Por Hernán Andrés Kruse.-
EL DESEMPEÑO POLICIAL EN DEMOCRACIA
“El fortalecimiento y la legitimación de las instituciones democráticas es un reto pendiente en América Latina. Siguiendo las directrices establecidas por Schedler, Dahl y Diamond la consolidación democrática requiere: primero, la existencia de instituciones eficientes en la reducción de los conflictos; segundo, instituciones limitadas, subordinadas y controladas por el poder civil; tercero, instituciones cuyo accionar se caracterice por el respeto de los principios y los valores democráticos y cuarto, instituciones legitimadas.
Dentro del amplio conjunto de instituciones que conforman el Estado democrático, nos centraremos particularmente en el debate en torno a ¿cuáles deben ser las características del desempeño de una institución policial coherente con los principios del sistema democrático y, por ende, favorable a su consolidación? En democracia es indispensable que exista coacción. El monopolio de la fuerza, la coacción física del Estado, reside en las organizaciones militares y policiales cuyo principal objetivo es aplicar la violencia sistemática en miras de mantener en niveles aceptables el orden y la seguridad. “La policía es un instituto de administración positiva dirigido a hacer valer las limitaciones que la ley impone a la libertad de los individuos y de los grupos a fin de salvaguardar y conservar el orden público, en sus diversas manifestaciones: de la seguridad de las personas a la propiedad privada, de la tranquilidad de los conglomerados humanos a la protección de cualquier otro bien titulado con disposiciones penales” (Bobbio, Matteucci y Pasquino).
Dicha función policial permite sostener que “en un Estado democrático es necesaria la policía, una policía democrática” (Rico) que progrese constantemente hacia su modernización. Para ello, es esencial el desarrollo de políticas públicas, modelos institucionales e instrumentos de gestión especializados (López y Frühling) que rompan con el rezago de arbitrariedad que a lo largo de la historia documentada ha caracterizado el desempeño de estos cuerpos de seguridad (Cruz; Dahl). Tradicionalmente las fuerzas militares y policiales han participado en la vida política de los Estados operando al servicio de la defensa de los intereses de la burguesía, convirtiéndose en garantes del mantenimiento del statu quo, mediante la represión de movimientos sociales y ataques constantes a la población civil (Cruz; Dahl). Incluso en la actualidad varias investigaciones sostienen que miembros de los cuerpos de seguridad se han visto envueltos en escándalos de desapariciones y persecuciones en casi la totalidad de los países, afectando los niveles de seguridad y de consolidación democrática.
“El Estado juega un papel primordial en la reproducción de la violencia criminal. No solo porque la ineficiencia y negligencia de sus instituciones contribuye a reproducir y mantener sistemas de impunidad sino también, y sobre todo, porque en muchos casos es el Estado mismo, a través de sus instituciones y agentes, el responsable directo de los crímenes y actos de violencia que sufre la población” (Cruz). En democracia, la policía debe ser garante de los derechos ciudadanos “que forman parte integral del proceso democrático o son esenciales para él” (Dahl). No obstante, en algunos casos es posible que el cuerpo policial, en miras de maximizar el bienestar colectivo, transgreda ciertos intereses particulares debido a que generalmente “las decisiones vinculadas a los asuntos públicos son, en gran parte, decisiones sobre la distribución de los beneficios y los costos y las ganancias y los prejuicios” (Dahl).
Los cuerpos policiales, al tener la facultad del uso de la fuerza, con bastante regularidad enfrentan dicha dicotomía debido a que son ellos los responsables de hacer efectivo el derecho y se encuentran frecuentemente en contacto directo y constante con los ciudadanos, las víctimas, los victimarios y el crimen, por lo que sus efectivos están propensos a incurrir en malas prácticas policiales en el ejercicio de sus funciones, caracterizadas por el excesivo uso de la fuerza, el abuso de autoridad, la negligencia, la arbitrariedad y la corrupción, todo lo cual afecta su relación con la ciudadanía, el nivel de confianza que esta deposita en la institución y la percepción que tiene sobre la seguridad. Al ser “el uso de la fuerza física el rasgo más destacado de la actividad policial” (González), la cual puede ser usada, en nombre de la colectividad, para prevenir y reprimir la violación de las reglas que rigen al grupo, es posible que los miembros de la institución policial violen de manera temporal el ejercicio de los derechos de algunos ciudadanos. De allí, que el uso de la fuerza policial sea “un problema que es preciso gobernar” (Aimar), evitando que el desempeño policial infrinja los principios fundamentales de la democracia y termine estableciéndose como un obstáculo para la consolidación del régimen.
En democracia existen unos “derechos o intereses considerados inviolables y por ende superiores al proceso democrático mismo” (Dahl) que deben ser protegidos por las instituciones de seguridad y, en consecuencia, resulta inaceptable que el desempeño policial los transgreda. Es indispensable que la policía no se preste para la defensa de intereses políticos, ni sea instrumento para la violación de los derechos ciudadanos; al contrario, los cuerpos policiales deben ser garantes de los derechos constitucionalmente reconocidos y sus acciones deben enfocarse en alcanzar dicho objetivo. La consolidación democrática requiere la existencia de un cuerpo policial que, entre otras cosas, no utilice su principal potestad, el uso de la fuerza, de manera arbitraría, desigual, injusta y sesgada. De esta manera se evidencia que los atributos fundamentales de una institución policial democrática también incluyen la relación que esta tiene con los ciudadanos y la naturaleza de sus actuaciones, además de función elemental de prevención y control de la criminalidad (…).
Para que la policía pueda garantizar al ciudadano el libre y pacífico ejercicio de los derechos que la ley le ha reconocido, es indispensable que sea capaz de prestar un servicio público democrático caracterizado por: “a) la desmilitarización del servicio; b) un total respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos; c) la adopción y rigurosa aplicación de un código de deontología policial; d) la participación de todos los miembros del servicio y del conjunto de la población en la elaboración de las políticas policiales; e) la aceptación de la obligación de rendir periódicamente cuenta de sus actividades; f) la necesidad de que el servicio sea profesional e involucre en sus acciones la planificación, de la coordinación y de la evaluación de sus actividades” (Frühling).
Sin embargo, no basta con garantizar que el accionar policial sea respetuoso de los derechos del orden constitucional para que exista una policía favorable a la consolidación democrática. También es necesario que esta sea capaz de suplir las necesidades de los ciudadanos. El mantenimiento de la paz ciudadana tendrá repercusiones importantes sobre la forma en que los ciudadanos resuelven sus diferencias y la credibilidad que tienen en la Policía. En consecuencia, los problemas de seguridad ciudadana y convivencia que aquejan cada vez con mayor fuerza a la población, introducen reflexiones en torno a cuestionamientos aun más pertinentes cuando pensamos en que las instituciones competentes deben proveer seguridad dentro del marco de los principios fundamentales del sistema democrático. Entonces: ¿la policía debe proporcionar seguridad bajo qué circunstancias o condiciones?, ¿a qué costo?, ¿de qué forma?
Las exigencias actuales del Estado de derecho y del fortalecimiento democrático obligan a pensar en que el enfoque de la seguridad y las prácticas que se implementan para alcanzar los niveles requeridos por la sociedad están relacionados directamente con los conceptos de democracia y gobernabilidad, lo cual “configura un espacio sociopolítico determinante en las condiciones y la viabilidad de los esfuerzos” (Tudela). La democracia debe garantizar la seguridad, pero también la libertad, la igualdad, la justicia y ninguno de estos valores fundamentales deben transarse por la consecución del otro. Por tanto, es vital que en el afán de proveer seguridad no se transgredan los derechos de las personas reconocidos constitucionalmente. Así pues, “la búsqueda de seguridad debe ser coherente y complementaria con los propósitos del Estado y de la democracia y este desafío demanda la adecuada interrelación de las políticas y la gestión de los gobiernos enmarcados e inspirados en una visión de seguridad en democracia” (López y Tudela).
