Por Hernán Andrés Kruse.-

En su edición del domingo 23 de octubre, Página 12 publicó un artículo de José Pablo Feinmann titulado “Un mundo de zombies”, en el que expone con toda crudeza su visión del mundo actual. Dice el filósofo kirchnerista: “A comienzos de año empezó una telenovela con título prometedor. Los ricos no piden permiso. Así era su nombre. Una frase que se trenzaba con el estilo vertiginoso del actual gobierno. Un gobierno de empresarios. Los ricos gobiernan y lo hacen para ellos. Con un Congreso pasivo empezaron a echar gente. Sin pedir permiso. Lo hicieron y punto” (…) “Cuántas guerras hay. Una sola es demasiado. ¿Saben por qué pelean, matan y mueren los soldados norteamericanos? Por la tierra de los libres y el hogar de los bravos. Es un credo. Como el de la democracia y la libertad. También un acto de fines. Siempre se mata desde un absoluto. Los hombres crean sus absolutos. La guerra sólo es posible entre naciones que crean sus absolutos. Pueden ser religiosos o terrenales, paganos. Si en Irak crecieran arvejas y Estados Unidos las necesitara, existiría la guerra de las arvejas. Los hombres matarían y morirían por vegetales alimenticios. Si Armenia fuera funcional a los intereses de occidente, Hollywood ya habría filmado treinta o más películas sobre ese genocidio. El negacionismo crece. Como el desierto”. “El dinero le es esencial a la política. La política se nutre del dinero. Es el arte de sumar dinero y convertirlo en poder. Una campaña política costosa asegurará para la multinacional que invierta su dinero, el dominio sobre el grupo político que lo recibe” (…) “El posmodernismo reemplazó a la totalidad por el fragmento. Después el imperio refutó al fragmento con la globalización. Se instauró la totalidad totalitaria. Pero ya no fueron los comunistas. Hoy, el 1984 de Orwell se lee en la masificación boba del neoliberalismo. Que quiere zombies y no personas libres. De aquí la proliferación de los muertos vivos. George A. Romero ha triunfado. La noche de los muertos vivientes es un éxito. De día también. A toda hora”.

En Argentina la gran mayoría de los presidentes que tuvimos no pidieron permiso a la hora de tomar decisiones. Como la Constitución consagra un extremo presidencialismo quien accede al poder pasa a ser, más que un presidente, un monarca civil. Y los monarcas son poco propensos al respeto por los demás. Macri no hace más que seguir una larga tradición de presidentes que desde el poder hicieron lo que se les dio la gana. Respecto a los soldados norteamericanos que pelean, matan y mueren en cualquier lugar del planeta, no hacen más que obedecer órdenes. Por eso son soldados. Los soldados de la república imperial, como todos los soldados del mundo, carecen de libre albedrío, no están autorizados para pensar por su cuenta. Son máquinas preparadas para pelear y matar. Y punto. No se les exige utilizar el cerebro sino pelear hasta matar o morir. A lo largo de la historia los grandes imperios sacrificaron miles y miles de soldados para satisfacer sus ansias de dominación. Porque en el fondo son esas ansias las que han producido (y seguirán produciendo) las guerras a lo largo de la historia de la humanidad. Lo que dice Feinmann sobre los soldados norteamericanos es absolutamente cierto. Ellos matan desde un absoluto. Pero también lo hacen los soldados de todo el mundo. ¿O acaso los soldados rusos, ingleses, franceses, alemanes, etc., no han peleado desde un absoluto? Feinmann termina su reflexión refiriéndose a la totalidad totalitaria que hoy impera en el mundo: el neoliberalismo, la última versión de 1984 de Orwell. Considera que el neoliberalismo necesita, para consolidar su dominación planetaria, que los hombres dejen de ser personas para pasar a ser zombies, seres no pensantes. Que los pueblos están repletos de zombies nadie lo pone en duda. Dentro de pocos días se celebrarán las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Pese a que todas las encuestas aseguran que no logrará vencer, Donald Trump, candidato republicano, conserva chances de ser el nuevo presidente del norte. Este personaje histriónico, petulante e impresentable, sólo pudo acceder a la candidatura republicana y poner en jaque a los demócratas por la inmensa cantidad de zombies que pululan por el territorio norteamericano. Que un poco más del cuarenta por ciento de la sociedad norteamericana vote por este troglodita pone en evidencia un profundo estado de descomposición moral e intelectual de un país que, al menos en lo interno, está perdiendo el rumbo.

