Por Hernán Andrés Kruse.-

Cuando las cacerolas hacían tronar el escarmiento durante el período de Cristina, se hizo popular el siguiente estribillo: “¡se va a acabar, se va a acabar, la dictadura de los K”! Desde que Mauricio Macri está sentado en el sillón de Rivadavia, se escucha otro estribillo entonado por los antikirchneristas: “¡Macri, basura, vos sos la dictadura”! Ambos estribillos tienen en común banalizar un nefasto régimen político: la dictadura. En efecto, pese a todos los errores que cometió Cristina y que viene cometiendo Macri, ninguno de ellos es un dictador tal como lo fue Jorge Rafael Videla. Las diferencias son tan obvias que cuesta creer que de vez en cuando sea necesario remarcarlas.

Videla fue un presidente de facto. Su legitimidad de origen no fueron las urnas sino la decisión de las fuerzas armadas de derrocar a María Estela Martínez de Perón y llenar ese vacío con su persona. A Videla no lo eligió el pueblo sino la Junta Militar y los altos mandos castrenses. Videla fue la cabeza visible de una dictadura legal. ¿Por qué legal? Porque, en ejercicio del poder constituyente, impuso una serie de principios liminares, objetivos básicos, actas y estatutos para la Reorganización Nacional que se situaron por encima de la propia Constitución Nacional. La dictadura militar se presentó como un régimen legal, institucional, civilizado, como un gobierno de las leyes y no un gobierno de los hombres. Procuró en todo momento no caer en las garras del caudillismo, propio de fuerzas políticas de masas como el peronismo. En la práctica, el triunvirato militar (Videla, Massera y Agosti) detentó el poder absoluto decidiendo sobre la vida y la muerte de los argentinos. El “Proceso” también fue una dictadura porque se disolvieron los partidos políticos, se prohibió la actividad gremial, se impuso un severo control a la prensa y dejó de funcionar el Congreso. Pero el Proceso fue también una dictadura cercana al totalitarismo porque legalizó el terrorismo de Estado para combatir a la guerrilla. Instauró un sistema ilegal de detención de personas que incluyó secuestros, centros clandestinos de detención, tortura, ejecución de los prisioneros y ocultamiento de sus restos.

Comparados con esta dictadura los gobiernos de Cristina y Macri se presentan como democracias escandinavas. Cristina Kirchner fue elegida dos veces consecutivas por el voto popular. No se impuso por la fuerza, como Videla. Si bien ejerció el poder de manera centralizada poniendo en evidencia un marcado autoritarismo en la toma de decisiones, en ningún momento se colocó por encima de la constitución nacional. Muchos critican el rol que ejerció el Congreso en esos años, dominado por el kirchnerismo en ambas Cámaras. “Funcionó como una escribanía”, acusaba de continuo la oposición. Es cierto que el kirchnerismo gozó de mayorías automáticas tanto en Diputados como en Senadores, pero ello no fue una imposición de Cristina sino la consecuencia directa de la cosecha de votos que tuvo el kirchnerismo en las elecciones presidenciales. Durante esos años, salvo casos muy puntuales (Eliaschev, por ejemplo) hubo plena libertad de expresión. Los opositores no tuvieron inconveniente alguno en decir cualquier barbaridad de la ex presidente y nadie los persiguió o encarceló. En los momentos de máxima ebullición política, no se reprimió a nadie. Los cacerolazos, por ejemplo, se desarrollaron sin inconvenientes.

Mauricio Macri fue elegido por 13 millones de ciudadanos. Su legitimidad de origen es tan incuestionable como la de Cristina. Por carecer de mayorías propias en el Congreso sus legisladores se han visto obligados a negociar con la oposición varios proyectos de importancia para el Ejecutivo. Pero el Congreso funciona, que es lo realmente importante. Si bien algunos periodistas de C5N vienen sufriendo algunos inconvenientes, puede decirse que está vigente el principio de la libertad de expresión. No hay, como en la época de Videla, secuestros y desapariciones de periodistas. Se trata, obviamente, de una democracia por demás imperfecta pero sus diferencias con la dictadura de Videla son de naturaleza.

