Por Hernán Andrés Kruse.-

El formidable equipo de propaganda que tiene a su disposición Mauricio Macri está logrando su cometido: distraer a la sociedad con escándalos como el protagonizado por José López para que por un tiempo se olvide de los graves problemas que la aquejan, como la inflación, el desempleo y la inseguridad. También para que ignore la sanción de relevantes leyes que repercutirán en la vida de todos nosotros. Mientras la opinión pública estaba siendo hipnotizada por las andanzas del señor López, en la madrugada del viernes pasado la Cámara de Diputados dio media sanción a la ley de blanqueo de capitales, que excluye de esa posibilidad a los cónyuges, padres e hijos de funcionarios públicos con fondos en el exterior. Fue el precio que debió pagar el oficialismo para conseguir la media aprobación de la norma, aunque cabe aclarar que dicha prohibición no alcanzó a los convivientes de los funcionarios ni a los contratistas de obra pública. En buen romance: si el blanqueo es finalmente aprobado por el Senado el padre del presidente, Franco Macri, queda afuera del blanqueo; no sucede lo mismo ni con Angelo Calcaterra ni con Nicolás Caputo, dos empresarios muy ligados al presidente de la nación. Aunque resulte increíble, los diputados que obedecen a la “fiscal de la nación”, Fernando Sánchez, Alicia Terada y Leonor Martínez Villada, votaron por la afirmativa, seguramente para no desacreditar a su jefa que llegó a exclamar que si bien Macri es corrupto, lo fundamental es que es republicano. Consciente de que el blanqueo aprobado en la Cámara Baja apaña a los delincuentes de guante blanco, Elisa Carrió no bajó al recinto para no “ensuciarse”.

En su edición del domingo 12 de junio Horacio Verbitsky publicó un artículo en Página 12 titulado “El identi-kit del blanqueo”, en el que pone al descubierto su verdadera naturaleza. El presidente de la nación es un hombre frío y calculador. Al estar protegido por una muralla comunicacional inexpugnable, es ahora un dirigente temible. El domingo 3 de abril la opinión pública mundial quedó conmocionada por el contenido de los “Panamá Papers”. Si alguien creyó que esa noticia lo había tomado por sorpresa a Macri, se equivocó groseramente. El gobierno sabía desde el 8 de marzo que las empresas de Macri formaban parte de la información de los “Panamá Papers”. Ese día, el Consorcio de Periodismo de Investigación le envió a Macri una consulta por escrito desde la capital norteamericana. Recién una semana después el gobierno nacional respondió a través del vocero Iván Pavlovsky, expresando que se trataba de empresas cuyo dueño era Franco Macri y no su hijo. El 10 de marzo el holding Sideco Americana comunicó a la Comisión Nacional de Valores “el retiro de la oferta pública por inexistencia de valores negociables”. El 11, la Oficina Anticorrupción dio a conocer a la opinión pública la declaración jurada de Mauricio Macri presentada el último día de 2015. En ese documento apareció la cuenta que Macri tenía en Bahamas y que antes no figuraba, y la posesión del 0.01% de las acciones de Yacylec. En febrero de 2016 el presidente vendió esas acciones al holding Sideco y que ascendían al 5,33% del paquete accionario. Al poco tiempo la periodista Gabriela Cerruti denunció a Macri por enriquecimiento ilícito ya que, según pudo demostrar, el valor de tales acciones superaba al declarado por el propio Macri. Mientras tanto, el gobierno lanzó al ruedo el blanqueo de capitales, adornado con la falsa promesa de reparación histórica a los jubilados. Macri se vio obligado a negociar con la oposición varios cambios respecto al proyecto original, salvo un ítem innegociable: los familiares de funcionarios públicos y los contratistas de obras públicas podrán acceder, sin restricción alguna, al blanqueo.

