Por Hernán Andrés Kruse.-
Fue una jornada aciaga para la democracia argentina. En el interior del Congreso, 87 diputados nacionales apoyaron el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria, propinando a los jubilados un golpe muy duro, artero y, fundamentalmente, inmerecido. Mientras tanto, la Policía Federal agredía de manera alevosa a los jubilados, tal como aconteció anteriormente. Pero en esta oportunidad, un uniformado empleó el gas pimienta para reprimir a una nena de diez años quien, luego de la agresión, se abrazó desesperadamente a su madre. El dantesco hecho provocó una repulsa e indignación generalizadas.
Nunca antes había tenido lugar semejante afrenta a la dignidad humana, al menos en democracia. Afrenta que intentó ser ignorada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien, en complicidad con la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el jefe de la Policía Federal Argentina, filtraron un video falso en el que se acusaba a socorristas de haber cometido la barbarie. Afortunadamente, la maniobra quedó al descubierto al mostrar la televisión un video que registra el cobarde ataque de un uniformado de la Policía Federal a la inocente criatura.
Emerge en toda su magnitud la gravedad de lo acontecido en la Plaza del Congreso el 11 de septiembre. Emerge en toda su magnitud todo lo que le falta a la Policía Federal Argentina para desempeñarse acorde con las reglas de la democracia liberal, basadas en el respeto a los derechos humanos. Buceando en Google, me encontré con un esclarecedor ensayo de María Eugenia Bonilla Ovallos (Universidad Autónoma de Bucaramanga-Colombia) titulado “Democracia, desempeño institucional y cuerpos policiales” (Reflexión Política, volumen 17, Número 33, junio, 2015). Expone con meridiana claridad cómo debe actuar la policía en una democracia liberal.
INTRODUCCIÓN
“El presente artículo pretende reflexionar en torno a las particularidades que debe tener el desempeño de una institución policial favorable a la consolidación del sistema democrático. Para ello se entenderá por consolidación democrática “el proceso de reforzamiento, afirmación, robustecimiento del sistema democrático, encaminado a aumentar su estabilidad, su capacidad de persistencia y a contrarrestar y prevenir posibles crisis” (Morlino). En este sentido, la consolidación es el proceso mediante el cual las estructuras, las normas, los ideales y los principios democráticos, además de estar definidos, se afianzan, interiorizan, arraigan y se convierten en el común denominador de las relaciones existentes entre las diversas instituciones políticas y los miembros de la sociedad, lo cual implica mayores niveles de calidad de la democracia sustentados en un buen desempeño institucional.
Partiendo de dicho precepto, la hipótesis aquí planteada señala que la existencia de una institución policial cuyo desempeño no favorezca, ni contribuya, ni garantice el fortalecimiento de los principios fundamentales de la democracia, se convertirá en un obstáculo para mejorar la consolidación del sistema político. La democracia debe garantizar la seguridad, pero también la libertad, la igualdad, la justicia y ninguno de estos valores fundamentales deben transarse por la consecución del otro, de allí la importancia de que los Estados limiten, regulen y controlen el desempeño de sus cuerpos policiales. Por tanto, es vital que la Policía en el afán de proveer seguridad no transgreda los derechos de las personas reconocidos constitucionalmente. “La búsqueda de seguridad debe ser coherente y complementaria con los propósitos del Estado y de la democracia y este desafío demanda la adecuada interrelación de las políticas y la gestión de los gobiernos enmarcados e inspirados en una visión de seguridad en democracia” (López y Tudela)”.
LA DEMOCRACIA ES UNA REALIDAD. SU CONSOLIDACIÓN, UN RETO
“En el escenario político actual la democracia se ha popularizado en el mundo y los distintos regímenes políticos intentan de cualquier forma hacerse acreedores de tales calificativos o señalan desear como objetivo último la instauración de sus principios. No obstante, encontramos serias deficiencias de orden institucional que llevan a cuestionar el sistema democrático en ciertos países y que nos presentan diversos grados de empoderamiento de sus ideales fundamentales.
En América Latina se habla de “una institucionalidad democrática débil donde la calidad de la democracia y el Estado de derecho se constituyen como variables frágiles en la ecuación del proceso de democratización” (Domingo). La democratización comprende, “tanto la transición de regímenes no democráticos, sobre todo autoritarios, a distintos regímenes democráticos, como los sucesivos y eventuales procesos de instauración, consolidación, crisis y también de crecimiento de la calidad de la democracia” (Morlino). Así pues, los procesos de democratización implican un reto que trasciende a la instauración del régimen democrático y a la garantía de los principios básicos de la democracia “minimalista” y presiona a los países a interiorizar y proyectar en cada una de las acciones de sus instituciones democráticas, la persecución incansable por el respeto de los derechos ciudadanos y por ende su bienestar.
En consecuencia, potencializar la democracia implica la existencia de una serie de características cuya presencia o ausencia permiten clasificar a los sistemas como democracias perfectas o no. Dado el contenido utópico de la democracia, “en la práctica tal vez no exista jamás un proceso democrático perfecto, ni un gobierno democrático perfecto” (Dahl). No obstante, los esfuerzos de medición del grado de democratización de un régimen son vitales para distinguir los diferentes umbrales de democracia existentes y poder así evidenciar lo cercano o lejano que se encuentra un país democrático del ideal teórico, para con ello marcar rutas de acción encaminadas a potenciar el empoderamiento de sus principios.
Para que un Estado goce de una democracia perfecta es necesario, según Dahl, que se cumplan los siguientes criterios: (1) participación efectiva; (2) igualdad de los votos en la etapa decisoria; (3) comprensión esclarecida; (4) control del programa de acción, y (5) inclusión. En el mundo real, los estados cumplen con algunos de los criterios anteriormente señalados de manera parcial y casi nunca en conjunto, lo que nos permite dar cuenta del amplio espectro de democracias existentes. Sin embargo, hoy en día no basta con medir el umbral de democratización, sino que se hace necesario cuestionarse sobre la posibilidad que tiene la democracia de sobrevivir en los países en que se ha instaurado, lo cual está relacionado con la consolidación democrática.
Una de las divergencias constantes que se encuentran en las conceptualizaciones existentes sobre consolidación democrática, radica en que no está claramente definido el momento del acontecer político que les da origen. En este sentido para Morlino comienza inmediatamente después de que se instaura la democracia; para O´Donnell ésta implica una “segunda transición” u “otra institucionalización” y, Gunther, Diamondouros y Puhle entre otros, la han interpretado como un continuum inherentemente teológico.
Este artículo comparte la hipótesis de que la consolidación democrática sigue a la instauración del régimen, de tal manera que esta “solo comienza cuando cada una de las nuevas instituciones y normas del sistema están ya creadas, o restauradas, y empiezan a funcionar” (Morlino). Sin embargo, la consolidación es solo uno de todos los posibles resultados que pueden derivarse de la instauración; en este sentido pueden presentarse crisis, rupturas y cambios en el sistema político que lleven al quiebre de la democracia. Si no hay quiebre de la democracia, es posible afirmar que la consolidación democrática es un proceso que desemboca en la estabilidad del régimen político y está altamente asociada con los niveles de legitimidad.
