El juicio político como herramienta de coerción

Por Hernán Andrés Kruse.-

Enrique Arias Gibert y Graciela Marino son camaristas del fuero laboral que tuvieron el tupé de darle la razón al gremio bancario durante su reciente discusión salarial. En su fallo, los camaristas le exigieron al presidente de la nación que se abstuviera de interferir en la negociación salarial, porque consideraron que no existían razones legales que lo justificara. Fue el apoyo que necesitaban los bancarios para perforar el techo del 18 por ciento de aumento que trató de imponer el oficialismo. El Gobierno no toleró semejante desafío. Luego de firmar el acuerdo con sumo desagrado, el Ministerio de Trabajo contraatacó pidiendo la destitución de Gibert y Marino, acusándolos por “mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave, arbitrariedad, falta de imparcialidad e incumplimiento de la Constitución nacional”.

En su edición del miércoles 22 de febrero Página/12 publicó una entrevista que Matías Ferrari le hizo a uno de los camaristas, Arias Giberti. ¿Hay detrás de esta represalia un intento de disciplinar a los jueces? “En principio, no me corresponde a mí hacer especulaciones”, expresó el camarista, “pero en este caso hubo muchas cosas raras. Supongamos que el gobierno considera simplemente que el fallo es incorrecto. Pero resulta que terminó firmando el acuerdo paritario, así que no se entiende su planteo. La denuncia es contradictoria con sus propias acciones. Incluso habían apelado el fallo y fueron derrotados. Lo único que planteamos fue que el Ministerio de Trabajo no interfiera en la paritaria”. Para el magistrado lo más probable es que se haya tratado de un error: “Creo que es un error, pero no me gustan las suspicacias. Me atengo a los hechos objetivos: insisto en que el Ministerio de Trabajo no puede anular una paritaria o fijar un techo salarial si no tiene una razón legal para hacerlo. El ministerio no es el titular de ningún derecho, como tampoco lo es el Poder Judicial. Los titulares son las asociaciones gremiales y las asociaciones de empresas. El estado interviene sólo cuando la legalidad está amenazada: cuando lo que se intenta es imponer un convenio por debajo de lo que dictan las leyes laborales o se afecta la competencia”.

Más adelante el magistrado dijo que “el sólo hecho de haber pedido la destitución para el Gobierno ya está siendo un problema, lo que es de público conocimiento. Espero que abrir las puertas a que un juez sea llevado a jury de enjuiciamiento por el contenido de un fallo, que le puede gustar o no al Gobierno, abre la puerta al fin de la división de poderes. Creo que más allá de las mayorías o minorías políticas en el Consejo de la Magistratura, quienes lo integran no van a poner en riesgo el Estado de Derecho”. Consideró “que la banca extranjera terminó firmando tranquilamente el acuerdo. El que realmente se oponía, entiendo yo, es el Ministerio de Trabajo. Incluso presentó un recurso in extremis ante la Cámara II contradiciéndonos y volvieron a perder. Se comportaron como un nene caprichoso que pierde dos veces y como pierde quiere llevarse la pelota. Pero de todas formas están las leyes laborales y la Constitución, y lo que hemos hecho es actuar en función de ellas”. Cree que este caso puede servir “para que todos los ciudadanos entiendan que estamos en un Estado de Derecho que tiene que ser defendido. Los pueblos que no luchan por sus derechos no merecen tenerlos. Yo hubiera podido dictar cualquier sentencia pero si no hubiera habido resistencia y organización sindical hubiera sido otro el resultado del conflicto”. Finalmente, reitera su convicción de que en el país hay una “policía de pensamiento”: “cuando dicen que existen los partidos republicanos me río porque no hay otra alternativa que ser republicano, democrático, respetar la independencia de poderes. Es un derecho de todo ciudadano y no un partido. Como sabemos, hubo en nuestra historia abogados y funcionarios judiciales entre los desaparecidos, hubo y hay amenazas contra jueces, pero desde que yo empecé a ejercer en 1989, nunca había visto algo así: que el Poder Ejecutivo intente sancionar a un juez por el contenido de un fallo. Acá nos quieren imponer el pensamiento único: una sociedad sin enfrentamiento, una idea bastante peligrosa que lleva justamente a la nada misma”.

