Por Alfredo Nobre Leite.-

Llama la atención el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -¿político o algo más?- en que con los votos de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, con la disidencia de Carlos Rosenkrantz, haya convalidado el límite de 75 años de jubilación de los jueces, en el caso del camarista de La Plata, Leopoldo Schiffrin, que superará el límite fijado por la reforma constitucional de 1994, quien dependerá en más de un nuevo acuerdo del Senado. Me parece que hay jueces más iguales que otros, recordando la metáfora de George Orwell en su libro «Rebelión en la franja»-, pues contradice su fallo anterior en el caso de la vicepresidente de la Corte, Elena Highton de Nolasco, que a fin de año cumplirá los 75 años, y había presentado un recurso de amparo en la justicia en lo Contencioso, pidiendo de facto la inconstitucionalidad de la norma constitucional de 1994 (artículo 99, inciso 4, párrafo 3), en ese sentido, que fija el término de retiro, que ante e viraje del Alto Tribunal, queda a la vista una contradicción que afecta la «igualdad ante la ley».

Al respeto, se podría colegir, en base a la reversión de su jurisprudencia asentada en 1999, que permitió que el eximio jurisconsulto fallecido, Carlos Fayt, siguiera en su cargo hasta que se retirara voluntariamente en día 11 de diciembre de 2015; si la Corte no estaría mirando a futuro, me refiero a jueces federales, como Claudio Bonadío, que tiene a su cargo causas candentes relativas al latrocinio kirchnerista, que ha elevado al Tribunal Oral la causa «Dólar futuro» que involucra a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y a otros ex funcionarios, que causaron un perjuicio patrimonial al Banco Central (BCRA) de $ 77.325.739.338,60, amén de otras causas penales por la adjudicación direccionada de obra pública en Santa Cruz a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, siendo investigada también en la denuncia de supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA del fallecido fiscal general (asesinado) Alberto Nisman, y haber sido indagada por el juez Bonadío en la causa por el alquiler de propiedades de la sociedad «Los Sauces».

La actitud de la Corte podría encubrir un propósito político, por la sedicente afinidad del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, con el kirchnerismo, y así subliminalmente provocar la «jubilación» de jueces «molestos» (quedando todo en agua de borrajas) , que no hacen más que cumplir con su deber de hacer Justicia, dar a cada uno lo que le corresponde, y, en el caso aludido, que se pague por los delitos cometidos.

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