Actualmente el objeto de la seguridad ya no es el Estado sino el ciudadano a quien debe protegérsele y garantizársele sus derechos, sus libertades (Rico). De esta manera la seguridad no es en sí misma un fin, por el contrario, es una garantía para el ejercicio de los derechos y el bien social, por lo cual es fundamental que las instituciones de seguridad operen dentro del marco del Estado de Derecho y eviten la realización de prácticas que atenten contra su misión y la calidad de la democracia. Así, “la calidad de los servicios policiales y los modelos y estrategias empleados son claves, tanto desde una perspectiva sociopolítica (calidad de la democracia) como desde el punto de vista de las personas (inseguridad)” (Tudela).
Resulta fundamental para la consolidación democrática que las acciones de la institución policial se efectúen dentro de los parámetros del sistema democrático, lo cual “implica la supervisión del uso de los poderes policiales, no para que no se usen, sino para que se usen legítimamente” (López y Frühling). Las Policías generalmente tienen establecidos códigos de ética y de conducta para regular sus prácticas y enmarcarlas dentro del respeto de los derechos de los ciudadanos y el orden constitucional, con el objetivo de ser funcionales para el fortalecimiento del régimen. El concepto democrático más moderno de la doctrina policial significa simplemente que esta se someta a un código de conducta fundamentado en el respeto de los derechos humanos; que realice su función con una orientación de servicio público; que los efectivos que incurran en infracciones al derecho sean sancionados, y que este debe rendir cuentas ante la ciudadanía sobre las “estrategias que utiliza para protegerlo, la eficiencia o acuciosidad con la que despliega sus tareas y el respeto que demuestra por los intereses y valores de la democracia” (Frühling).
De allí, la necesidad de que incorporen elementos claves para estimular la transparencia, como las rendiciones de cuentas y el grado de accesibilidad que tengan los ciudadanos a la información pública para realizar ejercicios de control social. Para garantizar que el desempeño policial se adhiera a los principios democráticos es vital que la policía esté sometida a mecanismos de supervisión, internos y externos, que contribuyan a la consolidación de un desempeño policial más transparente, moderno y eficiente. “El avance hacia una policía sujeta a las reglas de la ley y respetuosa de los derechos de las personas, implica garantizar la responsabilidad de las conductas de la institución y de cada uno de sus representantes. Para ello se requiere construir sistemas de responsabilización policial que impliquen la existencia de controles coherentes y complementarios y que requieren la participación de distintas instituciones” (López y Frühling).
Sin embargo, es indispensable que aquellos quienes están a cargo de ejercer el control sobre el cuerpo policial también estén sometidos al proceso democrático. Además de que la policía esté sometida a la existencia de mecanismos e instituciones independientes abocadas al control de la actuación policial (accountability) y se preocupe por la calidad de la respuesta que ofrece a las demandas ciudadanas (responsiveness), debe ser más responsable ante la ley que ante un gobierno (Bayley). El hecho de que las instituciones de seguridad asuman un rol político también es inaceptable en democracia, debido a que no es válido que superpongan los intereses de grupos políticos y económicos, al bienestar colectivo.
Con base en lo hasta ahora planteado es posible arribar a nuestra quinta conclusión. La consolidación democrática requiere que el Estado sea capaz de garantizar la existencia de una institución policial que cumpla con las siguientes características: (1) que sea capaz de mantener los conflictos en un mínimo tolerable; (2) que se encuentre restringida, limitada, subordinada y controlada; (3) que sus integrantes, al igual que el resto de los ciudadanos del Estado, hayan sido capaces de interiorizar y reflejar en sus actos la tolerancia, el respeto por el pluralismo y por los principios fundamentales de la democracia y; (4) que se encuentre legitimada ante la población, es decir, que goce de altos niveles de confianza y los ciudadanos vean en ella la mejor opción para resolver sus diferencias y conflictos.
Si se analizan los principios de un cuerpo policial moderno señalados por Robert Peel, es posible encontrar luces sobre cuáles dimensiones deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar de forma integral el desempeño de dicha institución. Así pues, para que un país cuente con una policía moderna y funcional para el sistema democrático el autor señala que: 1) su misión debe ser prevenir la criminalidad y el desorden público; 2) su labor debe estar sometida a la aprobación pública de sus acciones; 3) debe asegurarse la libre cooperación de la ciudadanía en el acatamiento voluntario de la ley; 4) debe promover la disminución del uso de la fuerza; 5) debe demostrar constantemente un absoluto e imparcial servicio a la ley; 6) debe utilizar la fuerza física sólo en el grado necesario para asegurar el cumplimiento de la ley o para restablecer el orden cuando el ejercicio de la persuasión, exhortación y advertencias resulte ser insuficiente; 7) debe mantener una relación armónica y cercana con la población, reconociendo que el policía es ante todo un ciudadano más; 8) debe limitarse a la realización de su función sin usurpar los poderes del aparato judicial y; 9) debe reconocer que la prueba de la eficiencia policial era la ausencia de criminalidad y desorden, no la evidencia visible de la acción policial en el manejo de esas realidades.
Lo anterior nos permite sostener que el buen desempeño policial implica que la institución sea capaz de mantener el orden y controlar los niveles de criminalidad y violencia, es decir, que sus labores sean efectivas para el cumplimiento de su deber ser. En la búsqueda de dicho objetivo, el cuerpo policial debe hacer uso de la fuerza de manera limitada y recurrir a esta solo en casos extremos. Así mismo, su cercanía con la ciudadanía permite que se encuentre legitimada ante ella, más aún cuando la policía ha interpuesto la defensa de los intereses y derechos de la comunidad a los intereses políticos y económicos de grupos específicos, lo cual garantiza el trabajo conjunto en aras del bienestar colectivo. Un componente adicional que ha venido ganando peso dentro de las reflexiones teóricas sobre policía y democracia, radica en el hecho de separar las acciones policiales de las militares. “Una policía plenamente inserta en el sistema democrático responde a una doctrina civil (desmilitarización del servicio) que privilegia su rol junto a la ciudadanía, evitando actuaciones que la alejan de su misión fundamental y del respeto y promoción de los derechos humanos y civiles, y que es capaz de dar evidencias de esto y demostrarlo” (Tudela). En este sentido, resulta riesgoso que en aras de alcanzar mejores condiciones de seguridad ciudadana se estimule el trabajo conjunto de dos instituciones de seguridad (policía y ejército) que cuentan con procesos de formación de personal incompatibles y que persiguen objetivos distintos”.
