Por Hernán Andrés Kruse.-

La décimo tercera edición del encuentro del Council reunió analistas, dirigentes y funcionarios, quienes disertaron sobre temas de actualidad económica y política, tanto nacional como internacional. Jorge Di Fiori, titular de la Cámara del Comercio, sostuvo que el “costo argentino” es el causante de los problemas que aquejan al sector. “Soportamos una excesiva carga tributaria y una infraestructura deficiente. El costo del transporte desde el interior a los mercados internacionales debe reducirse de manera sustancial”, sostuvo. Susana Segal, CEO del Council, hizo mención del “entusiasmo que despierta el país a nivel global” como consecuencia de la llegada de Macri al gobierno. Marcos Peña, jefe de Gabinete, rememoró lo que pasó con Cambiemos desde las elecciones de 2015 hasta el cumplimiento del noveno mes en el poder. “Prácticamente todos los temas planteados en la campaña electoral ya fueron encarados o resueltos, lo cual nos genera una enorme oportunidad o desafío”, afirmó. La realidad desmiente sus afirmaciones ya que la inflación está marcando un 45% acumulado anual, los incrementos de tarifas siguen encajonados en los vericuetos de la Justicia, las inversiones brillan por su ausencia y el desempleo esté cerca de alcanzar los dos dígitos. Luego habló Francisco Cabrera, ministro de Producción. “Tenemos que bajar el costo del empleo”. El problema “es la falta de demanda de empleo”, problema que vinculó con altos costos fiscales y ausencia de financiamiento. Consideró que “el tema más problemático que tiene la economía es la falta de demanda de empleo”. “Para mejorar esa situación el gobierno impulsará una modificación tributaria y financiamiento para las pymes. La normalización económica tiene que pasar por la integración al mundo, pero cuidando el empleo argentino”, afirmó. El funcionario no hizo más que hacer gala del conocido relato macrista de ganar competitividad contrayendo el salario, desconociendo (o aparentando hacerlo) los despidos masivos que se vienen produciendo en el sector público y privado, y la paulatina pérdida de poder adquisitivo de los salarios por parte de quienes aún tienen la dicha de conservar el empleo. De esa forma el ministro de Producción no hizo más que confirmar lo afirmado hace un tiempo por el ministro de Hacienda y Finanzas, quien reconoció que el salario era un costo a reducir este año. Para los empresarios el discurso de Cabrera sonó a música de Mozart. “El país tiene un serio problema de competitividad y productividad”, expresó el ministro para endulzar los odios empresariales. Para el gobierno nacional la devaluación y la reducción del salario son los métodos más idóneos para ser más competitivos. Para el oficialismo el disciplinamiento de los trabajadores es vital para garantizar la fortaleza del modelo macrista. Cabrera habló de la necesidad de “bajar el costo del empleo” para estimular las inversiones, que siguen frenadas ante un mercado interno que, dada la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados con la subsiguiente contracción de la demanda, dejó de ser atractivo (fuente: “Tenemos que bajar el costo del empleo”, Página 12, 26/8/016).

En su edición del viernes 26 de agosto, La Nación publicó un editorial titulado “El peligro de jugar con fuego”, en el que acusa al kirchnerismo de fogonear hechos de violencia sumamente peligros para la estabilidad institucional del país. Dice el editorial: “En un país con un pasado y un presente signados por la violencia, la sucesión de ataques y de amenazas dirigidos en buena medida contra el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, son más que preocupantes, al igual que el extraño silencio de una parte de la oposición política, cuando lo que corresponde es el repudio unánime y sin vacilaciones” (…) “Algunos grupos piqueteros en el corte de la autopista son cercanos al kirchnerismo. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, acusó a sectores kirchneristas por el ataque en Mar del Plata. Sugestivamente, ni la ex presidente Cristina Kirchner ni ningún dirigente de su sector repudiaron estos hechos de violencia” (…) “el intendente kirchnerista de Ensenada, Mario Secco, anticipó ominosamente: “Me cuesta creer que a Vidal se le vaya a hacer tan fácil” (…) “el dirigente piquetero Fernando Esteche no dudó en pronosticar que “este gobierno va a una crisis segura que ayudaremos a desatar”. En efecto, lo que se busca es desestabilizar al gobierno en un momento particularmente delicado. No es casualidad que hechos similares hayan ocurrido durante las gestiones de los presidentes Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa” (…) “El extraño y cada vez más prolongado silencio de parte de la oposición peronista, en particular del kirchnerismo, se asemeja con el paso de las horas a una confesión tácita” (…) “la sociedad no debe perder de vista que estamos ante un ataque que no es contra un gobierno en particular, sino contra el régimen democrático. Los sectores que pretenden reiterar nefastas experiencias están jugando con fuego”.