El Ministerio de Trabajo utilizó la siguiente frase para exigir al Consejo de la Magistratura la remoción de los camaristas que se atrevieron a dictar una cautelar para que se cumpliera la paritaria de los bancarios: “Algo huele mal aquí: bueno y saludable sería que las autoridades competentes tomen las medidas necesarias para eliminar ese hedor que tanto molesta a la sociedad”. La pretensión del Gobierno nacional de expulsar a los dos jueces provocó un rechazo generalizado. En efecto, tanto la Asociación de Magistrados, como diversos sindicatos y opositores políticos cuestionaron que se utilice el contenido del fallo como argumento del pedido de remoción. Luego de la victoria obtenida por el gremio bancario, el Ministerio de Trabajo presentó dos escritos (idénticos) ante el Consejo de la Magistratura solicitando la remoción de los camaristas que fallaron a favor del gremio bancario. El escrito lleva la firma del apoderado Raúl Horacio Lombardi. Lo primero que intentó fue convencer que el gobierno no buscaba sancionar a los magistrados por el contenido de sus fallos: “corresponde deje señalado que si bien el mal desempeño que denuncia se perfeccionó en una actuación judicial, quede expresamente aclarado que la presente en modo alguno se vincula con los actos jurisdiccionales adoptados”. “No escapa al criterio del suscripto que tradicionalmente han sido rechazados los pedidos de remoción vinculados exclusivamente a un proceso erróneamente resuelto. Sin embargo, si bien una primera aproximación al tema pudiera parecer que de eso se trata, un más detenido análisis muestra las diferencias entre el error singular y la evidencia de un comportamiento parcial, inhabilitante para el ejercicio de la función judicial”, afirmó el doctor Lombardi.

El oficialismo acusó a los magistrados de “dictar sentencia sin causa, violando la garantía constitucional de división de poderes, lesionando gravemente la garantía del debido proceso” y de tomar “posición en manifiesto beneficio de una de las partes, al convertirse en juez y parte del proceso que debía sentenciar, quebrando de ese modo la garantía de imparcialidad a que tiene derecho todo justiciable”. El Ministerio de Trabajo había decidido no homologar el acuerdo de los bancarios porque consideraba que colisionaba contra las metas de inflación gubernamentales. Cabe destacar que únicamente se reunió con la parte empresaria para acordar una única estrategia judicial, dio instrucciones a los bancos públicos para que no paguen, y por último no tuvo más remedio que aceptar el acuerdo al que habían llegado a fines de 2016 con el 80 por ciento de las patronales. Los funcionarios macristas acusaron a los jueces de violar la división de poderes y entrometerse en los asuntos que son propios del Poder Ejecutivo. Según el Ministerio de Trabajo, el Ejecutivo asegura que los magistrados metieron sus narices en donde no les correspondía para “luego, a modo de colofón de la barbarie jurídica que pergeñó, solicitarle al poder cuya materia de análisis le es privativa y exclusiva que “no interfiera”. “Un absurdo. Un delito”, manifestó el representante gubernamental quien, a pesar de ello, no presentó una denuncia penal. El gobierno también se valió de una ley aprobada por el gobierno anterior que obligaba a los jueces solicitar al Ejecutivo un informe con anterioridad al dictado de la cautelar, salvo que se tratara de casos graves e impostergables. Según el Ministerio de Trabajo, el cobro de los salarios no era tal para luego agregar que “el círculo es casi diabólico. No hay causa, no hay competencia. Generó una falsa causa o causa ficticia y dictó sentencia”. La denuncia finaliza remarcando la “total carencia de idoneidad” de los jueces. “El magistrado, como la mujer del césar, debe serlo y parecerlo”, señala. Para la Asociación de Magistrados, “ante los pedidos de juicio político formulados por el Ministerio de Trabajo de la nación a Graciela Marino y Enrique Arias Gibert, integrantes de la Cámara Nacional del Trabajo, esta Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional reitera que la independencia del Poder Judicial no admite recortes, sólo la exigencia de actuar imparcial e idóneamente”. Y advierte que “cualquiera que sea la instancia de un juez atacado por el sentido y contenido de sus sentencias y decisiones jurisdiccionales, nuestra Asociación lo defenderá como exigencia necesaria de convivencia republicana. La solicitud de juicio político a los referidos jueces por el contenido de sus pronunciamientos implica una evidente injerencia en la jurisdicción judicial, especialmente prohibida para los funcionarios de otros poderes” (fuente: Werner Pertot, “Un escrito que huele mal”, Página/12, 22/2/017).

