Por Mario Cadenas Madariaga.-

En nuestro escenario político se percibe que una de las principales cuestiones a resolver es la alternativa entre el acuerdo con las diferentes fuerzas y sectores, o la de la responsabilidad indelegable del gobierno.

Todo el país ha escuchado con inmensa satisfacción la invitación a practicar la política del acuerdo y la impresionante frase de que los argentinos unidos seríamos imparables. Y a renglón seguido la invitación a los candidatos presidenciales que compitieron en la última campaña, a opinar sobre la tarea de gobierno que se iniciaba, y a todos los gobernadores sobre los problemas que debían enfrentar, en medio de la crisis de los recursos.

Así en el ambiente político se constató el inicio de una nueva época, que contrasta con el autoritarismo y el personalismo que terminó el 10 de diciembre, el cual en doce años de gobierno no realizó reuniones ni con los miembros de su gabinete ministerial.

Este método del Presidente Macri, desde la perspectiva de los ciudadanos, se recibe como la plena satisfacción de aquel reclamo de la plaza de mayo de 1810 que decía “el pueblo quiere saber de qué se trata”.

Sin embargo, la política del acuerdo, no la del diálogo, se ha debilitado.

Las principales cuestiones que fueron sometidas al acuerdo fueron la situación de las provincias tratada con los gobernadores, y el default financiero en que se encuentra la Argentina, por la falta de cumplimiento de las sentencias de los Tribunales de Nueva York, que se trató con los ex candidatos presidenciales.

En ambas situaciones se mantienen diferencias importantes de criterio entre las representaciones de los partidos en el Congreso, sin que el gobierno tenga mayoría en ninguna de las dos cámaras.

Conforme con el resultado de ambas reuniones, en ninguna de ellas resultaron coincidencias significativas. En la primera los gobernadores no mostraron interés en discutir una nueva ley de coparticipación y todos pidieron ayuda financiera del Estado Nacional e inversiones en sus provincias, sin perjuicio de esperar el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema a favor de San Luis, Santa Fe y Córdoba. En la segunda se objetó llegar a un acuerdo con los holdouts, dándose preferencia a la obtención de reservas mínimas de diversos sectores

A esto se sumaron difíciles negociaciones con el sector empresario para evitar el traslado a precios, por encima de su real incidencia, de la futura devaluación o de la eliminación de las retenciones, así como también evitar el pago de todas las ventas a futuro de divisas realizadas por el Banco Central, por debajo de los precios del mercado.

Es decir, todos los interlocutores están encantados con la convocatoria a conversar sobre la situación económico-social, pero nadie está dispuesto a aportar una contribución a la reforma de la estructura actual, que es insostenible.

Esto lleva a la conclusión de que la función de gobierno en una situación crítica, difícilmente se podrá fundar en la política del acuerdo, y sí en la adopción de las medidas necesarias, que deben tener la sabiduría de resolver la situación, pero que resultaran del ejercicio solitario y responsable de su autoridad.

La única alternativa es realizar las reformas necesarias, asumiendo la responsabilidad de gobierno.

El Presidente Mauricio Macri aprendió rápido esta lección que le dieron sus interlocutores. Comenzó por recordar a los beneficiarios de la eliminación de las retenciones, que sería implacable son la exigencia de pagar el impuesto a las ganancias, y los demás que se deben incrementar naturalmente por aquella desgravación; y también que no se deben subir los precios de los productos y servicios no afectados por esas medidas, o hacerlo por encima de lo que corresponda, aun que no se vaya a aplicar los procedimientos de Guillermo Moreno, sino las que conserva el gobierno en una economía de mercado.

Pero el ejemplo más contundente de ejercicio solitario de su autoridad, fue la designación de los dos miembros de la Corte Suprema de Justicia para cubrir las vacantes existentes, a fin de no quedar dependiendo de los tres miembros anteriores subsistentes. Esta medida ha sido criticada por muchos sectores, porque al no ser gobierno no saben o no quieren saber las responsabilidades derivadas del poder.

Pero quedan otras a resolver, no menos importantes, antes del 1º de marzo.

La primera decisión que se debe tomar es cancelar todas las obligaciones internacionales impagas, con la emisión de bonos del Tesoro, para tener acceso al crédito internacional en las condiciones de los países solventes. Lo contrario es insistir en la política insensata de CFK, en vez de superar esta situación heredada lo antes posible.

Con el crédito externo abierto el gobierno nacional adquirirá la capacidad de iniciar, con autonomía, el papel rector de la política y la economía argentina, no para ceder a las pretensiones contradictorias de las provincias y los sectores, sino para realizar un plan de crecimiento con estabilidad en beneficios de todos, para el que fue elegido, atendiendo financiamientos complementarios.

La segunda decisión debe ser imponer un plan de estabilidad y equilibrio presupuestario, de ejecución inmediata, en base a terminar con la emisión monetaria, de cuajo, y eliminar todos o una gran parte de los subsidios económicos, compensando a los asalariados y jubilados, con un aumento de salarios resuelto por decreto.

En ese momento liberar el mercado cambiario de manera que las divisas necesarias para importar y la atención de otras obligaciones se compren en el mercado de cambios que estará suficientemente abastecido.

Asimismo se ordenará al Banco Central que se abstenga de limitar la espontánea creación de crédito interno para el sector privado, vigilando sólo que su costo se ajuste a la política de estabilidad iniciada. Esta será la principal fuente de financiamiento, elevándose del 12% del PBI al 60% en cuatro años.

Si se procede en esta forma, antes de los ochenta días de ejercicio, el gobierno tendrá el siguiente escenario:

1) Contará con mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados de la Nación, porque estará en condiciones de asegurar la gobernabilidad de todos los gobiernos provinciales, resolviendo sus problemas actuales.

2) El gobierno deberá lanzar en ese momento el plan de obras públicas a cumplir en su primer mandato, – con un presupuesto de alrededor de 100.000 millones de dólares dentro del primer mandato.

3) La clase trabajadora y la clase pasiva habrán pasado la etapa de transición de la corrección económica sin perdida de sus ingresos, y afrontarán el futuro con incrementos permanentes de ingresos, derivados de un alto crecimiento. Ninguno de estos serán inflacionarios, el primero porque se pagará con la mayor productividad de las empresas, derivado de la reforma económica y los segundos del crecimiento de la economía.

4) La oposición de los partidos principales que con criterio realista pretendan mantener sus fuerzas, adherirán a la política general cumplida, sin perjuicio de mantener críticas en aspectos parciales. El populismo kirchnerista subsistirá, pero reducido a un porcentaje ínfimo de la población, desgastado por las investigaciones judiciales, y el mejoramiento social.

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