Por Hernán Andrés Kruse.-

El juez federal Julián Ercolini, el magistrado que archivó la causa Papel Prensa, procesó a la ex presidente Cristina Kirchner, a algunos de sus ex funcionarios y a Lázaro Báez por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta. Raúl Kollmann (“Un gobierno convertido en delito”, Página/12, 28/12/016) considera que se trata de un fallo eminentemente político. Según el magistrado un punto central de la causa es que fue destinado el 11 por ciento de la obra pública a Santa Cruz. Al parecer no tiene en cuenta que la provincia sureña, al poseer el 10 por ciento del territorio nacional, es merecedora de ese 11 por ciento de la obra pública. Según Ercolini la inmensidad territorial de Santa Cruz no es relevante a la hora de evaluar el porcentaje que merece una provincia sino, como en el caso de Santa Cruz, los índices de pobreza o la cantidad de población. Concluye afirmando que la construcción de semejante número de rutas sólo tenía como objetivo beneficiar a Lázaro Báez. El magistrado también ignoró la auditoría realizada por el macrismo sobre la obra pública en territorio santacruceño y que concluye afirmando que “no se perciben deficiencias de relevancia en las construcciones, los desajustes de certificaciones de obras no se consideran relevantes, el ambiente de control imperante resulta razonable, no se encuentran desvíos significativos”. Por su parte, Vialidad asegura en su informe que no hubo evaluación alguna de ningún sobreprecio. Como frutilla del postre, Ercolini embargó a la ex presidente por un valor de 10.000 millones de pesos. Kollmann afirma que queda fuera de toda discusión la intencionalidad política tanto de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques como del juez Ercolini. Dice el periodista: “Sólo se hizo una auditoría, a las apuradas, de las obras de Santa Cruz. No se revisó nada de los otros 23 distritos del país. La maniobra fue asombrosa: le pidieron a Vialidad Nacional que hiciera una auditoría sólo sobre Santa Cruz y les dieron 15 días para completarla. Los funcionarios se quejaron diciendo que no entendían el apuro y terminaron haciendo un informe favorable a lo realizado en la obra pública provincial. Aun así, el titular de Vialidad hizo una denuncia contradiciendo las conclusiones. No se evaluó a ninguna de las otras 40 empresas constructoras que consiguieron adjudicaciones superiores a las que obtuvo Lázaro Báez. Desde ya la investigación esquiva, por ejemplo, una mirada sobre IECSA, la empresa que pertenecía al grupo Macri y que hoy maneja su primo Angelo Calcaterra”.

Estamos en presencia de una absurda criminalización de una política de gobierno. Según Ercolini la ex presidente y sus funcionarios decidieron conformar una asociación ilícita para favorecer a Báez a través de la obra pública. El magistrado equipara el gobierno de Cristina con una asociación ilícita. Según Zaffaroni “la asociación ilícita es una figura tomada de códigos europeos de principios del siglo pasado para condenar a quienes integraban sindicatos o partidos de izquierda. Ser parte de un sindicato no era un derecho sino un delito. Cualquier empleado de Tribunales sabe que hay pocas condenas por esa figura, sólo se usa para procesamientos y negar excarcelaciones”. Ercolini está convencido de que Santa Cruz recibió 21.000 millones de pesos para obra pública mientras que Entre Ríos y Córdoba, por ejemplo, recibieron 14.000 millones y 10.000 millones, respectivamente. No tuvo en consideración lo argumentado por la defensa, según la cual Santa Cruz requería más rutas por ser precisamente la segunda provincia más extensa del país (10% del territorio) y con baja cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Si Santa Cruz recibió esa cantidad de dinero se debió, en última instancia, a una decisión del Congreso. Para Ercolini todo el proceso fue delictivo: “desde la cúspide se tomó la decisión de invertir en la obra pública vial y se orientó adonde dirigirla” (fallo). Siguiendo esta lógica, seguramente más adelante el propio magistrado procesará y embargará los bienes de todos los legisladores que aprobaron esa decisión. Un delirio, realmente.

