Por Enrique Guillermo Avogadro.-

«Sólo hay un tiempo esencial para despertarte, y ese tiempo es ahora». Buda.

Describir lo que sucedió esta semana pone a prueba la capacidad de síntesis de quienes pretendemos analizar la realidad; el asco resuma, y resulta arduo ajustarla al escaso espacio de una nota.

Comenzaré por Cristóbal López, y la serie de delitos que él y sus corifeos han cometido. Su compañía Oil retuvo el dinero que, por impuestos, los automovilistas pagamos cuando cargamos combustible; pese a que era sólo un agente de retención, simplemente se quedó con ellos, por una cifra espeluznante, para ampliar su así explicable imperio. Llevo doce años diciendo (http://egavogadro.blogspot.com) que este ¿empresario? es testaferro de los Kirchner, y los elementos que lo prueban se acumulan hasta el infinito: la «obligación» de incorporar otras 1500 tragamonedas que le impuso Néstor para extender la concesión del casino de Palermo; el cobro de los alojamientos en su hotel de Neuquén a través de la cuenta del hotel de Cristina en Calafate; la exponencial diversificación de sus actividades durante la prolongada década; la chocante protección brindada por sus medios de prensa a la ex Presidente, incluyendo las operaciones contra periodistas; y ahora la insólita cobertura que la AFIP -¡Echegaray, teléfono!- y la UFI otorgaron al querido Timba, a pesar de la enorme cantidad de reportes de operaciones sospechosas denunciadas.

Lázaro Bóvedas Báez desempeñaba idéntico rol en el organigrama de los Kirchner: la cantidad de obras públicas inexistentes o inconclusas, pero sobrefacturadas; el pago preferencial respecto a sus competidores; las sociedades que compartían; los cruces en la propiedad de inmuebles; la adquisición de enormes superficies que serían expropiadas cuando se hicieran las represas de Santa Cruz; la administración de los complejos hoteleros; el pago de innumerables habitaciones -igual que Recalde con Aerolíneas- sin ocupar; el mausoleo de Néstor y su mantenimiento, son sólo la punta del iceberg, y lo prueban más allá de cualquier duda. Adoro las casualidades, y que la propia Cristina, Boudou y La Rosadita de Bóvedas fueran propietarios en el mismo edificio de Puerto Madero es, seguramente, una de ellas.

Fue realmente asombroso que el mismo miércoles por la noche la población no saliera a la calle a reclamar juicio y castigo después de asistir a los videos que mostraron a su hijo y a sus empleados contar montañas de dinero, mientras la sociedad juntaba tapitas de gaseosas para el Hospital Garraham; pero sorprende aún más que ningún juez haya mandado a detener de inmediato a Cristóbal y a Lázaro; que el Juez Casanello haya citado a prestar declaración indagatoria a éste, a su hijo y a algunos más recién para la segunda quincena de abril -¡dentro de un mes!- parece una burla a la sociedad entera. Sigo creyendo que esos billetes fueron cambiados por diamantes, al menos parcialmente, durante el viaje presidencial a Angola (http://tinyurl.com.bv6hqzz).

Cuando uno piensa en qué se hubieran podido convertir las siderales toneladas de dinero -recuerde que se pesaban- que ambos pseudo empresarios y muchos otros colegas -como Ferreyra (Electroingeniería), Cirigliano (TBA y Plaza) o Eskenazi (Banco de Santa Cruz e YPF)- robaron a mansalva durante estos años, en materia de hospitales, escuelas, viviendas, rutas, puertos, ferrocarriles, etc., o cómo se ha multiplicado el narcotráfico de la mano del gobierno de los Kirchner (Anímal Fernández), puede confirmar el aserto: «la corrupción mata»; por la magnitud que ésta durante la década, se transformó en un delito de lesa humanidad y, por ello, resulta imprescriptible.

Pero es más grave desde la economía. El principal flagelo que sufre nuestro pueblo es la inflación. Las causas de éstas son muchas, y todas están relacionadas con actos que sirvieron, básicamente, para que los Kirchner saquearan al Estado. Sostengo desde siempre que la pérdida del autoabastecimiento energético se debió al deseo de Néstor de robarse el 25% de YPF; la necesidad de importar combustibles -otro núcleo de gigantesca corrupción gerenciado por Julio de Vido- derivó en una grave pérdida de reservas monetarias; la ocupación del Estado por millones de militantes, más allá de permitir el pago de su fanatismo, significó un crecimiento sin igual del déficit público, que se financia con emisión; la implantación del cepo cambiario implicó que se terminaran las inversiones externas y produjo una menor oferta de bienes frente a una creciente demanda, incentivada por los billones de pesos sin valor en manos de la población; y los irracionales subsidios a la energía, y muchos de los sociales (Milagro Sala, Bonafini, Schoklender), que permitieron nuevos desfalcos, fueron la frutilla del combo que hizo que alcanzáramos el podio de los países afectados por ella.

El espejo de Brasil, al cual me referí la semana pasada, se empañó más el miércoles, cuando Lula, acorralado, aceptó el cargo de Ministro Jefe de la Casa Civil para obtener un excepcional privilegio: sólo el Supremo Tribunal Federal podrá ordenar su detención; la crema de ese postre fue la divulgación de una grabación en la cual Dilma Rousseff le anuncia el envío del acta de asunción, ya firmada, para que la utilice cuando sea necesario. La reacción popular fue inmediata y la sociedad salió nueva y espontáneamente a pedir la destitución de la Presidente, y la designación fue varias veces suspendida por la Justicia. Por supuesto, el Gobierno recurrió a la receta habitual de los populistas: atribuyó el escándalo a un golpe de los poderes concentrados y de la prensa (¿no le suena conocido?); si así fuera, resultaría algo curioso, toda vez que ya están en la cárcel, además de funcionarios del PT y por idénticos motivos, los principales empresarios brasileños. Allí quien las hace, y es descubierto, va preso, cualquiera sea su rango político o su rol económico; aquí Cristina, sus testaferros y sus cómplices, públicos y privados, se siguen riendo de nosotros.

Por eso disiento con Jorge Fernández Díaz, quien sostuvo que avanzar penalmente contra la ex Presidente implica un riesgo político -la victimización- y social, por los desórdenes que podrían generarse. Estoy convencido de la necesidad de hacerlo, ya que la autoexiliada continúa con sus actitudes destituyentes, pese a que su poder rápidamente se diluye entre sus enjoyados dedos; sólo un procesamiento y una condena ejemplar a quien tanto daño ha causado permitirá quebrar el espinazo de esa resistencia antidemocrática y hará que la sociedad esté predispuesta a aceptar las dificultades por venir.

La Justicia ordenó que el contrato entre YPF y Chevron le fuera entregado, íntegro, al Diputado Giustiniani, pero la medida fue resistida por la estatal; las razones invocadas para justificarlo se vinculan a la necesaria protección de datos entre las petroleras, con lo cual coincido. Pero la sociedad tiene derecho a saber qué mecanismos financieros fueron utilizados para canalizar los fondos aportados por la estadounidense, qué eventuales beneficios personales lograron los funcionarios que lo firmaron, cuáles son los compromisos de inversión del Estado como accionista, y qué ventajas fueron concedidas para obtenerlo; es decir, se deberían divulgar los aspectos no vinculados a la geología, a las técnicas previstas y a las políticas comerciales, a los proveedores de material, etc., pero sí, por ejemplo, qué se pactó sobre el embargo que trabara Ecuador por contaminación, cuánta soberanía fue cedida (como a la base china) y qué jurisdicción fue pactada para dirimir las diferencias entre los sigilosos socios.

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