Por Hernán Andrés Kruse.-

Tengo en mis manos un libro de Bidart Campos titulado “El poder”. Consta de una gran cantidad de capítulos. Uno de ellos lleva por título “Poder invisible”. Escribió lo siguiente:

“Hay una teoría que concibe al poder político en forma global, pero dividido en dos campos que serían dos partes de una misma y única realidad. El poder político tendría una faz visible, pública y oficial, en la que aparecerían su aparato, con sus titulares o gobernantes; y tendría, también y además, una faz oculta o invisible, mucho más esfumada y amorfa, desde la cual se ejercería “de hecho” aquel poder político visible, como detrás del telón. Las dos fases vendrían a componer, cada cual a su modo, la totalidad o el bosque del poder estatal, y formarían una unidad. Entonces, la decisión tomada por el titular del poder en el sector del poder visible, vendría-o podría venir-impuesta en su contenido desde el otro sector por el llamado “poder de hecho”, que actuaría en la parte invisible del poder (…).

En ese supuesto bloque del poder político, los actores que salen a escena públicamente (gobernantes) se equipararían a algo así como títeres, a los que accionarían desde el otro campo oscuro -entre bambalinas- los poderes de hecho, que en realidad vendrían a ser los verdaderos protagonistas del poder real”.

A continuación, Bidart Campos explica por qué considera que esta interpretación del poder es errada. “En primer lugar, no nos gusta la idea de un supuesto condominio del poder político entre los gobernantes oficiales y los poderes de hecho o invisibles. Ambas zonas no integran una unidad, ni conforman juntas el área compacta del poder político. En segundo lugar -y aquí residiría nuestro rechazo a esa imagen- el poder político es siempre y únicamente el poder del estado que, con intensidad mayor o menor, ejercen quienes son sus titulares oficiales, bien visibles y bien situados en las plazas y en los aparatos gubernamentales. Lo que hay en el otro campo, separado y diferente, es un entrono o conjunto de influencias, gravitaciones, presiones, demandas, condicionamientos, etc., a cuya totalidad es dable atribuir el nombre convencional de “poderes de hecho”, y que apoyan o se oponen al poder estatal a nombre de sus propios intereses, para orientar, obtener, condicionar, o impedir decisiones.

El titular del poder oficial es siempre el que decide. Qué decide, por qué decide, cómo decide, ya es otra cosa. Aquí sí pueden recaer sobre él aquellas influencias y presiones condicionantes, que vienen de afuera, de un sector de la sociedad-o de los aledaños del poder-que para nada coparticipa anónima o invisiblemente de la titularidad del poder. Lo que hace es participar en el proceso de poder o proceso decisorio, que es algo bien distinto, pero quedando siempre fuera del perímetro propio del aparato gubernativo y del poder que éste pone en acción (…)”.

A Bidart Campos le desagrada sobremanera la idea de un supuesto condominio del poder político entre los gobernantes oficiales y los poderes de hecho o invisibles. La historia argentina ha brindado -y continúa brindando- innumerables ejemplos de tal condominio. Durante la década menemista los poderes de hecho-el poder real-detentó el poder político. El presidente Menem fue un mero empleado de dicho poder. Quien dude de esta afirmación lo invito a leer el libro de María Seoane “El saqueo de la Argentina”, en el que efectúa una brillante descripción de los procesos de privatizaciones que significaron, en la práctica, la entrega del patrimonio nacional a una élite empresarial voraz y corrupta. También fueron empleados del poder real De la Rúa y Duhalde. Con el kirchnerismo en el poder las reglas de juego cambiaron un poco. Néstor y Cristina Kirchner intentaron tomar decisiones sin consultar al poder real. La resolución 125 fue el ejemplo más elocuente. El gobierno decidió aumentar un poco las retenciones a la soja y al girasol. El “campo” reaccionó como si se hubiera tratado de un intento de confiscación de los grandes latifundios. Otra demostración de “rebeldía” fue la ley de medios de comunicación tendiente a democratizar la palabra. El kirchnerismo no logró aplicarla. Lo que sacó de las casillas al poder real no fue, pues, la corrupción durante los gobiernos kirchneristas sino precisamente esos atisbos de rebeldía.