Sostienen casi todos los imputados que Vialidad Provincial se encargó de licitar las obras y que Lázaro Báez resultó el ganador. Según Ercolini se presentaron varias empresas de Báez: Austral Construcciones, Gotti y Kant, y Costilla. En el fallo el magistrado no ofrece explicación alguna acerca de la ausencia de otros oferentes. Otro hecho destacable es el referido al lugar donde se realizaron todas las licitaciones: Santa Cruz. En consecuencia, las autoridades nacionales no tendrían por qué hacerse responsables de las adjudicaciones. Según Ercolini Vialidad Provincial de Santa Cruz se hacía cargo de las licitaciones para ocultar la responsabilidad de la ex presidente. Considera que los funcionarios de Vialidad Provincial participaron, por ser de Santa Cruz, del gobierno de Kirchner en la provincia. Cree que el ex presidente Néstor Kirchner “exportó” su equipo santacruceño a Buenos Aires para que se adueñara del Ministerio de Planificación y la Secretaría de Obras Públicas. A manera de réplica, Cristina expresó que lo de su esposo es una práctica habitual de los gobiernos de todo color político. El caso de Macri lo pone en evidencia: la mayoría de los miembros de su gabinete formaron parte de la administración porteña cuando Macri fue lord mayor de la CABA. Sin embargo, Ercolini sostiene que el problema no es la exportación de funcionarios sino el objetivo, lo que significa que en el caso de Cristina era derivar la obra pública en beneficio de Báez (capitalismo de amigos). Según Kollmann en el fallo el magistrado no explica porqué era tanto el interés del matrimonio k en beneficiar a Báez. Se supone que Báez obtuvo esos beneficios pagando coimas. El problema es que no existe evidencia alguna de esos supuestos retornos. Sólo menciona tibiamente los alquileres de Hotesur y Los Sauces. Los famosos alquileres sólo representan el 0,3 por ciento de toda la suma que obtuvo Báez en obra pública. Para Ercolini es suficiente demostrar la ilicitud de la maniobra el hecho de que Néstor Kirchner y Báez hayan tenido juntos un terreno en Río Gallegos. N siquiera es capaz de detectar una sola transferencia relevante de Báez a Cristina, ni cuentas de la ex presidente o de Julo De Vido. Ercolini reconoció la gravedad institucional planteada por los fiscales pero curiosamente la causa data de 2008. ¿Qué hizo con la causa durante todos estos años? Si presenta tanta gravedad institucional ¿Por qué la archivó durante tanto tiempo? ¿Acaso esperó pacientemente a que cambiara el clima político? El actual gobierno realizó la auditoría en dos semanas, ordenó al titular de Vialidad, Javier Iguacel, a efectuar una denuncia que sostenía lo contrario de lo auditado. Lo increíble del fallo es que criminaliza decisiones de naturaleza política como realizar más obras públicas en una provincia que en otra o designar a determinadas personas en la administración pública. Lo más notable de todo es que el magistrado procesó a Cristina pero no lo hizo con ningún ex gobernador ni con los ex jefes de Gabinete que firmaron en su mayoría las transferencias de fondos públicos para la obra pública en Santa Cruz. ¿Por qué el magistrado procesó a Cristina y no, por ejemplo, a Alberto Fernández o Juan Manuel Abal Medina?

La reacción de la ex presidente luego de conocer el fallo del juez Ercolini no se hizo esperar. En un texto publicado en diferentes redes sociales Cristina Kirchner disparó munición gruesa contra el propio magistrado por sus relaciones con el macrismo, al recordar que su esposa trabaja en el ministerio que conduce Germán Garavano, y por haber absuelto hace unos días a Magnetto, a la viuda de Noble y a Bartolomé Mitre en la causa por Papel Prensa, sin siquiera haberlos citado previamente a declarar. Además, dice entre líneas que con este fallo el magistrado intenta auxiliar a un gobierno jaqueado por el desplazamiento de Prat-Gay y la represión a los damnificados por las inundaciones en la ciudad de Pergamino. “Ercolini”, expresa la ex presidente, “con esposa vocera del ministro de Justicia macrista, en una causa que lleva más de 8 años en su juzgado ahora dice que nuestros gobiernos constitucionales fueron asociaciones ilícitas. ¿Procesará también al 46 por ciento y al 54 por ciento que nos votaron en el 2007 y el 2011?”. En ese sentido, destacó que la figura de la asociación ilícita “fue creada por los gobiernos de facto para perseguir opositores”. Remarcó también que el fallo de Ercolini “casualmente” coincide con un momento político y económico delicado para el gobierno de Cambiemos. “Lo echaron al ministro de Economía, pero la economía anda muy bien. Por eso Macri está de vacaciones hasta el año que viene”, expresó irónicamente. “En Pergamino, tapada por el agua de la inundación se ponen pecheras, pero no para ayudar sino para reprimir”, enfatizó. “Pasamos la primera Navidad con presos políticos desde el inicio de la democracia”, en obvia alusión a Milagro Sala. “Son las postales del cambio y la alegría”, sentenció. Criticó ácidamente a los funcionarios que se harán cargo de los flamantes ministerios de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne y Luis Caputo, respectivamente. En relación con Caputo la ex presidente consideró que “ha batido el record de endeudamiento de la propia dictadura: 50.000 millones de dólares en un año”. Sobre Dujovne expresó que “trabajó en Papel Prensa” y que “a su consultora no se le conoce el CUIT de AFIP”. Está convencida de que el Poder Judicial tiene como objetivo la persecución de las principales figuras de su gobierno por las políticas implementadas. “Nada es gratis”, opinó. “El verdadero poder no se muestra y no va a elecciones. Nadie lo elige y no le gusta que lo nombren ni que lo señalen con el dedo. Y eso fue lo que se hizo durante una década: mostrar lo que no podía ser mostrado, juzgar lo que no podía ser juzgado, decir lo que estaba prohibido mencionar. Hacerlo tiene un costo” (fuente: “Postales del cambio”, Página/12, 28/12/016).

