Por Hernán Andrés Kruse.-

Oscar Parrilli, ex titular de la AFI (Agencia Federal de Investigaciones), decidió pedirle explicaciones al titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, por la filtración de sus conversaciones con la ex presidente de la nación. Seguramente no imaginaba que en ese momento el juez federal Ariel Lijo dictaba su procesamiento por estar convencido de que encubrió a Pérez Corradi cuando se había fugado a raíz del Triple Crimen de General Rodríguez. Según el magistrado, Parrilli ocultó información elaborada por la Dirección de Contrainteligencia, que indicaba que el prófugo estaba en Paraguay, con el evidente propósito de brindarle protección. En su resolución, Lijo solicita la apertura de una causa para efectuar la investigación correspondiente de la difusión de un par de escuchas que contienen los diálogos entre la ex presidente y Parrilli. Cabe señalar que la primera de tales escuchas fue utilizada por el fiscal Marijuán para denunciar a ambos por haber armado causas contra Stiuso.

En una conversación con Página/12, Parrilli dijo que Lijo lo había procesado “para justificar que me intervino el teléfono y porque yo lo recusé el viernes”. Luego indicó que había decidido no enviar el informe sobre Corradi a la Justicia porque no lo había terminado. Ayer por la mañana (martes 7), señaló que “estamos en presencia de una triple alianza e infamia, que es la unión de sectores de los medios periodísticos, el Poder Judicial y servicios de inteligencia, todo esto monitoreado y seguido de cerca por Mauricio Macri y Germán Garavano”. Hizo mención del procesamiento del presidente por espionaje cuando ejercía el poder en la CABA. “El objetivo”, destacó, es “llevar adelante un control social y político” y “mantener atemorizados” “no sólo a la ex presidente y a mí, sino a toda la dirigencia política opositora, jueces, empresarios, periodistas y sindicalistas”.

El juez Lijo decidió procesar a Parrilli por encubrimiento agravado porque consideró que el ex funcionario K había decidido demorar de manera intencional la entrega de informes elaborados por la inteligencia argentina a los fiscales Juan Manuel Bidonde de Mercedes y Franco Picardi (fuero federal porteño), encargados de la investigación de Pérez Corradi y que habrían dado a conocer el lugar donde se encontraba escondido. El magistrado no hizo más que expresar con sus palabras el planteo efectuado en su momento por Graciela Ocaña a comienzos de 2016 y que dio origen a la causa. En esa oportunidad Ocaña consideraba que la nueva conducción de la AFI, a cargo de Arribas, había encontrado dos informes sobre Pérez Corradi en un cajón de Emiliano Rodríguez, ex titular de asuntos jurídicos del organismo, quien luego fue sobreseído por el propio Lijo. El gobierno de Cambiemos se enfureció porque estaba convencido de que Parrilli sólo se preocupaba en proteger a Pérez Corradi. La detención finalmente se produjo el 15 de junio de 2016, es decir seis meses después.

Los acontecimientos se produjeron de la siguiente manera: a) el fiscal Bidonde recibió el 5 de agosto de 2015 la declaración de un testigo de identidad reservada que aseguró haber visto al prófugo en Ciudad del Este y que habitaba en un edificio llamado “El Progreso”; b) el fiscal solicitó ayuda a la AFI para rastrearlo veinte días después, es decir el 25 de agosto; c) actuó de la misma forma el fiscal federal Picardi en función del expediente donde investigaba la “mafia de los medicamentos”, lo que condujo al procesamiento de Pérez Corradi por lavado; d) Parrilli designó a dos agentes para encontrar al prófugo; e) el 13 de noviembre finalizaron un informe según el cual aparentemente habrían dado con un número telefónico que usaba la pareja de Corradi, Gladys Delgado, y con un Facebook que era utilizado por la señora. Muchos de los datos encontrados sirvieron para localizar a Pérez Corradi. En la indagatoria, Parrilli sostuvo que recibió el informe de contrainteligencia entre el 15 y el 18 de noviembre y que ordenó que se continuaran las tareas porque no había ninguna certeza. Y que a raíz del fracaso del gobierno de Cambiemos en las negociaciones para ubicar a Corradi, se decidió desde las más altas esferas del poder inculparlo a él y su gestión.

