“La jueza federal de la Seguridad Social, Viviana Piñeiro, hizo lugar al amparo colectivo y dispuso que en toda su área de incumbencia el Gobierno tenía que restituir los beneficios. Absurdamente, y después de haber dicho que iba a volver atrás con las bajas de las pensiones, apelaron esa medida. Esto demuestra su gran insensibilidad social», dijo Daniel Arroyo. Por otra parte, El economista Daniel Artana advirtió este pasado martes (18/7) que «hay que adaptar el sistema jubilatorio a la realidad» y en esa línea advirtió que el debate debe darse en torno a si «será la edad o los años de contribución», pero de todos modos opinó que «es inexorable que la edad jubilatoria va a tener que subir».

El ex Secretario de Acción Social y candidato a diputado nacional, importante especialista en políticas sociales de 1País, Daniel Arroyo, criticó la decisión del Gobierno de apelar el fallo judicial que le exigió al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación restituir todas las pensiones por discapacidad y consideró que “demuestra una vez más que es insensible al dolor de las familias”. Al respecto, Daniel Arroyo explicó: “Junto con Sergio Massa presentamos un amparo a favor de una jubilada de 83 años que cobra una mínima y tiene un hijo de 43 años con una discapacidad severa. Absurdamente, las autoridades nacionales le cortaron la pensión para personas con discapacidad de $ 4.400 y la atención de salud”.

Tras detallar que esa presentación “incluyó una acción de clase para que se pudiera cubrir a todos los que estaban en la misma situación”, Arroyo recordó que “la jueza federal de la Seguridad Social Viviana Piñeiro hizo lugar al amparo colectivo y dispuso que en toda su área de incumbencia el Gobierno tenía que restituir los beneficios”. “Absurdamente, y después de haber dicho que iba a volver atrás con las bajas de las pensiones, apelaron esa medida. Esto demuestra su gran insensibilidad social y el escaso entendimiento de lo que pasa en la calle y de lo que sufren las familias que tienen integrantes con discapacidad, que deben afrontar cuantiosos gastos por lo que tanto el beneficio en sí como el acceso a los servicios de salud son vitales”, sostuvo. Para Arroyo puede haber pensiones mal otorgadas o situaciones para revisar “pero cualquier baja se debe hacer evaluando las situaciones puntuales, visitando las familias y haciendo un análisis socioambiental de los beneficiados. Insistir una y otra vez con recortes a lo bestia demuestra que sólo buscan achicar lo que consideran gastos, pero eso genera una complicación muy grande a las familias a quienes le quitan lo único que tienen: una pensión de 4.400 pesos y el acceso a los servicios de salud”.

Con la llegada de Cambiemos muchos supusimos que se frenaría la histórica voracidad de los gobiernos de turno por los fondos jubilatorios los cuales, durante años, sufrieron numerosas confiscaciones por parte de la ANSeS. Sin embargo, la realidad demuestra otra cosa. Disimulada detrás de la potente campaña gubernamental de comunicación del denominado Programa de Reparación Histórica (que paga a cuentagotas a los jubilados que decidieron adherir y que en palabras claras y sencillas es una verdadera extorsión para pagarles el 50% del reclamo adeudado), el ANSeS, en la actual administración, ha venido implementando un plan claro, contundente y sistemático tendiente a confiscar parte de los fondos previsionales y a reducir los montos de las jubilaciones. Presentamos a continuación información “dura” que avala esta afirmación y que demuestra que nada ha cambiado respecto de la época cristikirchnerista; por el contrario, la situación se ha profundizado. En efecto, la actual ANSeS sostiene que las jubilaciones deben pagar impuesto a las Ganancias, y también se opone a actualizar correctamente las jubilaciones, todo ello en perjuicio de los jubilados, que ven reducido de manera sensible su beneficio. Esto afecta, también, a los futuros jubilados, ya que las decisiones de hoy se mantienen hacia adelante: osea “que los hoy jóvenes verán reducidas y modificadas para mal sus propias jubilaciones”.

La “brutal actitud confiscatoria de la ANSeS de Cambiemos” encontró, inesperadamente, un freno en los tribunales, que han decidido preservar el valor de las jubilaciones. La Sala II de la Cámara de la Seguridad Social acaba de reconocer, a través del fallo “Calderón”, que los beneficios previsionales están protegidos por la garantía de integridad, proporcionalidad y sustitutividad, que consagra la Constitución Nacional. El mismo fallo declaró la inconstitucionalidad del Impuesto a las Ganancias y de los topes para las jubilaciones, todo ello en contra de la posición sostenida por la actual ANSeS. Este es un fallo muy importante, porque preserva el principio de sustitutividad, que es la relación que debe mantener el ingreso de la etapa pasiva (jubilación) con el de la etapa activa (salario), y permite a los beneficiarios que en su vida laboral tuvieron salarios que superaban el tope que puedan hacer el aporte sobre la diferencia entre el salario real y el tope vigente a la fecha del aporte, de tal manera de recibir una jubilación acorde con los ingresos que tuvieron en su vida laboral. Es el mismo método que la justicia habilitó para que sus integrantes puedan jubilarse con el 82% móvil y el 100% según los casos (derecho que, como veremos más adelante, la CSJN le denegó a los demás).

