CFK cubre al Gobierno Mauricio Macri

Por José M. García Rozado.-

El Gobierno Macri se encuentra realmente empantanado sin política ni social, ni económico y menos aún financiera. Con un presidente del BCRA que solo atina a manejar tasas para controlar la inflación que solo durante la gestión Macri aumentó un 35% y genera recesión profundizando la crisis y la pérdida de la capacidad de compra del pueblo argentino. Pero tiene dos ventajas: una es que Cristina Kirchner y sus lacayos juegan diariamente para generar hechos que la prensa explota para tapar los desaguisados del gobierno y la otra es precisamente que las corporaciones económicas, las financieras y la de los medios utilizan al cristikirchnerismo para ocultar la realidad de una estanflación galopante y que no cede ante los esfuerzos del Gobierno.

Mauricio Macri es “¡por ahora (?)!” un hombre de suerte. ¡Su Gobierno hace lo que puede, en un ejercicio donde la política (con minúscula) le saca hasta ahora una luz de ventaja a la economía! Esta sigue atravesando un tiempo de “luto y llanto”. Pero el macrismo parece contar con un aliado inesperado: el cristikirchnerismo, en su desbande, espanta cada día a una mayoría social, que opta por resguardar su paciencia bajo la ilusión de un futuro mejor. “Macri se ha empantanado en un charco por mala praxis”. No sólo a raíz de un problema de comunicación. Los aumentos en las tarifas de gas y de luz fueron frenados por la Justicia. El macrismo apostaba, en el primer caso, a que la Cámara Federal de La Plata aceptara la recusación a su primer fallo aplicando el efecto suspensivo de la medida. Eso le hubiera permitido al Gobierno iniciar la refacturación con el 400% de aumento como tope. Pero, aún con un voto disidente, aquella Sala II hizo otra cosa. La cuestión quedó en las manos exclusivas de la Corte Suprema. El debate interno en el poder se reavivó enseguida. ¿Vale la pena continuar apostando a la salida judicial? ¿Qué garantías puede haber sobre una resolución favorable? Difícilmente los jueces omitan la realización de las audiencias públicas que resultaron eludidas. El macrismo planearía adelantarlas aún sin el fallo del máximo Tribunal. Ese trámite nunca representa una planicie.

Osvaldo Riopedre, abogado de Adecua, dialogó este martes (9/08) con Nelson Castro durante la mañana de radio Continental para advertir a las autoridades que la manera en que están convocando a las audiencias públicas para los tarifazos van en contra del marco regulatorio actual: «Ya con el cambio del nombre (audiencia informativa) me parece que no va a cumplir los requisitos», aseguró. «Y vamos a perder tiempo; van a haber impugnaciones; van a haber jueces interesados en que esas impugnaciones prosperen; y vamos, entonces, A retrasarnos 30 días, 20 días más». «Me parece que acá hay que ponerse serios y, si las cosas salieron mal y se hicieron mal porque no se cumplió con la norma, hay que cumplir con la norma de una vez y se terminó el asunto, porque sino vamos a estar dando vueltas todo el año con esto», disparó. En este sentido, continuó: «Con lo que no están cumpliendo es con los marcos regulatorios, que son los que fijan las audiencias previas, que tampoco son vinculantes, porque acá pareciera que estamos adelante de un cuco y que incluso no es de este gobierno; el anterior tampoco las respetaba y se agarraba de unas que había celebrado allá por el 2008». De esta manera, Riopedre subrayó que «Entonces, si no nos ponemos en serio, vamos a estar 4 años con esto, porque le aseguro que hay gente que está dispuesta a que no avance y puede durar todo un período presidencial». «Esto se podría haber simplificado y no ser un hecho político. Cada factura que llega es un hecho político», expresó con tono de indignación por la inoperancia de quienes deben llevar adelante una medida que no debería generar tantos dolores de cabeza en la sociedad. «Tampoco podemos dejar que los jueces fijen tarifas, lo tiene que hacer el Ejecutivo, pero lo tiene que hacer bien. Es una situación difícil para las empresas, que no recaudan, y para los usuarios, que no saben cuándo ni cuánto ni cómo van a terminar pagando. Acá falta política; saber que, además de un excell, hay gente en el medio», ultimó.

