Por Oscar Edgardo García.-

Es innegable que la movilización de la comunidad mapuche es creciente y se desarrolla bajo el amparo, por acción o inacción, de distintos funcionarios del gobierno nacional.

Particularmente, las posturas de los Ministros de Defensa y de Seguridad de la Nación inducen a preguntarse si son conscientes de la realidad o si han perdido el sentido de ella dado que está en juego la seguridad de los ciudadanos, el derecho a la propiedad, tanto pública como privada, y, por sobre todas las cosas, la soberanía territorial del país.

Al margen de los terribles sucesos que ocurren habitualmente en nuestro país no debe ignorarse el accionar en Chile de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una organización político-militar indigenista mapuche que con su brazo armado denominado Órganos de Resistencia Territorial (ORT) concreta actos de violencia política con reivindicación de la lucha armada como metodología extrema para conseguir sus objetivos, motivo por el que es considerada como una organización terrorista.

Héctor Llaitul Carrillanca, combatiente de la nación mapuche y actualmente histórico vocero de la «CAM”, pregona públicamente la lucha contra el capitalismo y el estado colonial y con el fin de establecer una resistencia armada procura acumular recursos financieros.

Su discurso no solo conlleva la estimulación de la violencia política sino también la justificación del robo de madera para su posterior venta y compra de armamento en pos de un fortalecimiento de su autonomía con medios suficientes para reconstruir el mundo mapuche dotando a sus comunidades con los elementos necesarios para su defensa y eludiendo el diálogo con un gobierno central que pretende fijar las reglas y disponer un accionar represivo como contrapartida.

Bajo ningún punto de vista debe subestimarse lo que está ocurriendo en el país vecino así como tampoco debe desestimarse que la comunidad mapuche argentina lleve a cabo iguales o similares acciones en las provincias patagónicas poniendo en riesgo la vida y los bienes de sus poblaciones y perjudicando las economías de las mismas, así como también la soberanía territorial de la República.

Es tiempo para que el Gobierno Nacional deje de soslayar los ataques impetuosos, irracionales y violentos de los mapuches rebeldes en el sur del país y brinde la protección requerida a las provincias afectadas por estas actividades ilegales, así como también que tome las medidas necesarias para el resguardo de las fronteras de modo de evitar la infiltración de miembros de la organización terrorista del país vecino que se replieguen a causa de la represión de su accionar por parte de las fuerzas de seguridad del mismo.

El Estado Nacional es responsable de planificar y ejecutar oportunamente las medidas de prevención, conjuntamente con los gobiernos provinciales, para no lamentarse tardíamente de las consecuencias producidas por su falta de concreción y el tiempo es ahora.

Share