Morales Solá se mostró exultante con el fallo de Ercolini. En su artículo “La más grave impugnación” (La Nación, 28/12/016) expresa: “(…) La decisión del juez Julián Ercolini, justificada y explicada a lo largo de casi 800 páginas, significa en los hechos la más grave impugnación (asociación ilícita y administración fraudulenta) moral y penal que se haya hecho contra la ex presidente. El magistrado explica con un enorme despliegue de argumentos cómo el matrimonio Kirchner decidió enriquecerse con la obra pública desde 2003; es decir, desde el instante mismo en que asumió el poder de la Nación. Los montos que les embargó (10.000 millones de pesos a Cristina Kirchner, a Julio De Vido, a Lázaro Báez y a José López) son demostrativos también del volumen del dinero robado a través de maniobras que ejecutaban tanto Vialidad Nacional como Vialidad de Santa Cruz” (…) “Los argumentos de Ercolini servirán, además, para probar el delito de lavado de dinero contra Lázaro Báez, en manos del juez federal Sebastián Casanello. También aportarán documentación a la investigación sobre lavado que habría perpetrado Cristina Kirchner y que se ventila en las causas Los Sauces y Hotesur, empresas y hoteles de la familia Kirchner donde Báez contrataba habitaciones o departamentos que nunca usaba” (…) “En síntesis, la sentencia de Ercolini abre un amplio abanico de complicaciones judiciales para la ex presidente. La asociación ilícita es un delito grave que tiene penas de más de cinco años de cárcel.” (..) “Ercolini decidió sobre una denuncia de Vialidad Nacional presentada ya durante el gobierno de Mauricio Macri, aunque el fiscal Gerardo Pollicita había pedido que fuera anexada a la vieja acusación de Carrió (2008) porque son muy parecidas. De hecho, Ercolini nombró varias veces a Carrió en los argumentos de su resolución de ayer. Lo que sucedió en 2008, y que liberó de la cárcel (por ahora) a Cristina, es que la Cámara de Casación Penal estableció que la prisión preventiva sólo puede aplicarse en dos casos: cuando un acusado está en condiciones, si se encuentra en libertad, de obstaculizar el proceso judicial o cuando actuó con contumacia (intentó fugarse, por ejemplo). La prisión solo cabe, según esa jurisprudencia, cuando existe una condena firme y definitiva; es decir, después de un juicio oral y sus posteriores apelaciones” (…) “Sea como sea, lo cierto es que aquella resolución de la Cámara de Casación de hace ocho años fue tomada como jurisprudencia definitiva por los jueces penales de primera instancia. Es lo que ayer salvó a Cristina de las rejas” (…) “El juez desmorona también el pretexto de Cristina de que las obras públicas pasaron por licitaciones y que se las administró en la provincia de Santa Cruz, lejos de su poder en el gobierno nacional. Santa Cruz no queda lejos para ningún Kirchner y las licitaciones fueron amañadas. El juez llama varias veces “la encartada” a la expresidente y desliza, prudente, que Báez es “al menos su socio comercial”, según las pruebas que recolectó. La clave está en el precavido “al menos”, porque deja la puerta abierta, sin decirlo, a que el papel real de Báez sea el de testaferro” (…) “Sólo la ceguera del fanatismo puede ignorar las pruebas inscriptas en la resolución de Ercolini. No se puede ignorar, de todos modos, que el fanatismo cristinista existe y que ése fue, tal vez, el único éxito político de la ex presidente. La decisión de Ercolini, que seguramente será apelada, tiene también connotaciones políticas y electorales, más allá de la voluntad del juez. Cristina se encamina hacia un juicio oral que probablemente la condene a la cárcel. Antes de llegar a esa instancia judicial (y antes de que exista una sentencia firme y definitiva), ocurrirán en el país las elecciones de agosto y octubre del próximo año. Es probable que Cristina opte entonces por una candidatura a legisladora para cubrirse de fueros parlamentarios. Ya tiene el argumento: varios de sus diputados de La Cámpora concluirán su mandato el año próximo y le piden que ella encabece una lista bonaerense para ampliarles su vida parlamentaria” (…) “Lo que la política no debería hacer, después de leer el extenso escrito de Ercolini, es permitir que los “encartados” recorran, tranquilos, un irremediable y seguro camino de impunidad”. Qué duda cabe que el orden conservador juzgó y condenó a Cristina Kirchner antes de que lo haya hecho la Justicia.