En las últimas horas, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, dijo en Amsterdam que la adolescente Ana Frank “es un símbolo muy importante, especialmente trabajando en Educación. Ella tenía sueños, sabía lo que quería, escribía sobre lo que quería y esos sueños quedaron truncos en gran parte por una dirigencia que no fue capaz de unir y llevar paz a un mundo que promovía la intolerancia”. Para el funcionario el régimen nazi no fue otra cosa que “una dirigencia que no fue capaz de unir”. Parece mentira que quien ocupa el ministerio de Educación de la Argentina haya tenido el tupé de banalizar algo tan grave como el régimen de Adolph Hitler. Porque reducir ese oprobioso totalitarismo a “una dirigencia que no fue capaz de unir” constituye una falta de respeto a las millones de víctimas que ocasionó uno de los gobiernos más perversos de la historia de la humanidad. Hitler implantó en Alemania (uno de los países más adelantados y cultos del mundo) un régimen totalitario basado en el dogma de la superioridad de la raza aria. Obsesionado por la pureza racial ordenó el aniquilamiento de las razas que consideraba “inferiores”, cuyos miembros fueron aniquilados en los abyectos campos de concentración. Hitler poseía una concepción totalitaria del hombre y la sociedad. Creía que el hombre debía dedicar cada segundo de su vida a la causa nazi y si se atrevía a emitir una opinión discordante era inmediatamente conducido a algún centro de exterminio. Sólo existía la verdad del Führer, su voluntad era ley suprema e inapelable. Existía una raza privilegiada, la aria, y el resto de las razas eran inferiores. Por eso debían ser aniquiladas. La humanidad tuvo que pagar el precio de la segunda guerra mundial para aniquilar al nacionalsocialismo.

En su edición del 26 de marzo, Página/ 12 publicó un artículo de Raúl Kollmann titulado “Los mitos de Nisman”, en el que refuta lo escrito sobre la muerte de Nisman por el periodista Nicolás Wiñazki en su libro “Fueron por todo”. Dice Kollmann: “En la causa judicial declararon bajo juramento la madre de Nisman, Sara Garfunkel, el custodio Armando Niz y el cerrajero Gualberto Gualtieri. Los dos primeros coinciden en que la puerta de servicio estaba cerrada desde adentro” (…) “Esa cerradura fue abierta por Garfunkel con las llaves que tenía. Cuando quiso abrir la cerradura más común, la de abajo, se encontró con que su llave no entraba porque del lado de adentro estaba puesta la llave. Eso es lo que hizo que llamaran al cerrajero Gualtieri” (…) “A partir de ese momento entraron al departamento Garfunkel, el custodio Niz y una amiga de la madre. La puerta principal estaba aún más cerrada: tenía un pasador del lado de adentro. No se pudo abrir. Todo esto es evidencia de que Nisman se quitó la vida, aunque no es concluyente” (…) “Lo que sí está claro es que las puertas estaban cerradas por dentro, al revés de lo que dice Wiñazki” (…) “No es verdad (que Berni llegara antes que cualquier autoridad judicial) y es un punto importante porque se sugiere, sin decirlo, que el ex secretario pudo haber alterado la escena. Según el expediente, el juez Manuel De Campos, llegó poco después de la medianoche. Berni, en cambio, llegó a la 0.50 desde Zárate donde había comenzado sus vacaciones” (…).