En una oportunidad un emblema del poder real afirmó que la presidencia de la nación era un cargo menor. Con esa simple y contundente afirmación no hizo más que demoler la teorización de Bidart campos sobre el poder invisible.

Anexo I

Cristina, un obstáculo que debe ser removido

La condena a la vicepresidenta de la nación constituye, qué duda cabe, uno de los acontecimientos judiciales más relevantes de la Argentina contemporánea. El tribunal macrista la consideró culpable del delito de administración fraudulenta, es decir, de haber robado los dineros del erario público en beneficio de los amigos del poder. Ello explica la conmoción que causó en el exterior, que fue reflejada en varios diarios.

La condena a la vicepresidenta en la causa Vialidad puede ser enfocada desde el punto de vista estrictamente jurídico y desde el punto de vista político. En cuanto a lo jurídico recomiendo la lectura de la entrevista del doctor Daniel Erbetta, miembro de la Corte Suprema de Santa Fe, con Modo Fontevecchia. Dijo Erbetta:

¿Qué opinión le merece el fallo que condenó a Cristina Kirchner?

“Hay dos niveles de análisis y uno tiene que ver con algo sobre lo cual puedo pronunciarme, que tiene que ver con la regularidad del proceso que se llevó adelante y no fue ajustado a lo que nuestra Constitución exige. Hubo muchas irregularidades en el juicio por Vialidad. No puedo imaginar que haya tanta torpeza de parte del órgano acusador y de los encargados del juzgamiento.

En primer lugar, hay un problema grave que se relaciona con el Tribunal. El cuestionamiento de uno de los jueces y la respuesta a uno de esos, con una actitud provocadora, agota sobradamente el escándalo de lo que es el temor fundado. En segunda instancia, un juicio oral nunca puede dejar de ser presencial. La utilidad de usar Zoom se justifica en una situación extrema como fue la pandemia, por ejemplo. La videollamada es una forma de negar la oralidad y quitarle centralidad a la misma, además de impedir la publicidad del acto del Gobierno y la chance de que el ciudadano participe. Las personas pueden participar de dos modos. Una es yendo a la audiencia pública o interviniendo como juez en un Tribunal de Jurados. La otra es que el fiscal no puede introducir prueba, aunque esta no comprometa tanto a los sospechados, porque las conversaciones comprometían a mucha otra gente que era ajena a ese juicio. El fiscal tendría la obligación de haber derivado eso para que se investigue y no lo hizo, pero el Tribunal no puede permitir que se incorporen pruebas en un alegato. En tercer lugar, cuando la defensa puntualiza la prueba de descargo, el fiscal tiene la obligación, por el deber de objetividad y de legalidad que rige en cualquier Ministerio Público Fiscal, de hacer una réplica y descalificar la misma. El fiscal lo que hizo fue decir que habló tan claro en el alegato que no iba a responder ninguna pregunta y el Tribunal debió haber instado a que haga réplica, porque los argumentos que se ponían del otro lado tenían bastante contundencia.

Es un hecho inédito que un Tribunal dicte una sentencia este martes y fije fecha de fundamentos para dentro de dos meses. En la mayoría de las provincias de Argentina, que tienen sistemas acusatorios, en general el plazo para el fundamento del veredicto son cinco días hábiles y enseguida operan los controles cuando existe un vencimiento de plazo. Lo llamativo es que nunca vi algo igual. Y que se den algunas alegaciones generales con el fallo, se saque un comunicado para explicarlo y luego se presenten los fundamentos, esto es un hecho inédito en lo que es la oralidad del juicio oral, aunque no lo es porque lo que hicieron es leer expedientes. Hubieran sido más inteligentes sosteniendo la asociación ilícita, porque eso si permitiría justificar una parte del veredicto, pero ésta era insostenible. El fallo nos somete a una especie de curiosidad porque estamos hablando con la mayoría de los profesores de derecho penal del país y están todos perplejos. En cualquiera de los casos o las hipótesis, se debe acreditar cuál fue el aporte concreto en cada uno de los fraudes que integran el plan que da lugar a la administración fraudulenta y, por lo que tengo entendido, no hay una sola firma de Cristina”.