Verbitsky explica con quirúrgica precisión lo que está en juego: la pretensión de Macri de incluir en el blanqueo el máximo posible de beneficiarios. En la vereda de enfrente, la oposición intenta reducir ese número. Mientras Alfonso Prat Gay afirmó al inicio que no habría restricciones para los funcionarios del estado que se acogieran al blanqueo, Elisa Carrió manifestó que apoyaría el indulto fiscal sólo si quedaban excluidos los funcionarios públicos y los empresarios que habían hecho negocios con el gobierno. Por su parte, Axel Kicillof no dudó en afirmar que se trataba de una auto-aministía. Como el lector se habrá percatado, lo que se negociaba era la cantidad de corruptos que podían ser perdonados. Para conseguir el apoyo de Sergio Massa y Diego Bossio, el gobierno nacional debió acceder a que una gran nómina de funcionarios de los tres poderes estatales y de los tres niveles de la administración pública, nacional, provinciales y municipales quedara afuera del blanqueo: presidente, vicepresidente, jefe de gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, jueces, diputados, senadores, concejales, rectores, decanos, secretarios, altos mandos castrenses y de Seguridad, todo el personal de los organismos de inteligencia, y por si ello no hubiera resultado suficiente, los directores o nivel equivalente en empresas estatales u organismos de control de servicios privatizados, y los encargados de otorgar habilitaciones administrativas o que participen en la adjudicación de compras o licitaciones. Cabe destacar que el blanqueo no abarca a los familiares de los funcionarios-padres, esposas, hijos, fundamentalmente-. También entran en el blanqueo los apoderados de los partidos políticos, los dirigentes sindicales y las autoridades de cámaras y asociaciones patronales, lo que significa que Hugo Moyano y José Ignacio de Mendiguren, por ejemplo, pueden tranquilamente blanquear sus “ingresos”.

El proyecto contenía una “perlita”: el artículo 85 utilizaba el Código Penal para proteger el secreto de la amnistía, es decir la identidad de los favorecidos por el blanqueo. Era obligación mantener en secreto la identidad de los funcionarios y de cualquier tercero. La opinión pública no tenía derecho a saber quiénes eran los amnistiados. Las presiones fueron de tal magnitud que el ahora artículo 84 excluye del castigo por informar a los periodistas y medios de comunicación. Vale decir que si no hubiera habido semejante reacción, el artículo 85 hubiera sido aprobado. Para colmo, el gobierno minimizó la cuestión siendo el propio presidente quien expresó que hay actos de carácter público y otros de carácter privado, y que era preciso garantizar el respeto de la privacidad de las personas. Ello significa que para Mauricio Macri la identidad de los delincuentes de guante blanco es un valor privado que debe ser protegido a como de lugar. El jefe de Gabinete imitó a su jefe al manifestar que la norma no tenía como destinatarios a los periodistas sino que aludía al secreto fiscal, con el mismo espíritu en que está consagrado en el Código Penal. Por su parte, los diputados Pablo Toniolli y Fernando Sánchez coincidieron en señalar que la norma 11.683 establece a partir de 1978 el más absoluto secreto de la información tributaria y aquellos que divulguen las informaciones o las reproduzcan, incurrirán en una pena que está prevista por el artículo 157 del Código Penal. Ahora bien, la ley de 1978, explica e informa Verbitsky, contenía un artículo, el 101, que establecía aquella restricción, pero que Carlos Menem   modificó al final de su segunda presidencia a través de un DNU, convalidado por el Congreso. Desde 1999 el artículo 101 estipula que “no están alcanzados por el secreto fiscal los datos referidos a la falta de presentación de declaraciones juradas, a la falta de pago de obligaciones exigibles, a los montos resultantes (…) y al nombre del contribuyente o responsable y al delito que se le impute en las denuncias penales”. Lo que hacía el artículo 85 enviado al Congreso era precisamente garantizar que el secreto fiscal alcanzase al nombre del contribuyente responsable y al delito que se le impute en las denuncias penales, es decir, al nombre del delincuente de guante blanco. Pues bien, para el presidente de la nación garantizar ese tipo de protección es lo más natural del mundo ya que alude al ámbito de intimidad de las personas. Lo más relevante de la norma enviada por Macri al Congreso era que, además de regresar al decreto del general Videla, añadía a la pena por divulgar la identidad de los delincuentes de guante blanco una multa equivalente a la suma blanqueada. En otras palabras: cuanto más relevante era el caso, más pesada era la multa por divulgar la identidad del delincuente de guante blanco. Según Verbitsky, el presidente Macri se inspiró en el blanqueo que puso en práctica el presidente del gobierno español Mariano Rajoy hace cuatro años para ejecutar su blanqueo. En efecto, una de las primeras medidas como presidente de España fue promulgar una gran amnistía fiscal, cuyo resultado fue bastante pobre. Pero ello poco importó a algunos de los beneficiados, como el ex presidente José María Aznar, el ex ministro y ex jefe del FMI Rodrigo Rato y una extensa lista que incluye a parientes del rey y funcionarios gubernamentales.

