Por Hernán Andrés Kruse.-

La expresidente Cristina Kirchner estuvo en los tribunales de Comodoro Py el lunes 31 de octubre por la mañana citada por el juez federal Julián Ercolini, quien le imputó el delito de asociación ilícita. El edificio se transformó durante algunas horas en un fortín inexpugnable, con un vallado reforzado e hileras de prefectos y policías federales encargados de la custodia de la ex presidente. Alrededor del fortín se congregaron varios miles de simpatizantes del kirchnerismo, varios dirigentes políticos, actores y el ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni.”Ningún presidente puede decidir ninguna obra pública, eso es decisión del parlamento nacional. De ser considerado el Poder Ejecutivo una asociación ilícita debería extenderse al Poder Legislativo también”, expresó la ex presidente con fina ironía. Ercolini está convencido que la ex presidente es miembro de una supuesta banda delictiva junto con otros ex funcionarios, entre ellos el ex presidente Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio de Vido y el empresario Lázaro Báez. Éste habría tenido la intención de apropiarse de toda la obra pública de la provincia de Santa Cruz. Según Cristina la figura de la “asociación ilícita” es utilizada para “perseguir a dirigentes políticos cuando la conducta que llevan de acuerdo a la Constitución y las leyes no encuadra en ninguna conducta penal”. Cristina solicitó la nulidad tanto de la citación como de la imputación negándose, por ende, a responder las preguntas del magistrado. Dijo no ser amiga de Báez y solicitó la realización de una auditoría de toda la obra pública desde que el kirchnerismo llegó al poder. También pidió hacer una breve exposición. Comenzó por confirmar la imputación del juez. Se trata de un serio delito, asociación ilícita, que prevé hasta una década de prisión. Para Cristina es realmente absurdo pretender que tanto el presidente como sus ministros tengan como objetivo conformar desde el poder una asociación ilícita. Para el juez Ercolini el ex presidente Néstor Kirchner conformó su gobierno con personas que conocía desde hacía muchos años, que trabajaron con él siendo gobernador de Santa Cruz y que una vez en la Casa Rosada los ubicó en puestos muy importantes, como Julio de Vido y José López, entre otros. Para Cristina el planteo del magistrado “no solo resulta absolutamente sesgado sino que raya en lo ridículo”. Dijo que cualquier presidente arma su equipo de funcionarios con personas de su confianza. “Peor el caso del gobierno actual”, enfatizó, “donde habían sido empleados o ejecutivos de sus empresas o CEOs de otras empresas que tienen intereses encontrados con el Estado nacional”, como Juan José Aranguren. Hizo entrega al juez Ercolini de varios elementos probatorios, como las leyes de presupuesto nacional que fijan las obras que se realizan, en qué lugares y con qué recursos, y le hizo acordar que desde 1994 tanto la ejecución como la administración del presupuesto están a cargo de los jefes de gabinete (ninguno de los cuales, oh casualidad, fue citado a indagatoria). Manifestó después que las cuentas de inversión fueron aprobadas por la Auditoría General de la Nación y la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Poder Legislativo, refrendadas por el parlamento. Los decretos de necesidad y urgencia, indicó la ex presidente, no pueden probar direccionamiento de los fondos (revisados, dicho sea de paso, por el congreso) que se emplean para ejecutar totalmente el presupuesto. Ya en las escalinatas dialogó con la prensa señalando que “si las obras no están en el presupuesto y el parlamento no asigna recursos, no se pueden hacer”. Para los fiscales y el magistrado, se había orquestado una operación para que Vialidad en Santa Cruz favoreciera a Lázaro Báez.