El martes 21 de febrero no fue una jornada sencilla para Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones de Cambiemos. Frente a los diputados de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, Aguad reiteró que no se había producido ninguna condonación para luego acusar al kirchnerismo por no haber aceptado las condiciones ruinosas propuestas por el Grupo Macri en años anteriores. Además, afirmó sin ruborizarse que jamás hubo conflicto de intereses pese a que la empresa es propiedad de los hijos del presidente (con usufructo del señor padre del presidente). “Yo no dije que el presidente no sabía, yo dije que nunca hablé con él de esto”, dijo a manera de rectificación mientras era blanco de duros cuestionamientos de la oposición. Martín Doñate (FPV-PJ) dijo: “le admiro la desvergüenza con la que usted quiere defender este delito”. Durante el encuentro, el ministro expresó: “aquella deuda que en el 2003 eran 296 millones de pesos, en el 2015 se habían descapitalizado a tal punto que sólo representaban el 10 por ciento del capital, la moneda se había depreciado en un 90 por ciento en esa década. Esta gestión heredó ese problema. No teníamos muchas alternativas”. Toda la culpa es de Cristina, en suma. Para defender la postura oficial el ministro adoptó la interpretación del artículo 19 de la ley de quiebras que favorece al Grupo Macri. A pesar de ello, existe jurisprudencia de la Cámara en lo Civil y Comercial que tilda de “abusiva” una propuesta de pago similar (que no contempla el pago de intereses posconcursales y realiza una quita de deuda incluso menor a la que aceptó ahora el ministerio).

Durante su intervención, Aguad, a quien evidentemente el gobierno dejó solo, llegó a decir que jamás había venido a ese recinto a hacer política, lo que hizo que florecieran múltiples aplausos irónicos de los legisladores de la oposición. Durante gran parte de su “diálogo” con los diputados presentes el funcionario destacó la decisión del Presidente de que todo vuelva “a fojas cero”. “No hemos dado marcha atrás, el Presidente dijo que estamos ante un problema de transparencia. ¿Y cómo salimos? Con más transparencia”, sostuvo Aguad para luego considerar que “la familia que es dueña del Correo Argentino tiene que pagarle al Estado lo que le debe”. “No le vamos a perdonar un peso de capital y vamos a impedir que trate de cobrarle al Estado los juicios que tiene pendientes”, en lo que pareció más un chiste del Negro Olmedo que una afirmación de un funcionario. La oposición remarcó especialmente la existencia de un conflicto de intereses. Al respeto, dijo Doñate: “el presidente está de los dos lados del mostrador. Es el dueño de la empresa que le debe a los argentinos. Y el presidente le hace juicio al estado, le quiere sacar más plata al estado. Hay una perversidad nunca vista en un gobierno. Es un escándalo internacional”. Por su parte, el diputado por el Frente Renovador Felipe Solá consideró que “este pedido de ir a foja cero demuestra que quien maneja la República, maneja también sus empresas”. Sobrepasado por la situación, Aguad se defendió como pudo lo que lo hizo entrar en varias contradicciones. Aseguró que no había semejante conflicto: “en abstracto, puede que sí. En los hechos, el único testigo fui yo y no hablé con el presidente”. Pero más adelante reconoció que, pese a no haberlo hablado cara a cara con Macri, “es muy probable” que él sí supiera del acuerdo. Finalmente terminó por reconocer que él no había dicho “que el presidente no sabía”, sino que había dicho que él nunca había hablado con el presidente de ese tema en particular. Otro punto polémico es la “presunta” insolvencia del clan para hacer frente a la deuda. Aguad aclaró que aludía a la empresa Correo Argentino Sociedad Anónima, cuyos bienes fueron desafectados por el Estado nacional. Los diputados opositores expresaron que el control de la empresa está cargo de las empresas Socma y Sideco, que son dueñas de fondos importantes. Fue entonces cuando Néstor Pitrola, diputado del FIT, reclamó “la ejecución inmediata de los bienes societarios y personales del Grupo Socma y la familia Macri, hasta cubrir la acreencia calculada por la fiscal” (fuente: Sebastián Abrevaya, “El ministro hizo Aguad ante los diputados”, Página/12, 22/2/017).

