Por Hernán Andrés Kruse.-

Oscar “El Milico” Aguad, ministro de Comunicaciones”, es una de las caras visibles del gobierno que ha salido a defender al presidente de la nación a raíz del escándalo provocado por la decisión presidencial de perdonar la deuda que su señor padre tenía con el Estado desde que Menem le obsequió el Correo Argentino durante su segunda presidencia. Lo primero que dijo fue que no había ninguna quita en el acuerdo que su ministerio firmó con el señor padre del presidente por la deuda del Correo Argentino. Más tarde hizo una afirmación que es un insulto incalificable a nuestra inteligencia: “estamos hablando de un deudor sin recursos económicos”. Dijo esa barbaridad para justificar la aceptación de que el clan Macri pague únicamente el 1,2 por ciento de la deuda. Desde que se conoció este “affaire” el gobierno de Cambiemos no hace más que sumar críticas y denuncias penales. Sin embargo, Aguad permanece inmutable: “es un problema y lo tenemos que resolver. No estoy dispuesto a cajonear el expediente”, aseguró en una entrevista radial. “El milico” se preguntó “cuál es la alternativa para defender el patrimonio del Estado, que sea diferente a lo que estamos haciendo”. También presionó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial para que apruebe el acuerdo: “si no se homologa, entonces se va a perder. Es poco lo que se ha acordado, pero era lo único que se podía recuperar”. Dijo sin ruborizarse que no había tocado el asunto con Mauricio Macri ni con el jefe de Gabinete antes de dar el visto bueno al acuerdo que beneficia a los Macri. “Esta es una decisión que tomamos en el Ministerio de Comunicaciones. Nunca hablé con el Presidente de este tema”, aseguró el funcionario. Difícil creerle ya que si hay algo que caracteriza a Cambiemos es la subordinación estricta de los ministros al Poder Ejecutivo. Por último, y como no podía ser de otra forma, apuntó contra el kirchnerismo: “hay un perjuicio al Estado y está hecho pero la quita se hizo durante el gobierno kirchnerista porque la devaluación del dinero es la verdadera quita. Nosotros hemos tratado de cobrar lo que quedaba” (“Como si fueran pobres indigentes”, Página/12, 11/2/017).

La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, presentó el viernes 10 un nuevo escrito ante la Sala B de dicho tribunal en el que acusa al clan Macri, “46 días después de haber obtenido la conformidad del acreedor Estado Nacional” a la propuesta de cancelación de su propia deuda, de “ampliar o ajustar” la demanda iniciada por el propio clan contra el Estado 60 días antes por una suma, al año 2009, de 1795 millones de pesos, más un “adicional” de 570 millones, reclamando “intereses al 11 por ciento anual” (cuatro puntos a su favor por sobre el interés que había pactado en la deuda a favor del Estado). En su dictamen la fiscal sostiene que “la concursada adoptó una conducta contraria a la buena fe procesal, al no comunicar ni al Tribunal ni a los funcionarios intervinientes el inicio de esta acción mientras se encontraba negociando con el acreedor demandado en ella”. Y agrega: “su posición en este expediente convierte más abusiva aun la propuesta formulada por el Estado Nacional, pues mientras ofrece pagar a partir de 2018 un interés del 7 por ciento anual, reclama al mismo acreedor un interés del 11 por ciento por lo menos hasta 2009 más los intereses correspondientes hasta el efectivo pago”.

Fue el ex presidente Carlos Menem quien hizo entrega, en 1997, del Correo Argentino a la familia Macri. En 2001 la empresa Sideco Argentina (Macri) decidió presentar la convocatoria de acreedores con una deuda de 900 millones de pesos-dólares. En noviembre de 2003, ya con Néstor Kirchner en la presidencia, se produjo la rescisión del contrato con Socma heredando el Estado nacional (todos nosotros) el 32,65 por ciento de esa deuda (que incluía 296 millones de pesos-dólares por incumplimiento en el pago del canon). Según el acuerdo, Socma (Macri) estaba obligada a pagar cada seis meses 51 millones de pesos. Como sólo pagó hasta marzo de 2000 el gobierno decidió en ese momento iniciar la causa contra el clan Macri. Esta semana la opinión pública tuvo conocimiento del acuerdo alcanzado por los abogados del Ministerio que comanda el “Milico Aguad” con el holding de la familia del presidente de la nación por el Correo, para así saldar la deuda en 15 cuotas anuales (de 2018 a 2033) con un interés del 7 por ciento y únicamente sobre el capital (asciende, pues, a 600 millones de pesos). Según la fiscal, se estaba en presencia de una quita de deuda del 98,2 por ciento porque no se aplicaba el interés, con lo cual se generaba un daño al Estado nacional (todos nosotros) de más de 4.227 millones de pesos. La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones de la Procuración General, al proyectar dicho perjuicio a 2033, estiró la cifra hasta los 70.163 millones de pesos.