CONCLUSIONES
“Tras la revisión teórica desarrollada hasta el momento es posible concluir que para determinar el grado de funcionalidad democrática del desempeño policial es indispensable que los países realicen un esfuerzo por observar y cuantificar las siguientes dimensiones: a) Efectividad en el control del delito y las contravenciones: La Policía debe garantizar el derecho de la sociedad a vivir en “paz ciudadana”, lo cual implica minimizar los delitos y las contravenciones que afecten la seguridad de los individuos que hacen parte de la unidad territorial donde opera. Para lograr dicho objetivo, debe contar con la colaboración de la comunidad y alejarse de cualquier trabajo conjunto con el ejército. b) Buenas prácticas policiales: El accionar de la policía debe caracterizarse por el respeto de los derechos ciudadanos reconocidos constitucionalmente, así como por el cumplimiento de los códigos, normas y leyes que regulan sus prácticas. Por ningún motivo, las prácticas policiales deben estar inmersas en escándalos de corrupción. c) Rendición de cuentas: La policía debe rendir cuentas de sus acciones y facilitar tanto el control social como el institucional (mecanismos internos y externos). Para ello, debe facilitar el acceso a la información, por parte de las personas naturales y jurídicas que la requieran, así como los procesos para realizar denuncias y seguimiento a los procesos. d) La policía debe gozar de altos niveles de legitimidad, lo cual implica contar con el respeto y el reconocimiento de la ciudadanía, por ende debe ser acreedora de su confianza, exaltada en su trato respetuoso, atento, diligente. Al ser el ciudadano “el cliente” de la gestión policial, la percepción que este tenga de ella es determinante en la evaluación de su desempeño”.
(*) María Eugenia Bonilla Ovallos (Universidad Autónoma de Bucaramanga-Colombia): “Demcoracia, desempeño institucional y cuerpos policiales” (Reflexión Política, volumen 17, Número 33, junio, 2015).
17/09/2024 a las 11:47 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Javier Milei busca recuperar el centro del escenario confrontando con los K
Walter Schmidt
Fuente: Clarín
(*) Notiar.com.ar
16/9/024
La presencia inusual de Javier Milei en el envío del presupuesto pareció responder a la necesidad del Gobierno de volver a poner a la economía en el centro del escenario político. Donde más cómodo se siente, como el primer Presidente economista y el único que puede aportar soluciones. Por supuesto, marcando distancia de los políticos que, dijo, tienen compulsión por el gasto público y le han robado al país para sus negocios.
Milei inauguró con su discurso la nueva grieta que, a modo de estrategia, predica el oficialismo. La que durante el fin de semana también buscó capitalizar Cristina Kirchner con críticas de stand-up hacia el libertario.
No es casual que los más cercanos al oficialismo, como los legisladores del PRO, a menudo transmitan desconcierto. Detallan el contraste de a veces ser halagados como lo hizo Milei sobre “los 87 héroes” que acompañaron al Gobierno en contra de la ley de aumento jubilatorio. Pero después, los libertarios hacen campaña filtrando los viajes que hacen los diputados con pasajes que les da el Congreso o la cantidad de asesores que tienen. Sin importar que pongan en jaque por tener contratados que paga el Senado pero ni siquiera trabajan allí, al segundo en la sucesión presidencial detrás de Victoria Villarruel, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.
En esa diferenciación con la “casta”, a la que apenas mencionó un par de veces este domingo, Milei buscó argumentar el veto a la ley jubilatoria. “El político sabe que cuando aumenta el gasto público le está poniendo plata en un bolsillo a la gente para sacarle el doble de otro”. De paso confirmó que firmará todos los vetos que sean necesarios, arrancando aplausos.
Por las dudas, recordó las decisiones “populistas” que salieron del Congreso como los aplausos por el default en la breve gestión de Adolfo Rodríguez Saá.
Esta vez, la confrontación fue con la bancada kirchnerista. Primero aludió a esa fuerza al denostar el populismo y la justicia social que, dijo, implica sacarle a unos para darles a otros. Habló del “Massazo del 2023”, en alusión a la herencia económica que le dejó el ex candidato Sergio Massa. Pero luego se dirigió al sector ocupado con los K e ironizó con que ellos: “Pueden abstenerse porque suman con dificultad”.
A modo de rápido balance de los nueves meses destacó como logros, además de la baja de la inflación, la reducción del gasto público, la sanción de la Ley Bases, el despido de 31 mil ñoquis del Estado, la eliminación de los intermediarios de los planes sociales, el fin de los piquetes diarios y la reducción de los homicidios en Rosario. Todos ciertos, aunque quedan perdidos en la inmensa crisis económica y social que atraviesa la Argentina.
También destacó la aprobación de la Boleta Única en el Senado, aunque todavía falta Diputados. Dejó un mensaje encriptado al señalar que se trata de “una bandera de aquellos que hablan de transparencia pero que poco han hecho por ella”. ¿Una recriminación al PRO? Fue ese partido el que la impulsó y consiguió aprobarla en Diputados en tiempos del gobierno de Alberto Fernández; recién ahora lo votó el Senado con modificaciones y por eso ahora vuelve a la Cámara Baja.
El evento no tuvo su correlato presencial. En el recinto, algo inusual, hubo marcadas ausencias como los K y la izquierda, ya mencionados. Pero tampoco hubo manifestantes pro Milei afuera del Congreso. El otro dato fue el rating. Antes de la cadena nacional, todos los canales sumaban 15.9. En medio del discurso, apenas 3.8.
Tal como lo hiciera Carlos Menem en los 90 proponiendo el achicamiento de un Estado elefantiásico, Milei convocó a un debate para definir de qué se debe ocupar el Estado, y de qué no. Responsabilizó al Estado de la pobreza, el analfabetismo, la inseguridad, las restricciones energéticas, el abandono de las Fuerzas Armadas, la lentitud de la Justicia y la falta de insumo en los hospitales. Y dijo que dilapida dinero en recitales, medios militantes o rutas sin sentido.
En otras palabras, Milei dejó en claro que considera que el Estado debe ocuparse de asegurar la estabilidad macroeconómica y hacer cumplir la ley a través de las fuerzas de Seguridad y del Poder Judicial; y fortalecer la defensa nacional. Lo demás, lo puede resolver el mercado o las provincias.
El regalo se lo dejó a los gobernadores de esas provincias. Les pidió cumplir con la baja del gasto público con un ajuste de 60 mil millones de dólares. ¿Qué gobernador lo cumpliría, aunque algunos ya han hecho algunos recortes, cuando en meses ingresarán a un año electoral? El otro interrogante que queda es, si todavía hace falta otro ajuste de esa magnitud más allá que surja de las provincias, ¿Cuándo la sociedad registrará una mejora en su poder adquisitivo?
Una de las críticas en estos nueve meses que más parece haber acusado Milei es la falta de gestión. Fue Mauricio Macri -y después Cristina Kirchner- quien apuntó a “la falta de equipos” en el Gobierno y los “problemas en la implementación de políticas públicas”, por ejemplo en el área de Transporte.
“No me deja de llamar la atención que dirigentes de todos los colores y banderas nos acusen tan seguido de no tener gestión”, subrayó el libertario. Su modo de responderle fue destacar los logros económicos como el primer año de superávit fiscal. Tras lo cual resumió: “Gestionar no es administrar el Estado, gestionar en achicar el Estado para engrandecer a la sociedad”. Parafraseando a Álvaro Alsogaray cuya muletilla era: “Achicar el Estado es agrandar la Nación”.
En el tramo final de su exposición buscó atraer a los miembros del Congreso con una dicotomía en “un momento bisagra en la historia”. Elegir el camino de la eliminación del déficit, bajar el gasto público y quitar impuestos, o seguir haciendo lo mismo y quedar como ratas.
En estos nueve meses, Milei tuvo más derrotas que aciertos en el Congreso. Un paquete legislativo -la Ley Ómnibus- que no pasó; dos leyes aprobadas por la oposición que lo obligaron al veto en temas sensibles como los aumentos de las jubilaciones y del presupuesto educativo; un DNU anulado que otorgaba 100 millones de dólares a la SIDE; y el tratamiento de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema que por ahora naufragan. En la columna del haber, se anota la aprobación de la Ley Bases.
