Cambio estructural y poder político II

Por Jorge Raventos.-

Este año 2024 podría finalizar con el mayor superávit de balanza energética de los últimos 15 años, más de 3000 millones de dólares, una performance que se destaca notablemente al recordar que el año anterior arrojó un déficit 600 millones de dólares y el anterior, 2022 -bajo la influencia del estallido de la guerra de Ucrania sobre los precios de la energía- un déficit de 4500 millones de dólares.

La creciente producción de Vaca Muerta (que aporta el 56,6% del total de la producción petrolera y un 54,8% del total de la gasífera) así como el gasoducto Néstor Kirchner son la clave de ese superávit energético, que podría duplicarse en 2025 a cerca de USD 7.500 millones y elevarse más aún una vez que comiencen a funcionar y exportar las unidades de licuefacción flotantes y más tarde la planta de licuefacción de gas que construirán YPF y Petronas en Río Negro. Con lo que las exportaciones energéticas llegarían en 2030/31 a los 30.000 millones de dólares. La Patagonia se convierte en uno de los motores de crecimiento del país.

La reciente reglamentación del régimen de incentivos para las grandes inversiones (RIGI) dinamiza cambios que van a transformar la geografía económica del país, potenciando el desarrollo productivo de regiones largamente postergadas.

A las capacidades competitivas de la producción agroindustrial que tienen eje principalmente en la región Centro se suman estímulos para que Cuyo y el Norte Grande incorporen grandes inversiones centradas en la minería y, en todos los casos, el influjo directo sobre un amplio ecosistema productivo y de servicios que provee a esos grandes emprendimientos o florece a su alrededor.

Ese proceso ya ha empezado a manifestarse, principalmente lejos de las grandes concentraciones urbanas y de la atención de sus públicos mediáticos.

Fue en estos núcleos donde empezó a manifestarse, de una forma silvestre y contradictoria, si se quiere, la crisis y la crítica del consenso anacrónico que se reflejó durante años en una economía basada en el subsidio y la pobreza creciente. Ese consenso anacrónico formó su magma con ideas y actitudes autárquicas y estatistas labradas en la primera mitad del siglo XX, y se recubrió luego con adornos de sucesivos momentos y modas culturales. Las fórmulas y recetas de ese consenso anacrónico trabaron la discusión sensata y su vigencia residual operó como sucedáneo del pensamiento, inhibiendo la comprensión realista del país y el mundo.

Las estadísticas del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica han venido dando cuenta por más de una década del fenómeno de la pobreza creciente y de la impotencia del modelo del subsidio para revertirla, así como de la existencia de una lógica paralela, de economía en negro, “libre”, es decir ilegal, en algunos casos fructífera y dinámica, en otros decadente, en otros, criminal.

Más de tres décadas atrás, después de estudiar a fondo el tejido de los conurbanos limeños, el peruano Hernando de Soto advertía: “Mucho más que una marea demográfica de pobreza, las oleadas de extralegalidad bien podrían ser el más importante factor que está obligando a acoger la revolución industrial y comercial que ya está encima”.

El triunfo de Javier Milei el último año, algunos de los cambios culturales que impulsó así como el rumbo principal que está dando a su gobierno parecen una emanación de aquella advertencia de De Soto. Si buena parte del voto de Milei provino de esos conurbanos, el espíritu desregulador que inspira su -digamos-programa de acción refleja la transgresión o el desinterés de esa demografía por reglas y proclamadas protecciones que, o protegen muy poco o son sufridos como trabas o impedimentos para la dura tarea de sobrevivir.

“La revolución industrial y comercial que ya está encima”, en aquellos términos de De Soto, reside, en estos tiempos de Milei, en custodiar que no haya déficit fiscal, desregular para impulsar la competencia y la competitividad, estimular la inversión, mantener los pies dentro del orden mundial centrado en el capitalismo. No tratar de emparchar el modelo anterior, sino retirarle vínculos, dejarlo librado a su suerte o acelerar su descomposición. En paralelo, motorizado por grandes inversiones en sectores internacionalmente competitivos y exportadores, así como por cambios en sus tejidos productivos y por una extendida localización federal con asentamientos regionales, se experimentaría una crucial modificación de las bases económicas y sociales.

Para pilotear esos cambios Milei necesita herramientas más complejas que las que actualmente está en condiciones de usar. Su fuerza principal radica en el ejercicio vigoroso del hiperpresidencialismo, que es lo que le ha permitido impulsar reformas y construir una atmósfera general de expectativa ante la transformación, pero parece insuficiente para consolidar los cambios que el país necesita.

En sus relaciones con el Congreso el gobierno no ha conseguido superar plenamente las turbulentas semanas que sellaron el descuartizamiento de la primera Ley de Bases.

