Por Hernán Andrés Kruse.-

Lenta pero al parecer inexorablemente la desocupación está cerca de alcanzar los dos dígitos. La política económica ortodoxa aplicada por el gobierno de Macri ha vuelto a instalar la cuestión del desempleo en el centro de la escena política y social. El sindicato de las empleadas domésticas acusa recibo de un incremento de la conflictividad entre sus afiliadas debido a la decisión de sus empleadores de disminuirles las horas laborales. El gremio de la construcción denuncia que cada vez que se pierde un empleo formal, dos trabajadores en negro son expulsados del sistema. En este rubro se perdieron hasta mayo nada más y nada menos que 52.974 puestos de trabajo en relación con mayo del año anterior. Según el informe presentado recientemente por la UCA el agravamiento de la pobreza se debe fundamentalmente al empeoramiento de la situación laboral de los cuentapropistas. En junio la actividad fabril cayó un 9,5 por ciento, la más pronunciada en lo que va de 2016. En el comercio minorista las ventas vienen en picada libre. Según el CAME, en julio la caída fue del 8,1 por ciento.

Para Noemí Rial, ex viceministra de Trabajo durante trece años, el aumento del desempleo produce dos efectos letales sobre los trabajadores: a) contrae sus salarios; b) empeora las condiciones laborales. A provocarlos apuntan tanto los empresarios como el gobierno nacional mediante una reforma legislativa que perdure en el tiempo. Dice Rial: “el desempleo es el mayor disciplinador social que existe, el que permite que los trabajadores acepten situaciones de flexibilización que en otras circunstancias serían intolerables”. A lo que apunta, en definitiva, es a la instalación de una virtual esclavitud laboral. Uno de los rasgos más dramáticos de la crisis social es la pérdida del poder adquisitivo del salario. En noviembre de 2015, antes de la megadevaluación, el salario mínimo vital y móvil se situaba por encima de la canasta básica alimentaria de la CABA. El sueldo mínimo de una familia tipo era de 6.060 pesos y la canasta alcanzaba los 5.246 pesos. Según esas estadísticas gracias a ese salario mínimo una familia tipo quedaba por encima de la línea de indigencia y le sobraban 814 pesos. Hoy el salario mínimo alcanza los 6.810 pesos mientras la canasta asciende a 6.888 pesos, con lo cual ahora esa familia necesitaría por lo menos 77 pesos más para costearla. En noviembre a la familia tipo le quedaban 814 pesos libres tras la compra de los alimentos esenciales, ahora (junio) a esa misma familia le faltan 77 pesos para no caer en la indigencia. Lamentablemente, esa situación no hará más que agravarse hasta enero de 2017 cuando la familia tipo perciba 8.060 pesos (un incremento global del 33 por ciento, muy por debajo de la inflación).

El diagnóstico de Rial es lapidario: “Nos acercamos al 2001 de manera galopante. A este ritmo no se tardará en volver a los dos dígitos de desocupación. Existen estimaciones que lo anticipan para este año. Es una pérdida muy grande, ya que al tercer trimestre de 2015 estábamos en 5,9 por ciento, la menor tasa de desempleo en 28 años”. “Se perdió el equilibrio entre inflación y salarios. Y lo peor es que el gobierno no muestra reacción”. La destrucción de los puestos de trabajo queda en evidencia con solo observar el aumento de los planes Repro concedidos por el Ministerio de Trabajo. En julio no tuvo más remedio que entregar un 27 por ciento más de subsidios al salario de empresas en crisis que en junio. Mientras en junio la cartera laboral entregó 11.961 planes, en julio debió entregar 15.240 planes. La debilidad de los trabajadores no hace más que crear las condiciones para la implantación de planes de flexibilización laboral. Al respecto, manifiesta Rial: “el gobierno y sectores empresarios que se expresaron en un seminario de derecho del trabajo en Mar del Plata pretenden avanzar en al menos tres aspectos: descentralizar la negociación colectiva, restablecer contrataciones a prueba por períodos de hasta doce meses y reducir el costo de despido del trabajador”. “La descentralización de la negociación colectiva para establecer convenios por empresa fue lo que consagró la ley Banelco del gobierno de la Alianza. Con ello se pierde el concepto de igual remuneración por igual trabajo. Los acuerdos por empresa deben ser aceptados cuando es para establecer condiciones salariales y laborales mejores a las del convenio de la rama o actividad, pero acá lo que se pretende es que el trabajador quede en una posición desventajosa para aceptar arreglos a la baja”. “Lo otro que quieren es copiar el modelo brasileño para facilitar la salida del trabajador. Pretenden crear un fondo con aportes de los empleados y de las empresas para financiar los despidos, con lo cual le descontarían una porción del sueldo al trabajador para pagarse su propia indemnización”.

La desocupación alcanzó los dos dígitos (10,2 por ciento) en el tercer trimestre de 2006. En 2002 la desocupación había alcanzado la monstruosa cifra del 25 por ciento, para luego descender de manera ininterrumpida hasta 2009. La crisis de la convertibilidad que se tradujo en la hecatombe de diciembre de 2001 y el posterior crecimiento a tasas chinas junto al proceso de inclusión social permitieron a la población renacer de entre las cenizas. En 2009 el gobierno de Cristina hizo frente a la debacle del capitalismo financiero transnacional mediante una serie de medidas tendientes a estimular la demanda y garantizar la presencia estatal frente a cada problema laboral. Ello explica el 5,9 por ciento de desocupación alcanzado en el tercer trimestre de 2015. Lamentablemente, con la asunción de Macri se impuso el paradigma neoconservador ortodoxo cuyas graves consecuencias están a la vista. Resulta evidente que tales consecuencias empeorarán si el gobierno nacional finalmente impone el tarifazo; también serán permanentes si logra materializar las reformas estructurales que tiene en carpeta (la previsional, la impositiva y la laboral) (fuente: David Cufré: “dos dígitos”, Página 12, 13/8/016).