Según una encuesta realizada por M&R Asociados, el presidente de la Nación tiene una imagen negativa del 43% y un 48% de los encuestados rechaza su gestión. Según el informe final, la imagen del Presidente sigue siendo positiva, pero continúa descendiendo. La imagen positiva es del 45% y la negativa del 43%, la diferencia entre ambas se está reduciendo desde el mes de abril. Uno de los datos importantes del trabajo es el rechazo a la gestión, que asciende al 48% mientras su aprobación es del 42%, diferencia que se viene ampliando en los últimos estudios. Hace tres meses que la valoración negativa supera a la positiva. Respecto de la valoración de los principales dirigentes, María Eugenia Vidal (con 46% de imagen positiva), Mauricio Macri (45%), Sergio Massa (45%) y Elisa Carrió (42%) son los que obtienen mayor puntaje. En tanto, Florencio Randazzo logra un 32% de imagen positiva. Vidal y Massa son los que tienen mejor imagen neta, CFK tiene la imagen neta más baja. Los temas económicos (inflación y desempleo) son los más mencionados. Luego vienen la inseguridad y la corrupción, más atrás la educación y la salud. Dentro de esta área, la apreciación de la situación económica “personal empeoró” en los dos últimos meses como resultado de la caída de la evaluación actual y de las expectativas para el próximo año. Aquellos que eligieron a Macri manifiestan aprobación, los que optaron por Scioli expresan obviamente desaprobación y los que votaron a Massa muestran “una brecha todavía positiva, que tiende a cerrarse”.

La encuesta también indaga acerca de a quiénes beneficiaron más las políticas llevadas a cabo hasta el momento por el Presidente. La respuesta fue: 1º. Un 64% cree que “a los sectores más pudientes”; 2º. Un 18% cree que beneficiaron a todos y 3º. Un 12% indicó que se dirigieron “a la clase media” (que fueron sus votantes más consecuentes). Un 6% señaló que fueron pensadas para los sectores con menos recursos. El diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa habló sobre acuerdos con las diferentes fuerzas políticas, y dijo: “Tenemos que tener capacidad de diálogo. La Argentina está enferma de bipolaridad y de confrontación. Gastamos la energía en la fractura, en la pelea y en la discusión. Tiene que haber un sistema de acuerdos, para la lucha contra el narcotráfico, para la educación, para el empleo, para tarifas de servicios públicos”. En relación a tema tarifas, señaló: “Hay que mirar sector por sector y precio por precio. El servicio público tiene que llegar a todos y tiene que tener un precio razonable. Le aconsejo al Gobierno, que suspenda, que convoque a las audiencias públicas”. En esta misma línea, agregó: “El problema más serio es que el aumento es ilegal, está viciado de nulidades. Esta situación de incertidumbre no favorece ni a los usuarios ni al país. El gobierno debería rectificar su error cuanto antes para evitar la judicialización de un problema que es netamente político. Para las PyMEs y los trabajadores, estas tarifas se han transformado en un peso insoportable. Además, los inversores no se van a animar a invertir en un país donde la justicia define la política económica”. En este mismo marcó, trató el tema empleo: “Hubo 180.000 despidos formales. Estamos hablando de 180.000 familias que perdieron la dignidad de llevar el ingreso a su casa. A esto hay que sumarle el impacto sobre el que hace la changa y la perdió. Ayer en Merlo, una señora nos contaba que su marido perdió el empleo y que volvió al trueque”.

En relación a los planes sociales, Massa destacó: “No tienen que ser cristalizadores sociales de la pobreza. Le estamos proponiendo al Gobierno transformar estos planes en planes de empleo. Necesitamos que aquel que tiene el plan, cuando entra al mercado de trabajo, no lo pierda, sino que el plan sea tomado a cuenta del pago total del salario de convenio; el Estado tiene que pagar el aporte y al contribución. Y así hacemos un esfuerzo todos, el que tiene el plan vuelve a trabajar, el empleador que paga una partecita del salario para completar, y eso en la PyME va a generar mucha recuperación de mano de obra, y el Estado hace el esfuerzo pagando los aportes y contribuciones”. Por último, Massa resaltó: “Tenemos que aprender a escuchar al otro. Nosotros pretendemos tener una agenda propositiva. La gente te pone donde quiere. Hoy mi rol tiene que ver con articular, buscar acuerdos”. Elisa Carrió propuso la confección de un nuevo cuadro tarifario. No está sola en Cambiemos con ese pedido. El radicalismo sugiere algo más: una consulta con los ex secretarios de Energía que propusieron por años alternativas a la debacle energética del kirchnerismo. La audacia no le agradaría a Macri porque implicaría una desautorización para Juan José Aranguren. El ministro de Energía, en medio del conflicto, ha recibido el respaldo público presidencial. El único gesto de ese tenor en siete meses de poder.