Con una pobre performance en la primera vuelta electoral que distribuye legisladores y autoridades locales, por lo menos hasta que consiga estructurar y disciplinar una fuerza política propia, las condiciones para compensar su debilidad parlamentaria y territorial residen, en primer lugar, en articular con los ejecutivos provinciales. Buena parte de los gobernadores (tanto los del Pro, como radicales y varios de genealogía peronista) ya han demostrado estar dispuestos a dar una mano en la gobernabilidad y en promover reformas que apunten en la dirección del crecimiento. Lógicamente, esperan que el gobierno atienda sus propuestas y sus necesidades.

Junto a ese expediente, tiene el camino de tejer alianzas con los bloques afines o dispuestos al diálogo.

La impericia de su gobierno para volver a construir consensos como el que permitió lograr su único triunfo legislativo de envergadura volvió a manifestarse dos semanas atrás cuando una mayoría rotunda alcanzó la siempre amenazante proporción de dos tercios y sancionó la aprobación definitiva de la ley que cambia la fórmula de movilidad de .los haberes jubilatorios.

El Presidente tomó esta sanción como un ataque “a la estabilidad fiscal” y descartó los consejos de negociar a posteriori con los legisladores más dialoguistas un veto parcial. Se inclinó por aplicar el veto total.

La medida tiende a subrayar su ejercicio de autoridad sin el cual el hiperpresidencialismo se convierte en pólvora mojada.

Sin embargo, aunque Milei siempre está tentado de sacarle réditos al enfrentamiento sin demasiados matices con lo que llama “la casta”, tuvo que involucrarse personalmente en una reunión con diputados propios y de bloques aliados para disminuir el riesgo de que su veto sea rechazado. El hiperpresidencialismo necesita la apoyatura de un nuevo sistema político, que no está construido.

En rigor, más allá del paso dado por Milei el último viernes, un camino para no afrontar batallas campales ante cada iniciativa de importancia reside en la búsqueda de consensos más amplios.

Mauricio Macri, en varias de sus últimas cenas con Milei, le señaló al Presidente la necesidad de que constituya una plataforma de gobierno basada en una alianza de consistencia programática. Obviamente, propuso a su partido, el Pro, como acompañante principal de la gestión y sugirió la integración de algunos de sus cuadros en la administración.

Pero aunque en La Libertad Avanza se admite que la ayuda del Pro es en algunos momentos imprescindible, prevalece la idea de que una sociedad política que conduzca a una coalición en las primarias del año próximo es o prematura o innecesaria. Allí se prefiere postergar ese paso hasta las vísperas del comicio o eludirlo definitivamente, pues, dicen, el electorado del Pro ya se habría volcado mayoritariamente al oficialismo. Estos reparos demoran inclusive la construcción de un interbloque en la Cámara de Diputados, donde libertarios y macristas tienen fuerzas parejas pero el Pro cuenta con una estructura más homogénea y experimentada.

La composición de un sistema político aún más amplio que ayude a transitar el cambio de modelo y acompañe las transformaciones estructurales que se entrevén se vuelve más complicada por la disgregación del sistema político anterior y la proliferación de interlocutores. Hay un proceso de fragmentación que afecta a todas las fuerzas, tanto a las que tienen origen en Juntos por el Cambio (Pro, radicalismo) como en las de genealogía peronista, que exhiben liderazgos menguantes o episodios de puja intestina y no consiguen soldar un núcleo que muestre musculatura y eficiencia para sostener una prueba de largo alcance. Ni el propio oficialismo, con sus peleas encrespadas, denuncias mutuas y expulsiones, escapa a ese fenómeno. Al menos tiene como elemento ordenador de última instancia la figura fuerte del Presidente.

Los montoncitos de poder dispersos entre líneas, facciones y ambiciones varias vuelven complicado ordenar una búsqueda de convergencias por el camino de los partidos. La circunstancia de que los próximos comicios a la vista sean de carácter parlamentario (y carezcan de la lógica unificadora que proveen las candidaturas presidenciales) es un factor suplementario de retardo, que agrega a la centrifugación de base la dispersión de tácticas y alianzas condicionadas por la lógica de cada distrito.

Con baja expectativa por la vía de los partidos, la ruta más próxima de recomposición del sistema de poder para sostener la fuerza que por el momento se concentra en el hiperpresidencialismo son los gobernadores.

Fueron ellos (en rigor, la mayoría de ellos) los que contribuyeron a corregir y a hacer aprobar la Ley de Bases que incluye el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, RIGI. Serán seguramente ellos los que, junto con los votos legislativos que viene trabajando el Presidente, eviten que el Congreso rechace el veto de Milei a la ley que reformula el pago de jubilaciones, un rechazo que tendría efectos políticos formidablemente corrosivos.