Tan compleja es la situación del Ejecutivo que Milei vivió como un triunfo que la oposición en Diputados no haya llegado a los dos tercios para derrumbar su veto. Que el Gobierno se conforme con consolidar el tercio de diputados necesarios para que no le puedan voltear los vetos presidenciales es un déficit político a tener en cuenta. Sobre todo, cuando no sobran las expectativas, para el corto plazo.
17/09/2024 a las 11:57 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
El Papa es Perón, Cristina veta a Axel Kicillof y el reto de Máximo Kirchner a un gobernador
Ignacio Zuleta
Fuente: Clarín
(*) Notiar.com.ar
16/9/024
TODOS A LA VEZ: QUE VENGA EL PAPA
Nadie contará de qué hablaron, por el sabido hermetismo lacrado de esos altos palacios. Importan, por esa razón, las señales, los prejuicios, lo que cada uno pone en estas tramas y no tanto lo que uno puede sacar. Lo principal es el gesto papal de recibir a tres polos de protagonismo que pujan por la agenda social del Gobierno. La búsqueda del equilibrio entre las partes es un método bergogliano. Si hay para uno, también hay para todos.
«No es un Papa peronista -brindó uno este fin de semana en Roma-, ¡es Perón!». Los aficionados a los récords -usuales en este Gobierno que no es normal, al decir de Milei – anotan en su lista que a primera hora de este lunes el Papa Francisco recibirá, por primera vez en su papado, a la mesa de la CGT.
«Todos hemos estado de a uno con él, pero nunca nos recibió a todos juntos», festejaban en la cena que compartieron en Roma. La reunión de las 8:30 en la residencia de Santa Marta es la primera de tres citas argentinas que tendrá Bergoglio en una semana.
Este martes espera a la ministra Sandra Pettovello, a quien citó después de varias semanas de espera. El viernes estará con Juan Grabois, estrella de la celebración de un aniversario en la cumbre mundial de la economía popular y ex precandidato presidencial del PJ el año pasado.
ES EL MEJOR MOMENTO PARA QUE VENGA
Los sindicalistas van a interesar al Papa sobre las agresiones del Gobierno a sus derechos. Les preguntarán también por qué Cristina los agredió en su último discurso. Como los otros dos visitantes, insistirán en el pedido de que Francisco viaje lo antes posible a la Argentina.
En los últimos días admitió que piensa que Canarias, destino de un viaje próximo, puede ser una escala hacia la Argentina. Durante los gobiernos anteriores, Francisco postergó su venida porque temía, con razón, que su viaje se convirtiera en un factor de división.
«No quiero ser De Gaulle», pudo decir. Charles de Gaulle visitó la Argentina en 1964, cuando gobernaba Arturo Illia. El peronismo había estado proscripto y aprovechó la visita de De Gaulle para protestar contra el mandatario radical. El presidente francés era ovacionado por los peronistas y quien cobraba con silbidos era Illia.
Eso pudo ocurrir si Francisco venía cuando Cristina, Macri o Alberto eran presidentes. Hoy, con un gobierno que elude mostrarse francisquista, es el mejor momento para que venga.
Estarán con el papa Héctor y Rodolfo Daer, Pablo Moyano, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, José Luis Lingeri, Marina Jauryberry (SADOP), Maia Volcovinsky (Judiciales), Juan Carlos Schmidt (Dragado y Balizamiento), Jorge Sola (Seguros), Alejandro «Peluca» Gramajo de la UTEP (y dirigente de Patria Grande, sello de Grabois), Cristian Jerónimo (compañero del Vidrio), Argentino Geneiro (gastronómico).
MATEMÁTICA CREATIVA
Pettovello le lleva los testimonios de que la ayuda social a los pobres ha mejorado eliminando intermediaciones. Lo niegan las organizaciones sociales. El Gobierno ya tiene varias intimaciones judiciales para que explique cómo y qué reparte entre los pobres.
La minuta de Pettovello dice que el Plan Alimentar aumentó un 137,5% con el nuevo gobierno, que las ayudas llegaron del 49,5% de la canasta familiar al 87%; que aumentó un 1.123% la prestación en 1.000 días y 115% la atención a 4.834 comedores, entre otros datos. El ingenio de este Gobierno para la matemática creativa la obligará a alguna aclaración.
Si algo no le falta al Papa es información de lo que pasa por acá. La ministra le acercará otros aportes de penetrante aroma confesional como la doctrina antiaborto del Gobierno o haberle entregado a la Iglesia, llave en mano, por primera vez en medio siglo, la administración de la educación.
CRISTINA, COMO MILEI, DIVIDE
El peronismo no baja la presión de la rosca para asegurar algún atisbo de unidad. Sabe por experiencia que si se divide pierde competitividad. Desde 2009, cuando apareció el peronismo alternativo de la disidencia capitalizada por Sergio Massa, ha sufrido una serie de derrotas que quebró una década más tarde cuando recuperó la unidad.
La aparición de Cristina es un intento de aprovechar el capital que retiene en Buenos Aires. Navega por aguas turbulentas porque es una dirigente que construye sobre la división. No es líder del conjunto, es jefa de su tribu. Es incapaz de contener a su contradicción. Por el contrario, busca destruirla.
Comparte el método con Milei. Este tipo de construcciones tiene resultados limitados. Sus personeros ejercen una comisaría de verticalismo y les toman examen a quienes asoman la cabeza. Wado de Pedro es su vocero en el Senado y desde allí sostiene un veto a la candidatura a presidente que enarbola Axel Kicillof.
Lo hizo cuando el gobernador visitó La Rioja y expresó su simpatía hacia el proyecto de Ricardo Quintela de disputar la presidencia del PJ. Encabeza la resistencia del cristinismo que se sindica en la marca La Cámpora, y se suma a la estrategia de Axel de armar por su lado y sin consultar a nadie.
EL OFICIALISMO SE DIVIDE SOLO
Kicillof es del tipo de políticos de teflón. Resiste el veto de Wado, pero estuvo en Merlo junto a Cristina en el escenario central de la reaparición. «Con Cristina no me voy a pelear», repite a quien le pregunte qué hará. El gesto describe la necesidad que tiene el peronismo de blindar alguna unidad para 2025.
Se trata de aprovechar la estrategia del oficialismo de destruir la herramienta que lo hizo presidente a Javier Milei, que era el voto unificado de lo que fue Cambiemos. Por ganar alguna ventaja en el corto plazo, el gobierno divide al PRO, a la Libertad Avanza y al radicalismo, y hostiga a los bloques amigables como Encuentro Republicano de Pichetto.
Estas divisiones en el oficialismo le despejan el camino al peronismo, que parece haber aprendido a dejar el divisionismo como estrategia. En el debate en el Senado sobre la boleta única, Juan Carlos Romero desarrolló los argumentos sobre cómo el peronismo siempre se pone de acuerdo cuando está en peligro. Lo sostuvo para moderar el entusiasmo del oficialismo con la eliminación de las PASO. No se equivoquen, dijo Romero, a muchos partidos del interior las PASO les sirve porque unifica.