Aquella iniciativa de Carrió esconde otro asunto. A la diputada le suena políticamente inconveniente que una decisión de tanta densidad popular quede bajo arbitrio de la Corte. En especial de Ricardo Lorenzetti, su titular. La mujer teme que cualquier laudo a favor del Gobierno -aunque muy dudoso- pueda condicionar acciones previstas en el Poder Judicial. Entre ellas, la auditoría del Consejo de la Magistratura sobre todos los jueces que sustanciaron causas de corrupción desde 1996. La búsqueda de una salida extra judicial al pleito sería una moneda de dos caras. “¡El Gobierno deberá postergar durante un buen lapso la reducción de la brecha fiscal!” No hay garantía de que la espera de la Corte no represente lo mismo. Aquella brecha se ensancha por demandas de la política. La semana pasada ocurrieron dos cosas. Macri saldó una vieja deuda con las obras sociales de los sindicatos. Contante y sonante son ahora $ 3 mil millones. Pero a la vez consiguió que una parte de la deuda se destine para la atención de salud a aquellos que carecen de obra social. El macrismo entiende que los jefes sindicales protesten, si quieren, pero no lleguen a plantarse en la reapertura de la discusión paritaria. El otro tema fue el cierre que Rogelio Frigerio hizo con los gobernadores por la coparticipación. Costará durante este año $ 37 mil millones. Los mandatarios provinciales son un resorte clave para la gobernabilidad del Presidente. El reverso de aquella moneda sería de política pura: la reconsideración de los cuadros tarifarios permitiría al Gobierno escapar del desgaste público al que lo somete un problema que por la vía actual no se salda.

La respuesta no será rápida. Y el Gobierno lo sabe. A todo el tiempo que se tome la Corte Suprema para resolver la apelación del Poder Ejecutivo contra el fallo que suspendió el tarifazo del gas, habrá que sumarle el que le disponga la procuración general. Es que, tal como se esperaba, el máximo tribunal remitirá el caso al Ministerio Público Fiscal el caso en busca de una opinión. Si se midiera en términos políticos, la Casa Rosada debería descartar un dictamen favorable desde el vamos, ya que quien debe decidir en esa instancia es Alejandra Gils Carbó, la procuradora general, inspiradora de la agrupación “Justicia Legítima” y a quien el Gobierno le pidió en reiteradas ocasiones que se fuera por su «perfil militante». Cabe recordar que “Justicia Legítima” es un colectivo de jueces y fiscales que, referenciados en las políticas del kirchnerismo para el sector, se oponía a lo que denominaban la «justicia conservadora» o «el partido judicial». De acuerdo a “Clarín.com” enviará el expediente a Gils Carbó por la tarde de este martes luego del plenario de ministros que se celebró por la mañana. La opinión de la Procuración no será vinculante para lo que decida el máximo tribunal pero retrasará los planes del Gobierno, que pretende una rápida definición judicial del asunto. Gils Carbó deberá opinar sobre el fallo de la Cámara Federal de La Plata que suspendió las subas de tarifas para el servicio del gas en todo el país.