Luego de la detención de Pérez Corradi, el juez Lijo ordenó la intervención de los teléfonos de Parrilli. Dicha intervención estuvo a cargo de la Corte Suprema. Finalmente, los supremos y Lijo decidieron derivar las escuchas telefónicas a la AFI. Esas conversaciones, que nada aportaron para la causa sobre Pérez Corradi, fueron la excusa perfecta para abrir una nueva causa penal contra Cristina Kirchner y Parrilli. El grotesco fiscal Marijuán fue el encargado de hacer la denuncia apoyándose en que en una parte de sus conversaciones, la ex presidente le solicita la elaboración de una lista de las denuncias hechas por su gobierno contra Stiuso (“buscá las causas que le armamos a Stiuso, no que le armamos, que denunciamos”). Parrilli acaba de confirmar que apelará su procesamiento y denunciará a varios personajes de la Justicia. Advirtió, por último, que espera del Presidente de la Corte las explicaciones correspondientes: “Parece que este hombre, que era gran estadista y se la pasaba dando cátedra de transparencia, democracia e institucionalidad, cuando asoma un poquito la cabeza, sale Elisa Carrió, lo ladra un poco y vuelve enseguida a silencio, como si volviera un perrito faldero a su cucha” (fuente: Irina Mauser, “Me procesa para justificar que me intervino el teléfono”, Página/12, 7/2/017).

La reacción de la ex presidente no se hizo esperar. A través de un video descerraja munición gruesa contra el gobierno nacional. “Este es un gobierno de fotos”, se explayó Cristina. “De fotos de colectivos falsos, de timbreos que no existen o están acordados. Ahora citan a declaración a mis hijos, los dos juntos, el 6 de marzo. ¿Para qué? Para que al día siguiente vos veas en la tapa de los diarios, de Clarín y La Nación por supuesto, la foto de Máximo y Florencia entrando en Tribunales. Y el 7 voy yo, la familia completa, para publicar mi foto en la tapa del diario el Día de la Mujer”. Desde su punto de vista, hay “una mezcla de persecución feroz, con objetivos de proscripción, claramente”, con el propósito de “también tapar todo lo que está pasando, nos sacan a mis hijos y a mí en la tapa de Clarín y no tienen que sacar la desocupación, las oficinas que cierran, el propio Clarín que echa a todos sus empleados de un taller para precarizar y flexibilizar trabajadores”. Consideró que funciona en el país “un entramado mediático, judicial y de inteligencia para tapar la realidad, perseguir y hacer control social. A las fotos ahora le agregan un condimento nuevo, las escuchas. En realidad es más o menos nuevo, porque esto de organizar escuchas desde el Gobierno ya lo conocimos con Macri en la ciudad de Buenos Aires, donde armó un sistema para escuchar gente, fue detectado, aunque lo sobreseyeron a él al otro día (tras asumir como presidente), pero el sistema está probado y muchos de sus funcionarios están siendo sometidos (a investigación) o van a juicio. Esta es la Argentina que tenemos, una Argentina de control social, de intimidación, por eso hay tanta gente callada, por eso tanto dirigente que era muy combativo con un gobierno como el nuestro, que estaba bien serlo, ahora raramente están callados con un gobierno que conculca derechos, echa a la gente, rebaja sueldos, mete presos ilegales, como el caso de Milagro Sala” (fuente: “Tapar la realidad”, Página/12, 8/2/017).

