Por Luis Alejandro Rizzi.-

Como explica Fernando Navajas, lo que se llama “tarifa social” no es más que un sistema de subsidios dirigidos a los sectores de menores recursos que de otro modo no tendrían acceso a ciertos “bienes públicos” o servicios de infraestructura, por su imposibilidad de pago.

Es obvio que esta cuestión es también una cuestión fiscal, ya que los subsidios, contra lo que algunos podrían creer, no se financian por generación espontánea, sino con los impuestos que pagamos los contribuyentes, entre los cuales se incluyen también, aunque parezca paradójico, los beneficiarios de subsidios, cuando, por ejemplo, pagan IVA y otros de los llamados impuestos internos.

Es obvio que cuando más subsidios son necesarios es porque aumenta la pobreza y la marginalidad ya que sin ese aporte una parte de la población estimada en un 25 a 30 por ciento no tendría acceso a servicios de agua, cloacas, gas o luz, aunque en materia de electricidad es donde el acceso al servicio en el ámbito del AMBA es de casi el 100 por 100.

El subsidio puede estar dirigido al “acceso” de servicios de infraestructura o al de su “consumo”, pero cuando los precios de consumo son bajos no sólo se dificulta la posibilidad del “acceso” sino su mantenimiento y desarrollo.

Esto ocurre con los servicios de suministro de electricidad a los que si bien en el ámbito referido más arriba, el acceso es casi total, también las interrupciones en los servicios de distribución han crecido a niveles de escándalo por la imposibilidad no ya de incrementar las fuente de generación sino por el deterioro de las infraestructuras de distribución debido a los bajos precios de consumo y subsidios muy mal dirigidos.

Nosotros como sociedad, nos quejamos de los pésimo servicios, nos quejamos de la quita de subsidios, nos quejamos de la presión fiscal, al punto que se ha convertido el impuesto a las ganancias en un impuesto al trabajo, lo que no es correcto o más bien una alevosa falsedad. En cierto modo ese impuesto afecta a todos los que trabajamos, pero no nos quejamos del impuesto inflacionario que es la enfermedad que distorsiona no solo la política fiscal sino las bases imponibles. Y hoy debemos admitir que los subsidios son una de las causas de la inflación.

Por lo tanto para bajar la inflación es necesario dirigir los subsidios al sector social que realmente lo necesita con un criterio de “umbral incluyente” que significa que cuando el subsidio se lo vincula al consumo, solo se pierde el subsidio en cuanto excede el umbral de consumo. Es un medio de alentar lo que se llama consumo racional. Incluso podría en esos casos imponerse “recargos” por el consumo excedente al umbral.

Un ejemplo de subsidio pésimo es el caso de Aerolíneas Argentinas y Austral que necesitaría un aporte de los contribuyentes de u$s 1.000 millones para cubrir sus pasivos de la gestión precedente.

En ese caso estimo que la conducción de las empresas deberá involucrar al personal en los esfuerzos que deberán ser hechos por todos para viabilizar a esas empresas ya que por sus resultados parecerían absolutamente inviables. Además es una empresa que paga muy buenos salarios, lo que solo es posible porque recibe parte de nuestros impuestos y frente a los niveles de pobreza e indigencia existentes, esos niveles salariales parecen inmorales, cuando menos y políticamente arbitrarios si los juzgamos con un criterio que tenga en vista el bien común.

El personal de Aerolíneas Argentinas en ese caso deberá esforzarse por mantener la fuente de trabajo, pero no nos pueden pedir mas esfuerzo a los contribuyentes.

Como vemos con los ejemplos dados, el gobierno deberá implementar una política de subsidios racional, focalizada exclusivamente en quienes lo necesiten, es obvio que habrá márgenes de error. Pero para que ello sea posible también será imprescindible contar con la funcionalidad gremial ya que la recomposición del sistema de precios relativos, tarea que llevará su tiempo, exigirá también racionalidad en los reclamos.

Hay algo cierto, con déficit fiscal e inflación no hay moneda y sin moneda no hay precios ni niveles salariales, la gente hace lo que puede y hasta donde le alcanza. Unos más, otros menos.

También habrá que recurrir a la virtud de la “paciencia” y en ese sentido negociar convenios por un lapso de seis meses puede ser un paso.

Habrá que saber fijar prioridades porque los quintiles inferiores son los que más sufrirán la transición y por tanto hacia ellos se deberá dirigir nuestra preocupación, teniendo en cuenta que un 30% de la fuerza laboral es no registrada y carece de representación.

Ése es el desafío esencial de la dirigencia gremial, empresaria y laboral y política, aunque en verdad también los dirigentes gremiales son dirigentes políticos y les cabe la misma responsabilidad.

Veremos…

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