Los muy graves errores políticos del Gobierno MM incluso, podrían servir para no perforar un argumento con el cual se insufla ánimo el cristikirchnerismo fabulador: “la posibilidad de que el Gobierno se despeñe”. Se trata de un cálculo mal calibrado desde diciembre, cuando Cristina Fernández abandonó el poder. La cuestión no sería únicamente aquel mal cálculo. El drama verdadero lo constituyen varios actores que desarrollan la ficción. Aníbal Fernández, por ejemplo, criticó el plan de salud para quienes no poseen obra social. Eso fue saludado por todo el sindicalismo. Guillermo Moreno se paseó por televisión. Brindó cátedra presunta sobre economía, patoteó, promovió la reorganización del peronismo y hasta instó a pelear contra las “mil familias de la oligarquía argentina”. La condición de luchadora por los derechos humanos no eximió a Hebe de Bonafini de un acentuado patetismo al resistir una orden de indagatoria de la Justicia. Debiera haber una vela encendida delante de fotos de los tres, en la capilla de la Casa Rosada. “¡Esa línea intransigente la lidera Cristina personalmente!” No parece comprender acabadamente lo que sucede. En cada aparición menea idéntica receta: refiere a su pasado gobierno como un supuesto milagro nacional; denuncia ser víctima de una persecución vaga. En siete meses habrían sucedido dos cosas. La sociedad, aún su sector más desprevenido, tomó cierta conciencia del desmanejo económico que Macri recibió como herencia aunque según se desprende de la encuesta de M&R Asociados, ese tiempo se está agotando rápidamente tras 8 meses de gobierno. Del mismo modo, el escándalo de los bolsos de José López y las innúmeras causas de corrupción debilitaron mucho aquel papel de víctima.

Eso explicaría las batallas de la ex presidenta. Llevó hasta un extremo la situación con Claudio Bonadio, que la procesó por la venta de dólares a futuro. Rechazó un embargo del juez por $ 15 millones que terminó forzado a embargarle todos sus bienes. Lo acaba de recusar en otra causa por “enemistad manifiesta”. Luego llegó el bloqueo de las cajas de seguridad de Florencia Kirchner que dispuso Julián Ercolini. La hija presidencial lo desafío a abrirlas: en una de ellas se exhibieron US$ 4.600.000. Presentó una denuncia contra Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, por haber divulgado la cantidad de gente que custodia su familia (80) y las fotos de aquellos indecorosos fajos con dólares. La responsabiliza de cualquier intento de secuestro. Hoy se vio para una conciliación vana con Margarita Stolbizer. Su batida provoca horror en el peronismo. Hasta José Luis Gioja, el titular del partido, se animó a cruzarla. Decidió, además, que convalidará a Oscar Lamberto para reemplazar en la Auditoría General de la Nación al procesado Ricardo Echegaray. Es lo que esperan desde hace rato Emilio Monzó en Diputados y Gabriela Michetti en el Senado. “Es lo mismo que Cristina no quería”. La rebelión promete provocar otra fractura en el bloque de diputados del FpV. En el Senado se sueltan casi todas las riendas. Seis legisladores del FpV acompañaron en la Comisión de Acuerdos los pliegos de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani para ocupar los cargos máximos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). ¡Un avance que incluso objeta la propia Carrió! Sobre Arribas desagradaría su falta total de experiencia en el mundo tenebroso de la inteligencia, así como sus vínculos extraños -por lo menos- con la compra/venta de jugadores de futbol ya que conoce mucho más de fútbol. “También habría baches en su declaración patrimonial”. Majdalani integró durante el kirchnerismo la Comisión de Control de Organismos de Inteligencia en Diputados. Esos organismos estuvieron fuera de control, sin que ella dijera mu. Su amigo es Francisco Larcher, el segundo de la ex SIDE. El más amigo de Néstor Kirchner. La mujer presentó como antecedentes ciertos lauros llamativos: cursos sobre psicología de la mujer, poder y control mental y manejo e intervención de crisis personales.

Asimismo sigue el debate por los aumentos de tarifas de servicios públicos y la necesidad de celebrar las audiencias públicas dictadas por la Justicia para dar lugar a los nuevos cuadros tarifarios. Sobre ese tema habló esta mañana (9/08) en declaraciones a AM 950 Belgrano la presidente del Centro de Educación al consumidor (CEC), Susana Andrada. Andrada sostuvo que «el gobierno tiene que escuchar de boca de los usuarios y el público en general cuáles son las necesidades y cuál es el valor del gas. Para eso sirve la audiencia pública». «El problema del gobierno fue que no cumplieron con las audiencias públicas y anunciaron mal los aumentos pensando que todos íbamos a pagarlos con una sonrisa», agregó. «Capital Federal no puede tener coronita, el interior está pagando mucha plata en tarifas», manifestó Andrada. En tanto, remarcó: «Tienen que pensar en los que menos tienen y no pueden pagar las tarifas y explicar por qué motivo es el aumento que se debe dar. Es imperioso y necesario». Y agregó: «El gobierno va llamar a una primera audiencia ahora y la definitiva será en octubre.» Andrada, que sostuvo que no es obligatoria la audiencia de la generación del gas, explicó: «Para que el gas llegue a mi casa pasa por tres segmentos: el que lo genera, es decir, la generación de gas, el transporte y la distribución». «Es válido que el gobierno lleve adelante las audiencias públicas para tener datos pero nos estamos preguntando por qué trasladan la audiencia a octubre», argumentó.