La Nación acusa a Cristina Kirchner y al denominado “kirchnerismo duro” de pretender desestabilizar al gobierno de Mauricio Macri. Resulta paradójico que hoy La Nación se preocupe por la estabilidad política cuando durante la época en que Cristina era presidente hubo varios intentos desestabilizadores propiciados por importantes factores de poder que no solo no fueron denunciados por La Nación sino que contaron con su explícito apoyo. Aclarado este punto, no cabe más que repudiar los hechos vandálicos que menciona el editorial. Cualquier ataque contra Mauricio Macri, además de constituir un acto lesivo de la dignidad del propio Macri, constituye un ataque contra la investidura presidencial. Sería aconsejable, desde el punto de vista de la democracia como filosofía de vida, que la ex presidente repudie públicamente estos actos de violencia ya que ello contribuiría a apaciguar los ánimos, hoy muy caldeados. Pero también sería aconsejable por idéntico motivo, que el gobierno nacional se abstuviera de denunciar sin fundamento alguno al kirchnerismo de fomentar la violencia política porque con tal actitud no hace otra cosa que echar más leña al fuego. El pueblo argentino sufrió demasiado durante las últimas décadas, signadas por una violencia rayana en lo demencial. De ahí que apostar hoy por la desestabilización política implica un acto de irresponsabilidad imperdonable. Porque por más diferencias que existan entre los actores políticos, nunca deben olvidar que hay un pueblo que los observa con lupa y que desea más que nada en el mundo vivir en paz.

Pasó el primer semestre y los problemas de actividad económica, desempleo y aceleración de la inflación siguen vigentes. Las dificultades para encontrarles una solución tensó aún más la tirante relación entre el Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Prat Gay hace responsable a Sturzenegger de haberse valido de altas tasas de interés para frenar la actividad económica, mientras que Sturzenegger critica la continuidad del déficit fiscal hasta el año entrante, según lo acaba de anticipar Prat Gay. Ambos funcionarios no coinciden esencialmente en la manera más adecuada de cubrir las necesidades financieras del Tesoro. Prat Gay necesitaba 4000 millones de dólares para hacer frente a la deuda externa en dólares de 2016 y daba por seguro que Sturzenegger iba a hacer uso de las reservas para permitirle efectuar el pago correspondiente. El ministro de Hacienda chocó con la negativa de los directores del Banco Central a continuar utilizando reservas para pagarles a los acreedores externos. En consecuencia, Prat Gay se vio obligado a implementar un plan B para conseguir esos tan ansiados dólares: refinanciación de vencimientos con organismos de crédito y prórroga de los plazos de pago con el Club de París acordados con el gobierno de Cristina Kirchner. De esa forma, aseguran en el ministerio de Hacienda, se evitaría salir al mercado internacional de capitales para emitir 4000 millones de dólares, cumpliendo de esa forma con la promesa del secretario de Finanzas, Luis Caputo, quien había asegurado que por el resto de este año el gobierno no tendría necesidad de salir a tomar nueva deuda en el exterior.