En este orden de ideas es importante resaltar que la consolidación democrática es un proceso que requiere tiempo para completarse, de manera que los diversos agentes del Estado, institucionales y civiles, comiencen a interrelacionarse dentro de esquemas fundamentados en los principios democráticos y, en consecuencia, estos sean constantemente reforzados y reafirmados, desembocando en la estabilidad del régimen. “La consolidación es el proceso de reforzamiento, afirmación y robustecimiento del sistema democrático, encaminado a aumentar su estabilidad, su capacidad de persistencia y a contrarrestar y prevenir posibles crisis” (Morlino).
La cristalización de los caracteres esenciales y secundarios de las distintas estructuras y normas democráticas representa un reto para cualquier país democrático. Sin embargo, “la cristalización no implica necesariamente rigidez, sino solo la fijación de instituciones y procedimientos propios de un determinado régimen democrático” (Morlino). En consecuencia, la consolidación requiere la aceptación y utilización de dichas estructuras y normas democráticas por parte de la sociedad civil, para la resolución de los distintos conflictos que puedan afectarla. Lo anterior indica que la consolidación demanda, entre otras cosas, el fortalecimiento de los principios intrínsecos de la democracia, la libertad y la igualdad.
Esta postura, compartida por diversos autores (Morlino; Tilly; O’Donnell) enfatiza en que para que la libertad y la igualdad se presenten en el seno de una sociedad es necesario (además de los principios de inclusión, participación, igualdad en el voto, y control del programa de acción, entre otros) que se garanticen un amplio conjunto de derechos individuales, económicos y sociales. En este sentido, la consolidación democrática no centra su atención de forma exclusiva en el régimen o en el sistema político, en si existen o no reglas que lo soporten, sino que compete también al conjunto de la sociedad y a sus instituciones, a la forma en que han interiorizado y afirmado los valores y las normas democráticas.
Esta idea se refuerza en los planteamientos de Linz y Stepan quienes señalan que para no caer en una “democracia disminuida” es indispensable que se presente una “consolidación constitucional”, es decir, que se remuevan las reglas no democráticas que se encuentran en las constituciones, pero también comparte la posición de Morlino, Schumitter, Przeworski, Schedler, Dahl y Diamond, en la medida en que considera indispensable la existencia de instituciones fuertes y democráticas, cuyo desempeño contribuya a la expansión de su legitimidad y la del régimen.
No obstante, para que se alcance la consolidación es fundamental que los derechos y las libertades democráticas estén garantizados y que exista plena ciudadanía civil y política. Por ello, además de “elecciones limpias e institucionalizadas junto con cierto grado de libertades concaminantes” (O´Donnell) se requiere que exista un reconocimiento legal de la ciudadanía política sobre una base universalista e incluyente, que establezca los derechos y las obligaciones que se derivan de la apuesta democrática. Así mismo, los juicios sobre el grado de democratización política deben hacerse en virtud de “la vigencia de los derechos y las libertades incluidas en el mismo, junto con las medidas que aumentan, por un lado las posibilidades de participación de los ciudadanos y, por el otro, la transparencia y accountability de los gobernantes” (O’Donnell).
Lo anteriormente señalado promueve la necesidad de que los instrumentos del Estado sean utilizados en pos de reconocer, aumentar y garantizar los derechos y las obligaciones que se derivan del orden democrático. Así mismo, la consolidación aboga por la existencia de instituciones transparentes y respetuosas del marco constitucional y, por ende, democráticas, de manera que los ciudadanos reconozcan en ellas la mejor opción para llevar a cabo sus acuerdos y resolver sus diferencias. “La consolidación democrática es un proceso en el que se transforman los acuerdos accidentales, las normas prudenciales y las soluciones fortuitas que han surgido durante la transición, con objeto de lograr relaciones de cooperación y competitividad que han demostrado ser más confiables, que se practican con regularidad y son aceptadas voluntariamente por individuos o colectividades, es decir, por políticos y ciudadanos que participan en un gobierno democrático” (Schmitter)
Así pues, la consolidación democrática requiere la existencia de un conjunto de instituciones arraigadas y legitimadas en el imaginario colectivo, hasta el punto de que para los agentes sociales, económicos y políticos no es concebible resolver sus conflictos al margen de ellas, ni mucho menos remplazarlas, lo cual implica la necesidad de “crear instituciones que los políticos aprueben y los ciudadanos consientan en apoyar” (Schmitter). De esta forma arribamos a nuestra tercera conclusión: la consolidación es el proceso mediante el cual las estructuras, las normas, los ideales y los principios democráticos, además de estar definidos se afianzan, interiorizan, arraigan y se convierten en el común denominador de las relaciones existentes entre las diversas instituciones políticas y los miembros de la sociedad.
Las instituciones generalmente interiorizan los principios democráticos en mayor o menor medida, es por ello que pueden existir diversas categorías de democracias consolidadas (Linz y Stepan) las cuales se determinan en torno a los niveles de calidad que las caracterizan (baja, media o alta). De allí que el mejoramiento de la calidad de las democracias consolidadas sea una tarea política e intelectual urgente (Schedler; Linz y Stepan). Para que exista una “democracia sustentable” (Przeworski) el desempeño de las instituciones democráticas debe garantizar la igualdad, la inclusión, la libertad, la justicia y el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. “La democracia es sustentable cuando su marco institucional promueve objetivos normativamente deseables y políticamente deseados, como la erradicación de la violencia arbitraria, la seguridad material, la igualdad y la justicia, y cuando, al mismo tiempo, las instituciones son capaces de enfrentar las crisis que se producen si esos objetivos no llegan a cumplirse” (Przeworski).
En consecuencia, observar la estructura institucional de los países es fundamental, debido a que en ella radica la explicación a las diferencias encontradas en los niveles de calidad de los sistemas democráticos, lo cual es a su vez vital para la supervivencia de la democracia. “La estabilidad democrática no es solo una cuestión de condiciones económicas, sociales o culturales, pues los diseños institucionales difieren entre sí en cuanto a su capacidad para procesar conflictos, en particular cuando estas condiciones son tan adversas que llega a percibirse que el desempeño democrático es inadecuado” (Przeworski). La democracia es sustentable cuando todas las fuerzas políticas importantes encuentran que lo mejor es promover sus intereses y valores dentro del marco institucional, aunque la mayoría de las democracias nuevas enfrentan el desafío de consolidar las instituciones políticas nacientes.
Que los ciudadanos reconozcan en las instituciones democráticas “the only game in town” (Linz y Stepan), es decir, la mejor opción para llevar a cabo sus acuerdos y resolver sus diferencias, implica que estas han tenido que revisar y adaptar sus comportamientos y sus actitudes, configurándose como instrumentos favorables a la consolidación democrática; alejándose de los intentos por derribar el régimen político a través de la violencia; impulsando cambios sociopolíticos y socioeconómicos con base en los procedimientos democráticos establecidos y; considerando que la violación de las normas y las leyes vigentes desembocará en salidas costosas e ineficientes, ante lo cual se sujetan y habitúan a la resolución de los conflictos dentro de los límites que esta les impone.