A su vez, señaló: «Queremos saber por qué recibimos una mala calidad del servicio porque las distribuidoras no hicieron las inversiones correspondientes. «Si seguimos pagando estas facturas los que nos fundimos somos nosotros», lanzó. Por último, aclaró: «Será una audiencia para la tribuna, va a ser un lío y más show que otra cosa.» Sobre las Audiencias el Gobierno nacional pondrá en funcionamiento en las próximas horas una convocatoria para que se puedan realizar Audiencias Públicas para analizar -por separado- las políticas tarifarias para los servicios de suministro de electricidad y de gas natural, según revelaron a DyN fuentes oficiales. La maniobra que quiere llevar adelante el Ejecutivo se explica por la necesidad de despejar el camino hacia una resolución de la controversia legal generada por el incremento de las tarifas de ambos servicios en febrero y abril, respectivamente, y la consecuente serie de recursos judiciales interpuestos en contra por diversas organizaciones sociales. Ambas cuestiones treparon en el ámbito judicial y en el caso del gas ya está en consideración de la Corte Suprema de Justicia, lo que hizo que los incrementos quedaran en un limbo dado que se recomendó no pagar las facturas hasta que exista una resolución judicial. Desde la mañana de ayer que el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anticipó en declaraciones periodísticas la intención de convocar a audiencias, que el funcionario calificó de “informativas“, pero que por la tarde se confirmaron como las que corresponden a las diseñadas en las leyes 24.076 (Gas) y 24.065 (Electricidad).

El anticipo de Aranguren se vio ratificado luego por declaraciones del jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, y ambos trabajaron hasta pasadas las 20 en Casa Rosada, preparando las resoluciones de convocatoria a las audiencias. Hasta la semana pasada el Gobierno se manifestó reticente a la realización de estas audiencias por considerarlas innecesarias, pero los reclamos judiciales y las dos protestas callejeras contra la gestión macrista influyeron en el Ejecutivo. La realización de esta audiencias está reglamentada e implica la participación de representantes de las empresas del sector, de las organizaciones de usuarios y consumidores (residenciales e industriales) para debatir aspectos técnicos y económicos de la política tarifaria, coordinados por los organismos reguladores (ENARGAS y ENRE). Mientras se espera que avance el tratamiento por parte de la Corte Suprema, las empresas distribuidoras de ambos servicios dependen de instrucciones por parte de los entes reguladores respecto del criterio a aplicar en la facturación. Las gasíferas han paralizado la emisión de sus facturas ya que quedaron sin efecto las últimas resoluciones que disponían aumentos de 400 y de 500 por ciento respecto de lo cobrado en el mismo período de 2015 y ahora deberían facturar cobrando las tarifas vigentes a marzo último. Por su parte, las compañías de electricidad Edenor y Edesur están facturando con las “tarifas viejas” en el Gran Buenos Aires y con las nuevas en la Ciudad de Buenos Aires porque, argumentan, aún no recibieron notificación del fallo judicial que obliga a la compañía CAMMESA a retrotraer sus tarifas a enero, igual que al resto del país, lo cual ha sido cuestionado por la asociación empresaria ADEERA.

