se observa lo que sucedió dentro del contexto de cada hogar. Al respecto, señaló el economista de Idesa Jorge Colina: “Esto se explica, en parte, porque aumenta la participación en el ingreso de la ocupación principal del 10 por ciento de los trabajadores de mayores salarios. Este 10 por ciento de mayores salarios son los únicos beneficiados por la disminución del impuesto a las ganancias. Si se quiere mejorar la distribución del ingreso hay que dar por cerrada la discusión por el impuesto a las ganancias y bajar cargas sociales (aportes y contribuciones para tener un empleo en blanco), que es el impuesto que más afecta a los trabajadores de menores salarios”. Por su parte, miembros de la consultora Labour, Capital and Growth (LGG) estimaron que “en el tercer trimestre, la distribución del ingreso empeoró sensiblemente. La relación entre el ingreso per cápita del 10 por ciento de los hogares de mayores ingresos y el del 10 por ciento más pobre se elevó a 19,8 veces en el tercer trimestre. Implica un aumento de casi tres puntos porcentuales respecto del segundo trimestre y se ubica en niveles comparables a los de fines de la década del 80 y principios de los 90, pos impacto de la inflación” (…) “El ingreso medio de los integrantes de los hogares del décimo decil de ingresos (los más ricos) promedió 27.800 pesos, mientras que los del primer decil fueron de apenas 1350 pesos” (fuente: Francisco Jueguen, “La mitad de los argentinos tiene ingresos inferiores a 8000 pesos por mes”, La Nación, 6/1/017).

Luego de dar por terminadas sus vacaciones, el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, se dignó a estar en el centro neurálgico (La Adela) del pavoroso incendio que tiene en vilo a La Pampa y que comenzó a extenderse a las provincias de Río Negro y Buenos Aires. Lo primero que dijo no hizo más que poner al descubierto su frivolidad, “virtud cardinal” de los funcionarios del macrismo: “No vengo a actuar. Vengo a dar aliento a los brigadistas que combaten los incendios”. Luego, en conferencia de prensa, dio detalles del plan nacional para combatir el incendio que hasta ahora ha devorado 1.400.000 hectáreas entre las provincias afectadas. Bergman arribó al lugar luego de que hubiera transcurrido un mes desde que se desató el incendio y cuando aun resta controlar el último foco en La Adela. Su mensaje fue sencillamente patético. Se esmeró en “dar aliento” y en “aceptar el cambio climático”. Habló de una suerte de “profecía apocalíptica” y que “los recursos nacionales estuvieron a disposición desde un primer momento”, a diferencia de lo que vienen sosteniendo las autoridades locales. Un importante funcionario del gobernador Carlos Verna dijo que “los incendios de La Pampa se ven en el mundo por las fotos satelitales de la NASA, pero no lo ha visto el gobierno nacional que no ha ofrecido ayuda al gobierno de La Pampa”. Por su parte, el intendente de La Adela, Juan Barrionuevo, expresó que “esto se veía venir”. Los primeros focos de incendio dieron comienzo a comienzos de noviembre en el departamento Caleu Caleu, señaló. Aseguró que el gobierno de Verna siempre estuvo a su disposición y que “desde Nación no hubo un contacto directo hasta la llegada de Gendarmería para colaborar con el trabajo en la ruta con la Policía de La Pampa”. “El primer avión hidrante llegó el 1 de enero y cuando la situación era crítica, el 2 de enero llegaron los brigadistas de San Luis y Córdoba”, bramó Barrionuevo. En una entrevista concedida al diario El cordillerano, Bergman dijo en octubre pasado que “para el verano lo más útil que podemos hacer es rezar”. Pues bien, los rezos no resultaron suficientes. “El gobierno”, sostuvo el funcionario macrista, “nos redujo el presupuesto general y nosotros lo queríamos ampliar. Así que vamos a ver cómo hacemos para tener, por lo menos, las mismas herramientas del año pasado”. “Pero estamos en un camino donde no veo en el corto plazo que tengamos la envergadura, de lo que necesitamos en el próximo verano”. “Yo creo que este verano estaremos en mejores condiciones, aunque como creyente que soy, para el próximo verano lo más útil que podemos hacer es rezar”. Al regresar de La Adela Bergman dijo que había estado en el lugar para “monitorear con intendentes y autoridades locales” las tareas para “prevenir daños materiales y de la vida de las personas, sobre todo de bomberos y rescatistas”. Aludió además, sin dar demasiados detalles, al lanzamiento de un plan de infraestructura sin parangón en la historia del país e hizo responsable de los incendios al “atraso de tantos años de no haber invertido y no haber hecho el trabajo que había que hacer”. Por último, remarcó que “mi presencia estaba, está, en tiempo y en forma”, no físicamente sino a través de “equipos y brigadistas, aviones de observación y reportes” que trabajaron en medio del incendio. Y remató de la siguiente manera: “El ministerio asistió a quienes combatieron los incendios con dinero proveniente de una ampliación presupuestaria que se resolvió no rezando sino trabajando con los legisladores nacionales y las diferentes autoridades”. Sin comentarios (fuente: Horacio Cecchi, “Todo es culpa de una “profecía apocalíptica”, Página/12, 6/1/017).