Este miércoles la Cámara Baja seguramente aprobará un proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal considerado inconstitucional por la mayoría de las organizaciones y entidades del mundo jurídico. Es una ley que, con el apoyo del oficialismo, el Frente Renovador, el GEN y un sector del peronismo, persigue la expulsión de la procuradora general Alejandra Gils Carbó. La semana pasada fue aprobado un dictamen en un plenario de comisiones que le otorga a una Comisión Bicameral facultades para tomar decisiones sobre política criminal y efectuar nombramientos al margen de lo estipulado por el artículo 120 de la Constitución, que consagra el carácter autónomo del Ministerio Público. ¿Qué sucedería si finalmente esta norma, como está redactada, llegara finalmente a sancionarse? En su edición del lunes 24 de octubre, Página 12 publicó un artículo de Irina Hauser titulado “La misión, colonizar el ministerio Público”, en el que brinda una detalla respuesta a tal interrogante.

Si se llegara a sancionar la ley tanto la Procuración General como los fiscales quedarían a merced del Congreso. Incluso la Agencia Federal de Inteligencia podría llegar a ser más autónoma. Tal como lo establece el dictamen aprobado la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público Fiscal, hoy conducida por Graciela Camaño, podría no solo controlar el funcionamiento de la Procuración sino también influir sobre la elección de fiscales a cargo de áreas específicas. El massismo, aliado del macrismo, estaría en condiciones, por ejemplo, de aprobar o rechazar la creación de unidades especializadas, direcciones, etc. Quien desee ser titular de alguna de esas unidades especializadas deberá someterse a la evaluación de los legisladores. El Congreso estará facultado, también, para evaluar a los postulantes para las Procuradurías y las fiscalías de distrito, y disponer traslados de los fiscales de una jurisdicción a otra. Para Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del CELS, “este es el punto más grave del dictamen: las potestades que se le dan a la Bicameral son contrarias al artículo 120 de la Constitución Nacional, que dice que el Ministerio Público Fiscal es un órgano autónomo”. Este artículo es consecuencia de la reforma constitucional de 1994 que consagró la autonomía del Ministerio Público Fiscal para sepultar en el baúl de la historia el anterior modelo que habilitaba al Poder Ejecutivo fijar la política criminal con la complacencia del Procurador. Fernando Bracaccini, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), “no puede otro poder condicionar el funcionamiento de la Procuración y los fiscales. Es evidente que el proyecto va contra el artículo 120”. Según la Lista Celeste de la Asociación de Magistrados lo que se pretende es crear una suerte de “cogobierno”. Lo que se pretende es que nunca más la Procuraduría General quede en manos de alguien como Gils Carbó.

Según el proyecto la Bicameral estará facultada para emitir “recomendaciones” sobre política criminal, es decir, podrá hacer valer su influencia para determinar, en relación con esta delicada cuestión, cuáles son los temas prioritarios, cuáles son los delitos que deben ser considerados de mayor relevancia, como se efectúa la distribución de los recursos, entre otros ítems. Ello significa que, de prosperar este proyecto, la Bicameral será mucho más que un órgano de control externo. El procurador y los fiscales pasarán a ser virtuales empleados en relación de dependencia ya que estarán obligados a cumplir con “los requerimientos de información sobre gestión, funcionamiento institucional, administración general y financiera, y concurrir a audiencia pública” cuando sean “invitados”. En caso de desobediencia pueden ser removidos por mal desempeño. Según Litvachky “en la actualidad ni siquiera la Bicameral de Inteligencia tiene tantas atribuciones sobre la Agencia Federal de Inteligencia como la del Ministerio Público Fiscal sobre la Procuración”. Lo notable del asunto es que existen órganos dependientes del Congreso que no necesitan ser autorizados por una comisión bicameral para funcionar. Tales los casos de la Auditoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuración Penitenciaria y la Defensoría del Público. “La paradoja es”, destaca Litvachky, “que el proyecto del oficialismo había sido presentado con el supuesto fin de despolitizar al Ministerio Público Fiscal pero al final pretende meter la lógica del Congreso en la gestión cotidiana. Hacen esto porque no les alcanzan los votos para remover a Gils Carbó por los mecanismos legales”. Lo que el oficialismo y la “oposición” buscan es echar a Gils Carbó porque no la pueden controlar. Como si todo ello no resultara suficiente para poner en evidencia la meta perseguida por el oficialismo y la “oposición” de transformar al ministerio público fiscal en un apéndice del Congreso, si se aprueba la norma en los concursos para designar fiscales el jurado estará integrado por un fiscal, un jurista y un representante del Ministerio de Justicia, lo que en la práctica significa que el Poder Ejecutivo, es decir Mauricio Macri, armará las ternas a piacere.

