Por Hernán Andrés Kruse.-

El director del Banco Nación, Javier González Fraga, acaba de referirse de manera despectiva sobre la multitudinaria manifestación del 24 de marzo. Dijo que la presencia de tanta gente se debió al chori, al tetra y al pago de 500 pesos. Para el funcionario quienes asistieron a la Plaza de Mayo no lo hicieron por convicción sino porque los “compraron” por esa miserable suma. González Fraga no es el único que piensa de esta manera y no es la primera vez que se hacen públicas estas expresiones. Durante la época del kirchnerismo las redes sociales se inundaban con expresiones de esta índole para denostar los actos públicos del kirchnerismo. Para González Fraga y el sector social al que pertenece la manifestación del pasado 24 fue protagonizada por los “lumpen”, los marginales, los negros de la villa, incapaces de actuar por propia iniciativa. Esa gente, razona González Fraga, carece de los atributos propios de una persona: espíritu de iniciativa y autonomía. No son personas sino marionetas que son manipuladas por gente sin escrúpulos que los utilizan políticamente. Los consideran seres inferiores, casi unos subhumanos. Ello explica su aversión por este tipo de manifestaciones y su odio a los piquetes protagonizados por estos “cabecitas negras”.

Lo notable del caso es que González Fraga nada dijo cuando los caceroleros inundaron la Plaza de Mayo durante la etapa de Cristina Kirchner. En ningún momento se refirió a tales manifestaciones populares de manera despectiva. La Nación llegó a tildarlas de sublimes manifestaciones del espíritu republicano. Ni qué hablar de los cortes de rutas protagonizados por “el campo” en 2008. Ningún diario del establishment acusó a los dirigentes agropecuarios de atentar contra la libre circulación de las personas. La doble moral es por demás evidente. Hay manifestaciones de primera y manifestaciones de segunda. Hay cortes de calle de primera y cortes de calle de segunda. Si las manifestaciones son protagonizadas por los caceroleros son la expresión genuina de la virtud republicana de Montesquieu. Si, por el contrario, son protagonizadas por los morochos del conurbano bonaerense son la expresión de la barbarie. Los cortes de rutas de los campestres fueron la expresión de la mejor parte de la sociedad herida por un gobierno populista y corrupto. Los cortes de calles de los piqueteros son la expresión de una Argentina pre-democrática. El racismo a flor de piel.

Un grupo de diputados kirchneristas acusó al presidente Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la canciller Susana Malcorra; el ministro de Defensa, Julio Martínez; y el embajador argentino en Washington, Martín Lousteau, por el requerimiento de armamento bélico a Estados Unidos. Los legisladores acusaron a los mencionados de presunto abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y estafa. El Ministerio de Defensa aseguró a través de un comunicado que el gobierno no tiene intención alguna de comprar armas a Estados Unidos por 2 mil millones de dólares. El escándalo estalló cuando la señal C5N hiciera pública una carta firmada por Lousteau dirigida al senador demócrata Peter Visclosky, miembro de la comisión que autoriza la venta de armamento al exterior que luego es administrado por el FMS (Foreign Military Sales). En esa carta (cabe aclarar que fue entregada en junio del año pasado) el funcionario argentino señaló que son “los requerimientos de las Fuerzas Armadas argentinas de equipamiento (estamos hablando de tanquetas, aviones, helicópteros y misiles)” y le hizo recordar al legislador demócrata que mantuvo una reunión por esta cuestión con los legisladores Eduardo Amadeo y Luciano Laspina. “La Argentina busca la ayuda de Estados Unidos para mejorar su capacidad para enfrentar amenazas globales urgentes como combatir contra flagelos como el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado”, resaltaba Lousteau en su escrito.