En cuanto al aspecto político de la condena nada mejor que leer el artículo de Raúl Kollmann “La condena a Cristina Kirchner: la asociación ilícita resultó la de los jueces”, publicado en Página/12 el 7/12. Escribió el autor:

“La mafia judicial, el estado paralelo, como los denominó Cristina Kirchner, dictó una condena de seis años de prisión a inhabilitación absoluta de la vicepresidenta por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El fallo es grotesco y sustentado en planteos que fueron derrumbados durante los tres años de juicio. Por ejemplo, dibujan los magistrados que con las licitaciones que ganó Lázaro Báez se beneficiaba Cristina, una hipótesis descabellada sobre la que no hay ninguna prueba ni se presentó la más mínima evidencia. Todo el vínculo existente fueron algunos alquileres que totalizaron unos ocho millones de pesos en cinco años. En cambio, los jueces dicen que el perjuicio para el Estado fue de 84.000 millones de pesos. O sea, no hay vínculo alguno entre las cifras, además de que los alquileres-así se probó-no podían incluir ninguna coima porque fueron a valores de mercado e incluso un poco menos. Pero, sobre todo, no se encontró ni un mensaje, un correo, un testigo que dijera que Cristina dio alguna instrucción o que sugiriera alguna medida relacionada con las rutas de Santa Cruz. Como no hubo condena por asociación ilícita, los jueces tienen que probar el vínculo de cada uno de los condenados con el fraude y, por lo tanto, tendrán que dibujar algo respecto de Cristina, teniendo en cuenta que no tuvo la menor comunicación con ninguno de los otros acusados. El fallo tiene una única explicación: sacar de la cancha a la principal referente del peronismo. Al final, la asociación ilícita fue el aparato judicial (…)”.

Como puede observarse, lo jurídico está íntimamente vinculado con lo político. En realidad, lo jurídico es un apéndice de lo político. Según Kollmann la causa Vialidad fue toda una puesta en escena para sacar de la cancha a Cristina Kirchner, la única dirigente del FdT capaz de competir con ciertas chances de victoria con la oposición el año que viene. Pero se trató, además, de un mensaje dado por el establishment a la actual dirigencia política. Su contenido sería más o menos así: “El país no puede volver a tener una presidente como Cristina Kirchner. No puede volver a tener un presidente que, como CFK, cree que puede gobernar sin consultarnos, sin tener en cuenta nuestros intereses. No puede volver a tener un presidente que, como CFK, tiene la osadía de desafiarnos”. Seguramente CFK tuvo en mente este mensaje cuando, minutos después de la sentencia, expresó desde su oficina en el Senado que jamás sería una mascota de las corporaciones. Siempre hay que tener presente a uno de los emblemas del poder corporativo, Héctor Magnetto, cuando una vez afirmó que la presidencia de la nación era un cargo menor. Sí, un cargo menor. En consecuencia, el presidente de turno no puede ser más que una mascota del establishment. En caso contrario, pasa a ser un obstáculo y, ya se sabe, a los obstáculos se los remueve.

Más adelante, Kollmann expresa lo siguiente:

“Como señaló la vicepresidenta, la condena estaba escrita desde el primer día. No había otra decisión posible de un juez, Rodrigo Giménez Uriburu, que jugaba al fútbol en el mismo equipo que el fiscal Diego Luciani, en la quinta de Mauricio Macri. La trama fue revelada por Página/12. No iba a prosperar la recusación de ese equipo porque los que decidieron fueron Hornos y Borinsky, que lo visitaban clandestinamente en la Casa Rosada y Olivos. Era imposible imaginar una absolución con el trasfondo del viaje a Lago Escondido-también revelado por Página/12-, pagado por el grupo Clarín, y con los jueces y funcionarios macristas evaluando cómo falsificar pruebas y esconder delitos. Allí estaban Julián Ercolini, el juez que instruyó la causa vialidad, y el padre del fiscal Ignacio Mahiques, uno de los dos que impulsó la acusación original (…) La base del fallo, el objetivo, es la proscripción. Y para esto tuvieron que redactar un texto contradictorio, que destila odio ausente de toda prueba. Al final, la asociación ilícita fue el tribunal y todo el estado paralelo que tuvieron detrás”.