Por otra parte el histórico dirigente de los jubilados Edgardo Civit Evans en el diario “Los Andes” de Mendoza publica: “Conforme promesas electorales, esperábamos una ley superadora para los jubilados y pensionados. La mayoría seguiremos cobrando lo mismo, con remuneraciones bajo la línea de pobreza e indigna subsistencia. No hay aumentos para el 75% de los jubilados. Menos aún, el anhelado 82% móvil. Aun cuando la adhesión es voluntaria, no respeta principios jurídicos. Comprende a menos del 30% de jubilados. Es discriminatoria e inconstitucional. Está dirigida sólo a quienes tienen sentencia firme (50.000 casos); están en juicio (350.000); o con posibilidades de iniciarlo (1.800.000). Únicamente pretende disminuir la alta y costosa litigiosidad que enfrenta Anses como consecuencia de menoscabar durante décadas los derechos de los adultos mayores con apelaciones y recursos que incrementaron los montos (hasta el daño moral, caso Lohle). Pretenden que los titulares de beneficios averigüen si están incluidos. Provocarán nueva desilusión en quienes no estén contemplados; o estándolo, no guarde adecuada reparación del daño sufrido durante años. Esperan llevar a tribunales a firmar acuerdos a 2.000.000 de jubilados, cuando les son perjudiciales, y difícilmente se paguen en breve plazo. Es inconstitucional. El artículo 14 bis dispone que la seguridad social es un derecho vinculado al salario y su movilidad, conforme fallos de la Corte Suprema de Justicia en los casos Bercaitz, Sánchez, Badaro I, Badaro II, Eliff, Betancourt, etc. El Estado debe garantizar ese beneficio con carácter integral e irrenunciable. Transacciones sobre derechos de orden público están prohibidos y pueden ser tachados de inconstitucionales, y absolutamente nulos. Vulnera derechos exigibles por acuerdos internacionales suscriptos por Argentina (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador). La jubilación debe regirse por la proporcionalidad entre ella y el salario en actividad; y por el carácter sustitutivo en relación con la que percibe el trabajador en actividad. Los aportes y contribuciones son salarios diferidos que le pertenecen (Corte Suprema de Justicia).”

Y sigue explicando: “Ofrece una transacción en situación de desigualdad y aprovechamiento que vulnera el principio de igualdad del artículo 16 de la Constitución Nacional, y tratados firmados por Argentina. No es lo mismo el Estado, que un jubilado en situación de necesidad, avanzada edad, en muchos casos en delicado estado de salud, y además harto de años de litigio. Establece tres categorías de supuestos beneficiarios para celebrar el acuerdo ante la Justicia: a. Quienes tienen sentencia judicial firme: les propone abonar diferencias devengadas desde los 2 años previos a la notificación de la demanda. Les cercena derechos adquiridos; pone en riesgo el acceso efectivo de la justicia, vulnerando el art. 18 de la Constitución Nacional y los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan la tutela judicial hasta el efectivo cumplimiento de las sentencias judiciales firmes. Violenta el principio de “cosa juzgada”. El art. 1.644 del nuevo Código Civil y Comercial prohíbe la transacción sobre derechos en que esté comprometido el orden público o sobre derechos irrenunciables. Anses debería acatar los fallos de la Corte. b. Quienes están con juicio iniciado que no tengan sentencia judicial firme: se promete abonar las diferencias devengadas desde los 2 años previos a la notificación de la demanda y hasta un máximo de 4 años de retroactivo, aunque lleve 15 años litigando debido a las sistemáticas apelaciones de Anses. Una vergüenza por donde se mire. Se cancelará el 50% en una cuota, y el restante en cuotas trimestrales. Y c. A quienes no hicieron juicio antes del 30/5/16 (pero podrían hacerlo) se ofrece reajustar el haber, promedio el 35%. Deducirán el impuesto a las ganancias (35%) del retroactivo.”

“Desconocen fallos de la Corte Suprema al modificar los índices de actualización establecidos en el caso “Eliff”, beneficiarios de la ley 24.241, que padecerán quitas del 20 al 70%, alterando montos reconocidos por los jueces. No respetan las fechas de reclamos administrativos ante Anses, fijando como válida la de notificación de la demanda. Se violenta con efecto retroactivo el proceso administrativo instaurado por Anses. Se efectúa una quita en el retroactivo que tiene sentencia firme. Otra alteración de “cosa juzgada”. Viola el derecho de propiedad (Art. 17º CN) por ser confiscatorio, conforme sentencia de la Corte (fallo “Actis Caporale”), al aplicar tope del haber máximo jubilatorio para el reajuste de haberes… Desconoce que el dinero del Fondo de Garantía y Sustentabilidad no es del Estado, sino de todos los jubilados, porque viene de aportes efectuados a las AFJP. Tiene $ 750.000 millones (debería ser el doble). Autoriza su uso y activos para otros fines, incluso en el exterior. Forma una Comisión de Control y Prevención de Litigiosidad y un Consejo de Sustentabilidad Provisional, en el Ministerio de Trabajo, con representantes del Estado y uno por trabajadores activos. Ninguna participación de los jubilados en el control de sus dineros. Crea un sistema de pensión universal equivalente al 80% del haber mínimo, que es pensión vitalicia, no contributiva, que no da derecho a pensión ante el fallecimiento del titular. Ratifica la devolución del 15% de la coparticipación federal que aportaban las provincias. El Estado compromete un préstamo con dinero de jubilados a través del Fondo de Garantía. Asume el déficit de 13 cajas previsionales que deben “armonizar” su sistema jubilatorio con el nacional. Probablemente eliminen los regímenes que contemplan el pago del 82% móvil en las provincias que hoy lo efectúan. La provincia de Santa Fe decidió no aceptarlo.”