El Ministerio de Defensa prácticamente se desentendió del asunto. En un comunicado oficial ayer señaló que “el listado de armamento aludido tiene carácter exploratorio, genérico y público y de ninguna manera se trata de una lista de materiales a adquirir”. Lo que se busca, sostuvo el Ministerio, es “acceder a programas de cooperación y/o ayuda militar que requieren del visto bueno de ese país”, pero eso “no implica la intención de compra ni conlleva, mucho menos, la capacidad financiera para hacerle frente”. Advirtió que se está trabajando en el mismo sentido “con otros países”. Según la cancillería, la carta no fue más que una “manifestación de necesidades” y que no hubo ningún tipo de transferencia de fondos. Mientras tanto, los diputados K Héctor Recalde, Rodolfo Tailhade, Axel Kicillof, Luis Basterra, María Teresa García, Verónica Mercado, Carlos Castagneto y Diana Conti acusaron penalmente al presidente, a la canciller, al ministro de Defensa, al embajador Lousteau y a los legisladores Amadeo y Laspina. Creen que esta negociación comenzó con la visita del ex presidente Obama el año pasado: “¿Por qué miembros del Poder Legislativo se reúnen a negociar con congresistas norteamericanos? ¿Contaban con autorización del Poder Ejecutivo para tal negociación? ¿Por qué las negociaciones con Estados Unidos son secretas?”. En el escrito advierten que “no se comprende cuál es el rol de los diputados nacionales, especialmente el nombrado Amadeo”, advirtiendo que el Ministerio de Defensa es el único habilitado para tales gestiones y para la adquisición de armas. Los legisladores sostienen que” en lo denunciado existiría un apartamiento de las normas específicas que regulan la materia de adquisiciones de armamentos”. La denuncia cayó en manos del juez federal Sebastián Casanello siendo el fiscal del caso Francisco Picardi (fuente: Werner Pertot, “Tanques, misiles y una denuncia penal”, Página/12, 29/3/017).

En su edición del lunes 27, Página/12 publicó un artículo de Rodrigo Ruete (miembro del instituto Gestar) titulado “El trabajador como un costo”. Dice el autor: “Durante el discurso del Bicentenario de la Independencia, el presidente Macri habló de los “costos laborales”. Quizás ese “lapsus” no sea casual cuando vemos que en el mundo de hoy el debate más importante de la época tiene que ver con la capacidad soberana de los Estados nacionales de actuar sobre la creación de puestos de trabajo para toda su población” (…) “El macrismo repite una y otra vez que el problema son los trabajadores y sobreactúa los gestos de seducción hacia empresas globales en el Foro Empresario de Davos; o se expone al ridículo por convenios entre el Ministerio de Trabajo con McDonalds y, al mismo tiempo, busca ponerle techo a las paritarias, para demostrar cómo la reconversión económica que propone se apoya en el ajuste a los trabajadores” (…) “La apertura de importaciones, la destrucción de empleo y el enfriamiento de la economía intentan disciplinar a los trabajadores para que no luchen por un mejor salario en las paritarias, mientras ven como su sueldo se va por la canaleta del tarifazo y la inflación” (…) “El mejor puente para cerrar la grieta o para demostrar que la retórica del diálogo tiene resultados deberían ser las paritarias. Esta podría ser la oportunidad del Gobierno de Macri de demostrar un modelo de integración social. Por el contrario, el Ministerio de Trabajo dejó de ser el árbitro que genera el ámbito de discusión paritario para ser una herramienta de condicionamiento de los acuerdos según las necesidades del sector empresario y del gobierno”.

“Con este fin lleva adelante tres estrategias simultáneas de disciplinamiento laboral. La primera fue instalar en la opinión pública que la inflación del 2017 rondará entre el 12 y el 17 por ciento para ponerle, de esa forma, un techo a la negociación y dejar fuera de la discusión el impacto del 41 por ciento de inflación del 2016 en el salario de los trabajadores. Mientras desde la perspectiva del peronismo la medida del éxito de un gobierno se refleja en el poder de compra de los trabajadores, para la mirada del Gobierno la medida del éxito se demuestra en la baja de los “costos laborales”, la idea que inspiró el discurso del Presidente para el Bicentenario de la Independencia. Su segunda estrategia es promover un debate sobre la productividad, que esconde una maniobra de flexibilización laboral porque no pone el foco en el principal factor de aumento de la productividad que es la inversión. No es casual que al mismo tiempo que se propone el debate sobre las paritarias, el ministro de Educación de la Nación se llama a sí mismo “el gerente de Recursos Humanos de la Nación” y proponga “preparar los alumnos para la incertidumbre”. Así promueve lo que los sociólogos denuncian como la “corrosión del carácter” fruto de la “inseguridad social”. La tercera estrategia es embarrar la discusión con un argumento remanido: los conflictos gremiales y los paros son políticos. En esto debemos coincidir. Es este el debate político más importante. El peronismo puede volver a sus fuentes doctrinarias y a su base de representación con este debate. Recuperar aquello de que “hay una clase de hombres, los que trabajan”, anteponer la bandera del “trabajo para todos”.

