Por Alfredo Nobre Leite.-

La Sala II de la Cámara Federal, en la causa por la muerte de cinco jóvenes en la fiesta electrónica Time Warp en Costa Salguero, acaba de beneficiar a los responsables del hecho criminal en investigación, concediéndoles la excarcelación, fijarles fianzas el juez federal Sebastián Casanello, al revocar las prisiones preventivas en razón de la modificacación de la calificación de «comercio de estupefacientes y abandono de personas seguido de muerte» por otra ligera de «facilitación del lugar para el consumo y venta de estupefacientes, homicidio culposo y lesiones graves culposas». Pero se contradice en su argumentación, pues prima facie dice que no hay en el expediente «ningún elemento que permita vincular directamente a sus asistidos con dicha comercialización y, por tanto, sostener la imputación en los términos del artículo 5º de la ley 23.737». Agregando que «El cese de las prisiones preventivas fue dispuesta por considerarse que «ya no existen los riesgos procesales de entorpecimiento». Sin embargo, en mi humilde opinión hay contradicción, pues los camaristas concluyen que «la resolución consideró además que «la voluntad nunca estuvo dirigida a proteger a los concurrentes», sino a «cubrir exclusiva y excluyentemente las existencias particulares para garantizar el éxito económico del evento: proveer un ambientes donde la venta y consumo de estupefacientes se desarrollara sin inconvenientes» (sic).

A lo cual, se sostiene que «Los responsables de la organización quebrantaron sus obligaciones con el objeto de obtener el mayor rédito posible (a costa de la salud y muerte de los concurrentes), limitándose a cubrir en teoría -es decir, para la cantidad de asistentes declarada- los requerimientos formales que se exigían para su habilitación» (sic). Semejante y preocupante fallo de las Sala II de Apelación Federal que facilita la excarcelación de los responsables de la muerte de los cinco jóvenes, amerita ser apelada por el Fiscal de Cámara Federal (el abogado Víctor Stinfale, el empresario Adrián Conci, el apoderado de Dell Producciones Carlos Garat y otros procesados).

Al respecto, recordemos que el fiscal federal Federico Delgado, que investiga la muerte de los cinco jóvenes, señaló el 24 de abril último que hay «un triángulo envuelto por el Estado», que incluyen el concesionario del predio, la empresa que organizó el evento y la que abastecía de bebidas. Además, reveló que a una semana de la tragedia «aún estamos buscando los molinetes que registraban cuanta gente ingresaba, porque la empresa de seguridad se los llevó» (sic). Y apuntó que por «los telefónos secuestrados de la propia organización», surge que «en un grupo de whatsapp entre ellos hablan de 20 mil personas». Y sostuvo que hay que «responder dos preguntas básicas: Si la empresa que organizó la fiesta alquiló el predio y contrató un proveedor de bebidas, en tal caso sería un empresario que asumió un riesgo para la fiesta, o si estamos ante una sociedad» entre ambos. Y también indicó que hay un «triángulo formado por Costa Salguero, que es el concesionario del predio; la empresa que organizó el evento y la firma que abastecía de bebidas a la fiesta, la empresa del agua», Block, representada por el abogado Stinfale (al margen, de que las canillas de agua corrientes estaban obturadas, y, consecuentemente, los jóvenes dopados buscaban con desesperación beber para evitar la deshitradación, de ahí las muertes).

A la luz de lo expuesto por el fiscal Delgado, llama poderosamente la atención el fallo de la Sala II de la Cámara Federal, pues las drogas sintéticas se vendían libremente, al ingresar al recinto, todo lo cual deberá ser reencausado por la Cámara de Casación Penal.

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