Por Hernán Andrés Kruse.-

El polémico fallo de la Corte Suprema generó un profundo y serio debate en la Cámara de Diputados que culminó con un freno al fallo a raíz del voto de 211 diputados (sólo votó en contra el diputado salteño Alfredo Olmedo). Si bien el oficialismo acompañó el proyecto que excluye del beneficio del 2×1 a los criminales de lesa humanidad, la votación significó para el Gobierno una dura derrota al quedar en evidencia su cinismo e hipocresía. Presionado por el fuerte repudio popular que causó el fallo supremo el Gobierno se vio obligado a aceptar en el recinto un texto que fue consensuado durante el transcurso de la sesión. El texto aprobado consta de tres artículos y efectúa modificaciones al artículo 7 de la ley 24.390 (derogada en 2001), para especificar que “no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según derechos interno o internacional”. A su vez prevé que el cómputo de las penas establecidas por el derogado artículo 7 de la ley del 2×1 “será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiera estado privado de su libertad” durante el período de vigencia de la ley (1994/2001). Finalmente establece que “los artículos anteriores son la interpretación auténtica del artículo 7 de la ley 24.390”.

El fallo de la Corte, que refleja el pensamiento del gobierno en esta materia, generó, tanto en la Argentina como en el exterior, un rechazo tan intenso que obligó a los diputados oficialistas a tener que aceptar las “sugerencias” de los bloques opositores para incorporar el tratamiento de esta brasa ardiente en una sesión que hasta hace pocos días se presentaba como una prueba más del “aceitado” funcionamiento del Congreso. Sin poder de maniobra el presidente de la Cámara. Emilio Monzó, no tuvo más remedio que organizar una reunión con los presidentes de bloque para incorporar el tema a la sesión. Remo Carlotto, del Peronismo para la Victoria, expresó que se vive “un momento político de preocupación” porque el fallo supremo va “en contra de los pronunciamientos que tuvo la Corte en materia de violaciones a los derechos humanos”. Advirtió que ese cambio comenzó a partir “del contexto político que vive el país desde la asunción del actual Poder Ejecutivo”. Aseguró, además, que quienes defienden la democracia y los derechos humanos “están ofendidos” porque “hemos esperado con paciencia que los tribunales condenaran estos crímenes pero hoy de una manera amañada, tres miembros de la nueva conformación de la Corte emitieron un fallo que posibilita la liberación de los responsables de crímenes de lesa humanidad”.

Luego de solicitar un minuto de aplauso para las Madres de Plaza de Mayo-línea Fundadora-y Estela de Carlotto, la diputada Victoria Donda señaló que era imperioso “impedir que se levante un nuevo muro de impunidad” y les exigió a los legisladores un esfuerzo para garantizar la votación por unanimidad el proyecto para que “mañana (por el miércoles 10) vayamos a la marcha y podamos decir que se le dijo no a los genocidas”. Por último, al dirigirse a los supremos que votaron a favor del 2×1, les espetó: “Desde la cámara de Diputados les decimos: señores jueces, nunca más”. Luego le tocó el turno a Elisa Carrió. Comenzó por responsabilizar al kirchnerismo de haber promovido la utilización política de 2×1 a partir de un fallo del por entonces juez de la Corte Zaffaroni. Luego sostuvo que “no nos podemos comportarnos como los genocidas al mostrarle a la sociedad que hay hombres de 90 años hundidos en una cárcel porque eso no responde al humanismo”. Cerró su discurso sosteniendo que “la justicia no es venganza” e indicando que así como “apareció el nieto de la mayor luchadora de los derechos a la verdad, que es la señora Carlotto, les digo que también hay una parte de la sociedad que también quiere verdad como los soldados de Formosa”.