Oscar Parrilli eligió el Congreso de la Nación para hablar sobre las escuchas que lo tienen como principal protagonista. Flanqueado por varios legisladores del FPV, el ex funcionario de Cristina se despachó a gusto contra todos y todas. “La democracia argentina está en grave riesgo. Estamos en una situación de una democracia absolutamente condicionada y absolutamente limitada por poderes que están obstaculizando la libertad, la intimidad y la seguridad de todos los ciudadanos argentinos”, lanzó como una bola de fuego. “Comenzando obviamente por algunos dirigentes políticos como somos nosotros pero sin ninguna duda esta acción que tiene como objetivo llevar adelante una acción muy planificada y muy armada desde el gobierno nacional, desde el presidente Macri y desde todo su gobierno, de un control social sobre todos los dirigentes políticos argentinos sean opositores o no para condicionarlos, atemorizarlos, para acallarlos, para hacerlos tener actitudes que no entorpezcan lo que está llevando a cabo este gobierno que no es otra cosa que la destrucción del Estado, el saqueo y la entrega a los grupos monopólicos y a los grandes grupos financieros del mundo de todas las riquezas y del patrimonio de los argentinos”, señaló. Para que su denuncia sea lo más clara posible, puso como ejemplo la filtración de las escuchas telefónicas sobre sus diálogos con Cristina. Consideró que se hicieron en forma “directa”, tal como sucede en los casos de secuestros extorsivos, por parte de los servicios de inteligencia, en abierta violación de la ley que consagra el control judicial de las mismas. Luego de afirmar que se trataba de algo gravísimo, responsabilizó a la ex SIDE y a Stiuso por aquellas filtraciones. Luego, pasó a enumerar a quienes considera responsables de la filtración de los audios: “el juez Lijo, que lo ordenó, otro Marijuán, quien fue que tuvo acceso, tercero la dirección de otorgamiento y capacitación de judiciales que depende de (presidente de la Corte Suprema, Ricardo) Lorenzetti, (el juez federal Martín) Irurzun y (Juan) Rodríguez Ponte, que son los responsables, y cuarto (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani, la dirección de contrainteligencia”. Remató diciendo que se trata de “una situación que ningún fiscal ni juez investiga”.

¿Realmente Parrilli ocultó el paradero de Pérez Corradi? Su respuesta fue contundente: “no es cierto que estaba el paradero. Aproximadamente el 20 de noviembre me llega un informe no sobre el domicilio sino un Facebook de una mujer que parecía ser la pareja de Pérez Corradi, por que el domicilio lo tenían todas las fuerzas de seguridad desde agosto y yo pedí que chequearan y corroboren esa información que podría certificar el domicilio. A los diez días nos fuimos del gobierno, terminó nuestra gestión. Me reuní con Arribas y Majdalani, los puse al tanto de esta situación, pero a lo mejor ahora ellos lo niegan”. Y agregó: “Lo que tenían que haber hecho Arribas y Majdalani es pedirle las causas en las que estaban trabajando. Como la causa de Pérez Corradi se les caía, ellos inventaron que de casualidad encontraron esa orden, en la que yo dije que había que investigar y corroborar”. Luego pasó a enumerar datos de la causa: el 2 de febrero de 2016, un informe de la AFI (“de Arribas y Majdalani que me persiguió”, dijo el ex funcionario) ante el juez, que reconoce la ausencia de resultados positivos respecto al prófugo. Previamente, el 11 de enero, los abogados de Pérez Corradi se presentan para negociar con el gobierno la entrega de su defendido. Fue el comienzo de las negociaciones con Patricia Bullrich, las que culminan en junio con la detención de Corradi. “No tengo pruebas, pero creo que hubo una negociación para que se entregue, no es que lo encontraron, con la promesa de que iba a inculpar a todos los dirigentes kirchneristas. Que pasó, Pérez Corradi, dijo que Sandra Arroyo Salgado le pidió una coima para que niegue la extradición (a Estados Unidos) y que (Ernesto Sanz) le pidió otra coima por un juicio en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué fiscal investiga esto?”, preguntó el propio Parrilli. Luego manifestó que “me procesan porque demoré 15 días y ellos demoraron seis meses” (…) “me procesan por encubrir a Pérez Corradi y a él la Justicia le dicta falta de mérito”. Negó que Cristina alguna vez le haya ordenado “apretar” magistrados. “Nunca lo hicimos, pero por otra parte, ¿qué poder teníamos nosotros para hacerlo el año pasado?”, volvió a preguntarse. Por último, señaló que “los servicios de inteligencia tienen la tecnología para modificar, cortar y editar las escuchas. Lo único que falta es que la ofrezcan en el Mercado Libre” (fuente: Miguel Jorquera, “La democracia está en riesgo”, Página/12, 8/2/017).