De allí se deriva nuestra cuarta conclusión: Para que se consolide la democracia es indispensable, entre otras cosas, que las instituciones democráticas garanticen las libertades civiles y políticas de los ciudadanos, así como el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión; actúen sujetas a los lineamientos de la ley; sean útiles y eficientes para garantizar la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía; ofrezcan a los miembros de la sociedad un trato igualitario, sin discriminaciones de raza, sexo, condición socioeconómica y/o género; protejan a los ciudadanos del arresto injustificado, del exilio, del terror y de la tortura; mantengan el compromiso democrático de manera que sean consistentes con sus principios básicos, con el fin de garantizar un conjunto más amplio de derechos a la población y lograr que el régimen se legitime.
Sin lugar a dudas, en el contexto de la democracia latinoamericana en mayor o menor medida las diversas instituciones democráticas enfrentan obstáculos que cuestionan la funcionalidad del desempeño institucional para la consolidación del régimen. El concepto “máximo” de la democracia se presenta marcadamente como utópico si tenemos en cuenta que la democracia ha estado conviviendo con: 1) niveles elevados de violencia, pobreza, desigualdad, injusticia, ilegalidad; 2) déficit de legitimidad institucional; 3) estructuras militares y policiales con rezagos autoritarios y poco subordinadas al control civil; 4) predominio de valores y principios autoritarios sobre los democráticos; (5) la ausencia de un sistema de partidos fuertes y auge de los sistemas hegemónicos; (6) ausencia de garantías para la realización de elecciones libres y limpias, como consecuencia del uso privilegiado del presupuesto público y de los medios de comunicación; (7) introducción de leyes ciudadanas excluyentes que violan las normas democráticas de inclusión y que restringen los mecanismos de democracia directa; (8) la amenaza de los actores antisistema; entre otros.
Pese a los avances y la ola de reformas constitucionales que han acontecido en los diversos países, la democracia continúa conviviendo con dichos problemas. En algunos casos se hace evidente el legado autoritario y/o el retroceso legal que se ha presentado con la formulación de algunas reformas y políticas públicas que impactan de manera significativa el desempeño institucional, en la medida en que obstaculizan la adaptación y la cristalización de las estructuras, las normas y los valores democráticos, por lo cual la consolidación del régimen continúa siendo un reto”.
16/09/2024 a las 2:38 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
El forzoso giro de Milei hacia la fase de resistencia
Jorge Liotti
Fuente: La Nación
(*) Notiar.com.ar
15/9/024
Recién habían pasado las tres de la tarde del miércoles cuando los celulares de las principales figuras del oficialismo se empezaron a cargar de mensajes de alegría, felicitaciones y sobre todo, de alivio. La Cámara de Diputados acababa de rechazar el intento de insistencia contra el veto que frenó la fórmula de actualización jubilatoria gracias al apoyo de los “87 héroes”. Sólo se entiende el calificativo que utilizó Javier Milei para definir a esos legisladores si se tiene noción de lo que sintió que estaba en juego en esa movida. “Si nos torcían el veto, el Gobierno estaba terminado”, definió después un importante ministro, con una dosis de exageración, pero también como reflejo de la percepción interna que imperaba.
En los días previos varios funcionarios habían compartido la impresión de que un triunfo opositor hubiera generado una sensación de ingobernabilidad que hubiese impactado muy negativamente en los mercados y que ese camino conducía a una profunda crisis de credibilidad. Tal fue el desahogo presidencial que el mismo Milei propuso organizar un asado el martes en Olivos para agasajar a los titanes de la institucionalidad. Otro deja vú de las viejas tertulias nocturnas del menemismo, que quizás Yuyito González alguna vez le contó.
En las últimas semanas el Gobierno debió pasar de la ofensiva reformista de los primeros meses, en los cuales llegó a conseguir 147 votos en junio para la Ley Bases, a la fase de la resistencia con 87, una licuación de 60 adhesiones. Este giro se expresó no sólo en la defensa del veto jubilatorio sino además en la decisión de resistir cualquier intento de condicionamiento opositor. Por eso Milei no dudó en vetar también la ley de financiamiento universitario, a pesar de que en la reunión de gabinete del viernes algunos funcionarios, como Guillermo Francos, Lisandro Catalán y Sandra Pettovello, plantearon la inconveniencia de volver a exponerse a una insistencia y, peor aún, a otra marcha masiva similar a la de abril. “En todo lo que podamos evitar un retroceso lo vamos a hacer, porque una vez que cedés en un tema, vienen por todo. Y esto vale para las jubilaciones, las universidades, acceso a la información. No es sólo una cuestión de impacto en las cuentas”, argumenta una figura cercana al presidente.
El cambio hacia la fase de resistencia no fue una elección voluntaria; se impuso el instinto de preservación. Ocurrió después de esos dos días de pesadilla de agosto, en los que sufrió tres derrotas legislativas consecutivas. En ese momento se activaron todas las alarmas porque las votaciones habían aglutinado a una oposición que orillaba los dos tercios de ambas cámaras, la cifra mágica que permite condicionar a una gestión con leyes e insistencias, o avanzar con un juicio político. Preocupó especialmente la posibilidad de que se naturalizara esa debilidad institucional y que ese ejercicio de domesticación al Gobierno se transformara en el umbral del precipicio.
De allí surgió la novedad más importante hasta ahora en cuanto a dinámica de gestión: la mesa chica de los martes, que el Presidente comparte con su hermana Karina, Santiago Caputo, Francos, Patricia Bullrich, Martín Menem y Manuel Adorni. Allí no se habla de gestión ni de los números que siempre seducen al líder libertario; se discute sobre el poder. Francos venía reclamando una instancia de coordinación superior a partir de las profundas carencias que venían exponiendo, y Bullrich se sumó con un planteo determinante frente al propio Milei, en el que incluso le llegó a mencionar el antecedente de Aníbal Ibarra: “Nos ganaron con dos tercios, eso quiere decir que te pueden voltear. Vos sabés de economía, pero yo estudié ciencias políticas y te puedo asegurar que si no podemos garantizarnos un tercio a favor, estamos en peligro”. La ministra se había mantenido hasta ahí replegada en los temas de seguridad, consciente de que no tenía margen para el juego político. Desde entonces quedó habilitada para operar fuera de su cerco.
En la club de los martes se acordó revalorizar el papel de Francos como nodo de las gestiones políticas, para evitar la interlocución desacoplada de los vicejefes de Gabinete, José Rolandi, y Catalán, y las negociaciones paralelas de Santiago Caputo, quien se corrió de la interlocución con el Congreso. Pero surgió un problema: Francos no está en las mejores condiciones para asumir más tareas. Su reciente internación generó preocupación y en su regreso a la actividad no se lo vio pleno. Habló del tema con el Presidente, quien no sólo lo valora sino que lo considera una pieza clave. El funcionario le anticipó que buscaría moderar su ritmo de trabajo, algo que se contrapone con lo que se había conversado en la mesa chica. Francos venía de sufrir un fuerte disgusto cuando fue desautorizado públicamente por decir en Diputados que podrían revisar la polémica reglamentación del acceso a la información. Tuvo una fuerte discusión con Adorni y le hizo llegar directamente su enojo a Caputo. “Lo puteó en serio. Tenía que ponerles un límite. Su rol de informar ante el Congreso está en la Constitución y no puede ser cuestionado por un asesor sin firma. Debía poner cierto orden, sino para qué está”, refrendó una de ellas. Hay un futuro que aún no está escrito con el tema Francos.