La fiscal Boquín recordó en dictamen que dos semanas antes del acuerdo (13 de junio de 2016), el Correo, es decir Franco Macri, decidió presentar una demanda contre el Estado (todos nosotros) por daños y perjuicios por la falta de pago de supuestas inversiones. El 12 de agosto el clan decidió ampliar (ajustar) la demanda por las sumas de 1795 millones de pesos (al valor de 2009) más la suma de 570 millones de pesos, reclamando al mismo tiempo intereses al 11 por ciento anual desde la fecha señalada en la presentación. “Todo ello”, destaca la fiscal, “sin perjuicio de que no renunciaba ni desistía de derechos o procesos judiciales”. Estamos hablando de miles de millones de pesos que nos pertenecen. En el escrito presentado ese día (12 de agosto), el Grupo Macri dice que esta demanda “no puede ni debe ser interpretada como una retracción o cambio de términos de la propuesta de acuerdo aceptada por el Estado Nacional en junio”, ya que la misma jamás implicó “desistimiento de ningún planteo judicial”. Según la fiscal, “la concursada adoptó una conducta contraria a la buena fe procesal al no comunicar ni al Tribunal ni a los funcionarios intervinientes el inicio de esta acción (que importa un crédito en expectativa) mientras se encontraba negociando con el acreedor demandado en ella”. Luego de ratificar la conducta abusiva del clan Macri, recuerda que el artículo 19 de la ley de concursos y quiebras alude a “suspensión y no interrupción o condonación” de los intereses, que se aplican sobre el capital acordado. La fiscal sostiene que la empresa en ningún momento informó en la causa acerca de la demanda por daños y perjuicios. De ahí que considere que actuó con mala fe. Afirmó que “su posición en este expediente contencioso administrativo, convierte en más abusivo aun la propuesta formulada al Estado nacional pues mientras ofrece pagar a partir de 2018 (plazo estimado de pago si la homologación se produjese en el año en curso) un interés del 7 por ciento anual, reclama al mismo acreedor un interés del 11 por ciento por lo menos hasta 2009 más los intereses correspondientes (sin determinar tasa) hasta el efectivo pago”. La fiscal alerta al final de su escrito acerca de la posibilidad de que recurra a la Corte Suprema en caso de dictarse “una sentencia contraria a lo dictaminado por esta Fiscalía y que lesione el derecho de propiedad de los acreedores” (fuente: Cristian Carrillo, “Pagar en una ventana para cobrar por otra”, Página/12, 11/2/017).

El establishment mediático-judicial-político está sintiendo el impacto de este escándalo. Prueba de ello lo constituye el artículo publicado por Claudio Jackelin en La Nación el sábado 11 y que se titula “La paradoja impensable del correo y el machismo”. Dice Jackelin: “La política es capaz de paradojas impensables. Si no que lo digan los paladines de la comunicación del siglo XXI hoy en problemas por herramientas del siglo XIX. El macrismo se jacta de ser el espacio político que mejor comprendió el cambio cultural provocado por la tecnología. Nunca se cansa de repetir que el uso de las redes sociales fue clave para llevar a Mauricio Macri a la presidencia y disfrutan de relativizar la importancia que tienen los medios tradicionales. Pero, ironías de la vida, es el correo, ese antiquisímo medio con el que la gente se comunicaba hace cientos de años y hasta el siglo pasado el que ahora complica a Macri. Para peor, la publicación del polémico acuerdo entre el Gobierno y la empresa familiar del Presidente, que administraba el Correo, en los devaluados diarios y la difusión en las viejas radios y TV, fue lo que hizo que el tema se convirtiera en tendencia en las redes. Como en los Panamá Papers y los giros de dinero a cuentas del jefe de la AFI, cada vez que se trata de negocios personales, la comunicación de Pro llega tarde”.

En su edición del 11 de febrero, Página/12 publicó un artículo de Luis Bruschtein titulado “Choreos y negocios”, en el que evidencia hasta qué punto el gobierno de Macri se maneja como una gigantesca corporación que sólo funciona para satisfacer sus propios intereses. Dice Bruschtein: “Ante una sociedad que todavía no acierta a confrontar ni a digerir, aceptar o rechazar activamente este fenómeno, la administración de Mauricio Macri terminó de desnudarse, demostrarse crudamente como una gran corporación que se gobierna en función de los negocios propios. Entiende el bien común-del que se deberían ocupar los gobiernos democráticos-a partir del negocio propio, como lo haría una empresa. Hace mucho que los empresarios dejaron de discutir como en otras épocas la “función social” que les correspondía, porque entienden que esa función es una extensión mecánica del resultado de sus negocios” (…) “Sólo en su primer año, muchas decisiones del gobierno de Cambiemos favorecieron a la megafortuna de la familia Macri. Apenas asumió, en febrero de 2016, anunció que por decreto el Estado entregará 45 mil millones de pesos a las empresas del grupo Macri, encabezadas por su primo Calcaterra. Habían ganado la licitación para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento con la obligación de conseguir el financiamiento de la obra. Como nunca lo consiguieron, la obra no empezaba. Macri cortó por lo menos sano, puso plata del Estado y mantuvo el resultado de la licitación a favor del grupo Macri. Y después el gobierno de Macri autorizó al primo de Macri, Calcaterra, a comprar un banco con dos sedes, una en Buenos Aires y otra en un paraíso fiscal donde irá a parar el dinero que provenga del soterramiento del Sarmiento y otras obras públicas. Otra vez sorprendió con el descaro cuando eliminó por decreto la cláusula que impedía entrar al blanqueo a familiares de los funcionarios, o sea a sus familiares, dueños de sus empresas” (…) “Y el escándalo de coronación: condonó la deuda multimillonaria de su padre por el correo”.