El INDEC acaba de señalar que la pobreza alcanzó el 30,3 por ciento de la población en el segundo semestre del año pasado mientras que la indigencia fue del 6,1 por ciento. En términos de cantidad de personas en los principales centros urbanos se detectó la presencia de 8.277.085 individuos mientras que los indigentes sumaron 1.657.221 individuos. El organismo aseguró que estos números no son comparables con publicaciones anteriores y varios centros de estudio criticaron su intención de no empalmar la información hacia atrás, puesto que se ignoran los números oficiales de los nuevos pobres que surgieron durante la gestión del actual presidente de la nación. Según la UCA se registraron un millón y medio de nuevos pobres a partir de diciembre de 2015 y 600 mil nuevos indigentes durante el mismo período. Durante la campaña electoral el actual gobierno había prometido que la eliminación de la pobreza constituiría una de sus máximas prioridades, pero las políticas que viene aplicando no vienen haciendo otra cosa que aumentar la vulnerabilidad social.

Según el INDEC, hay en el conurbano bonaerense 4.090.129 pobres y 950.881 indigentes. Luego siguen en orden decreciente el Gran Córdoba (617.924 y 164.762); el Gran La Plata (207.593 y 41.266); y el Gran Neuquén (100.874 y 10.455). Del total de pobres registrados en los principales centros urbanos el 32,8 por ciento tiene hasta 14 años, el 28,3 por ciento tiene entre 15 y 29 años, el 30,5 por ciento tiene entre 30 y 64 años, y el 3,4 por ciento restante tiene más de 65 años. Una familia indigente tiene un ingreso que no llega a los 4000 pesos mientras que una familia pobre tiene un ingreso que no llega a los 9000 pesos mensuales. Según el organismo las cifras del segundo semestre no deben compararse con indicadores previos. “Con este informe se reinicia la serie semestral de pobreza e indigencia. Los mismos no deben ser comparados con los del segundo trimestre de 2016 antes difundidos, dada la diferencia de los períodos contemplados”, señaló el organismo. Destacó también que tomó la decisión de no hacer públicos datos en relación con años anteriores al año 2016: “por la emergencia estadística, se dispuso que las series publicadas con posterioridad al primer trimestre de 2007 y hasta el cuarto trimestre de 2015 deben ser consideradas con reservas”.

Semejante decisión recibió críticas de diversos centros especializados. El CEPA (Centro de Economía Política) dio a conocer un documento en el que asegura que la insistencia de Todesca de no reconstruir las series es eminentemente política. “Los cambios metodológicos del nuevo Indec fueron deliberados y tuvieron la finalidad de impedir el empalme hacia atrás de las seis de pobreza e indigencia, permitiendo soslayar el salto en la cantidad de individuos pobres del último año”. Según el centro lo que se pretendió fue deslegitimar la reducción de la vulnerabilidad social durante la etapa kirchnerista, cuando la inversión pública social logró un gran avance en materia de inclusión social. Según la UCA “las medidas de ajuste económico y la rezagada inversión privada y pública, entre otros factores, agravaron el escenario de crisis, más recesivo y adverso en materia de empleo y poder adquisitivo para amplios sectores sociales”. Agregó que “si bien este shock habría sido mucho más fuerte durante el primer semestre, la situación no se habría revertido durante la segunda parte del año. El proceso generó mayor deterioro laboral y en los ingresos de los sectores medios bajos informales, así como una profundización de la indigencia en los sectores más vulnerables” (fuente: Federico Kucher, “La pobreza cero está perdiendo por goleada”, Página/12, 29/3/017).