SI SE TIENE QUE DOBLAR, QUE SE DOBLE
Bullrich, junto con Luis Petri, venía hablando con los cinco diputados radicales que esta semana terminaron embriagados en una foto en la Casa Rosada con el propio Presidente. Había insistido muchas veces con esa movida, pero recién ahora recibió el visto bueno del “triángulo de hierro”. Cuando Martín Menem los llamó para invitarlos a la Casa Rosada, los diputados Mariano Campero, Pablo Cervi, Martín Arjol, José Tournier y Luis Picat entendieron que estaban cruzando el Jordán. Instruido por el ala política, Milei les mostró su rostro más amigable, el que se reserva para la intimidad y el que contrasta con la imagen de líder agresivo que gusta exhibir en público. Les prometió un diálogo fluido, los invitó a que le hicieran preguntas y hasta les confesó que había cambiado su parecer sobre el Mercosur: “Me di cuenta de que es necesario para negociar con la Unión Europea y como puerta de vinculación con el mundo”. Al salir nomás, el otro Menem, Lule, los llevó a su despacho y les ofreció la promo “primavera libertaria”. Les dijo a los radicales que si estaban dispuestos, en sus distritos podrían armar mesas provinciales conjuntas con vistas a las legislativas del año próximo. Por lo bajo les admitió que apuntaban a renovar el perfil de los candidatos de La Libertad Avanza, agotados de los escándalos internos, entre patitos de cotillón y visitas a represores. En el Gobierno creen que con el correr de los meses habrá más legisladores interesados en aprovechar el hot sale electoral.
Pero el regreso de los “héroes” al Congreso exhibió la crisis profunda que atraviesa la UCR. Los más duros, como Fernando Carbajal, Carla Carrizo, Pablo Juliano y Facundo Manes, los acusaron de traidores y descargaron toda su furia contra ellos. Campero les respondió a los gritos y Vicat trató de argumentar: “Lo hicimos por convicción, corría peligro la gobernabilidad. No estamos de acuerdo con el giro que dimos desde el acompañamiento al Gobierno a empezar a votar junto al kirchnerismo”. El jefe de bloque, Rodrigo de Loredo, quedó en medio del fuego cruzado, bajo un fuerte cuestionamiento. Unos pocos trataron de llevar armonía para mantener la unidad, entre ellos Fabio Quetlas y Martín Tetaz. “Es inviable seguir así, o fingimos demencia o ellos se van a un bloque aparte”, concluyó uno de los cinco colaboracionistas. No sospecha lo que le espera del otro lado. Martín Lousteau, titular del partido, y Gastón Manes convocaron para mañana a la convención partidaria para debatir una suspensión provisoria de los diputados, hasta que se expida el órgano disciplinario. “El partido va a camino a definir quién está adentro y quién afuera. Los que cruzaron una línea, no tienen vuelta atrás”, definieron en el entorno del senador porteño.
El Gobierno, feliz por el éxito parlamentario de la “operación Alem”, no prestó atención a los efectos internos que había causado en el radicalismo. Por eso al día siguiente se armó otra puesta fotográfica con los senadores aliados, con el objetivo esencial de postergar la embestida opositora contra el DNU de los $100.000 millones reservados para la SIDE y de frenar la ley de financiamiento universitario. Milei volvió a sentarse en la cabecera por segundo día consecutivo, demostrando que mantiene activado los sensores del pragmatismo cuando hace falta (igual al terminar les advirtió en tono jocoso a sus armadores: “La cuota política de esta semana ya está cubierta”).
A su lado se ubicó Victoria Villarruel, quien venía completamente marginada de las negociaciones. Fue una iniciativa de Francos, previo aviso a Karina Milei, para evitar disgustos. Pero la vicepresidenta no retribuyó con simpatías. Exhibió abiertamente su malestar y casi no abrió la boca; sólo hizo acotaciones reglamentarias. El problema con la ruptura entre ella y los Milei ya no pasa por la inquina personal, sino por la afectación operativa. En la Casa Rosada pasaron de decir que no podían contar con ella para armar las sesiones, a plantear que se transformó en un doble agente. En su despacho del Senado, en tanto, Villarruel montó un esquema de detección de operaciones libertarias. Sus soldados miran hacia atrás, atentos al fuego amigo de la retaguardia.
Sin embargo, el personaje que al final de la historia terminó siendo el más gravitante de esa jornada no fue ninguno de ellos, sino el sobrio jefe de los senadores radicales, Eduardo Vischi, hombre el gobernador correntino Gustavo Valdés. Si bien siempre muestra una inclinación natural de respaldo al oficialismo intuyó una rebelión similar a la de Diputados y por eso al volver al Senado no firmó la nueva acta de sesión que excluía el tema SIDE. Cuando fue al bloque, encontró el escenario esperado: una fuerte resistencia a mantenerse junto al Gobierno y una presión para avanzar con los fondos universitarios y rechazar las partidas de inteligencia. No era sólo Lousteau; era la mayoría. Buscó forzar una votación y perdió 9 a 3. Sólo lo acompañaron Víctor Zimmerman y Mariana Juri. Incluso a la noche del jueves, con la sesión ya avanzada volvió a convocar a toda la bancada para hacer un último intento y fracasó. Su situación como jefe del bloque quedó fuertemente debilitada. Según uno de sus colegas, “confluyeron varios factores. La prescindencia de los gobernadores, que están cansados de que no les cumplan; el hostigamiento de los libertarios y el impacto de la foto con los cinco diputados. Fue un exhibicionismo contraproducente porque los expuso demasiado”.
Para el Gobierno fue un golpe muy duro, porque la misma lógica que le había funcionado el día anterior en Diputados, fracasó el jueves en el Senado. Los límites de la táctica fotográfica quedaron expuestos en un dato insoslayable: ninguno de los senadores que se sentó en la mesa de la Casa Rosada votó en línea con los dos temas que les había pedido el Presidente, excepto el libertario Ezequiel Atauche. Vischi votó a favor del financiamiento universitario (que el Gobierno quería frenar) y en contra del decreto de la SIDE; Luis Juez, Edgardo Kueider, Carlos Espínola y Beatriz Ávila, votaron a favor en ambos temas; y Juan Carlos Romero y Lucila Crexell, lo hicieron a favor en las universidades y se ausentaron con el decreto.
Y ahí es donde se visibiliza el cambio estructural que está operando en el tablero político en los últimos meses. Así como el triunfo electoral de Milei representó el fin de casi dos décadas de bicoalicionismo, la secuencia de estos últimos meses abrió la escena a una verdadera atomización del sistema, una “cantonización” de la política. Es una etapa de absoluto desorden, donde no existen alineamientos ni reglas, en el cual cada actor resuelve en función de sus intereses.