“Macri no es la excepción. Las medidas del gobierno han favorecido a las empresas de muchos de sus funcionarios y dirigentes del PRO. Por lo menos, tienen denuncias Federico Pinedo por haber intentado favorecer a través de un proyecto de ley de telecomunicaciones a la empresa satelital TESAM S.A. que fundó en 1996 junto a José Antonio Sánchez Elía, el referente del PRO en temas de comunicación. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, está investigado por la compra de gas a Chile, de la empresa Shell, de la cual fue CEO principal en Argentina” (…) “En todos los casos, la reacción oficial es casi infantil. Como si no tuviera la obligación de hacer un descargo documentado. El problema es que ya no son una empresa y todos sus actos son esencialmente públicos. Si el Grupo Macri tiene casi cincuenta empresas y cuentas offshore, de las que se usan para lavar dinero, ya no es un tema privado, es de interés público” (…) “La sociedad, donde se verifican reacciones cada vez más virulentas contra las tarifas y los despidos, asiste a este fenómeno con perplejidad. El sector que votó a Macri, que parecía tan sensibilizado por las denuncias de corrupción, pone en evidencia que en realidad la corrupción no era lo que le importaba, sino que la usaba de excusa para tapar la inquietud por otros fenómenos, entre ellos la fuerte movilidad social que se había generado durante los gobiernos kirchneristas. Ese mismo público que reaccionó con tanta furia contra el gobierno anterior, permanece inmutable ante los hechos de corrupción de esta gestión de Cambiemos” (…).

“El bombardeo sistemático de denuncias que descargaba la corporación mediática durante los gobiernos anteriores creó un estado de paranoia en gran parte de la sociedad que impedía diferenciar lo real de lo inventado, con lo cual, la mayoría de esas denuncias ahora tienen problemas para ser probadas en terreno judicial, aún cuando los jueces y fiscales que intervienen son abiertamente oficialistas y se esfuerzan por hacerlo. El formato es parecido en casi todas: toman una decisión del gobierno anterior y aseguran que además de lo público hubo trasiegos clandestinos, en la oscuridad, que es necesario investigar. Un sector de la sociedad identifica a la corrupción exclusivamente con esas denuncias de hechos que supuestamente se produjeron en la oscuridad, lejos de la vista, como una conspiración oculta. Los hechos de corrupción en el gobierno de Cambiemos son totalmente diferentes: no han sido denunciados por la oposición ni por los servicios de inteligencia ni por los pocos medios que no son oficialistas. En algunos casos, como el de los Panamá Papers, o el que involucra al jefe de los espías, Gustavo Arribas, surgieron de investigaciones internacionales que ni siquiera estaban interesadas por las repercusiones en Argentina” (…) “Son actos de corrupción a la vista, no en la clandestinidad. Ni siquiera hay que investigar algo oscuro. Se trata de funcionarios que toman decisiones que favorecen a sus negocios, empezando por el presidente”.

“En las redes sociales se invirtieron los roles. Los macristas, que hasta hace un año llenaban sus páginas con denuncias indignadas, insultos y proclamas flamígeras, ahora ponen globitos de colores, perros y gatitos o hacen comentarios sobre el fútbol. Hay un cambio allí. Son muy pocos los que apoyan a Macri, y ahora intentan defenderlo de las denuncias de corrupción. Directamente hacen mutis por el foro. La corrupción fue para este sector un tema para diferenciarse desde la nube que administra el rayo. No se trata de un tema que le preocupe realmente. De hecho, sirvió también para disfrazar la inquietud temerosa que producía en ellos la movilidad social, como sucedió siempre con los gobiernos peronistas. Son las páginas de los kirchneristas las que ahora están llenas de desprecio e indignación por la corrupción del gobierno de Macri. Sin embargo esa indignación no se ha volcado a las calles” (…) “Si bien los hechos de corrupción no provocaron movilizaciones, han producido un fuerte deterioro en el gobierno. Por primera vez el impacto sobrepasó el muro de protección de los medios corporativos. Y ya hubo reuniones en el más alto nivel de Cambiemos y entre funcionarios judiciales para volver a poner a Cristina Kirchner en el centro de la escena con alguna de las causas en su contra. Pero el gobierno ha perdido mucha de la legitimidad que devino de su triunfo electoral. Y en su caída arrastra la legitimidad de la justicia, irresponsablemente abroquelada a la del oficialismo”.

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