Alfonso Prat Gay se valió de una conferencia de prensa para despedirse. “Dejamos el auto preparado con la ruta pavimentada para que la cosa empiece a funcionar. La sensación que venimos a transmitir es de misión cumplida en un año muy duro para una franja de la población”. Consideró como sus logros más importantes como ministro de Hacienda y Finanzas la desaceleración en los aumentos de precios después de la inflación ocasionada por el salto cambiario, el desmantelamiento de herramientas como Precios Cuidados y el aumento tarifario. “Bajamos la inflación a la mitad en el segundo semestre”, expresó lleno de entusiasmo. También enumeró como logros el acuerdo con los fondos buitre y el regreso a los mercados financieros. Per lo que más ensalzó el ex ministro fue el éxito alcanzado con el blanqueo de capitales que hasta el lunes pasado contabilizaba cerca de 90 mil millones de dólares. Reiteró que la recuperación económica está en funcionamiento y los resultados se verán a partir del primer trimestre del año próximo: “a partir del año que viene vamos a volver a crecer y generar empleo. Sabemos lo duro que fue el primer semestre del año. Sabemos el impacto que tuvo en el bolsillo de los trabajadores el aumento de precios y el impacto en las expectativas de la caída en la actividad económica. Agradecemos la paciencia y la confianza en Cambiemos”. Junto con Prat Gay se alejaron del gobierno quien fue su viceministro Pedro Lacoste y el secretario de Hacienda, Gustavo Marconato (fuente: Tomás Lukin, “Los 8 puntos que se puso Macri son pocos”, Página/12, 28/12/016).

Hubo un hecho reciente que pasó inadvertido pero que es realmente importante para todos nosotros. El pasado 10 de noviembre el gobierno del estado de Georgia (Estados Unidos) anunció que su Guardia había sido designada operadora del Comando Sur para nuestro país como parte del Programa de Colaboración Estatal (SPP en inglés) del Departamento de Defensa. Julio Martínez, ministro de Defensa, lo presentó en sociedad el 13 de diciembre en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, acompañado por el embajador Noah Mamet y el embajador argentino en Estados Unidos, Martín Lousteau. Dijo Martínez que “nuestro país fue seleccionado entre otros 16 para el trabajo conjunto con la Guardia Nacional de los Estados Unidos, una fuerza de reserva con más de 460.000 integrantes”, y que hasta ese momento “Argentina y brasil eran los únicos países de la región que no contaban con un acuerdo de estas características”. Según el convenio el SPP “establecerá las bases para desarrollar una relación exitosa a largo plazo, mediante el conocimiento en respuesta a la “compartición” de emergencias y desastres, la mejora de la seguridad fronteriza y el fortalecimiento de la cooperación en Operaciones de Paz y su preparación”. Y agrega: “Gracias a la Alianza, la Guardia Nacional llevará a cabo acciones militares entre los dos grupos, no sólo en apoyo de los objetivos de seguridad y defensa sino que también hará uso de las relaciones de toda la sociedad y recursos para facilitar las acciones interinstitucionales y de respuesta, no sólo con los medios militares sino también con el gobierno, y los sectores sociales y económicos”. El general Joseph Lengyel, jefe de la oficina de la Guardia Nacional, afirmó que “el SPP nos permite fortalecer los profundos lazos de confianza que ha creado la Guardia Nacional con un grupo muy amplio de sectores en el extranjero, en todos los niveles de comandos de combate”. Aseguró además que ambas partes “se beneficiarán de la extraordinariamente rica variedad de competencias y experiencia que cada uno aportará”. Por su parte, el brigadier Joe Jarrard, ayudante general de la Guardia de Georgia, consideró que “Argentina tiene una economía abierta y bien desarrollada con una fuerza militar madura. Nuestra organización espera brindar asistencia en temas ambientales relacionados con inundaciones, incendios forestales, intercambio y mantenimiento en materia de aviación, seguridad fronteriza, logística y preparación para desastres”. Según el Cemida, el convenio implica “habilitar la posibilidad de volver a emplear a personal militar en seguridad interior, eludiendo burdamente la prohibición explícita de lo determinado por las Leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior” (fuente: “Un convenio que viene con regalo escondido”, Página/12, 26/12/016).

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