Ahora con boleta única, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tendría elecciones desdobladas en 2025 -si se llega a aplicar-. Al peronismo de Buenos Aires le conviene, porque se despega del hipotético arrastre nacional de Milei por sobre la elección provincial, factor que mejora las chances del peronismo. El resultado de las elecciones en CBA en 2023, con dos urnas diferenciadas, demostró que es posible quebrar el efecto de arrastre
MÁXIMO TOMA EXAMEN EN DIPUTADOS
El infante Máximo tiene el puesto montado en su oficina del Congreso, en donde recibió a Ricardo Quintela. Máximo le reprochó una expresión de algún riojano, seguidor del «Gitano», sobre que «Cristina ya fue, hay de dejar de escuchar lo que ella dice».
El gobernador se desentendió, pero Máximo le redobló al criticarlo de cortarse solo en su carrera por el partido. Escuchó los argumentos federalistas de Quintela. «¿Y nosotros qué lugar tendríamos ahí?», quiso saber.
Con diálogos de este tipo el cristinismo demuestra que la ex presidenta quiere tener algún lugar de candidatura el año que viene y eso depende de que tenga algún control sobre la cúpula pejotista.
Quintela anotó y sigue su recorrida. Esta semana visitará en San Isidro a Fernanda Miño, dirigente del partido Patria Grande de Grabois, y que viene de ser presidenta del FISU (Fondo de Integración Socio Urbana) creado por la Ley de villas, y secretaria de Integración Socio Urbana del anterior gobierno. Tienen proyectos comunes, aunque militen en partidos diferentes dentro del ecosistema peronista.
PICHETTO-SCHIARETTI AMPLÍAN LA MESA
En la misma semana Quintela irá a Tigre, invitado por Julio Zamora, intendente local y que lleva la cucarda de ser el hombre que le ganó a Massa en su propio distrito. Aunque bonaerense, le gusta la cruzada federal y abre el juego después de escuchar, de boca del propio Kicillof, que nunca se va a pelear con Cristina.
Zamora se fue con la música a otra parte y el viernes apareció en Puerto Madero en un almuerzo con Miguel Pichetto, Juan Schiaretti y Florencio Randazzo. El lunes de la semana que viene lo recibe en Tigre a Horacio Rodríguez Larreta y antes ya lo tuvo a Facundo Manes. Y como se trata de mojar la oreja -gran recurso de la política- negocia fecha para recibir a Martín Guzmán, ex ministro albertista y hoy anti-Massa y anti-Cristina.
Va a ser lindo. Como aquellos artistas de antaño del género «excéntrico musical», Zamora ensaya todos los instrumentos a la vez. Se despidió de Kicillof, quien designa allegados de Massa que vienen de Tigre en cargos provinciales relevantes.
Es el caso de Micaela Ferraro, nueva presidenta de la Fundación Banco Provincia, que oficia en los altares del massismo. Es un cargo emblemático que han ejercido las esposas de gobernadores como Teresa González Fernández o Karina Rabollini. «Las superestructuras son importantes», se justificó Axel. Que no se quejen si Zamora busca agua en el aljibe de Pichetto-Schiaretti, como «Juanchi» Zabaleta, otro rebelde del cristinismo.
QUIÉN SE JUEGA EN CABA
En la mesa de Puerto Madero se preguntaron sobre las razones que tiene Mauricio Macri para resistirse a ser candidato a senador nacional por la CABA. Es una elección chiva para el PRO, socios de Milei, porque Martín Lousteau querrá renovar su silla.
La última vez que el PRO y la UCR se enfrentaron (ballotage Larreta-Lousteau en 2015), quedaron a menos de 3 puntos de diferencia. Si el PRO pierde esa elección el año que viene, se habrá terminado su ciclo de poder. Solo lo puede salvar Mauricio jugando la propia. Hasta ahora solo muestra a la imperceptible Mariu Vidal para esa changa.
En la mesa de los republicanos algunos empujan para que Pichetto sea candidato a senador por la Capital. Es una manera de subirlo a un escenario en donde aparecen anotados, además de Lousteau y Macri, Elisa Carrió y Larreta.
Pichetto responde que es prematuro tomar esa decisión. Hoy es una estrella en la Cámara de Diputados como referente principal de «los normales», el entendimiento informal que es bisagra de cualquier decisión importante allí. Una banca de senador le daría menos protagonismo. Criado en Banfield, fue legislador por Río Negro y ahora lo es por Buenos Aires. Pero reveló en esa mesa que nació como porteño: «Nací en la Casa Cuna». Chan.
A Schiaretti le preguntan si será candidato a diputado el año que viene por Córdoba. Tiene que abulonar el cordobesismo de su sucesor Llaryora y enfrentaría a Luis Juez (eventual candidato, hoy es senador) y a una nueva generación, la de Rodrigo de Loredo u Oscar Agost Carreño (secretario del bloque de los republicanos), que renuevan la banca.
MASSA ESPERA QUE SE CAIGAN TODOS
Sergio Massa sigue en silencio y cree que puede ser candidato a algo en 2025, sobre la base de que le ganó en Buenos Aires a Milei, y que eso permitió que el peronismo aumentase la cantidad de intendentes. Confía en que Cristina no será candidata y que él se quedará con todo.
No le teme a una ruptura porque es un experto en desguaces y demoliciones. Gobernó este país en 2008 -esa es la función de un jefe de Gabinete- y desde entonces su biografía ha sido un despeñadero. Hoy está en su casa. Las candidaturas de 2025 inquietan a todos en distritos grandes.
La debilidad del cristinismo en Buenos Aires es importante, porque no tiene candidatos que unifiquen. Con Axel sin reelección, les queda Cristina, y eso es más un problema que una solución. Axel no se anima a ensayar un atajo que le reportaría adherentes: decir que el próximo candidato a gobernador será un intendente.
No hace ni falta que pronuncie un nombre en concreto. Si no, tendrá que poner a un aparatista de su entorno, como «Carli» Bianco. No sería un seguro de victoria y, en paralelo, eso podría precipitar una nueva división del partido.
17/09/2024 a las 12:07 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Bimonetarismo y neocolonialismo
Ricardo Aronskind
El Cohete a la Luna
15/9/024
Continúa la catarata de medidas desatadas por el gobierno mileísta contra los intereses populares y contra el progreso nacional, sin solución de continuidad.
La decisión de destruir el proyecto de reactor nuclear CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares), una central energética de baja potencia íntegramente diseñada y construida en la Argentina, considerada por los especialistas como eficiente y segura, con un potencial exportador notable, es uno de los “logros” recientes que se puede anotar el gobierno neocolonial.
Poner en duda la continuidad de las funciones del ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), el organismo público que resguarda a nuestra población de los desmanes que puede provocar la “iniciativa privada” en cuestiones vinculadas a la alimentación y la medicina, forma parte del salvajismo y oscurantismo desatado por el oficialismo, a favor de los intereses corporativos locales y multinacionales.
Como en el caso de la suspensión a comienzos del año de la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner, que le terminó costando al país la importación de gas por casi 600 millones de dólares, el gobierno parece inmune al cálculo económico racional. El criterio destructivo de cortar cualquier gasto sin sopesar las repercusiones futuras sobre el bienestar de la población parece estar guiado por prejuicios fuertemente ideológicos que son 100% compatibles con la idea de subdesarrollar al país. Un gobierno de ocupación colonial no lo haría mejor.