Cansados de los incumplimientos, los gobernadores aliados están distanciados de la Casa Rosada y apenas se mueven en algunas circunstancias. Sólo basta mirar cómo operaron algunos cercanos como Ignacio Torres o Rogelio Frigerio, que dividieron sus legisladores entre apoyos y ausencias, o incluso Alfredo Cornejo, que mandó a los suyos a votar a favor de la actualización jubilatoria. Esta vez el Gobierno no los llamó, en un cambio de la estrategia utilizada con la Ley Bases y el pacto fiscal. De fondo subyace la idea libertaria de reducir el nivel de interacción económica con los gobernadores y promover una federalización extrema, donde las provincias asuman el control total de la salud, la educación, las obras públicas, las cajas previsionales y el transporte. Algunos hasta se imaginan un nuevo mecanismo de coparticipación. Dentro del Congreso, todos los bloques tienen fisuras y deserciones, y se volvió habitual votar divididos. Los jefes de bancada ya no garantizan una posición uniforme, mucho menos los líderes partidarios.
Frente a este ecosistema caótico Milei tomó una decisión fundamental: eludir la tentación de reconstruir el sistema a su favor. Desoyó las voces que le recomendaron rearmar una mayoría propia desde las ruinas del viejo régimen. Uno de ellos fue Mauricio Macri. El Presidente, asistido por Santiago Caputo, interpretó que de tomar ese camino se transformaría en parte de la política clásica, mutaría en un acuerdista tardío. Prefirió mantener la identidad, el perfil de outsider eterno. Mantener la libertad de poder volver a guerrear cuando sienta que el consensualismo está haciendo metástasis en su accionar. Unas fotos con la casta pueden funcionar; una alianza, ya es un exceso.
Milei optó por un novedoso sistema de hegemonía unipolar en minoría. Ante la falta de peso de los otros liderazgos, él es el único eje alrededor del cual se mueve la política. Pero lo hace sin el poder suficiente ni la vocación para ordenar al resto de los actores. Es previsible entonces que la Argentina haya pasado a una etapa líquida, donde todo fluye constantemente, en general sin orden. Y el Presidente no se siente tan a disgusto en ese contexto, aunque se haya visto forzado a pasar del reformismo refundacional a la fase de resistencia
16/09/2024 a las 2:40 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
El sistema que fundió el manual cristinista
Fernando Laborda
Fuente: La Nación
(*) Notiar.com.ar
15/9/024
Costará siempre entender su recurrente obsesión por el lenguaje soez y por ilustrar sus discursos con metáforas sodomizantes hacia sus adversarios. Pero a Javier Milei habrá que reconocerle un valor poco frecuente en la Argentina: el de aferrarse a ciertos principios económicos sin preocuparse por el costo político de ir contra la corriente. Su veto total a la ley de movilidad jubilatoria sirve de ejemplo.
El Presidente ratificará hoy, al presentar el proyecto de ley de presupuesto 2025, su compromiso con el déficit fiscal cero y su voluntad de recurrir al veto cada vez que sea necesario para impedir que cualquier norma lo aparte de esa senda.
Aun cuando discrepen de Milei en no pocas cosas, dirigentes macristas reconocen que el primer mandatario se ha tomado muy en serio una regla con frecuencia obviada en los últimos años, como la que establece el artículo 38 de la ley de administración financiera, según el cual “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.
Tanto el Gobierno como los operadores del mercado bursátil festejaron como una victoria la ratificación del veto a la ley de movilidad jubilatoria. Pero esta decisión tuvo también el sabor de una derrota en la opinión pública. Lo propio podría ocurrir si se procediera de igual forma con la flamante ley de financiamiento universitario, cuyo veto por el Poder Ejecutivo ya fue anunciado.
Desde el enfoque de la administración financiera, el criterio de Milei puede resultar inobjetable. Pero desde una óptica comunicacional, es casi imposible que muchos jubilados y no pocos estudiantes y docentes de la universidad pública no perciban que el calificativo de “degenerados fiscales” que les dispensó Milei a muchos legisladores es también un improperio hacia ellos mismos.
Claro que mientras el kirchnerismo siga demostrando que solo tiene un gran pasado por delante, Milei podrá confiar en que tiene buenas probabilidades de retener la mayoría de los votos que cosechó en el balotaje de noviembre último. El mayor protagonismo de la líder del kirchnerismo puede seguir uniendo a ese electorado por el espanto ante un retorno al pasado más que por verdadero amor.
La irrupción pública de Cristina Kirchner, quien volvió a hablar de economía anteayer durante un acto en la Universidad Nacional del Oeste, en la localidad bonaerense de Merlo, pareció favorecer una vez más al actual jefe del Estado. En este caso, la expresidenta lo instó a “largar a Milton Friedman y la escuela austríaca y cazar el manual argentino”, al tiempo que sostuvo que “la casta de la que él habla es la casta con la que pudo joder a los jubilados”.
¿Qué autoridad para hablar del sistema previsional puede tener quien cobra una obscena jubilación de privilegio que equivale a 93 haberes jubilatorios mínimos? Unos 28 millones de pesos percibe mensualmente Cristina Kirchner por su jubilación y la pensión que heredó de Néstor Kirchner, contra solo algo más de 300.000 pesos, con bono adicional incluido, que recibe la mayoría de los jubilados.
Muchos de quienes hoy se jactan de estar a muerte con los jubilados son responsables de haber convertido el sistema previsional en una variable de ajuste para financiar los gigantescos gastos del Estado, que terminaron solventando los aportantes con haberes jubilatorios vergonzosos en función de las contribuciones efectuadas a lo largo de su vida laboral. Los fondos de la seguridad social fueron durante demasiado tiempo una monumental caja de la cual, en distintas épocas, se sirvieron discrecionalmente los dirigentes políticos para hacer frente al déficit fiscal derivado de la irresponsabilidad y de la corrupción. El kirchnerismo no ha sido la excepción.
Por supuesto que la inequidad que representa la existencia de exorbitantes jubilaciones de privilegio es solo una parte de la gigantesca crisis del sistema previsional argentino, cuyo dato central es su insolvencia, en virtud de que hay apenas 1,5 aportantes por cada uno de los 7,2 millones de beneficiarios de jubilaciones o pensiones, según datos de junio de este año ofrecidos por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, cuando la proporción sostenible no debería ser inferior a 3,3 aportantes por beneficiario.
En los 16 años que gobernó el país, el kirchnerismo acentuó la crisis del sistema previsional, ofreciendo parches demagógicos antes que la búsqueda de soluciones progresivas e integrales. Desde 2003, se pusieron en marcha sucesivas moratorias que incrementaron en más de cuatro millones el número de beneficiarios de jubilaciones y que, en su mayoría, eran personas que nunca habían efectuado aportes previsionales o que los habían hecho de modo insuficiente. Se intentó justificar esas medidas de excepción por el hecho de que el país había atravesado más de un proceso hiperinflacionario y picos de desocupación que tornaron muy dificultoso cumplir con los aportes jubilatorios de rigor a mucha gente. Lo que no se aclara desde el kirchnerismo es que, en las dos últimas décadas, sus gestiones horadaron el sistema laboral legal, aumentando el trabajo informal, anteponiendo planes y subsidios por sobre el empleo formal y saturando así el sistema con la inclusión de cada vez más jubilados sin aportes previsionales en detrimento de quienes cumplieron con todas sus obligaciones durante al menos 30 años de servicios.