Si se aprueba la norma quien sea titular de la Procuración permanecerá en el cargo cinco años. En consecuencia, será la Justicia la que determinará la continuidad o no de Gils Carbó. Según el proyecto votado en el Congreso el titular de la Procuración permanecerá en el cargo un lustro y podrá continuar en el cargo otro lustro siempre que el Poder Ejecutivo lo proponga. En la Convención Constituyente de 1994 el tema fue objeto de una interesante discusión. Incluso hubo un dictamen de minoría impulsado por convencionales del Frente Grande que estipulaba un plazo de cinco años para el Procurador o Procuradora. Finalmente, la constitución de 1994 no estipuló nada sobre la cuestión y el régimen vitalicio, hoy vigente, fue establecido por ley. Para el constitucionalista Gustavo Arballo cinco años es un período corto y rememora que el macrismo porteño estableció un mandato de siete años para el jefe de los fiscales de la CABA. El proyecto de ley nada dice respecto a si los cinco años deben contarse de manera retroactiva. El oficialismo ruega para que algún juez se pronuncie por la afirmativa para de esa forma impedir que Gils Carbó continúe en el cargo más allá de agosto de 2017. Según Arballo “la aplicación retroactiva es inaceptable”. “Gils Carbó juró bajo un régimen que no tenía esa limitación temporal y eso deja consolidada su situación frente a eventuales cargos a futuro (distinto sería el caso si hubiera una reforma constitucional). En segundo lugar, y más importante: si se acepta esto, el Congreso podría indirectamente afectar toda estabilidad de cualquier funcionario por el simple criterio de sancionar una ley que acorta su mandato”, agrega.

De aprobarse la norma sólo basta tener más de cinco años de antigüedad como fiscal para dirigir una Procuraduría o Unidad Especializada. La idoneidad, bien gracias.   En efecto, la norma no prevé ningún tipo de examen ni ninguna evaluación de experiencia en esta cuestión. La norma no hace más que fomentar el éxito de quienes tienen capacidad para tejer fluidos contactos políticos. Hoy el 32,08 por ciento de los 293 fiscales en actividad carecen de una antigüedad superior a cinco años, pero su nombramiento se debió a un concurso. Los fiscales que tienen una antigüedad de una década fueron designados a dedo. Más antigüedad en el cargo no implica, por ende, mayor idoneidad. De los fiscales con una antigüedad superior a los cincos años concursó el 42,32 por ciento. Las Abuelas de Plaza de Mayo fueron de las primeras organizaciones que plantearon quejas justo cuando se votó el dictamen en el plenario de comisiones. Estela de Carlotto señaló en una carta todo lo que había mejorado la investigación de apropiación de hijos desaparecidos gracias al eficaz desempeño de la Unidad especializada a cargo de Pablo Parenti. Si bien se trata de un fiscal con una larga experiencia en el Ministerio Público lleva menos de cinco años como fiscal concursado. Según Litvachky “lo que evidentemente se busca es que la bicameral revise todas las designaciones de los últimos años. Pero es claro que la antigüedad no debería ser un factor determinante”.