En el caso del veto a la modesta mejora a los haberes jubilatorios planteada por el Congreso, prima el mantra compartido por toda la derecha argentina, de punta a punta: es muy caro el gasto en jubilaciones decentes. Sostenerlas en el tiempo obliga a una política impositiva seria y progresiva, medida redistributiva con la cual están absolutamente enfrentados. El sistema previsional, según ellos, debe ser partido en dos tramos: el de los jubilados pobres –la mayoría– puestos en situación de semi-indigencia, y el de los jubilados que pertenecen a tramos de asalariados bien remunerados, de cuyos ahorros se harán cargo gustosamente las nuevas AFJP, o como se llame el nuevo curro de los financistas.
Las universidades públicas masivas, entienden en el mileísmo-macrismo, son un lujo que la Argentina –país que debe ser subdesarrollado para la actual gestión– no debe darse. Son otro costo que hasta ahora asumía el Estado, pero al cual la troupe libertaria ha venido a reducir para llenar de plata los bolsillos a los empresarios, como sostiene el Presidente.
Asfixiando al CONICET, a las universidades y a los organismos nacionales de alta tecnología, se logrará que se vayan los científicos –ahora también incluidos en la casta– y los profesores, a la actividad privada o al exterior. Arrasar la cosa pública es uno de los ejes centrales de la gestión libertaria-macrista y sobre eso no hay demasiadas tensiones entre los socios.
Hablar de debates públicos en la Argentina no tiene sentido. La derecha no debate. No le llegó el relativismo posmoderno. No está aquejada por la jactancia de la duda.
La brújula de la rentabilidad privada de corto plazo no admite discusiones ni negociaciones. Es una agenda que no ha sido votada por la población, porque nunca se someten las reformas estructurales pro-empresa a la opinión de los ciudadanos.
A los grandes debates nacionales convoca Cristina Fernández, pero el cordón sanitario anti-k organizado por los poderes fácticos que gobiernan la sociedad la deja hablando rigurosamente sola.
LOS ORÍGENES DEL BIMONETARISMO
El documento emitido por Cristina la semana pasada (con el clintoniano título de “Es la economía bimonetaria, estúpido”), vuelve sobre un tema que ella ubica en el centro de los problemas argentinos: el bimonetarismo. Muestra algunas de las inconsistencias del planteo libertario para afrontar los problemas nacionales como la inflación, y vuelve a apuntar al problema de la escasez de dólares, el endeudamiento externo y los condicionantes del FMI como temas que deben ser afrontados.
No hay muchos secretos sobre cómo aumentar la cantidad de dólares que entran a la economía nacional: exportar más y más variado, combatir en serio la fuga de divisas y el contrabando, y sustituir importaciones en forma eficiente. Los compromisos externos que han generado las experiencias neoliberales podrían ser refinanciados de buena fe, si no hubiera una notable voracidad en los centros de poder occidentales por los recursos naturales argentinos, que prefieren un país estrangulado, siempre al borde del precipicio y colocado en un estado de desesperación que lo empuje al remate vil de sus recursos. Los liberales neo argentinos son sus aliados insustituibles.
Tampoco hay demasiados secretos en cómo lograr una moneda estable: tener una tasa de inflación reducida (para lo cual es necesario una fuerte política antimonopólica y de defensa del consumidor, y por lo tanto abrir el abanico de productores de bienes esenciales), ofrecer instrumentos de ahorro más interesantes que apostar al dólar en moneda nacional, tener una balanza comercial equilibrada, no endeudarse estúpidamente para convalidar la timba financiera, no emitir dinero en forma desordenada y tener un Estado capaz de recaudar con eficacia los impuestos que se votan en el Parlamento.
Es decir, la parte “objetiva” del fenómeno bimonetario –no aquella vinculada a prácticas sociales o comportamientos adquiridos, creencias o mentalidades o negocios directamente asociados a la inestabilidad cambiaria– puede ser atacada desde políticas públicas coherentes y bien diseñadas.
Pero es evidente que no es allí donde está el problema. Una pista se encuentra precisamente en la convocatoria patriótica que lanza cada tanto CFK y que es sistemáticamente desoída por todo el arco político restante.
¿Cómo puede ser que una convocatoria a resolver los más graves problemas argentinos no sea tomada por el resto de los actores políticos? Sí, es cierto, la derecha no debate. Pero tampoco está dispuesta a “hacer como que debate” para fingir que hay democracia.
La respuesta, a mi juicio, es evidente: a una parte influyente de los actores políticos, económicos, sociales y comunicacionales no les interesa algo que pueda asociarse con el concepto de Patria. Es un término demasiado fuerte para una camada de políticos y empresarios nacidos y criados en la ideología de la globalización, que promueve la liquidación de los proyectos nacionales y sus relatos patrióticos, la apertura total de los mercados nacionales hacia las grandes firmas multinacionales y el capital financiero global, y la introyección en el mundo cultural y político periférico de la idea de subordinación acrítica a los centros de poder.
Por eso no está en su agenda reparar a la economía argentina, ni dotar de un futuro a su población. La agenda de los sectores políticos que se ofrecen para globalizar –y subdesarrollar– a la Argentina, pasa por acondicionar a nuestro país, a nuestra sociedad y a cada uno de sus componentes individuales, para que sea business friendly con el capital que desee hacer negocios en este territorio.
Los reiterados llamados de Cristina al logro de consensos nacionales elementales, y los reiterados ninguneos y caídas en sacos rotos de sus apelaciones, no deben llevar a la idea de que se debe abjurar de retomar un rumbo patriótico para nuestro país por falta de actores interesados.
Quizás, en cambio, sea necesario aceptar que no va a encontrarse ese camino apelando a acuerdos con dirigencias quebradas, extraviadas o vendidas, sino apuntando a construir un amplio movimiento patriótico en las vastas mayorías abandonadas por la política partidaria, tan entregada a la lucha por puestos en las listas electorales y en los cargos públicos.
Como ya hemos señalado en otras oportunidades, el campo nacional y popular es enorme, y cuenta con especialistas en las más diversas disciplinas, que están en condiciones de elaborar en forma colectiva un proyecto nacional. La pregunta es cómo movilizar y encausar ese gigante que más que dormido está desorganizado y que no encuentra un espacio en el cual aportar fructíferamente sus ideas y propuestas.
Polémicas en la derecha
La diferencia de agendas entre el espacio nacional y lo que se discute dentro de la derecha no podría ser mayor. Es fácil distinguirlas: si no hay ninguna mención a los seres humanos y sus necesidades en los intercambios de ideas, es porque se está discutiendo dentro de la derecha.
Las derechas tienen su propio centro organizador del pensamiento: los negocios, las rentabilidades, las oportunidades de hacer plata rápida. Eso les proporciona un ángulo peculiar para analizar la bondad o maldad de las políticas públicas, la calidad o endeblez de las medidas económicas, la habilidad o inutilidad de los políticos para llevar adelante los proyectos de las corporaciones.
El gran eje ordenador del pensamiento de derecha actual –que siempre es coyuntural– es si tiene razón el tándem Milei-Caputo-Arriazu-Capital Financiero en cuanto a que no hay por qué devaluar, ya que la inflación próximamente sería casi nula y el tipo de cambio se volvería más competitivo, lo que generaría confianza global, fluirían los capitales y las reservas se poblarían con los dólares necesarios para pagar compromisos externos.
A su vez, el tándem Exportadores-FMI-Cavallo-Sturzenegger prefiere una devaluación, que permitiría una mayor acumulación de divisas a costa de un derrumbe adicional del mercado interno.
Para los que persisten en la meta de inflación baja, el tema de la salida del cepo, o sea que el dólar oficial tenga un valor tal que el gobierno pueda venderlo “libremente” sin que el público se abalance, no es muy relevante.