Mientras Prat Gay y Sturzenegger siguen polemizando sobre lo que se debe hacer con las reservas del Banco Central, la economía se contrajo un 4,3 por ciento y varias de sus más importantes actividades siguen cayendo. Tales los casos de la construcción (12,9 por ciento) y la industria manufacturera (6,4 por ciento). La inflación sigue avanzando a un ritmo del 47 por ciento interanual y los salarios en las paritarias se negociaron por debajo del 35 por ciento. Ambos contendientes también se trenzaron por la forma de encarar la recuperación de la producción y la estrategia a aplicar para bajar los precios. Prat Gay sostiene que un mayor recorte del gasto público para equilibrar lo antes posible las cuentas públicas, es políticamente inviable. Para Sturzenegger el “keynesianismo” del ministro de Hacienda no hace más que enervar la capacidad del Banco Central para moderar la inflación ya que lo obliga a valerse de la emisión monetaria para garantizar el financiamiento de las cuentas públicas. Pese a la existencia de un plan B el mercado reaccionó con desconfianza a la decisión de Prat Gay de utilizar las reservas del Central para pagar deuda, lo cual resulta toda una paradoja ya que antes de ser ministro, durante la etapa del kirchnerismo, Prat Gay había criticado con dureza el empleo de divisas de la autoridad monetaria para cancelar deuda. El ahora ministro de Hacienda dijo en 2013 que “en ningún país se paga deuda con reservas sino que se refinancia. Acá se patinan las reservas en los acreedores externos, es la hipocresía del relato”. En el entorno de Sturzenegger opinan diferente: es una práctica que deja abierta la puerta a una emisión monetaria sin límites, con lo que la sociedad queda expuesta a una inflación creciente” (fuente: Federico Kucher: “En el gobierno hay equipo, pero con grieta”, Página 12, 27/8/016).

Durante los primeros siete meses de este año los recursos empleados por el gobierno nacional para inversiones en las provincias se retrajeron en un 19,6 por ciento interanual. Ello significa que en comparación con igual período del año pasado el gobierno nacional dejó de utilizar 7100 millones de pesos en concepto de inversiones destinadas a las provincias. La escasez registrada en esta cuestión es inédita en la última década. Por su parte, las obras públicas que se determinan directamente desde la Casa Rosada registraron una leve alza interanual de 5,5 por ciento, porcentaje que representa una fuerte caída en términos reales. Según la ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública) el gobierno nacional disminuyó ostensiblemente la inversión en áreas tales como los programas para la construcción de viviendas alrededor del país, las obras hídricas, el sector energético, los proyectos de mejoramiento en localidades rurales y la construcción de infraestructura social como centros de usos múltiples, salas de primeros auxilios, infraestructura hospitalaria y clubes. Los ministerios gastaron en los rubros mencionados precedentemente entre un 60 y un 90 por ciento menos en relación con el mismo período de 2015. Si alguien cree que es un problema de escasez de recursos comete un error. Porque de lo que se trata en verdad es de una decisión política. El gobierno nacional justifica el fuerte ajuste en los gastos de capital enarbolando una serie de denuncias e irregularidades que se habrían producido en estos rubros durante el gobierno anterior. Agrega que la caída también se debe a una redistribución de los recursos entre los ministerios y al pago de las deudas acumuladas. La reducción del déficit fiscal hace a la esencia del programa económico del gobierno nacional. Dentro de esta lógica económica la disminución del gasto público compensa el mediocre desempeño de los ingresos fiscales disminuidos por la decisión del gobierno de bajar las retenciones y reducir el impuesto a las ganancias, y la presencia de la recesión. Tal como lo muestra la ASAP durante 2016 el gasto público en términos reales se produjo debido a los siguientes factores: a) el estancamiento de la inversión real directa y b) las transferencias de capital a las provincias y municipios. Si el gobierno continúa con esta estrategia, lo más probable (y así lo sostienen gran parte de los economistas) es que la recesión se profundice (fuente: Tomás Lukin, “Las obras son promesas”, Página 12, 27/8/016).

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