Respecto del tema de la actualización de las jubilaciones, la misma Sala II de la Cámara de la Seguridad Social le acaba de señalar a la ANSeS -en el reciente fallo “Di Mario”-, cómo debe hacerlo, de tal manera de mantener el valor de los beneficios previsionales, tema que resulta vital en un país con alta inflación, como es el nuestro. Para ello, este tribunal estableció que se utilice el índice ISBIC, más acorde con la actualización que tuvieron los salarios. Vale la pena recordar aquí que la gran mayoría de los reclamos judiciales de los jubilados tiene su origen en el congelamiento y la desactualización de los beneficios previsionales. Esta ANSeS pretende que se tome como índice de actualización en los juicios pendientes (como explicáramos en el anterior artículo publicado por el Boletín del ICIMISS con la firma del ex subsecretario de Estado Arq. José M. García Rozado) el mismo que utilizó para los casos que sí aceptaron entrar en el Programa de Reparación Histórica, lo que representa una disminución cercana al 60% del valor de las jubilaciones, ya que está muy lejos del comportamiento que tuvo la inflación y el aumento de salarios. La Sala II estableció en el fallo mencionado que no puede obligarse a los jubilados que no aceptaron entrar en la Reparación Histórica que “renuncien a sus derechos imponiéndoles el mismo índice de actualización que aquellos que de forma expresa (mediante coacción y extorsión gubernamental) renunciaron a los suyos” al aceptar la propuesta de dicho Programa.

La actual ANSeS, gestionada por Cambiemos, apeló esta decisión judicial y pretende que la CSJN avale la confiscación de los montos previsionales vía aplicación de un índice que genera una quita muy importante. Se cree que ya presentó más de 500 apelaciones en este breve lapso, y qu e serán muchas más en los próximos meses. De esta manera, la ANSES no encara el problema de fondo y patea “sine die” una solución, para no pagar a los jubilados en juicio lo que les corresponde. Sabe que el tiempo corre a su favor, debido a la edad de los jubilados que esperan, hace años, una definición, que Cambiemos prometió cumplir y como tantas otras “no cumplió”. Se cree que son cerca de 250.000 los afectados por el ANSeS que están en juicio a la espera de una resolución definitiva. Y que desde que se lanzó el plan de Reparación Histórica se han iniciado más de 120 mil nuevos juicios de jubilados que se niegan a aceptar la extorsión del mismo.

Es posible que la actual ANSeS esté especulando que la CSJN dilate una resolución al respecto, o que falle a su favor. Recordemos que la CSJN, en su actual integración, avaló recientemente con el fallo “Gualtieri”, que más de 410.000 jubilados y futuros jubilados pierdan en manos de la ANSES una parte sustancial de los aportes previsionales que realizaron durante su vida activa. Se trata de los argentinos de altos salarios, que más contribuyeron al sistema previsional y que más impuestos pagaron al fisco. La CSJN en otro de susd inconstitucionales fallos les denegó este derecho luego “de que se lo asegurara para sí misma y para los demás miembros de la justicia”, al lograr que se abriera la “ventanilla” para poder realizar los aportes adicionales necesarios para jubilarse, como ya señalamos, con el 82% y 100% de su salario. La historia se repite. No hay cambios, sino profundización de lo conocido. Aquellos trabajadores que hicieron sus aportes previsionales durante su etapa activa son castigados por el ANSeS, que busca reducirlos o quedarse con ellos. Y La CSJN avala la confiscación, al no resolver el tema de fondo o, en algunos casos, al habilitar al Estado a apropiarse de los recursos que son de los jubilados.

La ANSeS cuenta en los hechos con un aliado que ya resolvió su tema. Nos referimos a los miembros de la CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación: Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco) quienes, a diferencia del resto de los argentinos, ya tienen asegurado su futuro, al haberse otorgado en 2014 el derecho de recibir una jubilación igual al 100% de su salario (y no pagar impuesto a las ganancias), beneficio que, como dijimos, deniega inconstitucionalmente -porque ante la CN “todos somos iguales ante la Ley” a los demás. Ya se sabe que, en nuestro país, los privilegios de unos pocos siempre los paga la mayoría.

Pero como si esto fuera poco, y la actitud de ANSeS y su titular Emilio Basavilbaso, en Jefatura de Gabinete y con el guiño expreso del Presidente Macri se viene preparando una serie de medidas que no son otra cosa que un “ajustazo jubilatorio” y que en palabras concretas expone Daniel Artana. Hace un año, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Marcos Peña dijo que «no está planteado el debate» de subir la edad jubilatoria, y si bien destacó que «es importante crear una comisión para debatir el futuro del sistema previsional no hay ningún punto en este momento de agenda con la edad». La aclaración surgió por entonces a raíz de dichos del médico a cargo de la obra social PAMI Carlos Javier Regazzoni, quien había afirmado que «las personas de 65 años están muy bien y pueden seguir trabajando».

Tiempo después Regazzoni dejó el puesto. A partir del allí, vino la Reparación Histórica y el debate no se abordó, pero sigue latente. En esa línea, el economista jefe de FIEL Daniel Artana, abogó por una suba en la edad jubilatoria al señalar que “hay que adaptar el sistema jubilatorio a la realidad”. “El Gobierno negó que vaya a subir la edad jubilatoria , pero si usted lo mira fríamente, la expectativa de vida de la población ha subido. Es inexorable que la edad jubilatoria va a tener que subir”, señaló en declaraciones a radio Rivadavia.

En este sentido, Artana explicó que lo que hacen algunos países europeos “es subir la cantidad de años que uno tiene que trabajar para poder acceder a una jubilación” como “una forma indirecta de hacerlo”. “Los países europeos cuando dieron ese debate, y son países que tienen altos niveles de protección social, han ido corrigiendo para arriba o las edades de jubilación o los años de aporte. No hay países que funcionen bien con 30 años de aporte para jubilarse”, concluyó. ¿Queda claro el plan del gobierno Macri?

Comisión de Acción Social

ICIMISS – Instituto del Políticas de Estado del CIMIS

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