En su portal “Nuestras voces”, Gabriela Cerrutti publicó el 20 de febrero un artículo titulado “Un correo muy Lava Jato”, que ilustra el nivel de corrupción del gobierno de Cambiemos. Dice la autora: “Una de las primeras operaciones del Meinl Bank Aktiengesellschaft cuando fue adquirido por la constructora Odebrecht en el año 2010 fue aportar 109.810.199 millones de pesos a la empresa del presidente Mauricio Macri. La cifra aparece por primera vez en las actas del conglomerado familiar el 24 de enero de 2011, repetida en una sucesión de maniobras que podrían ser tanto un generoso “préstamo” como de un “ingreso” de los brasileros como socios de la empresa argentina. Odebrecht, según la acusación que pesa en la investigación del Lava Jato, adquirió ese banco austríaco para derivar millonarios pagos de coimas. Según el balance de SIDECO del año 2010, posterior al cierre del ejercicio se produce una novedad importante” (…) “La novedad implicaba que desde ese momento (24 de enero de 2011), la sociedad controlante de SIDECO y todo el conglomerado de la Famiglia no sería SOCMA exclusivamente, como hasta entonces, sino que un 40 por ciento pasaba a estar en manos de Inversid. Supuestamente esto no debía cambiar nada demasiado, ya que al mismo tiempo, en el intríngulis armado para evadir controles, Socma era dueña en un 99, gracias a ostentar el 61 por ciento de Inversid. Pero en las actas de Inversid, mientras tanto, puede leerse que efectivamente, el 24 de enero de 2011 se tomaron varias decisiones: se cambió el directorio, para desplazar a quienes aparecían como socias de la empresa y que eran en realidad empleadas (contadoras) de SIDECO y nombrar en su lugar a los directivos de SOCMA Próspero Poyard, Ezequiel Viejobueno y Jaime Cibils Robirosa. Una vez hecho este cambio, se resolvió inyectar dinero y “aumentar el capital social” a exactamente 109.810.199 millones de pesos. Resulta curioso también que este acta, como varias otras de Inversid de los años 2011, 2012 y 2013 que consolidan esta maniobra, recién fueron publicadas todas juntas en el boletín oficial número 33.144 del 5 de junio del 2015”.

“La extraña presencia del Meinl Bank Aktiengesellschaft con una prenda importante sobre acciones de las empresas Macri fue señalada por la fiscal Gabriela Boquín en su cuestionamiento al “abusivo acuerdo” al que pretendía llegar el gobierno macrista con el Correo Argentino, cuando analizó la situación de los acreedores. La fiscal señala allí que la mayor parte de los acreedores estaban concentrados en dos bancos que antes del acuerdo con el gobierno vendieron sus derechos al banco austríaco. El Meinl Bank sería entonces dueño prendario de acciones de la empresa controlante de Correo Argentino y al mismo tiempo el primer acreedor en aceptar un acuerdo ruinoso, en el que renuncia a millones en carácter de intereses e indexación de la deuda” (…) “La predilección por los bancos austríacos con sede en paraísos fiscales parece ser una debilidad de los Macri. También desde el 2010 intentaron comprar el Interfinanzas que pertenecía a una sociedad integrada por otro banco austríaco, el Bank Austria Creditanstalt AG. Finalmente consiguieron hacerlo el año pasado, cuando la conducción del nuevo gobierno del Banco Central aprobó la operación y le dio a la familia del presidente un banco que no atiende al público y tiene sede en Bahamas. En su edición de este domingo de Página/12, el periodista Horacio Verbitsky se pregunta por el silencio del gobernador jujeño Gerardo Morales quien en el año 2003, junto con la también senadora radical Marta Raso y el diputado tucumano José Vitar, denunció a las empresas del actual presidente por el vaciamiento del Correo. Algo similar sucede con Elisa Carrió, quien imprevistamente repitió el argumento del presidente del Correo Argentino SA Jaime Cibils Robirosa y señaló que había sido una “privatización escandalosa”. Carrió tal vez no recuerda que ella denunció penalmente a Cibils Robirosa por ser el abogado de Raúl Moneta que, según la diputada, había llevado adelante una maniobra fraudulenta para quedarse con el banco de Mendoza. Por la actuación de Cibils Robirosa Carrió pidió también el juicio político del juez Gustavo Literas. Cibils Robirosa, esposo de una Blaquier en un capítulo más de la restauración patricia de este tiempo, no sólo es miembro del directorio de casi todas las empresas del Grupo Socma/Sideco y hombre de confianza del presidente Mauricio Macri. También desde hace seis meses es el síndico de Papel Prensa y comparte allí reuniones y asambleas con los representantes de los diarios Clarín y La Nación que hoy deberían estar investigando su gestión en el Correo Argentino”.