Otro de los capítulos más importantes y seguramente el más sensible es el de la denominada “reparación histórica” a los jubilados. Lo que sufren nuestros viejos es sencillamente inaudito. No es un problema ni de este gobierno ni del anterior, sino que viene de lejos. Hace mucho tiempo que los jubilados reciben pensiones y/o jubilaciones que son una verdadera vergüenza, una afrenta a su dignidad. Se trata, qué duda cabe, de una de las estafas más bochornosas cometidas contra el sector más vulnerable de la sociedad. ¡Cómo puede ser que una jubilación mínima no supere los 5000$! Esa suma es un insulto a la vejez, una burla a quien aportó durante toda su vida para poder vivir dignamente los últimos años. El tema de los jubilados toca, pues, nuestras fibras más íntimas. ¡Quién, en última instancia, no tiene un jubilado o una jubilada en el hogar! La historia ha demostrado con creces que los jubilados siempre fueron bastardeados por los sucesivos gobiernos que supimos concebir. El de Macri, lamentablemente, no es la excepción. En el proyecto de blanqueo de capitales el gobierno nacional introdujo la denominada “reparación histórica” a los jubilados para “conquistar” el “corazón” de los miembros de los otros bloques parlamentarios. Lamentablemente, también en esta cuestión hay cosas poco claras. Diversos funcionarios gubernamentales han estimado en 1,8/2,5 millones de jubilados los beneficiarios de la mencionada reparación histórica. Ahora bien, según la página de la ANSES en Internet afirma que hace un año-junio de 2015-había 5,3 millones de jubilados titulares de al menos una jubilación o pensión contributiva. Sin embargo, según los datos surgidos de la última liquidación realizada por el SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), en mayo de 2016 se pagaron 6,6 millones de jubilaciones y pensiones (el monto asciende a 39 mil millones de pesos). ¿Por qué esa discrepancia? Amado Boudou, ex vicepresidente de la nación pero también ex Administrador Nacional de la Seguridad Social, aclaró que en realidad, el total rozaba en junio del año pasado los 6 millones. ¿Por qué? Porque quienes recibieron una jubilación igual a dos mínimas cobraron en realidad una jubilación y una pensión por el cónyuge fallecido, lo que significa que en este ítem-igual a dos mínimas-el número de beneficiarios es el doble. Si a esa población de 6 millones se agregan 220.000 nuevas jubilaciones otorgadas desde ese momento en función de lo establecido por la ley general y 500.000 jubilaciones incorporadas por moratoria, la cifra total se aproxima al total de 6.645.116 jubilados. Según Boudou, la pirámide real de haberes es la siguiente: cobran la mínima o menos 5.040.611 jubilados (75,9% del total); cobran entre 1 y 2 mínimas 992.807 jubilados (14,9% del total); cobran entre dos y tres mínimas 407.159 jubilados (el 6,1% del total); y cobran más de 4 mínimas 150.000 jubilados (el 0,2% del total). Estas cifras demuestran que en la Argentina el 90% de los jubilados cobra una miseria. Estamos hablando de casi seis millones de viejos y viejas. Una verdadera vergüenza. Al comparar estos números con las previsiones contenidas en los diferentes artículos del proyecto de ley y con la cantidad de juicios concluidos y en trámite, el ex vicepresidente considera que únicamente se modificará la situación de tan solo 700.000 jubilados, cifra notoriamente inferior a la dada por el gobierno: 1,8/2,5 millones de jubilados. Como esos 700.000 nuevos beneficiados provienen de los sectores mejor retribuidos, la inmensa mayoría de los jubilados seguirá como hasta ahora: en la miseria. Sobran los comentarios.

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