Y concluye su completo y aleccionador alegato: “No habrá reparaciones sino quitas, y desistimiento de acciones. Inexplicable que el Congreso que votó el 82% móvil ahora apoye esta ley que solo intenta terminar los juicios contra Anses, afectando derechos constitucionales de los jubilados. ¿Se respetó la mayoría necesaria al momento del voto de esta ley ómnibus? Los abogados de los jubilados deberán evaluar la conveniencia o no de proseguir las acciones judiciales, dependiendo de cada caso, y del estado de avance del proceso. A todos, con sentencia firme o no, les sacarán un importante porcentaje del monto que jurisprudencialmente les corresponde. Sin aumentos para al 75% de jubilados y pensionados incrementarán la pobreza. No estamos ante una ley de reparación sino de “desilusión histórica”. Otra inequidad a corregir por la Justicia.” A su vez y por cuerda separada la “mala praxis” del macrismo genera que la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María José Sarmiento le diera al Gobierno nacional tres días de plazo para que explique las razones del decreto que dispone el uso de la base de datos de la ANSES para políticas de comunicación oficiales. La decisión de la magistrada fue en respuesta a una acción de amparo presentada por un particular contra la decisión del Gobierno de Mauricio Macri de traspasar la base de datos de la ANSES, donde constan los registros privados de todos los ciudadanos, a la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación. “Atento la medida cautelar solicitado oficiese al Poder Ejecutivo Nacional (Jefatura de Gabinete de Ministros) para que -dentro del plazo de tres días- produzca el informe”, contemplado en la ley de Amparo.

Esa ley prevé que “solicitada la medida cautelar, el juez, previo a resolver, deberá requerir a la autoridad pública demandada que, dentro del plazo de cinco días, produzca un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud. Con la presentación del informe, la parte demandada podrá expedirse acerca de las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida solicitada y acompañará las constancias documentales que considere pertinentes”. El amparo fue promovido por la abogada Valeria Laura Carreras, e incluye un pedido de medida cautelar para suspender el traspaso de las bases de datos. La letrada advirtió que habían comenzado a llegar correos electrónicos con propaganda política a ciudadanos. Por ello, denunció penalmente al jefe de Gabinete, Marcos Peña, en una causa que recayó ante el juez federal Ariel Lijo y que ya fue informada en el marco del expediente en el que pidió un freno al traspaso de las bases de datos. El planteo de la abogada contra la decisión de facilitar las bases de datos en las que constan datos privados de todos los ciudadanos al Poder Ejecutivo fue presentada durante la feria judicial de invierno pero no tuvo tratamiento durante ese período. Una vez que conteste el Ejecutivo, la jueza estará en condiciones de resolver el pedido de medida cautelar. El pasado 26 de julio, Peña firmó una polémica resolución publicada en el Boletín Oficial por la cual se usará la base de datos de Anses para diseñar las estrategias de comunicación del gobierno nacional. Desde la oposición, desde sectores de izquierda pasando por el kirchnerismo y el massismo, salieron a denunciar un intento de utilizar los datos personales de los jubilados para hacer propaganda política.

Los desaguisados del cristikirchnerismo y del macrismo y de la justicia de la semana que pasó y especialmente el episodio con Hebe de Bonafini dejaron como saldo señales de escasa convicción y fortaleza de la Justicia y del poder político para actuar en una emergencia. ¡La tarea de reconstrucción institucional que promete Macri, según todas las evidencias, despunta tan ardua como incierta y tenebrosa!