En su edición del 29 de marzo, Página/12 publicó un artículo de Diego Ezequiel Litvinoff (UBA) titulado “Potencia destituyente”. Dice el autor: “Si se entiende el concepto de clima destituyente… como el que define la conspiración de unos grupúsculos que aspiran a la toma del poder por la fuerza, huelga aclarar que su difusión responde a una estrategia discursiva coordinada, que poco contribuye a la comprensión de los acontecimientos en ciernes. Así, se inscribe en la larga lista de argumentaciones cuasi infantiles, consistentes en achacarle al adversario la responsabilidad de todas las dificultades que se enfrentan” (…) “Ahora, sería también el kirchnerismo el que opera desde las sombras los espurios intereses orientados a desestabilizar los cimientos de su propuesta de cambio” (…) “Incorporado en la discusión política local en 2008, al calor del conflicto entre el flamante gobierno de CFK y el denominado “campo”, el concepto de clima destituyente parece ridiculizado si se compara el poder de los sectores económicos concentrados, los emporios mediáticos y gran parte del arco opositor de entonces, con las luchas de los docentes, la manifestación de mujeres y la marcha de la CGT. Sin embargo, se trata menos de generar una vara que defina la capacidad destituyente de determinados grupos, que de entender lo que significa dicho concepto” (…) “según Agamben lo destituyente debe ser colocado en un primer plano si se pretenden generar nuevas formas del vivir en conjunto. Si las conclusiones agambenianas son ciertas, por más débil o desarticulada que resulte una potencia destituyente-podría ser, por ejemplo, una mujer coya recluida en una cárcel de una provincia del norte del país-, su aparición pone en jaque los principios que rigen un gobierno, por su capacidad para exhibir la vacuidad de la articulación que lo instituye. Si se entiende de este modo, sí resulta acertada la definición de la situación actual como la de la emergencia de una potencia destituyente, frente a la que, según el filósofo italiano, sólo se pueden ofrecer dos posibles respuestas: intentar rearticular el mando a partir de la instauración de un estado de excepción en nombre del cual se reprima la contradicción, o convertir dicha potencia en el principio de una nueva configuración política. En el contexto actual, lo que está en duda no es tanto la dirección que asumirá el macrismo, cuyos lineamientos ya empiezan a manifestarse, en la medida en que, bajo los principios democráticos, su desarrollo no hará sino multiplicar la resistencia de los que se oponen, conteniéndola. Lo que resta por resolver es la capacidad de quienes hoy se encuentran en la oposición para apropiarse de esa potencia, de manera tal que les permita sentar las bases de un próximo gobierno que la articule y permita desplegarla, positivamente, de un modo duradero”.

En una entrevista otorgada a los medios holandeses, el Presidente de la Nación expresó: “Nunca prometí un milagro de un día para el otro, ya fue casi un milagro haber evitado una crisis terminal a la que íbamos en pocas semanas o meses si no producíamos este cambio copernicano”. De visita por el País Bajo, el presidente mantuvo una reunión con el primer ministro holandés Mark Rutte y fue hospedado por la familia real. Como sucede cada vez que viaja al exterior el presidente dijo que la gestión del kirchnerismo se enfrentó con la historia y la contrapuso con la suya, a la que consideró con “vocación de diálogo para llegar a acuerdos con todos los sectores”. En la entrevista con los medios aseguró que “hay pocos países en el mundo hoy que despierten tanto interés como el nuestro, ustedes lo han podido comprobar. Hay decenas de empresarios y empresas interesadas en invertir”. El primer ministro Rutte destacó la relevancia del diálogo como herramienta para acercar a ambos países. “Quienes conocen la historia holandesa, saben que el diálogo y el compromiso son temas recurrentes en nuestros anales”, subrayó el premier liberal. “Tenemos que sacar el enfrentamiento del centro de la escena política. En la pelea irracional no gana nadie, en el acuerdo ganamos todos”, remarcó. También elogió las “reformas” del gobierno de Macri que, supuso, “están comenzando a dar frutos”. “La economía argentina comenzó a crecer desde finales de 2016 y el FMI prevé un crecimiento del 2,7 por ciento para 2017. Usted trabaja por conseguir una economía abierta y por fomentar el comercio internacional. Son señales positivas en tiempos en los que muchos tienden a retirarse detrás de sus fronteras”, lo alabó el premier. Durante el periplo Macri alabó al dirigente sindical Gerardo Martínez, el siniestro referente del gremio de la construcción. “Estoy convencido de que el diálogo social es el único camino. Creo que Argentina tiene que crecer con una estrategia a largo plazo y en ese sentido un diálogo de este tipo es clave”, avaló el sindicalista (fuente: “Bastante lejos del milagro argentino”, Página/12, 29/3/017).

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