Qué duda cabe que el establishment judicial, mediático, empresarial y político se ha juramentado destruir a la ex presidente de la nación. Prueba de ello lo constituye el artículo que publicó Clarín el 5/2/017 de Julio Blanck, titulado “La demolición judicial de Cristina”. Dice Blanck: “Inexorable, el avance de las causas en su contra colocan a Cristina Kirchner en un estado de potencial demolición judicial y política. En la semana que pasó, apenas reabierta la actividad de los tribunales, la puesta en marcha de las medidas de prueba a partir de la denuncia del fiscal Alberto Nisman por encubrimiento de iraníes en el atentado a la AMIA y el llamado a indagatoria bajo acusaciones de lavado de dinero y cobro de sobornos en el caso Los Sauces, marcaron un punto crítico para la ex Presidente. Pero Cristina quizás llegue a extrañar estos días: lo que le espera, en términos judiciales, puede ser mucho peor. Frente a la acumulación incesante de pruebas adversas, la única defensa a la que atinan la ex Presidente y sus allegados es denunciar persecución política. Es una manera poco sutil de esquivar la montaña de acusaciones. Puede resultar eficaz para quienes siguen creyendo a ojos cerrados en Cristina. No son pocos los creyentes, hay que decir. Y a eso habrá que sumar la gruesa legión de cínicos que dicen mantener la fe intacta porque saben que ese es su único aunque improbable pasaporte a la salvación de bienes y honores, si es que de estos les quedase algo” (…) “Bonadío es el juez que el viernes citó a indagatoria a Cristina por Los Sauces. También fue el primer juez en citar, indagar y procesar a la ex Presidente. Lo hizo el año pasado por las maniobras con el “dólar futuro”. La acusó de “administración infiel en perjuicio del estado”. Es la más liviana de las causas que se acumulan contra ella. Es poco probable que puedan condenarla y del todo imposible que pueda ir presa por este asunto. Pero no se privará de ofrecer el espectáculo de ser enjuiciada. El miércoles próximo el fiscal Eduardo Taiano presentará la acusación formal y a fin de mes la causa podría ser elevada a juicio oral”.

“Poco después, el 7 de marzo, Cristina deberá presentarse a ser indagada por Bonadío en el caso Los Sauces” (…) “Quienes conocen el expediente dicen que contiene evidencias escandalosas por la incongruencia, falta de sustento y errores groseros en la administración y manejo de fondos de esa sociedad familiar, que facturó a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López el 86 por ciento de su operación. Un día antes que Cristina deberán declarar sus hijos, Máximo y Florencia. Es la primera vez que la Justicia los cita. Esto marca un punto de inflexión altamente sensible en las desgracias judiciales de la ex Presidente. Queda en evidencia que sus acciones terminaron colocando a sus hijos en el límite de la conducta delictiva. La Justicia dirá de qué lado de ese límite quedaron” (…) “El modelo de negocios de los Kirchner, tan ferozmente próspero durante tantos años-doce gobernando Santa Cruz, otros doce mandando en el país-puede terminar en la desgracia de muchos de sus actores y beneficiarios. Quizás sierva de escarmiento a los responsables y de enseñanza a la sociedad. Ya se ha dicho: el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente” (…) “El 30 de diciembre pasado, en el marco de esta causa (Los Sauces), Ercolini inhibió todos los bienes de Máximo y Florencia Kirchner. Tres días antes el juez había tomado una decisión más grave: procesó a Cristina y la embargó en 10.000 millones de pesos bajo el cargo de asociación ilícita por el multimillonario direccionamiento de obras públicas a favor de Lázaro Báez” (…) “Todo este paquete viene fuertemente encadenado. La hipótesis sólida que se maneja en la Justicia es que el desvío de fortunas en dinero del Estado, a través de esa asociación ilícita que habría liderado Cristina, constituye el delito precedente del lavado de dinero investigado en Los Sauces y Hotesur. No se entiende un caso sin el otro” (…). “También están unidas las causas políticamente más corrosivas para Cristina, que son las vinculadas al entendimiento con Irán respecto del atentado a la AMIA en 1994, a la denuncia de encubrimiento que por ese pacto le hizo el fiscal Nisman y a la muerte del fiscal cuatro días después de haberla denunciado, en enero de 2015” (…) “Todas y cada una de las diligencias que se hagan tendrán en la mira a Cristina y a quienes fueron sus funcionarios. Resultados concretos podrían empezar a conocerse en también dos o tres meses. Justo cuando entre en terreno de definiciones el armado de las candidaturas para la elección de octubre. ¿Pura casualidad? En Tribunales se lavan las manos: dicen que están bajo el imperio de los tiempos procesales”.

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