“De Campos bajó en el ascensor unos minutos y por eso se cruzaron, pero Berni no llegó a estar ni tres minutos en el departamento cuando De Campos volvió a subir. Desde que se abrió el departamento y el custodio Niz encontró a Nisman en el baño, en todo momento estuvo presente la madre del fiscal y su amiga, Marta Chagas. En ningún momento, según declaró Sara Garfunkel, Berni ni ninguna otra persona entraron al baño” (…) “el perito Daniel Salcedo-que trabaja para la ex pareja de Nisman, Sandra Arroyo Salgado-dejó en claro que ni la policía ni la fiscal “afectaron los patrones de manchas” dentro del baño, es decir que no se alteró la escena” (…) “No está comprobado que la computadora fuer intrusada ni existen accesos remotos comprobados. Y tanto en la computadora como en el celular había programas borradores, de seguridad, es decir programas destinados a borrar, por ejemplo, llamadas, mensajes y otras informaciones” (…) “Si embargo, en la conclusión final de la pericia informática, firmada por todos los peritos, dice que no se puede concluir nada porque no está claro quién hizo los borrados, si el propio Nisman u otra persona. Wiñazki dice que la computadora tenía un programa troyano, es decir un programa espía. No es cierto. El troyano estaba en el celular y nunca estuvo activo porque no funcionaba con ese sistema operativo” (…) “Respecto de las computadoras y celulares lo que debería decirse son dos cosas: 1) el domingo 18 de enero a la mañana, a partir de las 7.30, Nisman entró a revisar sus mails y luego leyó Página/12, clarín, Perfil y La Nación” (…) “Ese estilo de revisación de mails y diarios demuestra que fue él mismo el que la realizó”.

2) “El celular, las llamadas y mensajes demuestran que Diego Lagomarsino no estaba en el departamento cuando Nisman murió. Las cámaras muestran al informático saliendo de Le Parc a las 20.30 y después de esa hora, Nisman se comunicó con el custodio Néstor Durán a las 20.38 y chateó con el periodista Toti Pérez Izquierdo a las 20.37. Finalmente, aún después de las 21, intercambió whatsapp con la periodista de Clarín, Natasha Niebieskikwuait” (…) “De esa forma se cae la principal hipótesis de Arroyo Salgado quien siempre dijo que a Nisman lo mataron el sábado 17 cuando allí estaba Lagomarsino” (…) “A lo largo de todo el capítulo sobre Nisman, Wiñazki se apoya en forma permanente en el testimonio del ex jefe de espías (Stiuso). Se trata de un testigo interesado, alma Mater del aparato de inteligencia aliado de las derechas de Estados Unidos e Israel y tardíamente acusado por el gobierno de CFK” (…) “Durante el fin de semana del 18 de enero, el fiscal llamó a Stiuso y éste nunca atendió. El ex espía argumenta que no quería dar motivos para que el kirchnerismo sostuviera que Nisman se apoyaba en Stiuso. La excusa parece poco creíble dado que se trataba de un fin de semana de máxima importancia ya que se pensaba que Nisman iba a ir al Congreso al día siguiente. Es más, bajo juramento el hombre de la ex SIDE dijo en su primer testimonio todo lo contrario: que no escuchó las llamadas porque tenía el celular en vibrador” (…) “Se toma como cierta la declaración de Stiuso en la que afirma que “Nisman tenía en su poder otras escuchas telefónicas de la trama iraní, más graves”. Lo cierto es que esas escuchas nunca aparecieron ni había razón para que no las hubiera incorporado a la denuncia original. En las largas horas de su declaración, Stiuso no pudo aportar ni una sola evidencia sobre su hipótesis de que Nisman fue asesinado por un comando iraní-venezolano-kirchnerista” (…).

“Alberto Nisman murió en enero de 2015 y tanto en el libro de Wiñazki como en otros medios de prensa se hace una especie de marketing de que vivía amenazado. La realidad es que el fiscal hizo denuncias de amenazas, pero tres años antes, en 2012. Y se trataba de amenazas más que elementales, por mail, sin datos precisos. La causa la instruyó el juez Luis Rodríguez quien ordenó una custodia de la Prefectura. Además de los efectivos de la Federal, Nisman tenía a un prefecto ubicado frente al edificio Le Parc. Pero los hechos demuestran que Nisman se movía permanentemente sin custodia” (…) “El macrismo y sus aliados internacionales-la derecha norteamericana e israelí-pretenden usar la muerte de Nisman como arma política contra lo que ellos llaman “los gobiernos populistas” y en especial contra el kirchnerismo. Obviamente también esa estrategia es parte de la ofensiva contra Irán, pese a que las grandes potencias han firmado un mega-acuerdo con el régimen persa. Dado que las pericias hechas hasta el momento demuestran-como dijo la fiscal Viviana Fein-que “no hay ni una sola evidencia de homicidio en la causa”-se intentarán derribar todos los estudios anteriores. El fiscal Eduardo Taiano le dio la tarea a la Gendarmería, que depende del Poder Ejecutivo, virtualmente apartando a los profesionales anteriores. Pero mientras tanto se siguen sembrando pseudo-sospechas: que la puerta no estaba cerrada, que armaron una escena, que hubo un comando, que Nisman tenía enorme cantidad de pruebas guardadas o que estaba súper-amenazado. Al menos por ahora, el expediente dice otra cosa”.