Hubo bastante tensión en el despacho de una secretaria del juez Ercolini, lugar donde la ex presidente declaró. Cristina no levantó la vista cuando entraron los fiscales y uno de ellos, Pollicita, se acercó para saludarla, en un gesto que tuvo bastante de provocación. Sin embargo, la ex presidente le devolvió el saludo. Dijo Cristina más adelante: “Todo esto junto con otros hechos que tramitan aquí en Comodoro Py como por ejemplo la causa del dólar futuro y otras tantas que seguro vendrán, como anuncian los medios, constituyen la más formidable maniobra de persecución política, mediática y judicial de la que se tenga memoria desde el advenimiento de la democracia”. Ante los medios consideró que “la persecución política que no es original, la vemos en Brasil también con Lula y que tiene como destinatarios a quienes representamos por lo menos simbólicamente los procesos de inclusión social y transformación económica que han tenido lugar” (…) “acá es una maniobra también del actual gobierno que trata de tapar el desastre económico y social”. Manifestó que si su gobierno fue una asociación ilícita el de Macri es lisa y llanamente una “asociación ilícita terrorista” a raíz del terror que infunde a la sociedad con sus medidas de ajuste. Pidió que con la misma vara se mida al “decreto firmado en la actual administración por la actual vicepresidenta de la Nación” (…) “donde se destinan fondos específicamente a la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento por la suma de 45.000.000.000 de pesos, obra que fuera licitada durante la administración anterior y cuyas condiciones en el pliego de licitación era obtener financiamiento privado; la adjudicataria era una UTE y una de las empresas que la compone, Iecsa, propiedad de Angelo Calcaterra, primo hermano del actual presidente, empresa que anteriormente también pertenecía a la familia del presidente Macri” (…) “Se violó el pliego porque decía que debía tener financiación privada y en realidad recibió financiamiento del estado en virtud de este decreto” (fuente: Irina Hauser, “Esto es sesgado y raya en lo ridículo”, Página 12, 1/11/016).

La ofensiva judicial desatada contra la ex presidente mereció la respuesta de importantes referentes del kirchnerismo. a) “Es un esmerilado que tiene la misma táctica que la que tienen con Milagro Sala. Consiste en reproducir causas, si se termina una o no es suficiente, clonan procesos que van a terminar en nada, ya lo sabemos. Lo lógico sería hacer una auditoría sobre todo lo hecho y después ver las irregularidades y quiénes son los responsables” (Raúl Zaffaroni). b) “Si había alguna duda de que este es un dispositivo de persecución política, alcanza una imagen del operativo que montaron en los tribunales federales: vallado, camiones hidrantes, 300 o 400 efectivos de la Gendarmería vestidos como para un conflicto. Montaron un show para hacerle creer a parte de la ciudadanía que hay gente que tiene causas judiciales tremendas, y gente tremendamente transparente, que sería la que está en el gobierno. Cristina es una persona muy entera: si uno ve cómo le está yendo en los sondeos y cómo la reciben en los barrios, percibe que hay dos realidades distintas, la que tratan de armar los medios y la que realmente pasa. La gente está sufriendo mucho e identifica a Cristina como lo que fue, alguien que se ocupó de dar derechos y responder a las necesidades del pueblo” (Axel Kicillof). c) “Pese a toda la persecución y a todo el hostigamiento, Cristina crece en imagen pública en todos lados, porque no hay en el país una persona que tenga la capacidad de liderazgo y de convocatoria que ella tiene” (Héctor Recalde).   d) “Quieren proscribir a Cristina porque saben que en una contienda democrática y libre son derrotados. El operativo que ordenó Patricia Bullrich en los tribunales fue intimidatorio y provocador, buscó generar un conflicto y que la concentración terminara con alguien tirando una piedra. Margarita Stolbizer tiene que explicar primero qué participación le cupo en la ley Banelco, que fue la mayor corrupción del gobierno de la Alianza, de la que ella fue parte. Que explique también que recibió los créditos del Banco Hipotecario en época de Aníbal Reinaldo, en 1986, que también fueron un escándalo de corrupción” (Oscar Parrilli). e) “Han buscado cualquier cosa para agraviarla y como corresponde, el pueblo es sabio. No se traga la mentira” (Aníbal Fernández). f) “Debemos analizar el presente para entender lo que está sucediendo en materia judicial en la Argentina. Es como si por el caso (del origen del dinero robado de casa de la vicepresidenta Gabriela) Michetti lo imputaran también al presidente, o que por la fuga de dólares de (el ministro de Hacienda, Alfonso) Prat Gay lo imputaran también al presidente. Si a eso le sumamos los allanamientos del juez Bonadío, realizados mientras Cristina declaraba ante el juez (Julián) Ercolini, podemos dar cuenta de que evidentemente existe una articulación entre estos jueces federales. Eso está plasmando un ensañamiento. Incluso hay dos causas iguales con distintos jueces, algo criticado hasta por Elisa Carrió” (Juan Cabandié). h) “Cristina es objeto de una persecución político judicial de los grupos concentrados de la economía, que no le perdonan haber gobernado a favor de los intereses de las mayorías populares y en defensa de los intereses nacionales. Lo hacen con la complicidad del gobierno de Macri, que necesita estigmatizarla para intentar su proscripción política” (Gustavo López) (fuente: “Es un dispositivo de persecución”, Página 12, 1/1/016).