Los que quieren apurar el paso en materia devaluatoria sostienen que sin esa salida del cepo no vendrán las inversiones, porque no tienen garantías de salir de la economía argentina cuando quieran, o de poder remitir utilidades al exterior a voluntad. Para tranquilizar, dicen que el nuevo dólar “libre” se cotizaría sólo un poco más alto que el actual, y que por lo tanto el impacto inflacionario sería bajo. Lo minimizan, y también minimizan el efecto social y político de una pirueta cambiaria de esa magnitud.
Este tipo de economistas, como se sabe, son bastante ignorantes en general, y más aún en cuestiones sociológicas relativas a la Argentina. Porque ignoran, o prefieren ignorar, los comportamientos predatorios de los actores con posiciones dominantes en los mercados, que remarcan incluso más allá de lo que indican los saltos devaluatorios. A su vez, esos comportamientos luego son replicados por infinidad de actores menores, que imitan a los grandes y asumen la práctica remarcatoria abusiva como un dato de la realidad.
Los dos escenarios que prefigura la derecha económica son, por supuesto, malos para la población.
En un caso, porque la muy dificultosa baja de la inflación se está logrando con depresión económica, degradación salarial y laboral, y cero perspectivas de mejora, lo que promete desgaste político creciente y acumulativo. En el caso contrario, porque una devaluación tendría impacto instantáneo en la carestía de la vida, por lo tanto provocaría una nueva caída en el salario real y aumentaría las penurias por las que ya se viene atravesando. También aquí habría costos políticos, con el agregado de que la “hazaña” anti-inflacionaria se esfumaría, con lo cual Milei le tendría que pedir a su público una nueva dosis de crédito político al ilusionismo libertario.
En la inflación baja, el mileísmo ve tanto la ventaja política de cumplir con una demanda masiva como una carta de presentación internacional: sería el gobierno que logró –a los mercados no les importa cómo– el equilibrio fiscal y abatir la inflación, es decir, se ofrecería “al mundo” una nueva tierra de oportunidades para invertir financiera o productivamente con baja incertidumbre. En esa ficción, todos los actores locales, desde los que piden devaluación a los que ven destruidos sus ingresos, se adaptarían al esquema, o no tendrían capacidad para impugnarlo. Esa sería la muestra final de la solidez política del esquema mileísta, y eso sería lo que finalmente le daría verosimilitud internacional.
Sin embargo, la inflación de agosto fue del 4,2%, lo que representa un grado de avance cero hacia la meta de una inflación mínima.
En este punto chocan dos de los objetivos del gobierno: 1) consolidar el muy precario equilibrio de las cuentas públicas, atado con alambre, y 2) mostrar un logro inflacionario “espectacular” (hasta ahora no lo pudo exhibir) tanto para obtener respaldo popular como para enfriar las expectativas devaluatorias.
Pero para consolidar el equilibrio fiscal lo único que se les ocurre es bajar el gasto público, para lo cual tienen que seguir reduciendo o eliminando los subsidios a los servicios públicos, lo que se traduce en saltos tarifarios brutales para el bolsillo de la población, y que inevitablemente se reflejan en el índice inflacionario mensual, impidiendo que siga bajando o directamente proyectándolo para arriba.
Y si quieren concentrarse con todo en un único objetivo, por ejemplo inflación del 2%, tienen que sacrificar muchas otras cuestiones, y arriesgar la credibilidad fiscal (y atizar el fantasma del default por falta de dólares para afrontar los próximos compromisos de deuda).
Es gracioso que ambos tándems de la derecha empezaron a declarar últimamente que ya se ven las mejoras, y se toman de algunos números puntuales y de escasa significación para “dar buenas noticias”, como diría De la Rúa. Son los “brotes verdes” que el macrismo vaticinó para el segundo semestre de su propio gobierno.
En ese sentido, es más científica una tirada de tarot de algún miembro prominente de este gobierno que los pececitos de colores que venden los trajeados economistas del establishment.
EL HORNO INTERNACIONAL NO ESTÁ PARA BOLLOS
Es casi una tradición nacional vivir como si afuera de la Argentina no pasara nada. En el caso de la derecha local, son una máquina de inventarse un mundo inexistente, maravilloso, que está afuera. Viven en “los felices ’90”, como bautizó a esa década fallida Joseph Stiglitz.
Pero el mundo está viviendo tensiones muy profundas y peligrosas, y está avanzando en la dirección exactamente contraria a las ideas que hoy predominan en la política argentina.
En el reciente debate presidencial norteamericano, protagonizado por la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, se pudieron visualizar con claridad las amenazas que hoy se ciernen sobre el mundo.
Kamala Harris fue inflexible en su apoyo a la OTAN, a la guerra contra la Federación Rusa, desplegando el guión de que Putin es un ambicioso tirano que se quiere engullir más países europeos y que por eso hay que pararlo como sea. El guerrerismo norteamericano habló por su boca.
En tanto Trump, que se quiere bajar del conflicto ucraniano para focalizar su furia en la República Popular China, advirtió que los inmigrantes que entran a los Estados Unidos se comen los perros y los gatos de los vecinos. Una síntesis perfecta de xenofobia y aporofobia, disfrazada de amor por las tiernas mascotas del prójimo.
Es muy llamativa la afinidad entre el estilo trumpista de fanfarronería, mentiras, pensamiento infantil y reaccionarismo, con el del actual mandatario argentino. Pero Trump se muestra muy preocupado por su moneda nacional, a diferencia del gobernador neocolonial local en relación a nuestra moneda.
El dólar está perdiendo de a poco terreno a nivel mundial a medida que se despliega la diplomacia económica de los BRICS. En los últimos días, el líder republicano dijo que el dólar estadounidense se había debilitado como consecuencia de la guerra en Ucrania –por eso la quiere terminar– y que pondría aranceles del 100% a los países que dejen de utilizar esa moneda en sus operaciones exteriores.
Tanto la profundización de la guerra en Ucrania, con consecuencias peligrosísimas para la paz mundial –se habla actualmente con mayor frecuencia del uso de armas atómicas–, como las guerras comerciales sin límites que anuncia sin cesar Trump, no son compatibles con la idea de un mundo feliz en el que la Argentina vende sus commodities en grandes cantidades y resuelve sus problemas externos e internos gracias a esa venturosa abundancia que nos llegaría desde afuera y sin hacer más que aplicar el RIGI.
Las dos opciones políticas presentes en la escena norteamericana tienden a provocar una disrupción en el orden global, por la vía militar o por la vía de la guerra comercial. Por el despliegue de una estrategia u otra, van a resquebrajar la globalización, sus cadenas de valor y sus instituciones regulatorias, y a comprometer las posibilidades del crecimiento económico mundial en el corto y mediano plazo.
La dirigencia argentina está –en un 95%– en Babia. Entre el macrismo y el mileísmo derrumbaron el nivel del pensamiento político argentino.
El país no está preparado para las situaciones complejas que se anuncian en el horizonte mundial. El proceso actual de destrucción del Estado argentino es una verdadera desgracia, porque aumenta nuestra indefensión frente al dislocamiento de las relaciones internacionales existentes hasta el presente. Va a ser necesaria mucha organización y mucha disciplina nacional para enfrentar los escenarios conflictivos que se anuncian.
Más Estado, más producción nacional diversificada, y más ciencia y tecnología para resolver los problemas y defender la vida, es lo que vamos a necesitar. Quienes sepan ver ese horizonte, y organizarnos en esa dirección, serán los verdaderos héroes del tiempo por venir.