Juan Cabandié (FPV) hizo un racconto de los hechos que tuvieron lugar a partir del ascenso al poder de Macri que terminaron generando un contexto favorable al fallo supremo. El primer hecho a destacar fue la intención del presidente de nombrar por decreto a Rosatti y Rosenkrantz. Luego tuvieron lugar una serie de reuniones compartidas por el ministro de Justicia, Germán Garavano, con Cecilia Pando y abogados defensores de genocidas. Le agregó las declaraciones de Macri cuando aludió a la “guerra sucia” y minimizó el número de desaparecidos. Ello generó, en opinión de Cabandié, un contexto que hizo posible un fallo de semejante magnitud y enfatizó que sus instigadores son los ministros y el propio presidente “que apañaron acciones del Estado que permiten que jueces otorguen detenciones domiciliarias a genocidas a partir de la llegada de este gobierno”. Por su parte, el diputado Ricardo Alfonsín consideró que el fallo supremo implica “un retroceso importante” y acusó a los jueces de la Corte de haber ignorado el conjunto de normas, la doctrina y la jurisprudencia internacional. Más adelante el legislador admitió que le resultaba inconcebible que el PEN hubiera “interferido” en el voto de los supremos: “no lo puedo creer pero si llega a ser cierto seré uno de los primeros en denunciarlo”, remató (fuente: Felipe Yapur, “Diputados le pone un freno al fallo de la Corte Suprema”, Página/12, 10/5/017).

En su edición del 10 de mayo, La Nación publicó un artículo de Morales Solá titulado “Un conflicto político que requiere una solución política”. Sus párrafos salientes son los siguientes: “La estridencia política no es una buena aliada del sentido común. Por lo general, le abre las puertas al uso político de cuestiones muy sensibles o a la desesperación por hacerse de alguna bandera. Son las situaciones que provocó la decisión de la Corte Suprema de beneficiar con la ley del “dos por uno” a un condenado por delitos de lesa humanidad” (…) “Importa más, como se ve, el triunfo oportunista de la política o la obtención de algún impreciso pergamino sobre la causa de los derechos humanos. La cuestión de fondo quedó relegada a la insignificancia”.

“La deducción de que el gobierno estuvo detrás de todo es sólo eso: una deducción. Fue construida a partir de algunos datos ciertos y comprobables. Dos de los jueces que firmaron la sentencia triunfante, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, fueron elegidos y nombrados por la administración de Mauricio Macri. Peor: el Gobierno intentó designarlos definitivamente antes de que contaran con el acuerdo del Senado, decisión que debió enmendar luego para respetar la disposición constitucional. La tercera jueza, Elena Highton de Nolasco, seguirá siendo miembro de la Corte Suprema después de cumplir los 75 años, en diciembre, porque el Gobierno no apeló una cautelar que le permite continuar en el cargo” (…) “Es probable, por otro lado, que el Gobierno esté interesado en resolver algunos casos de presos por delitos de lesa humanidad que son muy ancianos o están muy enfermos. Desde ya, nunca hubiera elegido como solución la aplicación de una ley muy controvertida” (…) “Es una ley fundamentalmente injusta, porque relega las disposiciones del Código Penal y las decisiones de jueces de varias instancias. La ley es aplicable para los presos con prisión preventiva, pero sus consecuencias se extienden más allá de la condena firme” (…).

“La supuesta autoría del Gobierno debe verse también con el conocimiento de la relación del macrismo con esos jueces que firmaron la sentencia mayoritaria. El Gobierno es especialmente crítico del juez Rosatti, sobre todo después de que éste firmó la resolución de la Corte sobre los aumentos de las tarifas del gas” (…)”Desde ese momento, hay en el Gobierno cierta sensación, que nunca se dice, de que un pensamiento “populista” anida en el máximo tribunal de Justicia del país” (…) “El caso de Highton de Nolasco es más sencillo. El Gobierno decidió conservarla en el cargo porque ya el peronismo (que tiene la llave de los acuerdos en el Senado) le había anticipado que llenaría con un jurista de su partido la próxima vacante en la Corte Suprema. No existe una relación estrecha ni permanente del macrismo con la jueza como para pedirle semejante concesión. Rosenkrantz podría ser el juez con más vínculos con el Gobierno, pero él ha hecho de su independencia una cuestión sagrada” (…) “De tal examen no puede surgir, sea como fuere, una mayoría de la Corte dirigida por el Gobierno” (…).