De aprobarse la norma habrá una Procuraduría antiterrorista pero habrá incertidumbre sobre la continuidad de la Unidad Amia. Si algo caracteriza a las procuradurías es su capacidad para enfrentar los principales problemas criminales del país. Lejos están, pues, de ser meras estructuras de coyuntura. Ello explica la sorpresa que les produjo a los diputados del FPV y la izquierda que el dictamen oficial agregara una procuración sobre terrorismo. La diputada Myriam Bregman expresó que no lograba comprender la finalidad de esa estructura que el propio proyecto de ley no explica. Para las Abuelas podría tratarse de un organismo que bien podría ser utilizado por el gobierno, en el marco de la ley antiterrorista, para reprimir protestas sociales. Según el legislador macrista Pablo Tonelli las voladuras de la embajada de Israel y la AMIA legitiman la creación de una procuraduría. Sin embargo, el proyecto de ley no hace alusión alguna a la existencia de la unidad que viene investigando el atentado a la AMIA y que posee facultades directas para investigar. Las palabras del legislador del PRO podrían llegar a entenderse como una pretensión oficial de absorber la Unidad por la unidad Antiterrorista. Los familiares de las víctimas de la AMIA y los querellantes no ocultan su preocupación. Según Diana Malamud “la ley que quieren aprobar no habla de la UFI AMIA y dos de los fiscales no cumplen los requisitos que impondría. Sin embargo es la primera vez en veintidós años que la fiscalía funciona. Tenemos temor de que la cierren, y sería el cierre definitivo de la causa. En el ministerio de justicia armaron una estructura a cargo de Mario Cimadevilla que no aportó nada”. Por su parte Sergio Burnstein sentenció: “vamos al encubrimiento del encubrimiento. Es aberrante el proyecto”. Según la fiscal Namer, integrante de la UIA AMIA “a diferencia de otras procuradurías los fiscales de la UIA AMIA tienen una causa. No está claro cómo quedaría, pero existe el riesgo de una intervención directa en una causa en particular”. Y agregó: “El contenido de la ley no es una intromisión, es directamente una intervención del Poder Legislativo. Los familiares manifestaron su preocupación” (…) “Desarmar la Unidad AMIA sería también faltar al compromiso internacional con la Comisión Interamericana de Derechos humanos”.

Por último, la norma nada dice respecto a la problemática de la violencia contra las mujeres y los femicidios, faculta al procurador o la procuradora para intervenir en investigaciones judiciales y pone en riesgo la continuidad de los juicios de lesa humanidad. Pese a que el dictamen fue aprobado veinticuatro horas antes de la multitudinaria marcha “Ni Una Menos” contra la violencia machista y los femicidios, no incluyó referencia alguna al desarrollo de políticas específicas en relación con las diversas formas de violencia de género y lisa y llanamente ignoró la existencia de la Unidad Fiscal especializada en Violencia contra las Mujeres. La norma establece que las procuradurías podrán hacerse cargo de manera directa de un expediente si reciben la orden pertinente del Procurador/a. El Procurador general del momento está facultado, entonces, para sacarle una causa a un fiscal y dársela a otro, siempre que se trate de asuntos de “gravedad institucional, complejidad, interjurisdiccionalidad o conexión entre casos”. Para Andrea Pochak, titular de la Dirección General de Derechos Humanos, “el proyecto del Pro, el massismo y el GEN pone en jaque la continuidad de los juicios de lesa humanidad porque los juicios se sostienen ya que hay un grupo de fiscales fuertemente comprometidos y porque hubo una política institucional, desde la gestión de Esteban Righi en adelante, de armar equipos de trabajo y reforzar jurisdicciones trasladando a fiscales de una provincia a otra (siempre, claro, con su consentimiento). El proyecto, en cambio, prevé la anulación de los traslados de todos los fiscales asignados a jurisdicciones diferentes a las de su designación original y el retorno dentro de las 48 horas” (…) “La anulación de los traslados tiene limitaciones temporales, en consecuencia, comprende todos los traslados realizados desde los orígenes del MPF hasta la actualidad, afectando derechos adquiridos y paralizando o haciendo caer importantes juicios en trámite, entre ellos los de lesa humanidad”.

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