La era kirchnerista dio lugar también a una alta litigiosidad derivada de la manipulación de la movilidad, que generó que los haberes jubilatorios mínimos aumentaran en mucha mayor proporción que el resto, contribuyendo a achatar la pirámide.
Según un trabajo del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), entre los años 2002 y 2006 la inflación minorista creció el 74% y el haber jubilatorio mínimo el 160%, pero los haberes previsionales superiores a 1000 pesos de entonces no experimentaron ningún ajuste. Así, casi tres cuartas partes de los haberes previsionales pasaron a ser mínimos, en oposición al principio según el cual deben ser proporcionales al esfuerzo efectuado durante la vida activa del trabajador. La enorme licuación en el valor real de los haberes jubilatorios más altos motorizó juicios contra la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y, años después, la propia Corte Suprema dio sustento a una ola de demandas.
Paralelamente, durante la gestión de Cristina Kirchner se puso fin al régimen de capitalización de las AFJP, que fue estatizado. Se pudieron haber remediado los defectos del sistema privado de jubilaciones con determinados retoques que incluyeran una disminución de las elevadas comisiones que percibían las AFJP; sin embargo, las autoridades de entonces prefirieron incautar los fondos y pasar a todos sus aportantes al régimen de reparto estatal, que se tornó aún más inviable. El déficit fiscal comenzó a ser financiado con los excedentes de la seguridad social, al tiempo que las inversiones de los ahorros estatizados comenzaron a ser administrados con criterios altamente discrecionales.
Llegamos a nuestros días con un sistema previsional fundido. Nada menos que el 59% del total de jubilados y pensionados accedió al beneficio mediante moratorias, sin haber completado la totalidad de los aportes que exige la ley. Solo el 20% de las nuevas jubilaciones y pensiones que se otorgaron en 2023 fueron sin moratoria; este porcentaje apenas mejoró en el primer semestre de 2024 al 30%.
Esta situación tiene su origen en la elevada tasa de informalidad laboral, que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) llegó en la Argentina al 50,4% el año último. Se trata de un porcentaje bastante lejano al de países de la región, como Brasil, que tiene el 37,6%, o Uruguay, que alcanza al 26,4%, e incomparable con el del promedio de los países de la OCDE, que es inferior al 5%.
Durante 2023, solo el 51% de los recursos de la Anses correspondió a aportes y contribuciones sociales. El 41% se explica por el redireccionamiento de los ingresos por impuestos no vinculados al trabajo y el 8% restante deriva de las rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
En consecuencia, la situación financiera de la Anses se ha tornado más que preocupante en la actualidad, con el agravante dado por el aumento de la expectativa de vida y la baja en la tasa de nacimientos.
La discusión de hoy no solo debería pasar por cómo recomponer los haberes jubilatorios, mayormente muy por debajo de la línea de pobreza, sino también por la manera de devolverle sustentabilidad a un sistema fundido por la irresponsabilidad de más de una generación de dirigentes. No hay más margen para el populismo ni para esconder la realidad.
En el marco del compromiso suscripto por Milei y 18 gobernadores provinciales en el Pacto de Mayo por “una reforma previsional que le reporte sustentabilidad al sistema y respete a quienes aportaron toda su vida”, en el Gobierno se trabaja en un borrador de proyecto de ley que contemple equiparar la edad de jubilación de hombres y mujeres –hoy se jubilan a los 60 y 65 años, respectivamente–, junto a la posibilidad de elevar la edad base de retiro, para aumentar la proporción de trabajadores aportantes a la seguridad social por cada jubilado o pensionado. Y no se descarta volver a un modelo de capitalización de gestión, como el que rigió entre 1993 y 2008. Pero nadie piensa que una reforma de este tipo pueda ser debatida en el Congreso antes de las elecciones de renovación parlamentaria de 2025.
Más temprano que tarde, el Presidente deberá encontrar mecanismos que, sin apartarse de la responsabilidad fiscal, le permitan descomprimir la angustiante situación que padecen muchos adultos mayores, y dejar atrás el mote de “insensible” que se le asigna en vastos sectores de la población. Es claro que las soluciones no provendrán del “manual argentino” que propicia Cristina Kirchner y en el que encontraremos precisamente las causas del problema.
16/09/2024 a las 3:00 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
La implosión que arrasó a la política
Joaquín Morales Solá
Fuente: La Nación
(*) Notiar.com.ar
15/9/024
Los constituyentes de Santa Fe escribieron el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución señalando que el presidente puede firmar decretos de necesidad y urgencia (DNU) siempre que existan “circunstancias excepcionales” que hagan imposible seguir los trámites parlamentarios ordinarios para aprobar leyes. Ningún presidente respetó luego las “condiciones excepcionales” exigidas por la Constitución. Milei, tampoco. En 2006, la entonces senadora Cristina Kirchner escribió con trazos monárquicos la reglamentación de esa disposición constitucional: los decretos de necesidad y urgencia solo podían ser rechazados por el Congreso con el voto negativo de las dos cámaras del Parlamento. Cualquier proyecto de ley se considera rechazado por el Congreso cuando lo desaprueba una sola de las dos cámaras. Todo tiene su explicación: el marido de la senadora Kirchner, Néstor, era entonces el presidente de la Nación y quien podía firmar decretos de necesidad y urgencia. La historia viene a cuento porque el viernes el Senado rechazó por primera vez un DNU, ese recurso que existió siempre de hecho o de derecho. La Cámara de Diputados le había rechazado antes a Milei su DNU sobre la SIDE. Javier Milei se convirtió así en el primer presidente argentino con un DNU rechazado. Ese DNU que se transformó en papel mojado disponía de 100.000 millones de pesos adicionales como dinero reservado para el servicio de inteligencia. Dinero reservado es un atajo verbal para decir que nadie deberá rendir cuentas nunca de cómo se gastaron esos recursos públicos. El Presidente tiene a veces la ventaja de una implosión axiomática de casi todos los partidos políticos (incluido el suyo, cómo no), pero otras veces esa condición gaseosa de la cosa pública le juega en contra.