17/09/2024 a las 12:16 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Para Milei, no hay matemática que detenga el ajuste
Melisa Molina
Página/12
17 de septiembre de 2024
«Los gobernadores tendrán que hacer un ajuste adicional de 60 mil millones de dólares». Más allá de todo lo que ajustó a las provincias en menos de diez meses de gestión, el presidente Javier Milei disparó esta orden parado sobre su atril, ante un grupo de legisladores que lo escuchaban presentar el Presupuesto 2025. El mandatario, que acusó al kirchnerismo de no saber sumar, se habría equivocado con la cifra que vociferó en el Congreso y este lunes, ante las críticas de gran parte de gobernadores que pusieron el grito en el cielo por lo delirante del número, desde Casa Rosada tuvieron que convocar a los gobernadores a una reunión que encabezaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo, para decir que ese número no era real, e intentar bajar el tono a las palabras del jefe de Estado.
El presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, en tanto, salió a aclarar que el recorte del gasto provincial debería ser de «20 mil millones de dólares», no 60 mil millones como dijo Milei, y que, para cumplir con esa meta, no hay un plazo establecido. «Intentaron apagar el incendio que prendió Milei anoche porque si llega a cortar la cifra que mencionó, directamente nos funde a todos», explicaron desde las provincias a este diario.
En un intento de arreglar los graves errores que el Presidente cometió con los números, Espert explicó que el gasto público total del gobierno nacional –sumado al de las provincias y al de los municipios– alcanzaría al 33 por ciento del PBI, estimado –según el presidente de la comisión de Presupuesto– en «600 mil millones de dólares». «De ese total, 14 por ciento lo gastan las provincias, es decir, 64 mil millones de dólares y de ahí tienen que hacer el recorte, que deberá ser 20 mil millones de dólares”, intentó aclarar, aunque sin poner plazos.
CÓMO APAGAR EL FUEGO
En Casa Rosada, en tanto, la reunión que este lunes encabezaron Francos y Caputo fue en la misma línea: «Trataron de desdramatizar lo de los 60 mil millones de dólares. Dijeron que la cifra no es tal, y que fue un modo que Milei encontró para graficar que va a hacer un ajuste muy grande», contó uno de los gobernadores presentes a este diario. Otro de ellos agregó: «Lo de los 60 mil millones nadie sabe de dónde sale. En la reunión por Zoom los funcionarios relativizaron ese planteo del Presidente porque, incluso, en el Presupuesto no hay nada de eso escrito», indicó.
Mientras Espert decía que en realidad el ajuste de las provincias tendrá que ser de «20 mil millones de dólares», –como si fuese poca cosa y como si fuera un detalle confundirse con 40 mil millones de dólares–, en Casa Rosada preferían no dar más números y decían: «Es una meta a alcanzar. Tal cual lo dijo el Presidente. No es para hacerlo en un año».
Desde las provincias respondieron a los funcionarios que la mayoría de ellas no tienen déficit fiscal y que, por ende, no tienen de dónde más ajustar. Por otro lado, aclararon que, si Nación les devuelve todos los fondos que les corresponden y que fueron cortados de manera arbitraria desde que Milei asumió la presidencia–como el Fonid, el Fondo Compensador del Transporte, la obra pública, entre otros–, ellos funcionarían sin problemas.
«Si no nos sacan los recursos que nos corresponden nosotros funcionamos. ¿Cómo quieren que achiquemos si no tenemos déficit?», se quejaron. Espert, en tanto, opinó que “lo que tiene que venir es un gran ajuste de empleo público en provincias y municipios», y que «sin la colaboración de ellos no se llega ni en motoneta al gasto de 25 puntos del producto en lugar del 33 en el que estamos hoy”. Desde las provincias respondieron que eso sería imposible porque tres de cada cuatro empleados públicos prestan servicios esenciales. Es decir, son médicos, policías, enfermeros o médicos.
Desde Córdoba, en tanto, salieron a decir que están de acuerdo y apoyan «el ordenamiento macroeconómico», y que consideran importante que la Argentina tenga Presupuesto, por lo cuál «van a colaborar para que salga». Aclaran que cumplieron «ampliamente las metas de superávit», y que mantienen «bien en alto los reclamos por los fondos que nos corresponden por ley, como los de la Caja de Jubilaciones o las obras públicas comprometidas mediante convenios».
EL GRITO EN EL CIELO DE LOS GOBERNADORES
Después de los dichos de Milei ante un Congreso semivacío, desde la provincia de Buenos Aires salieron a responder. “En Buenos Aires no vamos a hacer el ajuste que pide”, dijo el ministro de gobierno Carlos Bianco y añadió que el ajuste implementado por el Gobierno nacional es “totalmente inútil e innecesario”. “Quieren que nosotros emulemos esa práctica, pero veamos los resultados que tuvieron a nivel nacional por llevar adelante ese ajuste brutal”, añadió y puntualizó: «La gente no pide que le pongamos cepo al Estado o que hagamos ajuste. Piden patrulleros, más insumos médicos, que agrandemos las escuelas, los productores, piden más caminos rurales, es decir, piden más Estado».
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, también fue uno de los primeros que salió a repudiar los dichos de Milei. “Preocupa que se le siga pidiendo esfuerzo a las provincias”, dijo sobre el pedido del Presidente para que los Estados provinciales hagan un “ajuste adicional” de 60 mil millones de dólares. Luego indicó: “Hicimos todos los esfuerzos que teníamos que hacer y hasta hicimos un esfuerzo mucho mayor al que hizo el Gobierno nacional”. En esa línea, Pullaro expresó que “a Santa Fe le corresponderían alrededor de 5.500 millones de dólares y tenemos un presupuesto de 8.000 millones de dólares. Es realmente una frase grandilocuente, pero que está muy lejos de la realidad». Y disparó: “Santa Fe no va a ser un aporte más grande al Estado nacional, porque le aporta tres veces y media más de lo que vuelve del Estado nacional a la Provincia”. «Más esfuerzo no se puede hacer. No corresponde que nosotros hagamos más esfuerzo porque a Nación no le debemos nada, y Nación nos debe mucho a la provincia de Santa Fe», indicó.
LA RESPUESTA DE CASA ROSADA
Francos y Caputo recibieron en la planta baja de la Casa de Gobierno a algunos gobernadores de manera presencial (estuvieron Rogelio Frigerio, de Entre Ríos y Hugo Passalacqua, de Misiones) y a otros por zoom –Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Sergio Ziliotto (La Pampa) y representantes de CABA, Córdoba, Corrientes y Neuquén.
Mientras eso ocurría, por los pasillos de la Casa Rosada –y muy cerca del «triángulo de hierro»–, se encargaban de aclarar que no van a modificar nada del Presupuesto enviado al Congreso y que, si los legisladores –muchos de ellos responden a los gobernadores– no lo querían aprobar, ese escenario será «el mejor» para el gobierno porque van a poder seguir ejecutando el Presupuesto de 2023 a su antojo. Dicen que en la Ley de Leyes que enviaron al Congreso «hay 3600 palos para obras», y que no negociarán para que la ley salga, como sí hicieron, por ejemplo, durante el tratamiento de la ley Bases.
En esa línea, algunos gobernadores aceptan que en el Presupuesto se incorporaron varias «obras clave», y entienden que eso lo habrían hecho desde la Casa Rosada para conseguir votos. Sin embargo, desde las provincias advierten: «Lo que prima hoy es el enojo y no sabemos si esta vez al gobierno le va a alcanzar con las promesas».