Esa mayoría de gobernadores dispuestos a una cooperación recíproca con el hiperpresidente no incluye al gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero sí a gobernadores de origen peronista (el catamarqueño Jalil, el cordobés Llaryora, el tucumano Jaldo, por ejemplo), pasando por gobernadores del Pro, radicales y líderes de movimientos provinciales. Todos ellos trabajan ya para tomar en octubre el control del Consejo Federal de Inversiones con la idea de convertirlo activamente en un gestor de proyectos y propuestas de signo federal y productivista convergente con los cambios que promueve el Poder Ejecutivo.

Los gobernadores tendrán también un papel, a través de los legisladores de sus respectivas provincias, en la discusión de la Ley de Presupuesto, que indica las dotaciones de fondos y los destinos de aplicación de los recursos del Estado, lo que convierte a la Ley en un programa de acción para el gobierno.

La capacidad de atravesar con éxito el desafío de un Congreso en el que el oficialismo se encuentra en minoría es una prueba de confianza para el Gobierno. Y confianza es lo que está requiriendo el mercado, el gran examinador.

En abril de este año el gobierno de Javier Milei podía mostrar como un logro de su gestión haber achicado pronunciadamente la tasa de riesgo país a 1148 puntos básicos desde los 2719 que ese indicador había alcanzado sólo seis meses antes. Pero desde abril hasta hoy aquella calificación no sólo no ha seguido cuesta abajo, sino que ha remontado y roza actualmente (en más o en menos) los 1500 puntos básicos.

Ese es el excedente sobre la tasa de los bonos soberanos estadounidenses que el mercado exigiría a la Argentina si estuviera dispuesto a financiarla (algo que esa dimensión de riesgo en los hechos proscribe).

Tanto el gobierno como la mayor parte del elenco de economistas profesionales asignan motivos económicos, actuales o pretéritos, a la tasa de riesgo.

Para los técnicos que observan la situación fríamente, la causa del riesgo reside en que no hay dólares para pagar los vencimientos de deuda, no hay reservas y sin dólares no se puede pagar la deuda. Desde ese enfoque la insuficiencia de dólares obedece a la persistencia de una política cambiaria que desalienta la liquidación de exportaciones y a la subsistencia de las restricciones cambiarias, es decir, del cepo.

Uno de los analistas más escuchados en el mercado, Ricardo Arriazu, invitado por el Rotary Club, expuso sin embargo dos semanas atrás argumentos que convergen con la lógica del gobierno e introducen en la discusión la variable política: “La mayoría de los economistas -dijo- cree que hay que devaluar. Yo creo que no, creo que si devaluamos, se acabó todo el programa, se acabó Milei, se acabó todo”.

He aquí una explicación plausible para la atención casi monotemática del gobierno con la economía en general y con la inflación en particular. Una devaluación fatalmente embestiría contra el principal activo político con el que cuenta Milei, que es la prometida (y hasta aquí cumplida) rebaja constante de la inflación.

La persistencia del cepo, cuestionada por una legión de economistas profesionales, es una consecuencia de esa prioridad absoluta, que le permite al Presidente mantener su capital ante la opinión pública aun cuando, como enumeró Arriazu, “cayó el salario real, cayó el empleo, cayó la actividad económica”

El gobierno sabe que suspender las limitaciones que impone el cepo determinaría una presión sobre las reservas que empujaría a la devaluación con la que -como avizora Arriazu- se terminaría todo, en primer lugar el poder del Presidente. Arriazu evocó en su presentación rotariana que dos hiperinflaciones estuvieron precedidas por la decisión de aplicar un cambio libre y de “flotar sin reservas y sin confianza”.

La alusión de Arriazu a la “confianza” nos traslada ya principalmente al territorio de la política. No se trata sólo de mostrar destreza técnica y eficacia en el manejo de variables económicas y financieras (aunque sea lógicamente bienvenida), sino de generar una plataforma de sustentabilidad y un horizonte previsible que den fundamento y contribuyan a definir un programa de reformas y crecimiento.

Probablemente también escenifica la debilidad de la estructura que respalda al poder libertario, un factor de riesgo político que suele reflejarse en los mercados.

El diagnóstico de Arriazu indica la fragilidad del piso sobre el que debe moverse el hiperpresidencialismo de Milei. En rigor, una fragilidad que amenaza a la Argentina que simultáneamente tiene ante sí la perspectiva del superávit energético, de la expansión de sus exportaciones, del desarrollo federal alimentado con grandes inversiones.

No se trata sólo de mostrar destreza técnica y eficacia en el manejo de variables económicas y financieras (aunque sea lógicamente bienvenida), sino de generar una plataforma de sustentabilidad y un horizonte previsible que den fundamento y sostén al programa de reformas mientras se despliega la transición. Se trata de construir un nuevo sistema político.