La crisis interna del radicalismo, por ejemplo, quedó expuesta cuando cinco diputados radicales se apartaron del bloque de su partido para votar a favor del veto presidencial al nuevo régimen de aumentos para los jubilados. El conflicto mayor no consistió en que hayan disentido de la opinión mayoritaria del radicalismo, autor del proyecto de ley vetado por Milei, sino en la forma en que lo hicieron. En lugar de explicar su posición desde sus bancas y retomar la normalidad de sus vidas (actitud que nadie podría haber objetado con buenas razones), corrieron a la Casa de Gobierno para fotografiarse con Milei. Nadie les pidió tanto; solo les pedían sus votos. ¿Otra vez la “borocotización” de la política? Al día siguiente, uno de los cinco disidentes, Martín Arjol, se pavoneó declarando que “si el partido me quiere echar, que me eche cuanto antes”. Una herejía para la tradición de lealtad al radicalismo por parte de sus afiliados. No obstante, el problema no viene de ahora. Tal vez el mayor síntoma de la crisis radical se vio cuando ese partido con 130 años de historia (y con la mejor estructura partidaria nacional que existe) eligió como presidente de su comité nacional a un político que no es radical o no lo fue durante la mayor parte de su vida pública. Martín Lousteau, que fue funcionario de Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires y de Cristina Kirchner en el gobierno nacional, autor de la resolución 125 que descerrajó la guerra con el campo, accedió al liderazgo partidario por un increíble acuerdo político con el exgobernador de Jujuy Gerardo Morales. El radicalismo tuvo candidatos a presidente, a senadores y a diputados que no fueron radicales, pero siempre el presidente del partido fue un dirigente con una importante trayectoria en esa organización política. El radicalismo se quedó sin brújula desde la muerte de los líderes de las dos viejas líneas internas: Raúl Alfonsín, que comandaba la izquierda moderada de las posiciones partidarias, y Fernando de la Rúa, que hacía lo mismo con la centroderecha. En rigor, ese partido debe arreglárselas con alianzas electorales desde el mal final de los dos gobiernos presididos por radicales en los últimos 40 años: el de Alfonsín y el de De la Rúa. Y nunca está cómodo. Ni con Roberto Lavagna ni con Mauricio Macri, tal vez porque no puede encontrar su norte ideológico. La crisis radical es tan profunda que el presidente del partido y también senador, Lousteau, suele votar contra la opinión del bloque del partido que preside. Lousteau tiene opinión sobre los aumentos a los jubilados o sobre el dinero extra para la SIDE, pero nunca se expresa sobre la candidatura de Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema. Su socio político, el caudillo radical de la Capital Emiliano Yacobitti, es amigo del padrino de Lijo, el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti. Yacobitti firmó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados por el que se cambia la forma de elegir al presidente de la Corte Suprema, hecho a medida para que Lorenzetti regrese a la presidencia del máximo tribunal. Los que apoyan a Lijo recobraron cierta esperanza desde que, aseguran, se juntaron más firmas (seis o siete, aunque se necesitan nueve) para el imprescindible dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos. En fin, el radicalismo ya ni siquiera está en Juntos por el Cambio, que fue la última alianza que enhebró con el macrismo, la Coalición Cívica y el peronismo republicano de Miguel Ángel Pichetto. Juntos por el Cambio es ya solo una nostalgia de los que no son peronistas.
El día que José Mayans, un senador formoseño, seguidor ciego del interminable caudillo Gildo Insfrán y domesticado en la disciplina de obedecer y acatar, le preguntó públicamente a Cristina Kirchner si no creía que ella debía pasar por un psiquiátrico, quedó expuesta la crisis peronista. Mal que les pese, Cristina Kirchner es la única líder del peronismo que queda en pie. Nunca podrá llegar sola a ninguna parte porque solo lidera el 20 por ciento del electorado, pero no hay otro peronista que tenga más adhesiones (o iguales) que ella. ¿Es casualidad, acaso, que Milei haya convertido a la expresidenta en su adversaria preferida? Cuidado: el gobierno de Macri también jugó ese juego y terminó con Cristina Kirchner (Alberto Fernández mediante) en el gobierno nacional. A su vez, el peronismo no kirchnerista es solo una caravana de sonámbulos. ¿Pruebas? La semana pasada fue reelegido Ignacio Lamothe como secretario general del Consejo Federal de Inversiones; el CFI es la casa federal de los gobernadores que ni siquiera incorporaron nunca a la Capital Federal. Lamothe, un dirigente que adhiere a la conducción de Eduardo “Wado” de Pedro, y por lo tanto de Cristina Kirchner, fue apoyado por la unanimidad de los gobernadores peronistas. Ya no se trata de la adhesión de legisladores; son los gobernadores los que no pueden deshacerse de la expresidenta. Ella, astuta y contradictoria, hasta firmó un documento en el que criticó al peronismo, entre otras cosas, por no haber revertido el déficit fiscal y no haber hecho una reforma laboral que resolviera el problema de los que trabajan en negro. Dice un gobernador peronista: “El peronismo es como esas familias que quieren reformar la casa, pero no pueden sacar los muebles porque tropiezan en la puerta principal con un obstáculo infranqueable. Se llama Cristina Kirchner”. Es decir: no pueden hacer nada porque ella está en la puerta principal.
El partido que fundó Macri, Pro, no termina tampoco de cerrar sus heridas internas desde la guerra interminable entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Ellos creían que el que ganara esa contienda sería el próximo presidente del país; no veían las encuestas (sobre todo Rodríguez Larreta, que las compraba a precio mayorista), porque estas venían anticipando el crecimiento de un outsider de la política que fue el siguiente presidente. Fue Milei, en efecto. Consecuencia: en la votación que ganó el rechazo al DNU de Milei sobre los fondos reservados de la SIDE, dos senadores de Pro votaron a favor de la decisión presidencial y tres senadores del mismo partido votaron por su rechazo. A pesar de que Macri apuntaló su liderazgo en Pro, todavía existen neutrones libres fuera del núcleo macrista. Macri no se alejó de un apoyo en lo esencial a Milei, pero quiere marcar sus diferencias en temas institucionales: no está de acuerdo con la ampliación de los fondos reservados de la SIDE o con la candidatura de Lijo como juez de la Corte Suprema. Milei lo invita a comer seguido, pero luego toma distancia de él públicamente. Un matrimonio en el que el amor es esporádico.
A Milei le gusta la provocación. Llamó “zurdo” (una antigua manera de referirse a los izquierdistas) y miembro del Foro de San Pablo al director del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario, Rodrigo Valdés, aunque este no es zurdo ni integra el Foro de San Pablo. Valdés se apartó de la negociación con el gobierno argentino, según una versión inmejorable del FMI, porque ya le era difícil cualquier diálogo con un gobierno que lo había agredido tanto y que representa, al mismo tiempo, al país que es el principal deudor del Fondo. Valdés se retiró; nadie lo echó de una negociación que ya no quería. No fue la única provocación. Milei irá esta noche al Congreso a discursear para entregar el presupuesto 2025. No necesita hacerlo, mucho menos un domingo. No irá a hablar ante una Asamblea Legislativa, porque esta cumbre de senadores y diputados solo se convoca en tres ocasiones: cuando asume el presidente; en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el 1º de marzo de cada año, y cuando existe vacío de poder. Una decisión impolítica, un error caro, un acto inservible.
16/09/2024 a las 3:03 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Un Presidente colgado del
travesaño
Jesica Bossi
Infobae
15 de Septiembre, 2024
El principal activo de este Gobierno es el juego de simulación: el enorme poder comunicacional del Presidente lo muestra al ataque cuando en el fondo está tratando de que no le metan un gol tras otro.