En su edición del martes 1 de noviembre La Nación publicó un artículo de Fernando Laborda titulado “¿Hasta dónde puede llegar Cristina Kirchner en 2017?”, en el que analiza las chances electorales de la ex presidente en provincia de Buenos Aires en caso de que decida competir por la senaduría nacional. Desde que abandonó la casa Rosada la ex presidente cuenta con una importante imagen positiva y otra importante imagen negativa. Lo que la dirigencia política en su conjunto se pregunta es en qué medida los problemas judiciales que la acosan terminarán por esmerilar su eventual candidatura. Laborda menciona las mediciones de la imagen de Cristina efectuadas durante este tiempo por la consultora Managment and Fit. Cuando Cristina abandonó la Casa Rosada el 9 de diciembre pasado su imagen positiva era del 35,2 por ciento mientras que su imagen negativa era del 34,7 por ciento (un diferencial de -0,5 por ciento). A partir de ese momento la diferencia a favor de la imagen negativa se fue ampliando. Así llegó a septiembre con un diferencial de -7,3 por ciento (imagen positiva 36,8 por ciento-imagen negativa 44,1 por ciento). Según el encuestador Jorge D. Giacobbe la imagen positiva de la ex presidente es hoy del 30 por ciento y la imagen negativa supera el 60 por ciento. Hoy Cristina cosecharía en provincia de Buenos Aires alrededor del 27 por ciento de los votos si se postulara a senadora nacional. Giacobbe considera que con ese porcentaje no lograría obtener la pole position pero sí le serviría para luchar por el segundo puesto y así perjudicar a terceras fuerzas (léase: el Frente Renovador). Por eso es que Macri y varios dirigentes cercanos ven con muy buenos ojos la posibilidad cierta de que la ex presidente compita el año que viene en territorio bonaerense. En caso de que Cristina finalmente decida luchar por la senaduría Elisa Carrió se sentiría lo suficientemente motivada para participar electoralmente. Nada la haría más feliz que vencer a la ex presidente en las urnas. El problema que tiene Carrió es que también quiere competir el primo del presidente, Jorge Macri, un dirigente por quien Carrió no tiene la más mínima simpatía. Según Managment and Fit el diferencial de Cristina, -7,3 por ciento, se sitúa muy por debajo de los diferenciales de Vidal (+22,1 por ciento), Massa (+16,8 por ciento), Stolbizer (+16,4 por ciento) y Carrió (+11 por ciento). Laborda culmina su análisis expresando que según varios analistas la población estaría dispuesta, si no lo hace antes la Justicia, a darle el golpe de knock out en las legislativas del año que viene. Después de leer este artículo y lo que están publicando los grandes medios nacionales sobre la ex presidente de la nación, uno no puede dejar de afirmar que Cristina Kirchner continúa siendo, a pesar de todo, la figura central de la política argentina.

Culminó la primera etapa del blanqueo de capitales contabilizando un piso de 4600 millones de dólares. Estos datos, presentados en las últimas horas por Prat Gay y Abad, son provisorios. Sin embargo, el ministro de Hacienda y Finanzas expresó eufórico que “vamos a estar satisfechos y contentos si superamos los 20 mil millones de dólares. Dimos un primer paso muy satisfactorio. Pocos imaginaban que íbamos a lograr estos números”. Ayer (lunes 31 de octubre) a última hora terminó la posibilidad de abrir las cuentas especiales para depositar los fondos que quedarán inmovilizados hasta fines de marzo. Sin embargo, aquellos que hayan cumplimentado con los requisitos administrativos exigidos del esquema podrán, a raíz de la decisión de las autoridades regulatorias de extender el plazo, acercar los billetes a los bancos hasta el 21 de noviembre. Al lado de Prat Gay, el titular de la AFIP expresó que “hay un vuelo del colchón hacia cuentas bancarias que van a permitir impulsar la actividad. Eran fondos que estaban oscuramente guardados sin generar renta, crear empleo ni incentivar la economía. Ahora emergió y va a tener ese rol”. Si además del dinero en efectivo se computan los activos regularizados a través de todas las vías establecidas, el piso es de 5400 millones de dólares. La AFIP, entonces, recibió 100 mil declaraciones juradas. Estos números, obviamente, nada tienen que ver con los 60.000 millones de dólares que en principio el gobierno aspira alcanzar con el régimen de blanqueo. Ahora se ingresa a una segunda etapa en la que se debería producir una especie de sinceramiento de colocaciones en bancos de Estados Unidos o Suiza. Se trata de una de las principales apuestas del gobierno nacional aunque ello ni significa que los fondos terminen ingresando al país (fuente: “El blanqueo concluyó su primera etapa”, Página 12, 1/11/016).

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