En su edición del 28 de marzo, La Nación publicó un editorial titulado “Piquetes: ¿hasta cuándo tanta impunidad?” Dice el mitrismo: “Las protestas callejeras con la modalidad de piquetes se han convertido en la Argentina en fenómenos profesionales por su habitualidad y dominio de la técnica con la que se realizan” (…) “La organización de protestas es un modus vivendi por el cual se traslada a espacios públicos la pugna por intereses privados y, otras veces, se extorsiona al Estado para que acceda a demandas de todo tipo sin contraprestación de deberes. Los rostros cubiertos y las manos aferradas a elementos aptos para combates violentos anticipan el espíritu que anima ese dominio de las calles por parte de particulares” (…) “Se trata de un franco cinismo. No es necesaria demasiada imaginación para saber qué ocurriría en la Argentina si fueran gobierno quienes quebrantan a diario el orden público y doblegan los derechos de otros ciudadanos a circular y trabajar. Ocurriría lo mismo que ha pasado en Cuba, en Venezuela y en todas las dictaduras de las cuales se han alimentado de ideas y recursos materiales los campeones de la protesta permanente, entendida como ejercicio requerido, igual que los músculos, de entrenamiento cotidiano”.

“Ha trascendido que el Gobierno prepara un proyecto de ley para responder a esta situación que solivianta a la opinión pública. Se creyó que el tema, al menos en la jurisdicción nacional, estaba resuelto con un protocolo que en su momento difundió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich” (…) “¿Hasta cuándo perdurará tanta impunidad? ¿Hasta cuándo los funcionarios públicos sortearán el riesgo de ser imputados por el delito de incumplimiento de sus deberes? No se trata de una cuestión de izquierdas o derechas. Si el Estado no preserva un mínimo de orden público, deja caer la principal razón de su existencia” (…) “El derecho de petición a viva voz es parte de los principios básicos de una democracia. Nadie que crea en este sistema puede desconocerlo, pero tampoco es admisible ignorar que no hay derechos absolutos, pues cada uno de ellos debe armonizarse dentro del sistema de derechos y garantías que protegen a los restantes ciudadanos” (…).

“En Uruguay… el presidente Tabaré Vázquez dictó recientemente un decreto que autoriza a despejar las vías públicas cuando las protestas violenten “la libre circulación, el orden público y la tranquilidad”. En Venezuela, de donde se puede esperar cualquier cosa del gobierno de Maduro, quienes obstaculicen la vía pública corren el riesgo de condenas de hasta ocho años. En Chile, con un gobierno presidido por una socialista, de igual signo que Tabaré Vázquez, las movilizaciones callejeras están también reglamentadas en consonancia con el debido respeto a todos los ciudadanos, sin exclusión” (…) “El tono amenazante hacia el Gobierno y sectores diversos de la sociedad con el que se realizan los piquetes refleja ánimos de provocación, a los que debe responderse con serenidad y firmeza dentro de lo establecido por la ley. Se usa la violencia y se apela al descaro de la victimización cuando se la contiene. Pero ni el Estado ni la sociedad pueden aceptar convertirse en rehenes de las “barras bravas” de la política, el sindicalismo y los movimientos que, por denominárselos de algún modo, se conocen con el eufemismo de “no institucionalizados”.

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