Aprovechando la bronca que generó el alevoso asesinato del joven Brian Aquinaco, el ministro de Justicia, Germán Garavano, confirmó que el oficialismo pretende impulsar una reforma del régimen penal juvenil. El macrismo considera que lo que está vigente en la materia es un decreto ley 22.278 de la última dictadura militar. Esa norma se basa fundamentalmente en la baja de la edad de punibilidad de 16 años a 14 años. El adolescente detenido en Chile y que fue acusado de haber ultimado a Brian tiene 15 años. La propuesta se caracteriza por ser espasmódica, por ser el resultado de la cólera colectiva que ocasionó el alevoso hecho. De ahí el rechazo de los especialistas. Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, expresó a Página/12 que “la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) siempre se manifestó en contra de la baja de la edad. No resuelve la baja del delito. La participación de pibes menores de 16 años en delitos es ínfima, y los casos graves son excepcionales. Estamos hablando de situaciones complejas que tienen que ver con cómo el Estado llega a estos pibes. Lo que sostenemos es que tiene que llegar antes con políticas inclusivas, que lleven a esos pibes a las escuelas, que les propongan actividades recreativas”. Aclaró que “hoy no es que no se detenga a los pibes de 14 a 15, el artículo 64 de la ley penal juvenil permite detener a los pibes que cometen delitos graves. Pero de los 620 adolescentes detenidos en institutos provinciales de menores, entre un 7 y un 10 por ciento que oscila, tienen entre 14 y 15, algunos llegan a los 13. Lo que quiero decir es que el sistema ya detiene a estos pibes. Los jueces ya tienen la herramienta legal. Pero si se amplía la posibilidad de la detención, el sistema va a detener muchos más. Y tenemos la demostración de que los institutos no resuelven nada; los pibes ingresan en la carrera delictiva, no hay contención ni tratamiento psicológico, ni contra las adicciones. Además se comprueba que no hay control en los institutos. Uno de cada diez pibes fue visitado por un juez y tres de cada diez por un defensor oficial”. Claudia Cesaroni, titular del Centro de Estudios en Política Criminal y DDHH (Cepoc), considera que en el Derecho Internacional “rige el principio de no regresividad. Durante la dictadura el decreto ley 22.278 fijó la edad de punibilidad en 14 años. Antes de la recuperación de la democracia, se modificó esa edad a 16. Volver atrás no se puede y no parece una medida dirigida a la mejor protección de niños y adolescentes”. Sostiene que “la Constitución establece que privar de libertad no debe ser un castigo. Pero cada vez que se discute un proyecto de bajar la edad de punibilidad, como ahora, se hace después de un hecho grave y previo a elecciones legislativas”. Además, el que se los incorpore al sistema penal “no implica darles garantías. Es una falacia. Las garantías están, no se cumplen. Y no se trata de sancionar más leyes sino de cumplir las que ya existen: la convención sobre los Derechos del Niño, y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (26.061), tienen plena vigencia, además de una serie de tratados internacionales”. Señaló que “la cantidad de adolescentes de 14 y 15 que cometen delitos graves es ínfima. En 2009, el director regional de Unicef para América Latina, Kils Kastberg, informó que en Argentina, al año, se cometen 2000 homicidios dolosos. De esa cantidad, en 200 casos participan menores de 18 años. Y de esos 200, en 15 casos participaron menores de 16”. En abril de 2016 se presentó en Mar del Plata el Plan Nacional de Acción 2016 -2019 y la secretaria nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Yael Bendel, rememoró que “los representantes de todas las provincias dejaron asentada su posición de que la baja de la edad de imputabilidad no concuerda con los estándares internacionales y que no es la posición de la Secretaría”. “No se sabe cuál es el proyecto que tiene el gobierno”, aseguró a Página/12. “Ellos plantean algo raro que muestra su interés electoralista. Lanzan la idea solamente de baja de la edad, dicen que se va a discutir el año próximo para no darle fines electoralistas, pero instalan el debate como campaña. Discutir el cambio de ley está bien. Nosotros sostenemos que hay que hacerlo. Pero no bajar la edad. Sí, decimos que hay que permitir que se siga investigando porque en muchos casos al detenerse el adolescente, se cierra el expediente o queda impune el instrumentador. Si se sigue investigando se puede llegar a fondo y permite determinar si hay un adulto atrás, la policía, un grupo narco. Y pedimos para el adolescente una medida de protección” (fuente: Horacio Cecchi, “La “baja”, siempre una bandera de campaña”, Página/12, 5/1/017).