La revelación de Página/12 pone dramáticamente en evidencia la descomposición moral del Poder Judicial. Estamos en presencia de una camarilla compuesta por jueces, fiscales y empresarios apañados por el grupo Clarín. Estamos en presencia de una connivencia espuria entre jueces y fiscales con empresarios y medios de comunicación que se consideran los dueños de la Argentina. La pregunta que cabe formular es la siguiente: ¿es posible vivir en democracia cuando el poder real está en semejantes manos? La respuesta es obvia.

Anexo II

El informador público en el recuerdo

José Ingenieros, Roberto Arlt y el Congreso Nacional

07/04/2016

Desde hace tiempo que el Congreso nacional tiene una mala imagen. En la época de Carlos Menem ese recinto fue escenario de la decisión de una mayoría circunstancial para legitimar el desguazamiento del Estado, aprobando las leyes de emergencia económica y de reforma estatal. Durante la efímera y traumática presidencia de Fernando de la Rúa, el senador Antonio Cafiero acusó a algunos de sus pares del peronismo de haber recibido dinero de parte del gobierno nacional para garantizar la aprobación de la ley de flexibilización laboral exigida por el Fondo Monetario Internacional. Más acá en el tiempo, en la época del matrimonio Kirchner, la oposición acusó continua y públicamente tanto a Néstor Kirchner como a su sucesora de haber transformado el parlamento en una escribanía. Con Mauricio Macri en el poder el Congreso no supo estar a la altura de las circunstancias al aprobar la capitulación de la Nación Argentina frente a los denominados “holdouts”, que no son otra cosa que delincuentes internacionales, como los que figuran en la larga lista que se acaba de filtrar desde Panamá.