“Rozando otro extremo jurídico, el fiscal Marijuan imputó a los jueces Highton de Nolasco, Rosatti y Rosenkrantz por el presunto delito de prevaricato. Es una denuncia del extravagante abogado Marcelo Parrilli, que en su momento le pidió a Dios “un rifle sanitario” para sacar del medio a Jorge Lanata. Marijuan se respalda en un “contrato social” sobre el tema de los derechos humanos para imputar a los jueces. No aclaró a qué contrato se refiere ni dónde está guardado su original” (…) “¿La decisión de la mayoría de la Corte es discutible? Sí, desde ya. ¿Esa mayoría pudo haber cometido un error? Sí, desde luego. Pero hay un largo trecho entre lo discutible o el error y el delito penal que supone Marijuan. Esos jueces simplemente interpretaron las leyes en el uso legítimo de sus atribuciones. El conflicto de ahora es político y requiere, por lo tanto, una solución política”.

En su edición del 10 de mayo, Clarín publicó un artículo de Van der Kooy titulado “Una tormenta inesperada para Macri”. Sus párrafos salientes son los siguientes: “Detrás del fallo dividido de la Corte Suprema que la semana pasada benefició con la reducción de la pena a un ex represor asoma en desarrollo una batalla política ardua” (…) “La decisión de Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz de convalidar la aplicación del dos por uno…a favor de Luis Muiña, reconoció puntos de contacto jurídico con otro par de casos ocurrido durante el ciclo de Cristina Fernández. Una vez el máximo Tribunal…dictaminó a favor de la flexibilización de la condena para el coronel Antonio Simón. En otra ocasión, (causa del gendarme de Formosa Víctor Rei, por apropiación de un menor) la mayoría de los jueces sostuvo que era inadmisible la reducción de la pena” (…) “¿Por qué razón, entonces, aquellas sentencias no produjeron ni un mosqueo en la vida política? Porque el kirchnerismo estaba en el poder. Porque su política de derechos humanos resultaba impenetrable” (…) Porque la desperdigada oposición se sentía sólo cómoda metiendo su dedo en la llaga de la corrupción o en la decadencia económica” (…).

“El último fallo de la Corte, en contra de lo que se pretendió instalar, calzó objetivamente a la medida de la oposición antes que del Gobierno” (…) “El kirchnerismo continúa teniendo el patrimonio discursivo y político de los derechos humanos” (…) “Pero en materia de derechos humanos aglutina. Posee la incondicionalidad de las organizaciones. También de la izquierda. Incluso de amplios sectores de la sociedad que le terminaron dando la espalda” (…) “el kirchnerismo…utilizó los derechos humanos para fraccionar. Jamás para amalgamar. Dejó pasar una oportunidad inmejorable para que, por una vez, la sociedad encontrara un punto de convergencia indiscutido” (…) “El Gobierno resultó varias veces inoportuno. Introdujo, por ejemplo, la vana discusión sobre el número real de desaparecidos durante la dictadura. Ensayó, además, un cambio fracasado en el calendario de recordación del 24 de marzo. El propio Macri fue ingrávido cada vez (pocas) que le tocó referirse a la tragedia argentina” (…) “Salvo Venezuela, ninguna otra nación tuvo desde el 2009 una relación más traumática con la CIDH que la Argentina bajo la batuta de Cristina. Pero el macrismo no ha sido diestro para sacarle rédito político a tal antecedente” (…) “Tampoco el macrismo supo aprovechar otra corroboración que enloda el relato K. El exjefe del Ejército, César Milani, está arrestado en La Rioja acusado por delitos de lesa humanidad” (…) “El Gobierno estará obligado a asistir, además, a un renacimiento de las protestas callejeras que se habían declinado. Hoy y mañana habrá marchas en repudio al fallo dividido de la Corte y a la supuesta complicidad del oficialismo. Quizás después de esta tormenta, como sucedió en abril, resurja para Macri un tiempo mejor”.

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