La propuesta gubernamental provocó agrias críticas de la oposición. Legisladores de varias bancadas coincidieron en destacar su carácter electoralista. Desde el bloque del Frente para la Victoria se afirmó que discutir exclusivamente “la baja de imputabilidad sin el marco de un régimen penal juvenil es entretenimiento para la tribuna”. Se advirtió también que una ley del Congreso únicamente sería útil en caso de tratarse de delitos federales ya que los estados provinciales, cada uno con su propio código procesal, estarían obligados a adherirse a dicha norma, en caso de que se llegara a aprobar. El massismo consideró que sólo se trata de “una cortina de humo” debido al fracaso estruendoso del oficialismo en materia de seguridad. Daniel Arroyo, especialista en cuestiones de seguridad, tildó de “error” del gobierno el hacer referencia solo a la baja de la edad sin antes valerse de grandes recursos para hacer frente a los problemas de minoridad. Por su parte, la aliada de Sergio Massa, Margarita Stolbizer, consideró que las cárceles constituyen academias del delito y exigió mejoras en el sistema educativo. Nicolás del Caño, referente del Frente de Izquierda, consideró que lo que busca el gobierno de Macri es “profundizar su política de criminalización y cárcel para la juventud”. Sólo Elisa Carrió y Luis Petri (UCR) apoyaron la iniciativa macrista. La chaqueña afirmó que al no existir un régimen de responsabilidad penal juvenil hace que los adolescentes pasen a ser “mano de obra de las organizaciones criminales”. Según la kirchnerista Diana Conti “tratar únicamente la baja de la edad es entretenimiento para la tribuna” y recordó que “la discusión atravesó todo este período democrático sin alcanzar el consenso necesario y solo en 2009 obtuvo media sanción en el Senado”. Finalmente, concluyó que “nosotros estamos dispuestos a discutir en serio un régimen penal juvenil, tomando la experiencia internacional y con todo lo que incluye la atención a la minoridad. Pero en el FPV consideramos que hay que apuntar a los mayores que obligan o empujan a delinquir a los menores” (fuente: Miguel Jorquera, “Es entretenimiento para la tribuna”, Página/12, 5/1/016).

Según Martín Granovsky (“Blumberg recargado”, Página/12, 5/1/017), “el debate sobre qué hacer con los chicos sospechosos de asesinato es espasmódico y superficial. No tiene en cuenta la realidad y menos todavía los números. Nunca se pone sobre la mesa cuántos chicos menores de 16 años fueron condenados por homicidio en un período determinado. Peor todavía: no suele haber ni siquiera la intención de buscar esos números y poner el problema en su dimensión proporcionada. ¿Eso significa que un juez necesita de la estadística para aplicar el Código Penal? En absoluto. Por ejemplo, está claro qué debe hacer la administración de Justicia si alguien es hallado culpable de matar a su ascendiente, descendiente o pareja, incluso si se trata de una ex pareja y haya habido o no convivencia. El inciso primero del artículo 80 contempla aplicar el agravante por el vínculo y permite a la Justicia condenar con la máxima pena posible. Prisión o reclusión perpetua. Para condenar no hace falta la estadística. Basta con el cumplimiento de la Constitución y las leyes” (…) “Para discutir una política pública, nada mejor que un debate rudo. Y sincero. ¿Alguien puede discutir que ese debate solo surge con una fuerza apabullante cuando hay un caso que conmueve a la opinión pública?” (…) “Si lo que conmueve es el homicidio cometido presuntamente por un menor de 16, ¿por qué discutir al mismo tiempo el arrebato de un celular? Más allá del perjuicio contra la propiedad, ¿es lo mismo perder un smartphone que la vida?” (…) Ese es el fondo de la cuestión. Pero la cuestión misma, más allá del comprensible dolor de los familiares…requiere de otro punto de vista. Cuando un hecho no tiene significado estadístico relevante, ¿es válido como motivo para cambiar un aspecto tan importante de la política criminal como la edad en la que una persona puede ser imputable?” (…) “La comisión dirigida por el ministro de Justicia será útil para que el presidente entienda una cosa: si desea convertirse en un Blumberg recargado será solo por capricho. No por necesidad”.