El presidente de la nación ha reiterado en varias oportunidades que su gobierno no tiene en consideración exclusivamente a los ricos. La realidad indica lo contrario: todas las medidas económicas que viene adoptando desde que asumió en diciembre pasado no han hecho más que beneficiar a un sector minoritario de la población. Lo relevante del caso es que esta corroboración no es proporcionada exclusivamente por informes presentados por la oposición, sino también por informes presentados por consultoras internacionales. Tal el caso del informe presentado por la subsidiaria argentina de Kantar Worldpanel, una agencia internacional que acaba de presentar un paper denominado “Consumer Insights”, en el que indica que el consumo de los hogares cayó un 4 por ciento durante el primer semestre de 2016 en comparación con el primer semestre del año anterior. Lo notable del paper es que detecta lo siguiente: un sector de la población, el de mayores recursos, no solo no bajó su consumo sino que lo incrementó. Mientras tanto, el resto de la población se ha visto obligada a reducirlo. Federico Filipponi, director comercial de Kantar Worldpanel, expresa: “los hogares no pudieron sostener su nivel de consumo, la frecuencia (de compras) siguió cayendo y el volumen se contrajo debido a que los hogares no tuvieron la capacidad de incrementar el tamaño de sus compras por primera vez desde fines del 2014”. Los rubros más afectados han sido las bebidas, los lácteos y los bienes para el cuidado personal.

Lo interesante del informe de Worldpanel es que realiza una segmentación de los consumidores en función de sus niveles de ingresos, lo que permite una mayor comprensión de la situación para evaluar el impacto de las medidas económicas. La agencia internacional señala que “el único nivel socioeconómico que pudo sostener su consumo fue el alto+medio-que comprende al 22 por ciento de la población-, el resto realizó ajustes, los cuales fueron mayores a medida que se desciende en la pirámide de ingresos, siendo los hogares de menores recursos los más afectados”. La evolución del nivel de consumo en función de la ubicación en la estratificación social arrojó los siguientes resultados: a) nivel alto+medio, 1 por ciento de aumento del consumo; b) nivel medio bajo, 4 por ciento de descenso del consumo; c) nivel bajo superior, 6 por ciento de descenso del consumo, y d) nivel bajo inferior, 9 por ciento de descenso del consumo.

El gobierno de Macri le otorga un valor trascendente a las expectativas sociales. Por el momento, está fracasando en su intento por mejorar las expectativas de la población en general y las de los comerciantes e industriales en particular. El consumo continúa cayendo, el cierre de locales cada vez es más pronunciado y la producción industrial viene en caída libre desde hace un semestre. El plan ortodoxo de Macri está causando estragos en amplias franjas de la población y aún no se vislumbra de parte del gobierno la intención de modificar el rumbo económico. En consecuencia, el gobierno no tiene más remedio que intervenir en la conformación de las expectativas sociales para evitar que la población se deprima psicológicamente. Ello explica el discurso, realmente insólito, de los funcionarios del gobierno y del propio presidente. Según Macri, la economía está despegando. El ministro de Hacienda y Finanzas asegura que la inflación está descendiendo. Francisco Cabrera, ministro de la Producción, asegura que las inversiones están por tocar la puerta de ingreso a la Argentina. Marcos Peña, jefe de Gabinete, asegura que la peor tormenta es historia. Estas afirmaciones no hacen más que estrellarse contra una realidad reflejada en una serie de indicadores económicos y sociales que demuestran el descalabro económico provocado por el plan ortodoxo del macrismo.

Generar expectativas favorables es vital para lograr que la población legitime una determinada política económica. El gobierno de Macri persigue de manera obsesiva orientar las expectativas hacia un estado de ánimo colectivo positivo, para así sostener la confianza en el propio presidente y la capacidad del equipo económico para solucionar los problemas. Una de sus tácticas más relevantes consiste en presentar el anuncio de una reducción de la expansión monetaria o el gasto estatal, por ejemplo, como un toque mágico que provocará, de manera automática, la baja de la espiral inflacionaria. Los economistas del gobierno son cultores de las “expectativas racionales”. Creen que cuando los agentes económicos se convencen de que las promesas ortodoxas se cumplen, reaccionarán favorablemente. La realidad se empecina en desautorizar la estrategia del macrismo. Pese a contar con el sólido respaldo de los grandes medios, del establishment y de importantes analistas económicos de la ortodoxia, la política económica de Macri está fallando estrepitosamente. Hasta el momento no se han producido las inversiones previstas y deseadas y no se han visto a los consumidores gastar en la medida de lo esperado. Sin inversiones es imposible pensar en la reactivación de la economía, mientras que el consumo disminuye porque el grueso de la población tiene menos plata en sus bolsillos. Frente a esta situación el gobierno está obligado a depender de su aparato de propaganda y de su ejército de trolls para hacer creer a la población “que vamos por el buen camino”. La pregunta acuciante es qué pasará cuando la población compruebe que la ansiada mejoría jamás llegará porque el presidente Macri sólo tiene en mente mejorar la calidad de vida de los ricos.

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