Quizá sirva de consuelo pero la historia enseña que desde siempre el Congreso de la Nación lejos estuvo de servir a los intereses del pueblo. En 1913 apareció publicado uno de los libros más famosos de José Ingenieros, “El hombre mediocre”. El capítulo VII lleva por título “La mediocracia”. Parece escrito el año pasado. Reitero: este libro apareció publicado en 1913, es decir, en pleno auge del orden conservador, de la “Belle Époque”. Dice Ingenieros: “En ciertos períodos la nación se aduerme dentro del país. El organismo vegeta; el espíritu se amodorra. Los apetitos acosan a los ideales, tornándose dominadores y agresivos. No hay astros en el horizonte ni oriflamas en los campanarios. Ningún clamor de pueblo se percibe; no resuena el eco de grandes voces animadoras. Todos se apiñan en torno de los manteles oficiales para alcanzar alguna migaja de la merienda. Es el clima de la mediocridad. Los Estados se tornan mediocracias” (…) “Entra en penumbra el culto por la verdad, el afán de admiración, la fe en las creencias firmes, la exaltación de ideales, el desinterés, la abnegación, todo lo que está en el camino de la virtud y de la dignidad” (…) “En la primera década del siglo XX se ha acentuado la decadencia moral de las clases gobernantes. En cada comarca, una facción de vividores detenta los engranajes del mecanismo oficial, excluyendo de su seno a cuantos desdeñan tener complicidad en sus empresas” (…) “Políticos sin vergüenza hubo en todos los tiempos y bajo todos los regímenes; pero encuentran mejor clima en las burguesías sin ideales” (…) “Eso es la mediocracia: los que nada saben creen decir lo que piensan, aunque cada uno sólo acierta a repetir dogmas o auspiciar voracidades. Esa chatura moral es más grave que la aclimatación de la tiranía; nadie puede volar donde todos se arrastran. Conviénese en llamar urbanidad a la hipocresía, distinción al amaneramiento, cultura a la timidez, tolerancia a la complicidad; la mentira proporciona estas denominaciones equívocas. Y los que así mienten son enemigos de sí mismos y de la patria, deshonrando en ella a sus padres y a sus hijos, carcomiendo la dignidad común” (…) “Cuando las naciones dan en bajíos, alguna facción se apodera del engranaje constituido o reformado por hombres geniales. Florecen legisladores, pululan archivistas, cuéntanse los funcionarios por legiones: las leyes se multiplican, sin reforzar por ello su eficacia” (…) “El nivel de los gobernantes desciende hasta marcar el cero; la mediocracia es una confabulación de los ceros contra las unidades. Cien políticos torpes juntos, no valen un estadista” (…) “Las jornadas electorales conviértense en burdos enjuagues de mercenarios o en pugilatos de aventureros. Su justificación está a cargo de electores inocentes, que van a la parodia como a una fiesta” (…) “Los deshonestos son legión; asaltan el Parlamento para entregarse a especulaciones lucrativas. Venden su voto a empresas que muerden las arcas del Estado; prestigian proyectos de grandes negocios con el erario, cobrando sus discursos a tanto por minuto; pagan con destinos y dádivas oficiales a sus electores, comercian su influencia para obtener concesiones a favor de su clientela. Su gestión política suele ser tranquila: un hombre de negocios está siempre con la mayoría. Apoya a todos los gobiernos” (…) “En ciertas democracias novicias, que parecen llamarse repúblicas por burla, los Congresos hormiguean de mansos protegidos de las oligarquías dominantes. Medran piaras sumisas, serviles, incondicionales, afeminadas: las mayorías miran al porquero esperando una guiñada o una seña. Si alguno se aparta está perdido; los que se rebelan están proscritos sin apelación” (…) “Es de ilusos creer que el mérito abre las puertas de los parlamentos envilecidos. Los partidos-o el gobierno en su nombre-operan una selección entre sus miembros, a expensas del mérito o a favor de la intriga. Un soberano cuantitativo y sin ideales prefiere candidatos que tengan su misma complexión moral: por simpatía y por conveniencia” (…) “No sólo se adula a reyes y poderosos; también se adula al pueblo. Hay miserables afanes de popularidad, más denigrantes que el servilismo. Para obtener el favor cuantitativo de las turbas, puede mentírseles bajas alabanzas disfrazadas de ideal; más cobardes porque se dirigen a plebes que no saben descubrir el embuste. Halagar a los ignorantes y merecer su aplauso, hablándoles sin cesar de sus derechos, jamás de sus deberes, es el postrer renunciamiento a la propia dignidad”.

Ingenieros utiliza una contundente expresión para caracterizar la vida política de su época: “la política de las piaras”. Si a comienzos del siglo XX hubo piaras, cómo no las va a haber en la segunda década del siglo XXI. Las piaras se dejaron ver sin pudor luego del ascenso de Mauricio Macri al poder. Es como si el cambio de clima político las hubiera envalentonado. En la Cámara de Diputados el FPV conformaba la primera minoría. En poco tiempo esa primera minoría pasó a retiro por la decisión de un grupo de piaras comandadas por el ex titular de la ANSES, Diego Bossio, quien hace poco expresó sin ruborizarse que nunca había sido kirchnerista. Ese desgajamiento del bloque kirchnerista le garantizó a Cambiemos controlar la Cámara Baja. Ello explica por qué Macri se mostró confiado a partir de entonces en la aprobación del polémico “acuerdo” con los buitres. La aprobación llegó de manera “natural” gracias al voto afirmativo de esas piaras. Lo mismo aconteció en el Senado días más tarde. Las piaras conducidas por Miguel Ángel Pichetto le ofrendaron al presidente la gran victoria que necesitaba. Si Ingenieros hubiera vivido en esta época hubiera dicho exactamente lo mismo que hace un siglo: “Los deshonestos son legión; asaltan el Parlamento para entregarse a especulaciones lucrativas”. En efecto, hoy en la Argentina el Congreso está dominado por los inmorales, los alcahuetes, los traidores; está dominado por una lacra vil y repugnante, en suma.