No fue una buena semana para Javier Milei: debió echar al interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) por sospechas de corrupción, sostuvo con lo justo el veto al aumento jubilatorio, Patricia Bullrich quedó en medio de la polémica por una fake news, se sancionó un proyecto opositor que otorga mayor presupuesto a las universidades y, como hecho inédito, el Congreso le volteó un Decreto de Necesidad y Urgencia.
De esa lista de traspiés, preocupan en la Casa Rosada las que pueden tener impacto social. No es inocuo ir en contra de una medida que los jubilados sienten que los beneficia (a no ser que se anuncie algo para subsanarlo) ni tampoco de los estudiantes, que exhibieron la mayor movilización durante esta gestión en defensa de la universidad pública.
Otra vez, el Presidente deberá poner en marcha un operativo para blindar el inminente veto al financiamiento universitario. Será el segundo en nueve meses de mandato. La herramienta para anular una ley no es de uso infrecuente. Carlos Menem tiene el récord desde 1983, con 195 vetos (entre totales y parciales), pero son Fernando De la Rúa y Eduardo Duhalde quienes más los utilizaron si se miden en relación al lapso de tiempo que gobernaron, ambos en momentos extremadamente críticos.
El problema para el ejercicio del poder no es el uso de la atribución presidencial sino el desgaste cuando no se cuenta del colchón parlamentario para sostenerlo, es decir, un tercio de los votos. Le pasó a la Alianza en noviembre de 2001, cuando el Congreso insistió con una ley de pensiones que De la Rúa había vetado.
Milei claramente no es De la Rúa. Su liderazgo es indiscutido y hoy apuesta a generar de la nada (la presentación del Presupuesto) un hecho político. El Gobierno depende exclusivamente del apoyo de la gente a su figura, de una centralidad excluyente.
La baja sostenida de la inflación es la gran promesa de campaña de La Libertad Avanza, y en gran medida se está cumpliendo. Tanto es así que ya no aparece como principal preocupación en las encuestas, corrida por otras cuestiones como la pobreza y el empleo. El dato de agosto de 4,2% encendió alarmas porque el equipo económico preveía que sería debajo del 4.
Para el economista Alfonso Prat Gay, si se toma en cuenta solo la inflación núcleo, va en subida en los últimos tres meses y eso “interpela el diseño del modelo económico”. Es más, considera que Milei está en una trampa. “El Gobierno se comprometió a que todos los meses sea más baja la inflación. El dólar es uno de los precios más importantes de la economía y está intervenido. Si abren el cepo, sube la inflación y pierden una bandera política”, describió en Radio Mitre. O sea, hay cepo para rato.
Nada indica que el Presidente ceda en su hoja de ruta. Hoy, en la cadena nacional, ratificará su apego al déficit cero. La “ley de leyes” es lo único que realmente quiere sancionar en el Congreso.
A los tumbos en la Casa Rosada tejen alianzas muy frágiles, tema por tema, para sobrevivir en un territorio hostil. Milei tuvo que sacarse el lunes una foto con cinco “radicales con peluca”, en una puesta en escena que lo acerca pasito a pasito a la casta.
La negociación política se vuelve grotesca por varias razones.
1) Sigue habiendo varios interlocutores de parte del Gobierno. “Llaman Cochi, Mary, Santi, Lule, Catalán y Francos, y no siempre dicen lo mismo”, enumera un senador al referirse a José Rolandi, vicejefe de Gabinete; María Irarzabal Murphy, secretaria de Planeamiento Estratégico; Santiago Caputo; Eduardo “Lule” Menem; Lisandro Catalán, secretario de Interior; y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
2) Las conversaciones no son representativas ni consistentes por bloque. Es una negociación de enanos, cada legislador se presenta como jefe de sí mismo y hay que convencerlo con argumentos tan edificantes como oficinas de Anses, PAMI o Renaper en sus provincias, entre otros temas. Toma y daca.
Esto último fue lo que pasó con el radicalismo. El jefe de la bancada, Eduardo Vischi, se había comprometido a excluir el DNU de los fondos reservados para la sesión antes de hablar con sus compañeros. Cuando se los propuso, el ruido fue tal que el correntino no firmó el acta de labor parlamentaria del día anterior. El Gobierno ya debió haber sospechado para ese entonces que se venía un jueves negro.
La UCR en el Senado abrió varias ventanillas con la Casa Rosada: Vischi, Martín Lousteau, Maximiliano Abad, y también interviene a través de los gobernadores Gustavo Valdes, Alfredo Cornejo, Maximiliano Pullaro. “Deciles que no llamen a mi gobernador para apretarme porque no me conduce”, le dijo un senador radical a un colega de LLA. Las gestiones de desesperación caen así en la nada.
El Gobierno le dio épica al rediseño de la SIDE, un tema de poca relevancia popular. Hacer firmar al Presidente un decreto con una partida extra de $100.000 millones cuando aún no se había integrado la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia fue un error. Eso dio pie para que el debate se traslade directamente al recinto y, finalmente, sea rechazado debido al aporte invalorable de Mauricio Macri, en una lucha sin cuartel con Caputo. O “Rasputin”, como le gusta que lo llamen, en línea con su fascinación por personajes históricos perturbados.
Es cierto que la SIDE está desfinanciada, pero la historia que se tejió alrededor de la salida de Nicolás Posse acusado de hacer espionaje a los propios y la creciente influencia de Caputo y sus trolls no hizo más que enlodar el debate.
El grueso del presupuesto solicitado para la Secretaría iba a ser destinado a ciberseguridad, según justifican quienes están al tanto del plan. Esa agencia está dirigida por Ariel “Wata” Waissbein, un matemático especialista en criptografía que viene del mundo privado, cuyo trabajo es relevar las vulnerabilidades a las que está expuesto el país y montar un nuevo sistema de protección de datos. El principal gasto sería en recursos humanos para desarrollos.
No todo está perdido. En el Presupuesto 2025 que presenta Milei habrá un refuerzo para inteligencia pero además hay una gestión para resucitar el espíritu del DNU. Este martes está convocada una reunión secreta de la Comisión Bicameral de Inteligencia, presidida por Lousteau, para escuchar de boca de Sergio Neiffert, el detalle del objetivo y uso de la partida de fondos que aseguran desde la Casa Rosada que no se ejecutó más allá de un 5%.
Después del encuentro y teniendo en cuenta la reacción de los legisladores, el Gobierno decidirá un rumbo de acción. A Neiffert le dieron la tarea de generar confianza. El titular de la SIDE fue rebautizado como “Señor C”, ya no le dicen en la jerga “Señor 5″, por la oficina del quinto piso del edificio de 25 de Mayo. Los estrategas de Milei tienen devoción por las tramas de espías y sacaron ese apodo de las novelas de John Le Carre (”C” era por “Control”) y de la denominación usada en el MI6, el servicio secreto británico.
Muy simpático, el jefe de la SIDE se paseó por varios despachos oficiales durante la semana. “Con tu facha y mi plata, no nos para nadie”, le tiró Neiffert a un joven funcionario, jocoso, antes de que le voltearan el DNU. El chiste, quedó claro, fue de humor negro.