En 1933 apareció publicado este texto del gran Roberto Arlt titulado “Aspiro a ser diputado” (Aguafuertes porteñas). Su texto goza de una estremecedora vigencia. “Señores: Aspiro a ser diputado, porque aspiro a robar en grande y a “acomodarme” mejor. Mi finalidad no es salvar al país de la ruina en la que lo han hundido las anteriores administraciones de compinches, sinvergüenzas; no señores, no es ese mi elemental propósito, sino que, íntima y ardorosamente, deseo contribuir al saqueo con que se vacían las arcas del Estado, aspiración noble que ustedes tienen que comprender es la más intensa y efectiva que guarda el corazón de todo hombre que se presenta a candidato a diputado. Robar no es fácil señores. Para robar se necesitan determinadas condiciones que creo no tienen mis rivales. Ante todo, se necesita ser un cínico perfecto, y yo lo soy, no lo duden señores”.

“En segundo término, se necesita ser un traidor, y yo también lo soy, señores. Saber venderse oportunamente, no desvergonzadamente, sino “evolutivamente”. Me permito el lujo de inventar el término que será un sustitutivo de traición, sobre todo necesario en estos tiempos en que vender el país al mejor postor es un trabajo arduo e ímprobo, porque tengo entendido, caballeros, que nuestra posición, es decir, la posición del país no encuentra postor ni por un plato de lentejas, créanlo”.

“Cierto es que quiero robar, pero ¿quién no quiere robar? Díganme ustedes quién es el desfachatado que en estos momentos de confusión no quiere robar. Si ese hombre honrado existe, yo me dejo crucificar. Mis camaradas también quieren robar, es cierto, pero no saben robar. Venderán al país por una bicoca, y eso es injusto. Yo venderé a mi patria, pero bien vendida. Ustedes saben que las arcas del Estado están enjutas, es decir, que no tienen un mal cobre para satisfacer la deuda externa; pues bien, remataré al país en cien mensualidades, de Ushuaia hasta el Chaco boliviano, y no sólo traficaré al Estado, sino que me acomodaré con comerciantes, con falsificadores de alimentos, con concesionarios; adquiriré armas inofensivas para el Estado, lo cual es un medio más eficaz de evitar la guerra que teniendo armas de ofensiva efectiva, le regatearé el pienso al caballo del comisario y el bodrio al habitante de la cárcel, y carteles, impuestos a las moscas y a los perros, ladrillos y adoquines. ¡Lo que no robaré yo, señores! ¿Qué es lo que no robaré?, díganme ustedes. Y si ustedes son capaces de enumerarme una sola materia en la cual yo no sea capaz de robar, renuncio ipso facto a mi candidatura. Piénsenlo aunque sea un minuto, señores ciudadanos. Piénsenlo. Yo he robado. Soy un ladrón, y si ustedes no creen en mi palabra, vayan al Departamento de Policía y consulten mi prontuario. Verán que performance tengo. He sido detenido en averiguación de antecedentes como treinta veces; por portación de armas -que no tenía- otras tantas, luego me regeneré y desempeñé la tarea de grupí, rematador falluto, corredor, pequero, extorsionista, encubridor, agente de investigaciones; fui luego agente judicial, presidente de comité parroquial, convencional, he vendido quinielas, he sido, a veces, padre de pobre y madre de huérfanas, tuve comercio y quebré, fui acusado de incendio intencional de otro bolichito que tuve. Señores, si no me creen, vayan al Departamento. Verán ustedes que yo soy el único entre todos esos hipócritas que quieren salvar al país, absolutamente el único que puede rematar la última pulgada de tierra argentina. Incluso, me propongo vender el Congreso e instalar un conventillo o casa de departamentos en el Palacio de Justicia, porque si yo ando en libertad es que no hay justicia, señores”. Para aplaudir de pie.

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